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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a las vacaciones causadas en el período comprendido entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01 Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE AL PERÍODO DE VACACIONES CAUSADO ENTRE
EL 7 DE FEBRERO DE 2024 AL 6 DE FEBRERO DE 2025. CONFIRMA
EL AMPARO EN LO QUE RESPECTA AL SEGUNDO PERÍODO DE
VACACIONES PENDIENTE. A LA ACTORA LE ES APLICABLE EL
LITERAL C) DEL ARTÍCULO 2º DEL ACUERDO PCSJA24-12172 DE
2024.

DERECHOS FUNDAMENTALES: SALUD, TRABAJO E IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

CALI1 contra la sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 que amparó los

derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la actora.

1
En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.
2
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la igualdad, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA3 y la DIRECCIÓN

SECCIONAL al no haberle reconocido el disfrute de las vacaciones

correspondientes a los períodos 2024-2025 y 2025-2026 por falta del

Certificado de Disponibilidad Presupuestal4 que permitiera nombrar

un reemplazo en su cargo.

I.2.- Hechos

Indicó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial como servidora

en carrera y actualmente ejerce el cargo de juez segundo promiscuo

de familia del circuito de Palmira (Valle del Cauca) en provisionalidad.

3
En Adelante TRIBUNAL.
4
En adelante CDP.

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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS

Adujo que mediante correo electrónico remitido el 16 de febrero de

2026 a la Presidencia del TRIBUNAL, solicitó el disfrute de las

vacaciones a partir del 19 de mayo al 9 de junio de la presente

anualidad, correspondiente a los períodos comprendidos entre el 7

de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026, así como el respectivo

CDP con el fin de atender el pago y el nombramiento de su

reemplazo.

Aseveró que dicha petición fue reiterada el 9 de abril de 2026, sin

obtener respuesta alguna.

Sostuvo que, posterior a la solicitud de amparo, la Presidencia del

TRIBUNAL a través de Oficio núm. PTS-2026-067 de 17 de abril de

2026 informó que no resultaba viable gestionar la expedición del CDP

para el reconocimiento de sus vacaciones, con fundamento en el

concepto del Área Financiera y de Presupuesto, que determinó que

el período reclamado se causó cuando laboraba para la Secretaría de

la Sala Penal, por lo que no era posible aplicarle la excepción prevista

en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, las autoridades judiciales han vulnerado sus

derechos fundamentales al no acceder a su solicitud de vacaciones,

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a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos y que cuenta con

dos períodos acumulados.

Alegó que la omisión de la administración en permitirle su descanso,

la ha llevado a padecer un trastorno de ansiedad generalizada y

trastorno mixto de ansiedad y depresión, condiciones de salud

mental diagnosticadas y detonadas por factores de riesgo psicosocial

como la sobrecarga mental, el estrés y las altas exigencias del cargo

judicial.

Finalmente, rechazó la imposición de barreras administrativas

desproporcionadas por parte de las entidades accionadas,

argumentando que el disfrute al descanso es un derecho cierto e

inaplazable que no puede supeditarse a trámites internos o

presupuestales, como la expedición de un CDP.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. Ampare los derechos fundamentales invocados.

2. Ordene a las entidades accionadas resolver de fondo, de
manera inmediata, la solicitud de disfrute de vacaciones
elevada por la accionante.

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3. Ordene garantizar el goce efectivo, real e inaplazable de al
menos uno de los períodos de vacaciones causados […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIRECCIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del

presente trámite, comoquiera que no es la llamada a responder por

las pretensiones expuestas por la actora.

Adujo que los períodos de vacaciones 2024-2025 y 2025-2026 se

generaron bajo la modalidad de vacaciones colectivas, pues, durante

el primer lapso, la actora se desempeñaba como secretaria de la Sala

Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y, en el

segundo, como jueza segunda promiscua de familia de Palmira, en

los cuales la Ley Estatutaria de Administración de Justicia impone el

disfrute simultáneo de las vacaciones para todo el despacho entre el

20 de diciembre y el 10 de enero del período siguiente.

Por este motivo, aclaró que legalmente no le es posible tramitar

presupuestos ni emitir el CDP para financiar vacaciones individuales

en despachos sometidos al régimen colectivo, ya que hacerlo

quebrantaría las directrices administrativas y las leyes de

presupuesto vigentes.

