Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02715-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02715-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02715-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
7 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02715-01
Accionantes: CAMPO ELÍAS RAMÍREZ PADILLA Y MARITZA SILVA FIGUEROA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Incidente de desacato en acción popular /
Confirma improcedencia por falta de relevancia constitucional / Debido proceso sancionatorio /
Responsabilidad subjetiva en el desacato / Motivación suficiente / Desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional. El cuestionamiento formulado por
los accionantes no trasciende una controversia de mera legalidad, pues se reduce a un
desacuerdo con la valoración realizada por el juez natural sobre la responsabilidad
subjetiva exigida para mantener la sanción por desacato.
2. Contrario a lo afirmado en la demanda, la providencia cuestionada no dedujo la
responsabilidad del solo incumplimiento de la medida cautelar. Para mantener la sanción
tuvo en cuenta que los accionantes conocían la orden y la situación de riesgo, que no
acreditaron actuaciones dirigidas a su cumplimiento y que la explicación relacionada con
la naturaleza privada del inmueble no justificaba la inactividad.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
3. El 10 de abril de 2026, los señores Campo Elías Ramírez Padilla, alcalde del municipio
de Girón, y Maritza Silva Figueroa, secretaria de Infraestructura de esa entidad territorial,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander para la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que consideraron vulnerados con el auto del 10 de marzo de
2026, en el que esa Corporación confirmó la sanción impuesta en un incidente de
desacato1.
2.2. Hechos relevantes
4. La señora Nidian Zorayda Contreras Suárez promovió el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Girón con ocasión
de una situación de riesgo geotécnico por remoción en masa que afecta el sector donde
se encuentra ubicado el establecimiento Motel Castillo del Edén.
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Índice 002 Samai. Expediente de primera instancia. ¨2ED_ActaRepartopng(.png)¨.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02715-01
Accionantes: Campo Elías Ramírez Padilla Y Maritza Silva Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo De Santander
Referencia: Acción De Tutela
5. En auto del 15 de julio de 20252, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga
decretó una medida cautelar y ordenó al municipio que, dentro de los cinco días
siguientes a su notificación, determinara e implementara medidas administrativas y
operativas transitorias que permitieran, de manera eficaz, conjurar el riesgo para la
integridad de las personas derivado de la inestabilidad geológica y de los deslizamientos
de tierra.
6. El municipio interpuso recurso de reposición y, en subsidio3, apelación porque no
estaba acreditado un riesgo inminente, el predio no estaba clasificado como de riesgo
no mitigable y las entidades territoriales no podían destinar recursos públicos para
ejecutar intervenciones en inmuebles de propiedad privada.
7. En el auto del 20 de enero de 20264, el Juzgado inició incidente de desacato contra
los señores Campo Elías Ramírez Padilla, Maritza Silva Figueroa y Camilo Andrés
Rodríguez Jaimes, este último en calidad de director de Gestión de Riesgo y Vivienda
del municipio de Girón. La providencia señaló que, si por la distribución de competencias
el cumplimiento correspondía a otro servidor, esa circunstancia debía informarse al
despacho.
8. En el trámite incidental, el municipio sostuvo que existía una imposibilidad jurídica para
cumplir la orden porque esta recaía sobre un predio privado y la administración no podía
invertir allí recursos públicos. Además, no existió una conducta dolosa o culposa de los
funcionarios vinculados5.
9. En auto del 24 de febrero de 20266, el Juzgado sancionó a los tres servidores con
multa equivalente a 2 SMLMV por el incumplimiento de la medida cautelar. Consideró
que su conducta fue consciente y voluntaria, pues conocían la orden y no demostraron
actuaciones dirigidas a cumplirla.
10. Los señores Campo Elías Ramírez Padilla y Maritza Silva Figueroa cuestionaron la
sanción antes de que se resolviera la consulta. La providencia no individualizó su
conducta, no determinó la existencia de dolo o culpa y tampoco examinó si tenían
competencia y posibilidad jurídica real para cumplir la medida.
