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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02705-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02705-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Elizabeth Barbosa Patiño, quien actúa en nombre propio. En consecuencia, Segundo.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, expida las copias auténticas que sirvan de título ejecutivo junto con la constancia de ejecutoria para el cobro de la obligación contenida en la sentencia de 4 de mayo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -, por los perjuicios irrogados a los demandantes con ocasión del homicidio en persona protegida del que fue víctima el señor José del Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d). En cualquier caso, la entrega de las copias solicitadas estará condicionada al pago de los aranceles correspondientes por parte de la accionante. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02705-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02705-00
Accionante: ELIZABETH BARBOSA PATIÑO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de copias auténticas de
sentencia dictada en proceso de reparación directa en el que se
accedió a las pretensiones por graves violaciones a derechos
humanos

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Elizabeth Barbosa Patiño, quien actúa en nombre propio,
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 9 de abril de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de su
derecho fundamental de petición, supuestamente vulnerado por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se declare que la entidad Juzgado DESPACHO 000 - TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO – SIN SECCIÓN – BUCARAMANGA vulnero un derecho
Fundamental del Art 23 DERECHO DE PETICIÓN, Consagrado en la Constitución
Política.

2. Se Tutele mi derecho Fundamental de Petición.

3. Como consecuencia, se ordene a la entidad Juzgado DESPACHO 000 - TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO – SIN SECCIÓN – BUCARAMANGA que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo a mis
pretensiones ENUNCIADAS DENTRO DEL DERECHO DE PETICIÓN conforme lo
establecen la normatividad y la jurisprudencia colombianas, por cuanto permito
recordar las pretensiones:

1.) Solicitamos que nos envíen las copias auténticas que prestan merito
ejecutivo del proceso 68001233100020090079600.

2.) Solicitamos nos informen el número de cuenta para realizar el respectivo pago
de los aranceles para cumplir con el requisito ante el despacho 000 -

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Accionante: Elizabeth Barbosa Patiño

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN – BUCARAMANGA, y así nos
puedan enviar las copias auténticas que prestan merito ejecutivo del proceso.
3.) Solicitamos que en caso de ser negativa la respuesta a las pretensiones, se
sustenten y fundamente legalmente la respuesta.
4.) Sin otro particular, quedo atento (a) a la respuesta de la presente, la cual
deberá ser resuelta dentro de los términos dispuestos en la Ley 1755 de 2015.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su recepción”.

2. Hechos1

El 15 de diciembre de 2009, los señores Pastor, Daimer, Elizabeth Barbosa Patiño
y Luz Marina Patiño Mosquera, a través de apoderado judicial, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con la pretensión de que se
declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad
demandada por los perjuicios causados por el fallecimiento del señor José del
Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d), que fue ejecutado extrajudicialmente por
miembros del Batallón Caldas adscritos a la Quinta Brigada de Bucaramanga.

El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander –
Sala de Descongestión2, que mediante sentencia de 12 de junio de 2013 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que si bien se encontraba probado el
daño antijurídico con la muerte del señor José del Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d)
en la operación militar del 19 de octubre de 2007, el mismo no resultaba imputable
al Ejército Nacional porque existió una causa justificada para disparar contra la
víctima. Y concluyó que la parte actora no probó la falla en el servicio en desarrollo
de la misión “Ozono” y su nexo causal con el daño, y tampoco se demostró que la
conducta desplegada por la administración fue exclusiva y determinante en la
producción del hecho dañoso.

Frente a la anterior decisión presentaron recurso de apelación, al considerar que no
pudieron cumplir con la carga probatoria requerida porque fueron víctimas de
amenazas y un atentado, razón por la cual solicitaron tener en cuenta las pruebas
que habían sido solicitadas a la Fiscalía 65 de la Unidad de Derechos Humanos.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por sentencia de 4 de mayo
de 2022, revocó la decisión de primera instancia que había negado las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declaró responsable a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional por los perjuicios sufridos a los demandantes
con ocasión de la ejecución extrajudicial de que fue víctima el señor José del
Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d), y condenó a la entidad demandada al pago de
los perjuicios morales.

La accionante en el escrito de tutela relató que desde el 19 de agosto de 2025, ha
presentado solicitudes en ejercicio del derecho de petición al Tribunal
Administrativo de Santander, en las que ha pedido las copias auténticas de la
sentencia de segunda instancia de 4 de mayo de 2022 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que prestan merito ejecutivo, con
el fin de poder adelantar el trámite de cobro. En ese contexto, señaló que la

1
Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y del proceso ordinario.
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Radicado no. 68001-23-31-000-2009-00796-00.
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autoridad judicial accionada ha respondido sus peticiones, en el sentido de informar
que ya habían sido entregadas el 24 de noviembre de 2022 al abogado William
Cristancho Duarte, quien tenía el poder para llevar a cabo el proceso. No obstante,
precisó que el profesional del derecho no contaba con el poder para efectuar el
cobro de la indemnización.