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De igual forma, sostuvo que la petición ya fue resuelta de fondo y

notificada a la servidora, en la cual se le indicó que el ciclo 2024-

2025 se le reconocerá y pagará durante la vacancia judicial de

diciembre de 2026, respetando el orden de causación y condicionado

a que continúe vinculada a una oficina de régimen colectivo.

Destacó que la negativa no obedece a un obstáculo administrativo

arbitrario, sino a un impedimento legal que prohíbe conceder

descansos particulares a empleados del sistema colectivo, a menos

que ocurra una desvinculación definitiva que obligue a su

compensación económica, hecho que no aplica en este caso.

Finalmente, indicó que la tutela no puede convertirse en un

mecanismo alterno para evadir el régimen de vacaciones colectivas

de la Rama Judicial, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos

los funcionarios adscritos a este tipo de despachos.

Ahora, como respuesta al requerimiento realizado por la SECCIÓN

CUARTA5 informó que el período de vacaciones disfrutado del 20 de

diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, mientras fungía como

5
Mediante auto de 15 de mayo de 2026.

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secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga,

corresponde al período comprendido entre el 7 de febrero de 2023 al

6 de febrero de 2024.

Ahora, en lo referente al por qué el descanso disfrutado durante la

vacancia judicial de diciembre de 2024 a enero de 2025 no se imputó

al período causado entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de

2025, pese a que la accionante laboraba en un despacho de régimen

colectivo, y por qué dicho período continúa registrado en el sistema

con estado «pendiente», destacó que las vacaciones deben

disfrutarse en orden de causación al ser una prestación social cuyo

objetivo principal es garantizar el descanso continuo y la

recuperación física y mental del trabajador por cada año de labores.

Por último, puso de presente que el disfrute de cada período de

vacaciones o la respectiva compensación en dinero prescribe a los

cuatro (4) años, contados a partir del momento en que se haya

causado el derecho y/o se hicieron exigibles, o a partir de la fecha

del aplazamiento consagrado en el respectivo acto administrativo, y

se disfruta respetando el orden de causación de los períodos.

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I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó que se deniegue el amparo solicitado

por cuanto, a su juicio, no ha vulnerado los derechos fundamentales

invocados.

Alegó que el 23 de febrero de 2026 presentó consulta ante el Área

Financiera y de Presupuesto y la Oficina de Asuntos Laborales de

Buga, quien le informó que la actora tenía pendiente de disfrutar el

período de vacaciones causado entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de

febrero de 2025, mientras laboró como secretaría de la Sala Penal

del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, que pertenece al

régimen de vacaciones colectivas, por lo que no era factible solicitar

presupuesto para expedir el CDP, pues la excepción establecida en

el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024, literal c, aplica

para el servidor judicial que hubiere causado el período en el régimen

de vacaciones individuales y pase al de colectivas.

De igual forma, se precisó que el estudio de vacaciones de la

servidora judicial arrojó dos períodos pendientes, que deberán

liquidarse y disfrutarse colectivamente durante la vacancia judicial

(del 20 de diciembre al 10 de enero siguiente), siempre que continúe

adscrita a un despacho bajo este régimen, o bien, solicitarse

formalmente si se traslada a uno de vacaciones individuales.

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Destacó que bajo dicha regla, la anualidad comprendida entre el 7

de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2025, se programó para ser

disfrutada del 20 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, y así

sucesivamente de forma cronológica.

Por otra parte, señaló la inviabilidad de gestionar el CDP requerido

para el descanso individual solicitado. En consecuencia, mediante el

Oficio núm. PTS-2026-067 de 17 de abril de 2026, notificó la negativa

a la actora, exponiendo detalladamente las razones de orden

administrativo y presupuestal que impedían darle continuidad al

trámite.

Así las cosas, descartó la vulneración de los derechos fundamentales

invocados, pues actuó con total oportunidad y en el marco de sus

competencias. Resaltó que la interrupción del trámite obedeció

exclusivamente a que el Área de Administración y Presupuesto no

expidió el CDP, requisito técnico e indispensable para la concesión

del descanso en los términos pretendidos.

