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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02708-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02708-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la demandante por el incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02708-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: GILMA INÉS AVELLANEDA BALLÉN
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Asunto: SUSTITUCIÓN PENSIONAL. PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. PRESUPUESTO DE LA INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la
decisión que accedió a la sustitución pensional. La Sala declarará improcedente el amparo
solicitado por el incumplimiento del requisito de inmediatez, debido a que se presentó por fuera
del término que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable, sin justificación.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderado judicial, por la
señora Gilma Inés Avellaneda Ballén en contra de la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus
derechos fundamentales debido proceso, dignidad, mínimo vital, seguridad social e
igualdad, consagrados en los artículos 1, 13, 29 y 48 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia de 24 de marzo de 2021,
proferida por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción, la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 Demanda que se presentó el 8 de abril de 2026, índice 1, Samai.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

1) El señor Carlos Julio González Márquez tuvo una unión marital de hecho con la señora
Gilma Inés Avellaneda Ballén, con quien compartió lecho, techo y mesa desde el 9 de
junio de 1959 y estuvo hasta su fallecimiento el 25 de enero de 2015.

2) De la unión entre ellos nacieron 4 hijos, Claudia Esperanza, Martha Cecilia, Aura María
y Carlos Julio González, hoy mayores de edad.

3) Solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en su favor; sin embargo, a través de la Resolución no. 033330 del 9 de
septiembre de 2016, se negó su petición2, decisión contra la cual presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Resolución no. 000367 del 10 de enero de 2017, en
el sentido de confirmar la decisión inicial.

4) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP, en la cual solicitó la nulidad de las resoluciones antes
mencionadas y, en consecuencia, que se reconociera la pensión de sobrevivientes en su
favor, en condición de compañera permanente del causante.

5) En sentencia de 28 de agosto de 2019, el Juzgado catorce (14) Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá3 accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto
la parte demandante acreditó la vocación de permanencia y afecto, solidaridad y socorro
mutuo que caracterizan a la familia, en su relación de compañera permanente con el
causante.

6) La autoridad demandada apeló4 y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 24 de marzo de 20215, revocó
la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones con fundamento en que, aunque
existieron indicios de una relación pasada y la existencia de hijos en común, las pruebas

2Por cuanto el causante había dejado una manifestación en la que asignaba como beneficiaria de la
prestación a la señora Bertha Ordóñez Torres, quien falleció años atrás.
3 Proceso con radicación no. 11001 33-35-014-2017-00222-00/01.

4 Al respecto, alegó que no existió convivencia efectiva con vocación de permanencia, en virtud de la

existencia de otra familia o relación afectiva con la señora Alberta (Bertha) Ordoñez Torres con la que
además vivía el mayor tiempo ya que viajaba a Bogotá entre los días lunes a viernes y presuntamente solo
pasaba con la demandante fines de semana.
5 Decisión notificada por correo electrónico el 13 de abril de 2021.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

resultaron insuficientes, inconsistentes y poco precisas para demostrar una convivencia
real, continua y con vocación de permanencia en el periodo relevante, aunado a que el
causante había designado en vida a otra persona como beneficiaria de su pensión, lo que
debilitaba la tesis de convivencia simultánea.

Fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 24 de marzo de 2021, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que el tribunal realizó una valoración probatoria
irrazonable y otorgó un valor absoluto a la declaración de 2004 del causante, con lo cual
ignoró el resto del acervo probatorio, especialmente los testimonios que acreditaban la
convivencia real durante los últimos años de vida.

Frente al defecto sustantivo, afirmó que se interpretó de manera equivocada el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, por exigir una concepción rígida de la convivencia y añadir
requisitos no previstos en la ley.

El juez desconoció el alcance normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes,
lo que condujo a una aplicación indebida del derecho sustancial.

Asimismo, indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto
procedimental, pues, impuso cargas probatorias no exigidas legalmente (como historias
clínicas, registros documentales o pruebas adicionales), lo cual configuró un formalismo
excesivo.