Así las cosas, refirió que el 6 de noviembre de 2025 presentó nuevamente una
solicitud ante el Tribunal Administrativo de Santander, en el que informó que al
apoderado se le había revocado el poder por las siguientes razones: “1. El Dr.
WILLIAM CRISTANCHO DUARTE, no cuenta con poder para realizar el cobro de
la indemnización. 2. El Dr. WILLIAM CRISTANCHO DUARTE, me allego en el año
2023 un contrato mediante el cual establece para el pago de sus honorarios un
porcentaje del 45% neto. 3. Según la sentencia C-609 de 2012 Corte Constitucional
y la LEY 1448 DE 2011, en su artículo 44 PARÁGRAFO 1º. Establece que el cobro
máximo permitido de honorarios no podrá superar los veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. 4. En virtud de lo anterior, y con ocasión, al
reconocimiento de Víctimas del conflicto armado, que hemos sufrido un daño
emocional, como resultado de la OPERACIÓN DE LOS FALSOS POSITIVOS en el
territorio nacional, y del cual mi HERMANO EL SEÑOR JOSÉ DEL CARMEN
BARBOSA PATIÑO, fue víctima directa, mediante desaparición forzada y posterior
asesinato, nos sentimos vulnerados no solo parte del astado (sic), y ahora por parte
de los abusos del profesional El Dr. WILLIAM CRISTANCHO DUARTE, quien
posterior al atropello que ocasionó el Estado, el profesional también está
cometiendo un exceso con el cobro desmedido de los honorarios los cuales los
pretende pactar en un (45%)”.

Finalmente, sostuvo que el 12 de noviembre de 2025, el Tribunal accionado
respondió a la petición presentada, en el sentido de reiterar que las copias de la
sentencia ya habían sido entregadas al apoderado. Asimismo, precisó que el 21 de
enero y 19 de febrero de 2026 insistió en la solicitud de la entrega de las copias
auténticas de la sentencia, sin embargo, señaló que la autoridad judicial accionada
respondió: “Revisado nuevamente el sistema de consulta de procesos siglo XXI, se
observa que anotación donde se registró: " SE ENVIAN 3 PAQUETES DE COPIAS
AUTENTICAS QUE PRESTAN MERITO EJECUTIVO AL CORREO DEL
ABOGADO DEMANDANTE WILLIAM CRISTANCHO" (19 Dic 2022), por lo cual las
mismas ya fueron entregadas, esta comunicación ya se ha enviado anteriormente
para su conocimiento el día 22 de enero de 2026”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se vulneró su derecho fundamental de petición, el
cual no solo implicaba poder presentar solicitudes ante las autoridades, sino recibir
una respuesta pronta, de fondo y oportuna conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. En ese contexto, señaló que según la Ley 1755 de 2015 las
autoridades deben responder las peticiones dentro de términos específicos
(generalmente 15 días, o 10 y 30 días según el tipo de solicitud), y que el
incumplimiento de esos plazos configura una vulneración del derecho.

Asimismo, sostuvo que la Corte Constitucional ha establecido que la respuesta debe
ser clara, precisa, congruente con lo solicitado y efectivamente notificada al
peticionario, y que no basta cualquier respuesta, sino una solución de fondo.
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Por último, precisó que el silencio administrativo no exonera a la administración de
responder y que la falta de respuesta dentro del término legal permite la intervención
del juez constitucional para ordenar su cumplimiento. Y agregó que “la entidad
JUZGADO DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO – SIN SECCIÓN –
BUCARAMANGA, vulnero mi derecho fundamental, a que se me diera de manera
formal una respuesta a mi requerimiento y entrega de documentos, el juzgado se
encuentra en la obligación de entregarme las copias, puesto que hago parte del
proceso”.

4. Trámite procesal

Por auto de 13 de abril de 2026, el magistrado ponente admitió la demanda y ordenó
notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Igualmente, al abogado
William Cristancho Duarte, como tercero interesado en el resultado del proceso. De
igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 68250 a 68252 de
14 de abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión3.

Posteriormente, el titular del despacho mediante auto de 21 de abril de 2026 ordenó
vincular como tercero con interés al abogado William Cristancho Duarte, y oficiar a
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional para que informara
si se había presentado cuenta de cobro respecto de la sentencia de segunda
instancia que resultó favorable a las pretensiones de la demandante en el proceso
de reparación directa no. 68001-23-31-000-2009-00796-01.

5. Diligencia de ampliación de la acción de tutela

El 15 de mayo de 2026 se llevó a cabo, a través de la plataforma Microsoft Teams,
la diligencia a la que compareció la parte actora con el propósito de complementar
y precisar los hechos expuestos en el escrito de tutela.