I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL6 (DEAJ) sostuvo que carece de legitimación en la causa

6
En adelante DEAJ.

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por pasiva, toda vez que no es la competente para atender las

pretensiones de la actora.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 18 de junio de 2026,

denegó las solicitudes de desvinculación formuladas por la

DIRECCIÓN SECCIONAL y la DEAJ, y amparó los derechos

fundamentales al trabajo y al descanso de la actora y ordenó lo

siguiente:

“[…] 3. En consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, que de acuerdo con sus
competencias y de manera coordinada, en el término de cinco
(5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan para que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, en calidad de nominador de la
demandante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del CDP, designe su reemplazo para que materialice
el derecho al disfrute del descanso remunerado […]”.

Para el efecto, precisó que de las pruebas aportadas al expediente,

se encontraba acreditado que la actora tiene causados y pendientes

de disfrute dos períodos vacacionales, esto es, del 7 de febrero de

2024 al 6 de febrero de 2025 y del 7 de febrero de 2025 al 6 de

febrero de 2026. Que, en cuanto al primer período pendiente, se

causó en un cargo del régimen colectivo, mientras ocupó el cargo de

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secretaria de la Sala Penal del TRIBUNAL.

Ahora, resaltó que conforme lo certificó la DIRECCIÓN SECCIONAL

en respuesta al requerimiento efectuado, el descanso que la actora

disfrutó durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de

diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, –oportunidad ordinaria

en la que, bajo el régimen colectivo habría correspondido al disfrute

del período causado en la anualidad 2024-, no fue imputado a dicho

período, sino a uno causado con anterioridad, esto es, el

comprendido entre el 7 de febrero de 2023 y el 6 de febrero de 2024,

lo que obedeció a la regla conforme a la cual las vacaciones se

disfrutan en estricto orden de causación.

Advirtió que lo anterior ponía en evidencia que la actora tenía

pendiente desde antes un rezago de un período en el disfrute de sus

vacaciones, pues cada vacancia judicial de diciembre venía

aplicándose a la anualidad causada un año atrás, de manera que el

único descanso anual que ofrece el régimen colectivo alcanzaba para

satisfacer el período antiguo, mientras simultáneamente se causaba

uno nuevo.

Así las cosas, refirió que el disfrute de la vacancia de diciembre de

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2024 dejó intacto, con la condición de pendiente el período 2024-

2025.

Ahora, en cuanto al segundo período de vacaciones pendiente del 7

de febrero de 2025 al 6 de febrero de 2026, se causó en el cargo de

juez penal municipal con función de control de garantías ambulante

de Buga, perteneciente al régimen individual de vacaciones, lo cual

resulta determinante, pues la vacancia judicial colectiva comprendida

entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026

(oportunidad en la que, de haber permanecido en un despacho del

régimen colectivo, el descanso se habría imputado al período 2024-

2025, esto es, el más antiguo pendiente), transcurrió mientras la

accionante se desempeñaba en un despacho del régimen

individual que no suspende actividades durante la vacancia y que,

por el contrario, presta sus servicios precisamente en ese lapso.

Así las cosas, consideró que no era posible acceder al descanso por

la vía de las vacaciones colectivas en esa oportunidad y el rezago que

arrastraba, en lugar de corregirse, se amplió, porque al cierre de la

anualidad, el 6 de febrero de 2025, registraba ya dos períodos

causados sin disfrutar.

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Por lo anterior, en lo que refiere al primer período pendiente de

disfrute, –del 7 de febrero de 2024 a 6 de febrero de 2025-, destacó

que no resultaba constitucionalmente admisible que a la actora no se

le permita su disfrute efectivo de vacaciones, pues lo cierto era que

la materialización del descanso remunerado no ha sido posible por

circunstancias que no le son atribuibles, sino que derivan de la

mecánica de imputación de los disfrutes, de los tránsitos entre

regímenes propios de sus nombramientos y de la falta de decisión

oportuna del trámite que adelantó en debida forma.

Así las cosas, señaló que la postura de la DIRECCIÓN SECCIONAL,

respaldada por el TRIBUNAL, restringe de forma arbitraria el

derecho fundamental al descanso remunerado de la actora al

condicionar su disfrute exclusivo a las vacancias colectivas futuras.

Esta tesis lesiona un derecho adquirido y causado (período 2024-

2025), asumiendo erróneamente que la vulneración desaparece si la

servidora accede al descanso colectivo de 2026. Al tratarse de

anualidades distintas, la interpretación ignora el principio de

causación cronológica y convalida una postergación indefinida que,

en la práctica, equivale a la negación absoluta del derecho.