De igual manera, afirmó que se vulneraron directamente derechos constitucionales, en
particular la seguridad social, la primacía de la realidad y la protección a la familia, por
desconocer la existencia de una unión material consolidada y negar la pensión con base
en criterios formales.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO: Que se TUTELE y salvaguarden los derechos fundamentales al
debido proceso, dignidad Humana, mínimo vital, seguridad social e igualdad de
la accionante, y demás derechos que considere el despacho.

SEGUNDO: Que se DECLARE que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos al debido proceso, dignidad Humana, mínimo vital,
seguridad social e igualdad, de la señora Gilma Avellaneda.

TERCERO: ADMITIR la presente acción de tutela por configurarse una
excepción al principio de inmediatez basado en un hecho nuevo jurisprudencial
(SL1017-2025) y la vulnerabilidad de la accionante.

CUARTO: ORDENAR la aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, dejando sin efectos la sentencia de marzo de 2021, para que
se valore la convivencia de la señora Gilma bajo los estándares actuales de
protección a la familia de hecho.

QUINTO: ORDENAR al Tribunal garantizar la protección de los derechos
fundamentales, reconociendo la primacía de la realidad sobre la declaración
administrativa de 2004, y en consecuencia, otorgue el derecho a la pensión de
sobreviviente.

SEGUNDO: Se ruega proteger los derechos fundamentales de la accionante,
GILMA INÉS AVELLANEDA BALLÉN.”. (negrillas y mayúsculas propias del
original, archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice
2).

Actuación procesal

Mediante auto de 15 de abril de 20266, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado
Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al director o quien haga sus
veces de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales (UGPP) para que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

6 Índice 5, Samai.

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Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 7
indicó que la sentencia de segunda instancia estuvo debidamente motivada, valoró las
pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y aplicó correctamente el marco
normativo y jurisprudencial pertinente, sin incurrir en defecto alguno que habilite la
intervención del juez de tutela.

El Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá8 informó sobre la
situación procesal del expediente solicitado, e indicó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra en archivo definitivo desde diciembre de 2021,
por lo cual ya inició las gestiones administrativas necesarias para su desarchivo ante el
Archivo Central.

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
(UGPP)9 sostuvo que la acción de tutela es improcedente, en atención a que pretende
cuestionar una providencia judicial mediante un mecanismo excepcional que no puede
convertirse en una instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto.

La tutela resulta improcedente porque el asunto planteado tiene un claro contenido
económico (reconocimiento de una pensión de sobrevivientes) y existen mecanismos
judiciales ordinarios para su discusión, lo que excluye la intervención del juez
constitucional.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

7 Índice 11, Samai.

8 Índice 13, Samai.

9 Índice 12, Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que
se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 24 de marzo de 2021, por
cuanto, a juicio de la demandante, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de inmediatez, por las razones que
procederán a exponerse:

2.1 El presupuesto general de la inmediatez en las acciones de tutela

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneren o amenacen sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un término
prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección “inmediata10”
de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su cometido y el
paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado que torne
ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de
tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y alcance
de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales11”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial la
“urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la vulneración
o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin efectos
una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación o ejecutoria
de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so pena de que como
una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica el solo paso del
tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos y se legitime.

10 En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”. (negrillas
adicionales).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que su
contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos, lo
que desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar principios
tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad jurídica y la cosa
juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la principal
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo o
vulneren garantías iusfundamentales, en ocasiones, aplicar de manera estricta el término
de 6 meses puede resultar en estricto riguroso.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la posibilidad
de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la demanda no se
hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten en el tiempo y
hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un
plazo no muy alejado de la fecha de interposición”12.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos13”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las cuales
el amparo constitucional siempre será procedente.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la parte actora alegó que se vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales, con ocasión del fallo del 24 de marzo de 2021, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental por exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.

2) En cuanto al requisito de inmediatez, la parte demandante manifestó que es
procedente tener por superado el requisito de inmediatez, en primer lugar, porque se trata
de una persona adulta mayor, lo cual la ubica como sujeto de especial protección
constitucional, circunstancia que, a su juicio, impone al juez de tutela una valoración
menos estricta de los requisitos de procedibilidad, especialmente cuando están
comprometidos derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital.