La accionante relató que la demanda de reparación directa fue promovida por los
padres, hermanos, la compañera permanente y el hijo de la víctima, asimismo,
explicó que asumió la gestión de las actuaciones relacionadas con el proceso por
solicitud de sus padres, quienes son adultos mayores y cuentan con escasa
formación académica, así como de su hermano, quien se encuentra privado de la
libertad. Indicó que desconocía la situación de la compañera permanente y del hijo
de la víctima frente a los acuerdos celebrados con el abogado, aunque tenía
entendido que ya se les había realizado el pago correspondiente a la indemnización.

Señaló que el apoderado del proceso fue el abogado William Cristancho Duarte y
que el año 2022, el apoderado la contactó para informarle que pretendía cobrar los
honorarios equivalentes al 45% de la indemnización reconocida, porcentaje que
consideró excesivo. Por tal razón, manifestó que ella y sus familiares no estuvieron
de acuerdo con suscribir un poder que le permitiera efectuar el cobro de la
indemnización, pese a la insistencia del abogado.

3
Índice 7 Samai.
4

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Accionante: Elizabeth Barbosa Patiño

Asimismo, afirmó que la revocatoria del poder fue suscrita por ella y sus padres y
remitida al Tribunal Administrativo de Santander. Indicó que pese haber presentado
solicitudes desde agosto de 2025 y reiterarlas en noviembre del mismo año, la
autoridad judicial no dio respuesta de fondo, pues solo se limitó a señalar que las
copias auténticas del proceso ya habían sido entregadas al abogado en diciembre
de 2022. De igual forma, agregó que aunque intentaron contactar al profesional del
derecho para obtener dichas copias, no respondió a las llamadas ni fue posible
ubicarlo en su oficina.

De igual manera, expresó que desconocía si el abogado o alguno de los demás
demandantes había iniciado el trámite administrativo para obtener el pago de la
sentencia favorable, razón por la cual insistía en la necesidad de acceder a las
copias auténticas del expediente. También indicó que tenía la intención de presentar
una queja disciplinaria contra el abogado por los hechos denunciados.

Finalmente, sostuvo que desde el año 2025 habían solicitado reiteradamente las
copias auténticas del proceso sin obtenerlas, pues el Tribunal consideró suficiente
que las mismas habían sido entregadas previamente al abogado. Reiteró que el
abogado pretendía cobrar honorarios equivalentes al 45% de la indemnización,
porcentaje que estimaba contrario a los límites fijados por la jurisprudencia
constitucional. Añadió que ella y su familia eran víctimas del conflicto armado y que
se sentían revictimizados tanto por la actuación del abogado como por la negativa
de la autoridad judicial a suministrar la documentación requerida. Igualmente,
manifestó su preocupación por publicaciones realizadas por el abogado en redes
sociales y por actuaciones encaminadas a obtener la firma de su padre,
circunstancias que, a su juicio, los exponían a riesgos y amenazas.

Concluyó que el abogado únicamente había sido facultado para representarlos
judicialmente y no para cobrar la indemnización, por lo que consideró vulnerado su
derecho de acceso a la documentación del proceso al negárseles la entrega de las
copias solicitadas.

En el curso de la misma diligencia se profirió el Auto Interlocutorio no. 001, mediante
el cual se dispuso la vinculación al trámite constitucional en calidad de terceros con
interés a los señores Pastor Barbosa Patiño, Luz Marina Patiño, Daimer Barbosa
Patiño, María Juliana Baza Pallares y José David Barbosa Baza.

Asimismo, se decretó como prueba de oficio requerir a la Secretaría General de esta
Corporación para que oficiara al Tribunal Administrativo de Santander remitiera ,
dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la providencia, copia íntegra
en medio digital del expediente correspondiente al medio de control de reparación
directa identificado con el radicado No. 68001-23-31-000-2009-00796-00/01,
promovido por los señores Pastor, Luz Marina, Elizabeth y Daimer Barbosa Patiño
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander

El magistrado ponente rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se configuró la vulneración
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del derecho fundamental de petición alegada, toda vez que la autoridad judicial ha
dado respuesta a las solicitudes presentadas. En efecto, precisó que conforme se
evidenció en el expediente y en los registros del sistema de consulta de procesos,
las peticiones relacionadas con la expedición de copias auténticas de la sentencia
proferida dentro del proceso de reparación directa no. 68001-23-31-000-2009-
00796-00 fueron sido atendidas de manera reiterada.

Particularmente, señaló que se encontraba acreditado que el 19 de diciembre de
2022 se remitieron tres paquetes de copias auténticas con mérito ejecutivo al correo
electrónico del abogado William Cristancho Duarte, quien actuaba como apoderado
judicial de la parte demandante, por lo que dicha información había sido comunicada
a la accionante en varias oportunidades, constituyendo una respuesta de fondo,
clara y congruente con lo solicitado, en los términos previstos en la Ley 1755 de
2015.