Ahora, en lo que refiere al segundo período de disfrute, esto es, del

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7 de febrero de 2025 al 6 de febrero de 2026-, este se causó mientras

la accionante ocupaba el cargo de juez penal municipal con función

de control de garantías ambulante de buga, perteneciente al régimen

individual de vacaciones, por lo que, contrario a lo manifestado por

la DIRECCIÓN SECCIONAL, sí se encuadra en el supuesto previsto

en el literal c) ibídem, pues la normativa exceptúa de la regla general

de improcedencia del reemplazo al funcionario o empleado judicial

del régimen individual que sea designado en un despacho judicial del

régimen de vacaciones colectivas y al que le hayan quedado

pendientes vacaciones por disfrutar.

En ese orden de ideas, adujo que se encuentran involucrados dos

períodos vacacionales causados y pendientes de disfrute los cuales

deben ser garantizados con la finalidad de quedar al día y no seguir

arrastrando períodos causados con anterioridad, por lo que amparó

los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones

dignas de la actora.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La DIRECCIÓN SECCIONAL impugnó la providencia de primera

instancia, argumentando que, contrario a lo afirmado por el a quo,

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no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues no es

potestativo de esa entidad cambiar el régimen legal de un cargo para

favorecer una solicitud individual.

Sostuvo que no le resulta procedente la expedición de un CDP para

reemplazos en un cargo de régimen colectivo, salvo las excepciones

taxativas del Acuerdo PCSJA24-12172, por lo que acceder a lo

ordenado implicaría una transgresión de las normas presupuestales

vigentes.

Alegó que el a quo realizó una indebida aplicación de las excepciones

del Acuerdo PCSJA-12172, pues ello aplica para servidores del

régimen individual designados en colectivos con vacaciones

pendientes causadas en el régimen individual. Sostuvo que, en el

caso bajo examen, el período más antiguo (2024-2025) fue causado

bajo el régimen colectivo, por lo que debía someterse a la regla de

disfrute en vacancia judicial y el rezago mencionado era producto de

la dinámica legal de la Rama Judicial y no de una omisión

administrativa.

Refirió que en el caso bajo examen no se advierte la existencia de un

perjuicio irremediable, pues la servidora tiene su descanso

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garantizado y programado para las próximas vacaciones judiciales,

respetando el orden de causación.

En esa medida, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su

lugar, se deniegue el amparo solicitado.

Sumado a ello, la DEAJ presentó memorial de cumplimiento de la

orden de amparo, para lo cual indicó que mediante Resolución núm.

0004 de 2 de enero de 2025, se dispusieron los recursos necesarios

para financiar los reemplazos por vacaciones del personal de la Rama

Judicial, cumpliendo así con sus competencias.

En esa medida, refirió que no solo dispuso oportunamente los

recursos requeridos para la financiación de los reemplazos por

vacaciones, sino que también efectuó la correspondiente asignación

presupuestal para la vigencia 2026 a través de la Resolución núm.

10794 de 31 de diciembre de 2025.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela la actora pretende la

protección de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a

la igualdad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y la

DIRECCIÓN SECCIONAL al no haberle reconocido el disfrute de las

vacaciones correspondientes a los períodos 2024-2025 y 2025-2026

por falta del CDP que permitiera nombrar un reemplazo en su cargo.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN CUARTA accedió al

amparo de los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en

condiciones dignas de la actora respecto de los períodos causados

entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026, por lo que

le ordenó a la DIRECCIÓN SECCIONAL y a la DEAJ adelantar las

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gestiones administrativas y presupuestales correspondientes con el

fin de que el TRIBUNAL con la expedición del CDP, designara un

reemplazo para que se materializara el derecho al disfrute del

descanso remunerado de la misma.

En la impugnación la DIRECCIÓN SECCIONAL insistió en que no se

han vulnerado los derechos fundamentales de la actora, además, que

no resultaba procedente expedir el CDP ordenado, so pena de

trasgredir las normas presupuestales vigentes; que se hizo una

indebida aplicación de las excepciones del Acuerdo PCSJA24-12172

y que el derecho al descanso de la señora TORRES MEDICIS no ha

sido negado, sino programado, por lo que solicitó que se revoque la

decisión del a quo y, en su lugar, se deniegue el amparo solicitado.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, establecer si la DIRECCIÓN

SECCIONAL y la DEAJ vulneraron los derechos fundamentales

deprecados al negar las vacaciones solicitadas, tal como lo dispuso

el a quo o si, contrario a ello, la orden emitida debe ser revocada.

