Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02703-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE AL PERÍODO DE VACACIONES CAUSADO ENTRE
EL 7 DE FEBRERO DE 2024 AL 6 DE FEBRERO DE 2025. CONFIRMA
EL AMPARO EN LO QUE RESPECTA AL SEGUNDO PERÍODO DE
VACACIONES PENDIENTE. A LA ACTORA LE ES APLICABLE EL
LITERAL C) DEL ARTÍCULO 2º DEL ACUERDO PCSJA24-12172 DE
2024.
DERECHOS FUNDAMENTALES: SALUD, TRABAJO E IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
CALI1 contra la sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO2 que amparó los
derechos fundamentales al trabajo y al descanso de la actora.
1
En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.
2
En adelante SECCIÓN CUARTA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la igualdad, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA3 y la DIRECCIÓN
SECCIONAL al no haberle reconocido el disfrute de las vacaciones
correspondientes a los períodos 2024-2025 y 2025-2026 por falta del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal4 que permitiera nombrar
un reemplazo en su cargo.
I.2.- Hechos
Indicó que se encuentra vinculada a la Rama Judicial como servidora
en carrera y actualmente ejerce el cargo de juez segundo promiscuo
de familia del circuito de Palmira (Valle del Cauca) en provisionalidad.
3
En Adelante TRIBUNAL.
4
En adelante CDP.
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
Adujo que mediante correo electrónico remitido el 16 de febrero de
2026 a la Presidencia del TRIBUNAL, solicitó el disfrute de las
vacaciones a partir del 19 de mayo al 9 de junio de la presente
anualidad, correspondiente a los períodos comprendidos entre el 7
de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026, así como el respectivo
CDP con el fin de atender el pago y el nombramiento de su
reemplazo.
Aseveró que dicha petición fue reiterada el 9 de abril de 2026, sin
obtener respuesta alguna.
Sostuvo que, posterior a la solicitud de amparo, la Presidencia del
TRIBUNAL a través de Oficio núm. PTS-2026-067 de 17 de abril de
2026 informó que no resultaba viable gestionar la expedición del CDP
para el reconocimiento de sus vacaciones, con fundamento en el
concepto del Área Financiera y de Presupuesto, que determinó que
el período reclamado se causó cuando laboraba para la Secretaría de
la Sala Penal, por lo que no era posible aplicarle la excepción prevista
en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, las autoridades judiciales han vulnerado sus
derechos fundamentales al no acceder a su solicitud de vacaciones,
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a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos y que cuenta con
dos períodos acumulados.
Alegó que la omisión de la administración en permitirle su descanso,
la ha llevado a padecer un trastorno de ansiedad generalizada y
trastorno mixto de ansiedad y depresión, condiciones de salud
mental diagnosticadas y detonadas por factores de riesgo psicosocial
como la sobrecarga mental, el estrés y las altas exigencias del cargo
judicial.
Finalmente, rechazó la imposición de barreras administrativas
desproporcionadas por parte de las entidades accionadas,
argumentando que el disfrute al descanso es un derecho cierto e
inaplazable que no puede supeditarse a trámites internos o
presupuestales, como la expedición de un CDP.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Ampare los derechos fundamentales invocados.
2. Ordene a las entidades accionadas resolver de fondo, de
manera inmediata, la solicitud de disfrute de vacaciones
elevada por la accionante.
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3. Ordene garantizar el goce efectivo, real e inaplazable de al
menos uno de los períodos de vacaciones causados […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del
presente trámite, comoquiera que no es la llamada a responder por
las pretensiones expuestas por la actora.
Adujo que los períodos de vacaciones 2024-2025 y 2025-2026 se
generaron bajo la modalidad de vacaciones colectivas, pues, durante
el primer lapso, la actora se desempeñaba como secretaria de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y, en el
segundo, como jueza segunda promiscua de familia de Palmira, en
los cuales la Ley Estatutaria de Administración de Justicia impone el
disfrute simultáneo de las vacaciones para todo el despacho entre el
20 de diciembre y el 10 de enero del período siguiente.
Por este motivo, aclaró que legalmente no le es posible tramitar
presupuestos ni emitir el CDP para financiar vacaciones individuales
en despachos sometidos al régimen colectivo, ya que hacerlo
quebrantaría las directrices administrativas y las leyes de
presupuesto vigentes.
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De igual forma, sostuvo que la petición ya fue resuelta de fondo y
notificada a la servidora, en la cual se le indicó que el ciclo 2024-
2025 se le reconocerá y pagará durante la vacancia judicial de
diciembre de 2026, respetando el orden de causación y condicionado
a que continúe vinculada a una oficina de régimen colectivo.