Por otro lado, sostuvo que frente a la revocatoria del poder conferido al referido
apoderado, era preciso señalar que dicha circunstancia no desvirtuaba el
cumplimiento de la obligación por parte de la administración de justicia, que ya
efectuó la expedición y remisión de las copias requeridas, toda vez que las
relaciones contractuales o la vigencia del poder entre la accionante y su abogado
son asuntos ajenos a la órbita funcional del despacho judicial y no afectaban la
validez de la actuación surtida, ni generaba la obligación de expedir nuevamente las
copias en los términos pretendidos.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la accionante podía solicitar nuevamente la
expedición de copias a través del trámite correspondiente, dando cumplimiento a
los requisitos legales, incluidos los aranceles judiciales a que hubiera lugar, sin que
ello implicara reconocimiento de vulneración alguna de derechos fundamentales.

En consecuencia, concluyó que la autoridad judicial ha emitido respuestas
oportunas y de fondo a las solicitudes de la accionante, sin que se evidencie
omisión, silencio injustificado o actuación arbitraria. Por lo tanto, no se configura la
vulneración del derecho fundamental invocado.

5.2. Respuesta del señor William Cristancho Duarte

El profesional del derecho rindió informe en el que sostuvo que no existió
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante y que
las actuaciones desplegadas dentro del proceso se ajustaron a derecho.

En primer lugar, expuso que el proceso de reparación directa por la muerte del señor
José del Carmen Barbosa Patiño -víctima de una ejecución extrajudicial- había
surtido un trámite amplio y complejo. Señaló que en primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue
oportunamente apelada y posteriormente revocada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en 2022, en sentencia que se declaró la responsabilidad de la
Nación y agregó que de manera paralela se adelantaron actuaciones en la
jurisdicción penal.

Frente a la solicitud de copias auténticas de la sentencia, indicó que el Tribunal
Administrativo de Santander sí había dado respuesta a los requerimientos, en el
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que informó que dichas copias ya habían sido entregadas en noviembre de 2022 al
apoderado judicial, quien actuaba con facultades amplias otorgadas por los
demandantes. En ese sentido, precisó que las copias constituían un requisito
indispensable para adelantar el cobro de la indemnización ante el Ministerio de
Defensa Nacional.

Sostuvo que contaba con poder suficiente para representar a los demandantes,
incluyendo la facultad de presentar cuentas de cobro y recibir dineros derivados del
proceso, y afirmó no haber sido notificado de una eventual revocatoria del mandato.
Asimismo, negó haber incurrido en irregularidades en relación con sus honorarios,
pues explicó que el acuerdo correspondía a una cuota litis, inicialmente del 45% y
posteriormente ajustada al 40%, dentro de los márgenes usuales en ese tipo de
procesos, especialmente considerando que asumió todos los gastos del litigio sin
aporte económico de los clientes.

Adicionalmente, señaló que la falta de avance en el trámite de pago de la
indemnización obedecía a la inactividad de los demandantes, quienes no
devolvieron la documentación requerida -como poderes ratificados y contratos
autenticados- necesaria para cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de
Defensa Nacional para el pago de la condena.

Finalmente, concluyó que no era posible imputar responsabilidad al despacho
judicial ni al apoderado, pues las actuaciones se habían desarrollado conforme a la
normativa aplicable, y cualquier dilación en el cumplimiento de la sentencia
obedecía a la falta de gestión de la propia parte accionante. Asimismo, reiteró la
legalidad de la cuota litis como mecanismo válido de remuneración profesional y la
necesidad de cumplir con los requisitos formales como el paz y salvo para sustituir
o asumir la representación judicial.

5.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

La Coordinación del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas rindió
informe en el que precisó que al revisar las bases de datos institucionales, no
encontró registro alguno de una cuenta de cobro radicada para el pago de la
condena impuesta dentro del proceso de reparación directa con radicado no. 68001-
23-31-000-2009-00796-01, ni información relacionada con la señora Elizabeth
Barbosa Patiño.

No obstante, indicó que el 21 de febrero de 2024 el abogado William Cristancho
Duarte presentó una petición ante la entidad, la cual fue respondida mediante
comunicación de 27 del mismo mes y año. Finalmente, precisó que el
reconocimiento y pago de una condena judicial exige la previa radicación de una
solicitud de pago o cuenta de cobro completa y ajustada a los requisitos legales, por
lo que, al no existir constancia de dicha radicación, no era posible iniciar el trámite
administrativo correspondiente ni asignar turno para el pago de la obligación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala precisa que aun cuando la demandante solicita que se ampare el derecho
fundamental de petición por la falta de respuesta de fondo a las solicitudes
presentadas relacionadas con la entrega de las copias de la sentencia de segunda
instancia de 4 de mayo de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que prestan mérito ejecutivo, lo cierto es que dicho alegato
se circunscribirá a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en razón a que se trata de una solicitud presentada en el
marco de un proceso judicial, por lo que la misma está sujeta al procedimiento y
etapas procesales del respectivo medio de control, sin que se trate de una petición
ajena al juicio que deba ser analizada en los términos de la Ley Estatutaria 1755 de
2015.