La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de

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un término razonable, por cuanto la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados se originó con ocasión a la falta

de respuesta a la solicitud de vacaciones presentada el 16 de febrero

de 2026 y reiterada el 9 de abril siguiente, mientras que la acción de

tutela fue radicada en esta última fecha.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también

encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una

parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los

trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control

y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la

necesidad de que se efectúe un nombramiento de reemplazo durante

el tiempo que esté en vacaciones7.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

cumple con los requisitos de procedibilidad, razón por la que la Sala

procede a abordar el estudio del fondo del asunto.

7
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, M.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 2021-02853-01.

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Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama

Judicial

Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente precisar

que el artículo 25 de la Constitución Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho

que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante

el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 2004 discurrió sobre el particular

así:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus
fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física
y mental, para compartir con su familia mayores y mejores
espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

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En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho a
un descanso remunerado por las labores desarrolladas al
servicio del empleador, quien a su vez tiene el deber de
causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al
empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el empleado
tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones,
durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese
derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador
saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente
ingreso económico. Claro es que unas vacaciones carentes de
recursos se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses
y derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional, con
arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin el
concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de
las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios

de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la

ley 270 de 1996, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de
los Tribunal Nacional (sic), las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y
de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las

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necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en
los demás casos, por un término de veintidós días continuos por
cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la Rama

Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones,

el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por tanto, debe

ser protegido a través de la acción de tutela.

Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y

jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala también

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comparte el criterio de la SECCIÓN CUARTA, en el sentido de que

las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho

al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste a

la actora, teniendo en cuenta la injerencia la garantía a las

vacaciones en el derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el

descanso constituye una garantía fundamental del empleado,

además de una prestación social y un derecho económico relacionado

con la salud y la seguridad social de las personas.

Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la

penal, en el caso de la actora, comprende un desgaste intelectual y

moral especial, que amerita en contraprestación, condiciones

adecuadas de descanso y distracción que redunden en la renovación

de fuerzas para el ejercicio de la función jurisdiccional posterior al

período vacacional.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar

la tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las

dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y

algunas veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen

a su cargo la organización de los asuntos administrativos, de recursos

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humanos y presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los

derechos de quienes laboran en los despachos judiciales.

Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo

PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024, dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL
RÉGIMEN DE VACACIONES COLECTIVAS. No es procedente
el reemplazo y la consecuente expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados
judiciales del régimen de vacaciones colectivas, salvo en las
siguientes excepciones:
[…]

c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen
individual sea designado en juzgados del régimen de vacaciones
colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones por
disfrutar […]”. [Negrilla original del texto]

En efecto, para la Sala si le es aplicable la excepción establecida en

el literal c) del artículo 2º del Acuerdo PCSJA24-12172, comoquiera

que: i) el cargo en el cual se originó el derecho pertenece al régimen

individual, pues se causó cuando la señora TORRES MEDICIS

ocupaba el cargo de juez penal municipal con función de control de

garantías ambulante de Buga, perteneciente al régimen individual de

vacaciones; ii) hubo un tránsito posterior a un despacho de régimen

colectivo, esto es, se trasladó al cargo de juez segunda promiscua de

familia del circuito de Palmira, que se rige por el sistema de

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vacaciones colectivas; y iii) de conformidad con el estudio de

vacaciones expedido por la DIRECCIÓN SECCIONAL, se encuentra

acreditado que la demandante se encuentra pendiente para disfrutar

las causadas en el período correspondiente del 7 de febrero de 2025

al 6 de febrero de 2026, lo cual fue corroborado por el Área de

Talento Humano de la Seccional Cali, como se advierte continuación:

Así las cosas, es claro que a la actora le es aplicable la excepción

dispuesta en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2024 que

establece la posibilidad de expedir el certificado de disponibilidad

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presupuestal en el asunto, por lo que para la Sala no tienen

prosperidad los argumentos expuestos por la DIRECCIÓN

SECCIONAL dentro del escrito de impugnación relativos a que se

aplicó indebidamente dicha disposición.