Destacó que la negativa no obedece a un obstáculo administrativo
arbitrario, sino a un impedimento legal que prohíbe conceder
descansos particulares a empleados del sistema colectivo, a menos
que ocurra una desvinculación definitiva que obligue a su
compensación económica, hecho que no aplica en este caso.
Finalmente, indicó que la tutela no puede convertirse en un
mecanismo alterno para evadir el régimen de vacaciones colectivas
de la Rama Judicial, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos
los funcionarios adscritos a este tipo de despachos.
Ahora, como respuesta al requerimiento realizado por la SECCIÓN
CUARTA5 informó que el período de vacaciones disfrutado del 20 de
diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025, mientras fungía como
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Mediante auto de 15 de mayo de 2026.
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secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga,
corresponde al período comprendido entre el 7 de febrero de 2023 al
6 de febrero de 2024.
Ahora, en lo referente al por qué el descanso disfrutado durante la
vacancia judicial de diciembre de 2024 a enero de 2025 no se imputó
al período causado entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de
2025, pese a que la accionante laboraba en un despacho de régimen
colectivo, y por qué dicho período continúa registrado en el sistema
con estado «pendiente», destacó que las vacaciones deben
disfrutarse en orden de causación al ser una prestación social cuyo
objetivo principal es garantizar el descanso continuo y la
recuperación física y mental del trabajador por cada año de labores.
Por último, puso de presente que el disfrute de cada período de
vacaciones o la respectiva compensación en dinero prescribe a los
cuatro (4) años, contados a partir del momento en que se haya
causado el derecho y/o se hicieron exigibles, o a partir de la fecha
del aplazamiento consagrado en el respectivo acto administrativo, y
se disfruta respetando el orden de causación de los períodos.
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I.5.2.- El TRIBUNAL solicitó que se deniegue el amparo solicitado
por cuanto, a su juicio, no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados.
Alegó que el 23 de febrero de 2026 presentó consulta ante el Área
Financiera y de Presupuesto y la Oficina de Asuntos Laborales de
Buga, quien le informó que la actora tenía pendiente de disfrutar el
período de vacaciones causado entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de
febrero de 2025, mientras laboró como secretaría de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, que pertenece al
régimen de vacaciones colectivas, por lo que no era factible solicitar
presupuesto para expedir el CDP, pues la excepción establecida en
el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024, literal c, aplica
para el servidor judicial que hubiere causado el período en el régimen
de vacaciones individuales y pase al de colectivas.
De igual forma, se precisó que el estudio de vacaciones de la
servidora judicial arrojó dos períodos pendientes, que deberán
liquidarse y disfrutarse colectivamente durante la vacancia judicial
(del 20 de diciembre al 10 de enero siguiente), siempre que continúe
adscrita a un despacho bajo este régimen, o bien, solicitarse
formalmente si se traslada a uno de vacaciones individuales.
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Destacó que bajo dicha regla, la anualidad comprendida entre el 7
de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2025, se programó para ser
disfrutada del 20 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, y así
sucesivamente de forma cronológica.
Por otra parte, señaló la inviabilidad de gestionar el CDP requerido
para el descanso individual solicitado. En consecuencia, mediante el
Oficio núm. PTS-2026-067 de 17 de abril de 2026, notificó la negativa
a la actora, exponiendo detalladamente las razones de orden
administrativo y presupuestal que impedían darle continuidad al
trámite.
Así las cosas, descartó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, pues actuó con total oportunidad y en el marco de sus
competencias. Resaltó que la interrupción del trámite obedeció
exclusivamente a que el Área de Administración y Presupuesto no
expidió el CDP, requisito técnico e indispensable para la concesión
del descanso en los términos pretendidos.
I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL6 (DEAJ) sostuvo que carece de legitimación en la causa
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En adelante DEAJ.
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por pasiva, toda vez que no es la competente para atender las
pretensiones de la actora.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA, mediante sentencia de 18 de junio de 2026,
denegó las solicitudes de desvinculación formuladas por la
DIRECCIÓN SECCIONAL y la DEAJ, y amparó los derechos
fundamentales al trabajo y al descanso de la actora y ordenó lo
siguiente:
“[…] 3. En consecuencia ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, que de acuerdo con sus
competencias y de manera coordinada, en el término de cinco
(5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan para que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, en calidad de nominador de la
demandante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del CDP, designe su reemplazo para que materialice
el derecho al disfrute del descanso remunerado […]”.