7) En segundo lugar, señaló que la vulneración de sus derechos es continua y actual, en
tanto la negativa de la pensión de sobrevivientes afecta de manera permanente su
mínimo vital, por tratarse de una prestación periódica.

8) Finalmente, invocó la existencia de un hecho nuevo jurídico, consistente en la
expedición de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (SL1017-2025), la
cual introduce un criterio más favorable sobre la valoración de la convivencia en materia
pensional, precedente judicial que justifica acudir tardíamente a la acción de tutela, en la
medida en que permite cuestionar la interpretación restrictiva adoptada por el tribunal en
la providencia atacada.

12 Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

13 Ibidem.

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Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

3) Sobre el particular, la Sala destaca que no asiste razón a la demandante, pues, aun
cuando se trate de una persona de avanzada edad, a partir de los documentos obrantes
en el expediente no es posible avizorar el estado de vulneración alegado que haga
imperiosa la intervención del juez constitucional.

4) En relación con el tema de la edad, es pertinente señalar que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que la condición de sujeto de la tercera edad no constituye,
por sí sola, razón suficiente para admitir la procedencia de la acción de tutela.

5) En efecto, se encuentran pronunciamientos en los cuales se ha indicado que una
persona es de la tercera edad cuando tiene más de setenta (70) años 14; en otros, se ha
considerado que la edad mínima es de sesenta (60) años15, e incluso, se han referido
promedios etarios de 72.1 años para los hombres y 78.5 para las mujeres, como lo indicó
la Corte Constitucional en la sentencia T-138 de 2010.

6) Independientemente del criterio adoptado para determinar a partir de qué edad puede
considerarse a una persona como de la tercera edad, la jurisprudencia ha reiterado que,
si bien son sujetos de especial protección constitucional, también deben justificar el
motivo de su inactividad con el fin de atenuar la exigencia del requisito de inmediatez, o
bien acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
excepcional del juez de tutela.

7) Adicionalmente, la Sala precisa que no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez
por el solo hecho de que el asunto verse sobre una prestación pensional o de tracto
sucesivo, pues, ello no releva a la parte actora de la carga de acudir oportunamente al
juez constitucional.

8) De igual manera, la existencia de un pronunciamiento jurisprudencial posterior al fallo
cuestionado no constituye, por sí misma, una justificación válida para reabrir términos ni
para habilitar el ejercicio tardío de la acción de tutela, en la medida en que la
jurisprudencia no tiene efectos retroactivos automáticos que subsanen la inactividad
procesal de las partes.

14 Sentencias T-463 de 2003, T-1226 de 2000, T-456 de 1994 y T-425 de 2004.

15 Sentencias T-533 de 2010 y T-822 de 2009.

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Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

9) En ese orden de ideas, la Sala advierte que en este caso no se cumplió con el
presupuesto de inmediatez, puesto que la providencia cuestionada fue proferida el 24 de
marzo de 2021 y notificada, por correo electrónico, a través de mensaje de datos enviado
el 13 de abril del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó el 8 de abril de
2026, esto es, por fuera del plazo de los 6 meses que se estableció como razonable para
presentar el amparo, lo cual permite denotar que se ejerció extemporáneamente, cuando
habían transcurrido más de 4 años.

10) Asimismo, la Sala observa que no se explicó ni justificó la presentación tardía de la
acción, pues la parte actora no esgrimió ningún i) motivo válido o situación personal que
justificara su inactividad; ii) no se aprecia que se esté ante una vulneración o amenaza
permanente; iii) que el fundamento de la acción haya surgido después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos; o iv) ninguna otra circunstancia especial que permita
flexibilizar el término de inmediatez.

11) Por consiguiente, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y
tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención
del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de acción de tutela
se deberá declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la demandante por el
incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02708-00
Demandante: Gilma Inés Avellaneda Ballén
Acción de tutela

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección (firmado electrónicamente)
(firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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