En esos términos, le corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial
accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con la supuesta falta de respuesta de fondo a las
solicitudes presentadas en el medio de control de reparación directa con radicado
no. 68001-23-31-000-2009-00796-00, relacionadas con la entrega de copias
auténticas de la sentencia condenatoria a efectos de adelantar el trámite
administrativo de pago.

3. Solicitudes que se presentan ante autoridades judiciales en el marco de
procesos judiciales

El artículo 23 de la Constitución Política, establece que “toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Respecto a las peticiones frente a autoridades judiciales, la jurisprudencia ha
establecido que cualquier persona tiene el derecho a presentar peticiones ante los
jueces de la República y a que estas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de
la solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario judicial adelanta4.

En efecto, la Corte Constitucional distingue entre peticiones judiciales y peticiones
administrativas. Las primeras son las que se refieren a “actuaciones estrictamente
judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para
el efecto; y [las segundas son] aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el [Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo]”5.

4
Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Esta regla ha sido reiterada en las sentencias T-192 de
2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis y T- 412 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
5
Corte Constitucional, sentencia T-311 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T-482 de 2024 sostuvo que
“las peticiones que se elevan a los jueces pueden corresponder a solicitudes judiciales o a
solicitudes administrativas, y estas últimas se rigen por la Ley 1755 de 2015. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha acudido a tres criterios para determinar si una
petición se rige por las normas procesales o por las prescripciones del derecho de petición,
a saber: (i) si el asunto está regulado por las normas procesales del respectivo código, (ii)
si la solicitud es formulada por las partes e intervinientes o por terceros ajenos al litigio y (iii)
si las solicitudes están conectadas con la litis o el ejercicio del derecho de defensa”.

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-272 de 2006 explicó que la
solicitud relacionada con la información del proceso obedecía a un derecho de
petición, en ese caso analizó la solicitud de un investigado en la que solicitaba
información sobre unos procesos que se adelantaban en su contra, pues la misma
no se encontraba regulada en la norma procesal.

De igual manera, esa Corporación judicial acogió el anterior criterio en la sentencia
C-951 de 20146, que hizo el estudio de constitucionalidad al proyecto de ley
estatutaria que regula el derecho fundamental de petición, en la que agregó que “el
juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre materias del
proceso sometido a su competencia”. En esa misma oportunidad se precisó que “deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, así: “(i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para el efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo
de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la administración”.

Por esta razón, la Corte Constitucional precisó, en la sentencia T-172 de 20167, que
cuando los ciudadanos presenten una solicitud orientada a obtener la definición de
aspectos del proceso no es dado afirmar que los jueces vulneran el derecho de
petición. Por el contrario, “en tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso,
y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el
ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite de
un determinado proceso judicial” 8.

En consecuencia, se entiende que las peticiones judiciales son aquellas que
guardan una relación directa con el impulso del proceso, en tanto se enmarcan
dentro de las actuaciones propias del trámite jurisdiccional y se rigen por las reglas
del proceso. Por el contrario, aquellas solicitudes que no buscan activar el aparato
judicial, como las relacionadas con el turno o el desarchivo del expediente, deben
ser consideradas de naturaleza administrativa. Estas últimas no se tramitan
conforme a las disposiciones procesales propias del proceso judicial, sino que se
sujetan al régimen previsto en la Ley 1437 de 2011, particularmente en los artículos
14 y 32, los cuales establecen que la autoridad competente debe resolver de fondo
en un término máximo de quince (15) días hábiles.

En conclusión, en lo que hace relación con la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en razón de peticiones presentadas ante autoridades judiciales, es
necesario tener en consideración que (i) si se trata de solicitudes que versen sobre

6
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
7
M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos.
9

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Accionante: Elizabeth Barbosa Patiño

asuntos relacionados con el proceso judicial que se adelanta en el despacho
peticionado, los derechos que pueden resultar vulnerados son el debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, mientras que (ii) cuando el objeto de la
solicitud no recaiga sobre dichos procesos, es posible alegar la afectación del
derecho de petición.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Elizabeth Barbosa Patiño, quien actúa en nombre propio, presentó acción
de tutela con la pretensión de que el juez constitucional ampare sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander con la
supuesta falta de respuesta de fondo a las solicitudes presentadas relacionadas con
la entrega de las copias de la sentencia de segunda instancia de 4 de mayo de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
prestan mérito ejecutivo, en el marco del medio de control de reparación directa no.
68001-23-31-000-2009-00796-00.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra acreditado que la señora
Elizabeth Barbosa Patiño promovió diversas solicitudes ante el Tribunal
Administrativo de Santander con el propósito de obtener la expedición y entrega de
las copias auténticas con mérito ejecutivo de la sentencia de 4 de mayo de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro
del precitado proceso de reparación directa, providencia mediante la cual se declaró
la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional por la muerte del señor José del Carmen Barbosa Patiño y se
reconoció la correspondiente indemnización a favor de sus familiares.