Para el efecto, precisó que de las pruebas aportadas al expediente,
se encontraba acreditado que la actora tiene causados y pendientes
de disfrute dos períodos vacacionales, esto es, del 7 de febrero de
2024 al 6 de febrero de 2025 y del 7 de febrero de 2025 al 6 de
febrero de 2026. Que, en cuanto al primer período pendiente, se
causó en un cargo del régimen colectivo, mientras ocupó el cargo de
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secretaria de la Sala Penal del TRIBUNAL.
Ahora, resaltó que conforme lo certificó la DIRECCIÓN SECCIONAL
en respuesta al requerimiento efectuado, el descanso que la actora
disfrutó durante la vacancia judicial comprendida entre el 20 de
diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, –oportunidad ordinaria
en la que, bajo el régimen colectivo habría correspondido al disfrute
del período causado en la anualidad 2024-, no fue imputado a dicho
período, sino a uno causado con anterioridad, esto es, el
comprendido entre el 7 de febrero de 2023 y el 6 de febrero de 2024,
lo que obedeció a la regla conforme a la cual las vacaciones se
disfrutan en estricto orden de causación.
Advirtió que lo anterior ponía en evidencia que la actora tenía
pendiente desde antes un rezago de un período en el disfrute de sus
vacaciones, pues cada vacancia judicial de diciembre venía
aplicándose a la anualidad causada un año atrás, de manera que el
único descanso anual que ofrece el régimen colectivo alcanzaba para
satisfacer el período antiguo, mientras simultáneamente se causaba
uno nuevo.
Así las cosas, refirió que el disfrute de la vacancia de diciembre de
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2024 dejó intacto, con la condición de pendiente el período 2024-
2025.
Ahora, en cuanto al segundo período de vacaciones pendiente del 7
de febrero de 2025 al 6 de febrero de 2026, se causó en el cargo de
juez penal municipal con función de control de garantías ambulante
de Buga, perteneciente al régimen individual de vacaciones, lo cual
resulta determinante, pues la vacancia judicial colectiva comprendida
entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026
(oportunidad en la que, de haber permanecido en un despacho del
régimen colectivo, el descanso se habría imputado al período 2024-
2025, esto es, el más antiguo pendiente), transcurrió mientras la
accionante se desempeñaba en un despacho del régimen
individual que no suspende actividades durante la vacancia y que,
por el contrario, presta sus servicios precisamente en ese lapso.
Así las cosas, consideró que no era posible acceder al descanso por
la vía de las vacaciones colectivas en esa oportunidad y el rezago que
arrastraba, en lugar de corregirse, se amplió, porque al cierre de la
anualidad, el 6 de febrero de 2025, registraba ya dos períodos
causados sin disfrutar.
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Por lo anterior, en lo que refiere al primer período pendiente de
disfrute, –del 7 de febrero de 2024 a 6 de febrero de 2025-, destacó
que no resultaba constitucionalmente admisible que a la actora no se
le permita su disfrute efectivo de vacaciones, pues lo cierto era que
la materialización del descanso remunerado no ha sido posible por
circunstancias que no le son atribuibles, sino que derivan de la
mecánica de imputación de los disfrutes, de los tránsitos entre
regímenes propios de sus nombramientos y de la falta de decisión
oportuna del trámite que adelantó en debida forma.
Así las cosas, señaló que la postura de la DIRECCIÓN SECCIONAL,
respaldada por el TRIBUNAL, restringe de forma arbitraria el
derecho fundamental al descanso remunerado de la actora al
condicionar su disfrute exclusivo a las vacancias colectivas futuras.
Esta tesis lesiona un derecho adquirido y causado (período 2024-
2025), asumiendo erróneamente que la vulneración desaparece si la
servidora accede al descanso colectivo de 2026. Al tratarse de
anualidades distintas, la interpretación ignora el principio de
causación cronológica y convalida una postergación indefinida que,
en la práctica, equivale a la negación absoluta del derecho.
Ahora, en lo que refiere al segundo período de disfrute, esto es, del
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7 de febrero de 2025 al 6 de febrero de 2026-, este se causó mientras
la accionante ocupaba el cargo de juez penal municipal con función
de control de garantías ambulante de buga, perteneciente al régimen
individual de vacaciones, por lo que, contrario a lo manifestado por
la DIRECCIÓN SECCIONAL, sí se encuadra en el supuesto previsto
en el literal c) ibídem, pues la normativa exceptúa de la regla general
de improcedencia del reemplazo al funcionario o empleado judicial
del régimen individual que sea designado en un despacho judicial del
régimen de vacaciones colectivas y al que le hayan quedado
pendientes vacaciones por disfrutar.