Sobre el particular, la Sala en asuntos con identidad fáctica ha

considerado que el no conceder el disfrute de las vacaciones

colectivas con fundamento en la falta de expedición del CDP,

transgrede el derecho al descanso, tal como se dispuso a

continuación:

“[…] Así las cosas, en este caso para la Sala es claro que: i) las
vacaciones del accionante se encuentran reguladas por el
régimen de vacaciones colectivas; ii) el Acuerdo PCSJA24-12172
de 2024 establece que es posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo del
servidor que pertenece al régimen de vacaciones colectivas a
quien le hayan sido suspendidas para atender turno de control
de garantías, y iii) que no existe justificación para negar el
disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que
están al servicio de la Rama Judicial, máxime cuando está
acreditado que el aquí accionante, en cumplimiento del Acuerdo
núm. CSJBOYA22-229 de 29 de julio de 2022 del Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, no disfrutó de
sus vacaciones en el periodo 2022 – 2023.

[…]

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que al accionante no se le
ha concedido el disfrute de sus vacaciones colectivas con
fundamento en la falta de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, la Sala concluye que se transgredió
su derecho al descanso, cuya vulneración es imputable a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
porque, tal como se precisó, esta Dirección Seccional tiene la
competencia de asignarle los recursos a los despachos judiciales

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de acuerdo con su jurisdicción […]8”.

Corolario de lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el

a quo a la impugnante y a la DEAJ, a efectos de que se adelanten

las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan

para que el TRIBUNAL en calidad de nominador, después de

expedido el CDP, designe el reemplazo de la actora para que se

materialice su derecho al disfrute del descanso, es congruente como

medida requerida para garantizar el amparo concedido.

En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la

impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el amparo

proferido en primera instancia deberá ser confirmado y así se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

No obstante, lo anterior, la Sala analizará el acervo probatorio

allegado al expediente, en el que se evidencia que el TRIBUNAL,

mediante Resolución núm. 163 de 3 de julio de 20269, le concedió

vacaciones individuales a la señora TORRES MEDICIS a partir del 6

hasta el 27 de julio de 2026, inclusive. Al efecto, se evidencia:

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, sentencia de 18 de julio de 2024, radicación núm. 2024-03143-00.

9
Material probatorio aportado por la actora, quien mediante comunicación telefónica de 17 de julio de
2026 informó que solicitó un período de vacaciones por los servicios prestados entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2025, el cual le fue concedido a través de la Resolución núm. 163 de 2026.

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“[…]

[…]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que la DIRECCIÓN

SECCIONAL y la DEAJ ya realizaron las gestiones administrativas

tendientes a que se expidiera el certificado de disponibilidad

presupuestal destinado a cubrir el nombramiento de la persona que

reemplazará a la tutelante en su período de vacaciones, información

que fue corroborada por aquella mediante comunicación telefónica

realizada el 17 de julio de 2026, en la que aseguró que se encontraba

disfrutando de su período de vacaciones desde el día 6 de este mes

y año, y que su reemplazo ya había sido nombrado.

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Analizado lo anterior, la Sala encuentra que durante el trámite de la

acción de tutela de la referencia se respondió a la cuestión

fundamental planteada por la accionante en lo que respecta al

período de vacaciones correspondiente del 7 de febrero de 2024 al 6

de febrero de 2025. En este sentido, se encuentran satisfechas las

pretensiones que inicialmente dieron lugar a la instauración de la

acción de tutela frente a tal período, dejando sin objeto cualquier

decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»10. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional

10
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación
del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción
de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta
resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o
por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”11 (Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los

cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,

ha indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección

11 Ibídem.

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efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan
o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el
objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su
efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se sigue
de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través
de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño consumado.
El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera
que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional
por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente
previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo
pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el amparo
solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La
carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en
tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”12.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno a

consideración de la Sala frente a tal período comprendido entre el 7

de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025, debido a que los hechos

que originaron la presente acción de tutela han sido superados, razón

por la que se declarará la carencia actual de objeto por hecho

superado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO frente a las vacaciones causadas en el período

comprendido entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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