En efecto, se observa que la accionante presentó solicitudes los días 19 de agosto
de 2025, 6 de noviembre de 2025, 21 de enero de 2026 y 19 de febrero de 2026,
mediante las cuales insistió en la necesidad de obtener las referidas copias
auténticas para adelantar las actuaciones encaminadas a hacer efectiva la condena
reconocida judicialmente.

Al respecto, la Sala no desconoce que el Tribunal Administrativo de Santander dio
respuesta a las solicitudes formuladas por la accionante, en las que indicó que las
copias auténticas con mérito ejecutivo ya habían sido entregadas el 19 de diciembre
de 2022 al abogado William Cristancho Duarte, quien para ese momento actuaba
como apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso de reparación
directa.

No obstante, se advierte que dichas solicitudes no se limitaron a requerir la entrega
material de las copias. Por el contrario, en el escrito radicado el 6 de noviembre de
2025 la accionante dejó en conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander
una circunstancia que modificaba el contexto en el que venían siendo atendidas sus
peticiones consistente en que el abogado William Cristancho Duarte, a quien se
habían remitido las copias auténticas en diciembre de 2022, ya no contaba, según
lo informado por ella, con autorización para continuar actuando en representación

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de algunos de los demandantes, toda vez que el mandato conferido había sido
revocado9.

Asimismo, explicó las razones que motivaron dicha decisión y manifestó que la
imposibilidad de acceder a las copias previamente expedidas constituía
precisamente el motivo por el cual acudía nuevamente ante la autoridad judicial para
solicitar su entrega. En otras palabras, la accionante no desconoció que las copias
hubieran sido expedidas con anterioridad, sino que puso de presente una situación
sobreviniente que, en su criterio, impedía acceder a ellas y hacía necesaria una
nueva valoración por parte del despacho judicial.

Frente a tales solicitudes, el Tribunal Administrativo de Santander respondió que las
copias auténticas con mérito ejecutivo habían sido expedidas y remitidas el 19 de
diciembre de 2022 al abogado William Cristancho Duarte, quien para ese momento
actuaba como apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa. No obstante, la Sala encuentra que las respuestas emitidas por
la autoridad judicial resultaron insuficientes para resolver integralmente la situación
planteada por la accionante, toda vez que el Tribunal se limitó a reiterar que las
copias ya habían sido entregadas al apoderado judicial sin pronunciarse sobre la
información adicional que le había sido suministrada respecto de la revocatoria del
poder, pese a que esta constituía el fundamento principal de las solicitudes
posteriores elevadas por la interesada.

En efecto, obra en el expediente que la señora Elizabeth Barbosa Patiño informó
expresamente que algunos de los demandantes habían revocado el mandato
conferido al referido profesional del derecho. Sin embargo, no se evidencia que la
autoridad judicial hubiera efectuado consideración alguna sobre dicha
manifestación, ni que hubiera precisado si la misma había sido incorporada al
expediente, si producía efectos procesales, cuál era el trámite correspondiente o de
qué manera incidía en la solicitud elevada por la accionante.

En ese sentido, tal omisión adquiere especial relevancia constitucional si se tiene
en cuenta que el artículo 76 del Código General del Proceso regula la terminación
y revocatoria del poder y contempla las actuaciones que corresponde adelantar al
juez cuando se pone en su conocimiento una situación relacionada con la
representación judicial de las partes. En consecuencia, una vez la accionante
informó sobre la existencia de una revocatoria del mandato, la autoridad judicial
debía emitir un pronunciamiento expreso sobre dicha circunstancia, particularmente
porque la misma guardaba una relación directa con la imposibilidad alegada para
acceder a las copias previamente expedidas.

Aunado a lo anterior, se observa que durante la diligencia de ampliación de los
hechos practicada en el presente trámite constitucional, la accionante explicó que
tanto ella como su núcleo familiar son víctimas del conflicto armado interno y que el
proceso de reparación directa tuvo origen en “la ejecución extrajudicial” de su
hermano el señor José del Carmen Barbosa Patiño (q.e.p,d), hecho que

9
Cualquier controversia relacionada con el monto o la procedencia de los honorarios del apoderado judicial
deberá resolverse por el mecanismo procesal correspondiente. El artículo 76 del Código General del Proceso
dispone que, terminada la actuación, el juez resolverá mediante incidente la regulación o fijación de los
honorarios del apoderado cuando haya lugar a ello, garantizando el derecho de contradicción de las partes.