En ese orden de ideas, adujo que se encuentran involucrados dos
períodos vacacionales causados y pendientes de disfrute los cuales
deben ser garantizados con la finalidad de quedar al día y no seguir
arrastrando períodos causados con anterioridad, por lo que amparó
los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en condiciones
dignas de la actora.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN SECCIONAL impugnó la providencia de primera
instancia, argumentando que, contrario a lo afirmado por el a quo,
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no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues no es
potestativo de esa entidad cambiar el régimen legal de un cargo para
favorecer una solicitud individual.
Sostuvo que no le resulta procedente la expedición de un CDP para
reemplazos en un cargo de régimen colectivo, salvo las excepciones
taxativas del Acuerdo PCSJA24-12172, por lo que acceder a lo
ordenado implicaría una transgresión de las normas presupuestales
vigentes.
Alegó que el a quo realizó una indebida aplicación de las excepciones
del Acuerdo PCSJA-12172, pues ello aplica para servidores del
régimen individual designados en colectivos con vacaciones
pendientes causadas en el régimen individual. Sostuvo que, en el
caso bajo examen, el período más antiguo (2024-2025) fue causado
bajo el régimen colectivo, por lo que debía someterse a la regla de
disfrute en vacancia judicial y el rezago mencionado era producto de
la dinámica legal de la Rama Judicial y no de una omisión
administrativa.
Refirió que en el caso bajo examen no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable, pues la servidora tiene su descanso
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garantizado y programado para las próximas vacaciones judiciales,
respetando el orden de causación.
En esa medida, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su
lugar, se deniegue el amparo solicitado.
Sumado a ello, la DEAJ presentó memorial de cumplimiento de la
orden de amparo, para lo cual indicó que mediante Resolución núm.
0004 de 2 de enero de 2025, se dispusieron los recursos necesarios
para financiar los reemplazos por vacaciones del personal de la Rama
Judicial, cumpliendo así con sus competencias.
En esa medida, refirió que no solo dispuso oportunamente los
recursos requeridos para la financiación de los reemplazos por
vacaciones, sino que también efectuó la correspondiente asignación
presupuestal para la vigencia 2026 a través de la Resolución núm.
10794 de 31 de diciembre de 2025.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Caso concreto
A través de la presente acción de tutela la actora pretende la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a
la igualdad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL y la
DIRECCIÓN SECCIONAL al no haberle reconocido el disfrute de las
vacaciones correspondientes a los períodos 2024-2025 y 2025-2026
por falta del CDP que permitiera nombrar un reemplazo en su cargo.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN CUARTA accedió al
amparo de los derechos fundamentales al descanso y al trabajo en
condiciones dignas de la actora respecto de los períodos causados
entre el 7 de febrero de 2024 y el 6 de febrero de 2026, por lo que
le ordenó a la DIRECCIÓN SECCIONAL y a la DEAJ adelantar las
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gestiones administrativas y presupuestales correspondientes con el
fin de que el TRIBUNAL con la expedición del CDP, designara un
reemplazo para que se materializara el derecho al disfrute del
descanso remunerado de la misma.
En la impugnación la DIRECCIÓN SECCIONAL insistió en que no se
han vulnerado los derechos fundamentales de la actora, además, que
no resultaba procedente expedir el CDP ordenado, so pena de
trasgredir las normas presupuestales vigentes; que se hizo una
indebida aplicación de las excepciones del Acuerdo PCSJA24-12172
y que el derecho al descanso de la señora TORRES MEDICIS no ha
sido negado, sino programado, por lo que solicitó que se revoque la
decisión del a quo y, en su lugar, se deniegue el amparo solicitado.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si la DIRECCIÓN
SECCIONAL y la DEAJ vulneraron los derechos fundamentales
deprecados al negar las vacaciones solicitadas, tal como lo dispuso
el a quo o si, contrario a ello, la orden emitida debe ser revocada.
La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de
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un término razonable, por cuanto la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados se originó con ocasión a la falta
de respuesta a la solicitud de vacaciones presentada el 16 de febrero
de 2026 y reiterada el 9 de abril siguiente, mientras que la acción de
tutela fue radicada en esta última fecha.
Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también
encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una
parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los
trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control
y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la
necesidad de que se efectúe un nombramiento de reemplazo durante
el tiempo que esté en vacaciones7.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
cumple con los requisitos de procedibilidad, razón por la que la Sala
procede a abordar el estudio del fondo del asunto.
7
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, M.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 2021-02853-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama
Judicial
Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente precisar
que el artículo 25 de la Constitución Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho
que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante
el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 2004 discurrió sobre el particular
así:
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus
fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su salud física
y mental, para compartir con su familia mayores y mejores
espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el
conocimiento, y, a manera de posibilidad estética, para acercarse
paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho a
un descanso remunerado por las labores desarrolladas al
servicio del empleador, quien a su vez tiene el deber de
causarlas contablemente, al igual que la obligación de pagarlas al
empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el empleado
tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones,
durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese
derecho, pues no sería justo ni razonable el que un trabajador
saliera a “disfrutar” sus vacaciones desprovisto del correspondiente
ingreso económico. Claro es que unas vacaciones carentes de
recursos se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses
y derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional, con
arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin el
concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de
las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios
de la Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la
ley 270 de 1996, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de
los Tribunal Nacional (sic), las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y
de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo
Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en
los demás casos, por un término de veintidós días continuos por
cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la Rama
Judicial se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones,
el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por tanto, debe
ser protegido a través de la acción de tutela.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio, la Sala también
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
comparte el criterio de la SECCIÓN CUARTA, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho
al goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste a
la actora, teniendo en cuenta la injerencia la garantía a las
vacaciones en el derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el
descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
además de una prestación social y un derecho económico relacionado
con la salud y la seguridad social de las personas.
Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la
penal, en el caso de la actora, comprende un desgaste intelectual y
moral especial, que amerita en contraprestación, condiciones
adecuadas de descanso y distracción que redunden en la renovación
de fuerzas para el ejercicio de la función jurisdiccional posterior al
período vacacional.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar
la tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y
algunas veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen
a su cargo la organización de los asuntos administrativos, de recursos
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humanos y presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los
derechos de quienes laboran en los despachos judiciales.
Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo
PCSJA24-12172 de 2 de mayo de 2024, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 2. REEMPLAZO PARA SERVIDORES DEL
RÉGIMEN DE VACACIONES COLECTIVAS. No es procedente
el reemplazo y la consecuente expedición de certificado de
disponibilidad presupuestal para funcionarios y empleados
judiciales del régimen de vacaciones colectivas, salvo en las
siguientes excepciones:
[…]
c. Cuando el funcionario o empleado judicial del régimen
individual sea designado en juzgados del régimen de vacaciones
colectivas y le hayan quedado pendientes vacaciones por
disfrutar […]”. [Negrilla original del texto]
En efecto, para la Sala si le es aplicable la excepción establecida en
el literal c) del artículo 2º del Acuerdo PCSJA24-12172, comoquiera
que: i) el cargo en el cual se originó el derecho pertenece al régimen
individual, pues se causó cuando la señora TORRES MEDICIS
ocupaba el cargo de juez penal municipal con función de control de
garantías ambulante de Buga, perteneciente al régimen individual de
vacaciones; ii) hubo un tránsito posterior a un despacho de régimen
colectivo, esto es, se trasladó al cargo de juez segunda promiscua de
familia del circuito de Palmira, que se rige por el sistema de
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vacaciones colectivas; y iii) de conformidad con el estudio de
vacaciones expedido por la DIRECCIÓN SECCIONAL, se encuentra
acreditado que la demandante se encuentra pendiente para disfrutar
las causadas en el período correspondiente del 7 de febrero de 2025
al 6 de febrero de 2026, lo cual fue corroborado por el Área de
Talento Humano de la Seccional Cali, como se advierte continuación:
Así las cosas, es claro que a la actora le es aplicable la excepción
dispuesta en el literal c) del Acuerdo PCSJA24-12172 de 2024 que
establece la posibilidad de expedir el certificado de disponibilidad
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
presupuestal en el asunto, por lo que para la Sala no tienen
prosperidad los argumentos expuestos por la DIRECCIÓN
SECCIONAL dentro del escrito de impugnación relativos a que se
aplicó indebidamente dicha disposición.