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posteriormente dio lugar a la declaratoria de responsabilidad estatal por parte de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

Asimismo, manifestó que algunos integrantes de su familia son personas adultas
mayores que residen en condiciones de especial vulnerabilidad y que no han
logrado establecer contacto con el abogado que recibió las copias auténticas
expedidas por el Tribunal. Igualmente, señaló que durante varios años han
enfrentado situaciones de temor y afectación derivadas de los hechos victimizantes
sufridos y expresó su preocupación por las dificultades que han impedido acceder
a la documentación necesaria para obtener el pago de la indemnización
judicialmente reconocida. En ese sentido, la Sala precisa que dicha circunstancia
cobra especial trascendencia si se tiene en cuenta que, según lo informado por el
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en el trámite de tutela, a la fecha
no se ha presentado cuenta de cobro alguna para el pago de la condena impuesta
en la sentencia de reparación directa que tiene data de 4 de mayo de 2022, es decir,
más de cuatro años, lo que evidencia que la indemnización reconocida
judicialmente aún no ha podido hacerse efectiva.

A juicio de la Sala, las anteriores circunstancias imponían a la autoridad judicial
accionada el deber de examinar la solicitud teniendo en consideración la situación
de la accionante. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido de
manera reiterada que las víctimas del conflicto armado ostentan la condición de
sujetos de especial protección constitucional, lo que impone a todas las autoridades
la obligación de adoptar medidas encaminadas a garantizar el acceso real y efectivo
a la administración de justicia y a remover las barreras que puedan obstaculizar la
materialización de los derechos reconocidos judicialmente. Dicho deber adquiere
una especial relevancia cuando las actuaciones administrativas o judiciales se
relacionan con el cumplimiento de decisiones que buscan reparar graves
violaciones a los derechos humanos, pues en tales eventos el acceso a la justicia
no se agota con la obtención de una sentencia favorable, sino que comprende la
posibilidad real de hacer efectivos los derechos reconocidos en ella10.

Bajo ese entendido, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Santander
debió analizar la situación planteada por la señora Elizabeth Barbosa Patiño a la luz
de las especiales condiciones que la rodeaban, pues no solo se trataba de una
persona que había acudido a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener
la reparación de una situación que involucró graves violaciones a los derechos
humanos, sino además que es una víctima del conflicto armado interno que buscaba
acceder a la documentación necesaria para hacer efectiva una condena judicial
reconocida a su favor y de su núcleo familiar. En consecuencia, si bien la autoridad
judicial emitió respuestas a las solicitudes formuladas por la accionante, estas no
atendieron integralmente el contexto y la problemática planteadas ni observaron el
deber de protección reforzada que la Constitución Política y la jurisprudencia
imponen respecto de esta población.

10
La Corte Constitucional en la sentencia T-115 de 2020, reiteró que las víctimas del conflicto armado ostentan
la condición de sujetos de especial protección constitucional, debido a las circunstancias de vulnerabilidad que
enfrentan como consecuencia de los hechos victimizantes sufridos. Asimismo, precisó que dicha condición
impone a las autoridades el deber de adoptar medidas reforzadas encaminadas a garantizar el goce efectivo de
sus derechos y a evitar que las exigencias procedimentales o las actuaciones estatales se conviertan en
obstáculos para su materialización.
12

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En efecto, el Tribunal se limitó a reiterar que las copias auténticas habían sido
entregadas previamente al entonces apoderado judicial, sin examinar las
implicaciones derivadas de la revocatoria del poder puesta en su conocimiento, sin
explicar de qué manera dicha circunstancia incidía en la solicitud presentada y sin
valorar las condiciones particulares de vulnerabilidad alegadas por la accionante y
su familia. Por ello, la respuesta suministrada no resultó suficiente para garantizar
de manera efectiva los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia invocados por la interesada.

Adicionalmente, la Sala estima pertinente destacar que los artículos 114 y 422 del
Código General del Proceso, así como el artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, constituyen el marco normativo
que regula la expedición de copias de las providencias judiciales y la conformación
del título ejecutivo necesario para exigir el cumplimiento de las condenas impuestas
por las autoridades judiciales.

En efecto, el artículo 114 del Código General del Proceso regula la expedición de
copias de las actuaciones judiciales. En particular, su inciso segundo prevé que las
copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo deberán
expedirse con la correspondiente constancia de ejecutoria, requisito indispensable
para hacer exigible la obligación contenida en la decisión judicial. En ese entendido,
dicha disposición constituye el fundamento normativo que habilita a la autoridad
judicial para expedir las copias auténticas con mérito ejecutivo solicitadas por las
partes del proceso, en tanto son el instrumento previsto por el legislador para
acreditar la existencia, firmeza y exigibilidad de una decisión.