Sobre el particular, la Sala en asuntos con identidad fáctica ha
considerado que el no conceder el disfrute de las vacaciones
colectivas con fundamento en la falta de expedición del CDP,
transgrede el derecho al descanso, tal como se dispuso a
continuación:
“[…] Así las cosas, en este caso para la Sala es claro que: i) las
vacaciones del accionante se encuentran reguladas por el
régimen de vacaciones colectivas; ii) el Acuerdo PCSJA24-12172
de 2024 establece que es posible expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para contratar el reemplazo del
servidor que pertenece al régimen de vacaciones colectivas a
quien le hayan sido suspendidas para atender turno de control
de garantías, y iii) que no existe justificación para negar el
disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que
están al servicio de la Rama Judicial, máxime cuando está
acreditado que el aquí accionante, en cumplimiento del Acuerdo
núm. CSJBOYA22-229 de 29 de julio de 2022 del Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, no disfrutó de
sus vacaciones en el periodo 2022 – 2023.
[…]
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que al accionante no se le
ha concedido el disfrute de sus vacaciones colectivas con
fundamento en la falta de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, la Sala concluye que se transgredió
su derecho al descanso, cuya vulneración es imputable a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
porque, tal como se precisó, esta Dirección Seccional tiene la
competencia de asignarle los recursos a los despachos judiciales
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
de acuerdo con su jurisdicción […]8”.
Corolario de lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el
a quo a la impugnante y a la DEAJ, a efectos de que se adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan
para que el TRIBUNAL en calidad de nominador, después de
expedido el CDP, designe el reemplazo de la actora para que se
materialice su derecho al disfrute del descanso, es congruente como
medida requerida para garantizar el amparo concedido.
En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la
impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el amparo
proferido en primera instancia deberá ser confirmado y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
No obstante, lo anterior, la Sala analizará el acervo probatorio
allegado al expediente, en el que se evidencia que el TRIBUNAL,
mediante Resolución núm. 163 de 3 de julio de 20269, le concedió
vacaciones individuales a la señora TORRES MEDICIS a partir del 6
hasta el 27 de julio de 2026, inclusive. Al efecto, se evidencia:
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, sentencia de 18 de julio de 2024, radicación núm. 2024-03143-00.
9
Material probatorio aportado por la actora, quien mediante comunicación telefónica de 17 de julio de
2026 informó que solicitó un período de vacaciones por los servicios prestados entre el 7 de febrero de
2024 y el 6 de febrero de 2025, el cual le fue concedido a través de la Resolución núm. 163 de 2026.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02703-01
Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
“[…]
[…]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que la DIRECCIÓN
SECCIONAL y la DEAJ ya realizaron las gestiones administrativas
tendientes a que se expidiera el certificado de disponibilidad
presupuestal destinado a cubrir el nombramiento de la persona que
reemplazará a la tutelante en su período de vacaciones, información
que fue corroborada por aquella mediante comunicación telefónica
realizada el 17 de julio de 2026, en la que aseguró que se encontraba
disfrutando de su período de vacaciones desde el día 6 de este mes
y año, y que su reemplazo ya había sido nombrado.
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Analizado lo anterior, la Sala encuentra que durante el trámite de la
acción de tutela de la referencia se respondió a la cuestión
fundamental planteada por la accionante en lo que respecta al
período de vacaciones correspondiente del 7 de febrero de 2024 al 6
de febrero de 2025. En este sentido, se encuentran satisfechas las
pretensiones que inicialmente dieron lugar a la instauración de la
acción de tutela frente a tal período, dejando sin objeto cualquier
decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»10. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional
10
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación
del derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción
de tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta
resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o
por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”11 (Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sección, en relación con eventos en los
cuales se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora,
ha indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
11 Ibídem.
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efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan
o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho, el
objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su
efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se sigue
de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a través
de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño consumado.
El primero acaece cuando se supera la afectación de tal manera
que el pronunciamiento del juez pierde su finalidad constitucional
por cuanto la decisión que pudiere adoptar sería inocua y contraria
al objetivo de protección inmediata y efectiva constitucionalmente
previsto, o en el evento en que ya no hay lugar a ordenar lo
pretendido por cuanto con ello no se va a lograr el amparo
solicitado. La jurisprudencia constitucional lo explica así: La
carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento
del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en
tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”12.
En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno a
consideración de la Sala frente a tal período comprendido entre el 7
de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025, debido a que los hechos
que originaron la presente acción de tutela han sido superados, razón
por la que se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO frente a las vacaciones causadas en el período
comprendido entre el 7 de febrero de 2024 al 6 de febrero de 2025,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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Actora: LEIDY CAROLINA TORRES MEDICIS
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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