En ese sentido, el inciso segundo del artículo 114 del Código General del Proceso
constituye el fundamento normativo para la expedición de copias auténticas de las
providencias judiciales destinadas a servir como título ejecutivo, al exigir que las
mismas se expidan con la correspondiente constancia ejecutoria. De esta manera,
cuando una de las partes requiere dichos documentos para hacer efectiva una
condena judicial, corresponde al despacho judicial expedirlos, siempre que se
cumplan los requisitos previstos para ello, entre ellos, el pago de los aranceles
judiciales a que haya lugar.

Por su parte, el artículo 422 ibídem establece que pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en
documentos provenientes del deudor o en providencias judiciales que tengan fuerza
ejecutiva. En ese sentido, la norma reconoce que las sentencias debidamente
ejecutoriadas constituyen títulos aptos para promover su ejecución y obtener el
cumplimiento de las obligaciones allí contenidas.

Finalmente, el artículo 297 del CPACA prevé expresamente que las sentencias
ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
constituyen título ejecutivo, junto con las copias auténticas expedidas con las
constancias de ejecutoria correspondientes, para efectos de exigir el cumplimiento
de las condenas impuestas a las entidades públicas.

En ese sentido, de la lectura sistemática de las disposiciones citadas se advierte
que las copias auténticas de las providencias judiciales no constituyen simples
documentos informativos, sino instrumentos procesales indispensables para la
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materialización de los derechos reconocidos en las decisiones judiciales,
particularmente cuando estas contienen condenas a cargo del Estado. Por ello,
tratándose de una persona que fue reconocida como demandante y beneficiaria de
una sentencia favorable dentro de un proceso de reparación directa, la solicitud
elevada por la señora Elizabeth Barbosa Patiño revestía una indudable relevancia
jurídica y exigía un pronunciamiento integral frente a las circunstancias concretas
puestas en conocimiento de la autoridad judicial.

Por consiguiente, la solicitud elevada por la señora Elizabeth Barbosa Patiño no
correspondía a una actuación ajena al proceso ni a un requerimiento carente de
relevancia jurídica. Por el contrario, estaba directamente relacionada con la
posibilidad de materializar una condena judicial obtenida a su favor en calidad de
demandante dentro del proceso de reparación directa en el que se declaró la
responsabilidad extracontractual del Estado por haber incurrido en graves
violaciones a los derechos humanos, circunstancia que exigía una respuesta
suficientemente motivada frente a todos los aspectos planteados por la interesada.

Así las cosas, la Sala precisa que aun cuando el Tribunal accionado sostuvo que
las copias ya habían sido expedidas y remitidas al apoderado judicial, dicha
consideración no lo relevaba de pronunciarse sobre la situación sobreviniente
puesta en su conocimiento por la accionante ni justificaba la ausencia de respuesta
frente a la revocatoria del poder que aquella afirmó haber presentado.

En consecuencia, la Sala concluye que las respuestas emitidas por el Tribunal
Administrativo de Santander son insuficientes en tanto no resolvieron de manera
integral lo planteado por la accionante, pues se limitaron a reiterar una circunstancia
ya conocida -la entrega de las copias al apoderado judicial en diciembre de 2022-,
sin abordar los aspectos sustanciales que motivaron las nuevas solicitudes
formuladas a partir del año 2025.

Por lo tanto, se configura la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Elizabeth Barbosa
Patiño, razón por la cual se concederá el amparo solicitado y se ordenará al Tribunal
Administrativo de Santander que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de esta providencia, expida las copias auténticas que sirvan de título ejecutivo junto
con la constancia de ejecutoria para el cobro de la obligación contenida en la
sentencia de 4 de mayo de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional -, por los perjuicios irrogados a
los demandantes con ocasión del homicidio en persona protegida del que fue
víctima el señor José del Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d). En cualquier caso, la
entrega de las copias solicitadas estará condicionada al pago de los aranceles
correspondientes por parte de la accionante11.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
11
De conformidad con el Acuerdo PCSJA23-12106 del 31 de octubre de 2023 del Consejo Superior de la
Judicatura.
14

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FALLA

Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Elizabeth Barbosa Patiño, quien actúa en
nombre propio. En consecuencia,

Segundo.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, expida las copias
auténticas que sirvan de título ejecutivo junto con la constancia de ejecutoria para
el cobro de la obligación contenida en la sentencia de 4 de mayo de 2022 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional -, por
los perjuicios irrogados a los demandantes con ocasión del homicidio en persona
protegida del que fue víctima el señor José del Carmen Barbosa Patiño (q.e.p.d).
En cualquier caso, la entrega de las copias solicitadas estará condicionada al pago
de los aranceles correspondientes por parte de la accionante.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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