11. En el auto del 10 de marzo de 20267, el Tribunal Administrativo de Santander
desvinculó del incidente a Camilo Andrés Rodríguez Jaimes y confirmó la sanción
respecto de los demás. Consideró que conocían la orden y la situación de riesgo y que,
pese a ello, no desplegaron actuaciones dirigidas a cumplirla o a mitigar el riesgo.
2.3. Pretensiones
12. Los accionantes solicitaron dejar sin efectos el auto del 10 de marzo de 2026 y
ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que profiriera una nueva providencia en
sede de consulta.
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¨017_Auto Decreta Medida Cautelar.pdf¨.
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¨020_MemorialWeb_Recurso-RecursodeReposicio.pdf¨.
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¨032_Auto Admite Incidente.pdf¨.
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¨035_MemorialWeb_Respuesta-Respuestaautoqued.pdf¨.
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Índice 010 Samai. Expediente de primera instancia. ¨9RECIBEMEMORIAL_EXPEDIENTE_OneDrive_20260416zip(.zip)¨.
¨044_Auto Decide Incidente.pdf¨.
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Accionado: Tribunal Administrativo De Santander
Referencia: Acción De Tutela
2.4. Fundamentos
13. Los accionantes atribuyeron a la providencia cuestionada falta de motivación y
desconocimiento del precedente. El Tribunal no realizó un juicio individual sobre la
responsabilidad subjetiva de cada uno y la sanción se fundamentó en la constatación del
incumplimiento material de la orden judicial.
14. Señalaron que la jurisprudencia exige acreditar el componente subjetivo para
imponer una sanción por desacato y que este no puede presumirse por el solo
incumplimiento. Además, sostuvieron que el Tribunal no examinó suficientemente la
imposibilidad jurídica alegada para ejecutar intervenciones con recursos públicos en un
predio privado.
2.5. Trámite impartido
15. En el auto del 13 de abril de 20268, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y
vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, a Nidian Zorayda Contreras Suárez y a Camilo Andrés
Rodríguez Jaimes.
2.6. Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Santander9 solicitó negar el amparo porque la tutela
pretende reabrir una discusión resuelta en el incidente y la providencia cuestionada sí
examinó la conducta de los funcionarios y las razones que sustentaron la sanción.
17. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga10 indicó que el trámite
incidental se adelantó con respeto de las garantías procesales y remitió a las
consideraciones expuestas en sus providencias.
18. La señora Nidian Zorayda Contreras Suárez11 se opuso al amparo porque los
accionantes pretenden controvertir nuevamente el incumplimiento de la medida cautelar
en la que el Tribunal adoptó una decisión razonada a partir de las actuaciones surtidas
dentro del incidente.
19. El señor Camilo Andrés Rodríguez Jaimes guardó silencio.
2.7. Sentencia de primera instancia
20. La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de
junio de 2026, declaró improcedente la acción por falta de relevancia constitucional 12.
Los accionantes pretendían reabrir el debate de responsabilidad en el incumplimiento de
la medida cautelar, asunto que había sido analizado por el juez natural dentro del
incidente y posteriormente en sede de consulta.
21. La tutela no podía utilizarse como una instancia adicional para controvertir la
valoración efectuada por el Tribunal Administrativo de Santander y la inconformidad
planteada se circunscribía a un asunto de legalidad.
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Índice 004 de Samai. Expediente de primera instancia.
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Índice 014 de Samai.
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2.8. Impugnación
22. Los accionantes impugnaron13. La primera instancia confundió el control
constitucional de la motivación de una providencia sancionatoria con la pretensión de
obtener una instancia adicional.
23. Argumentaron que no solicitaron al juez constitucional determinar nuevamente si
incumplieron la medida cautelar. Su reparo consiste en que el Tribunal confirmó una
sanción sin explicar, respecto de cada funcionario, qué conducta permitía atribuirle
responsabilidad subjetiva y bajo qué título podía considerarse configurado el desacato.
Por ello, solicitaron revocar la sentencia de primera instancia, reconocer la relevancia
constitucional de la controversia y conceder el amparo.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, en el que se expidió el reglamento interno de esta corporación.
3.2. Problema jurídico y metodología de la decisión
25. Corresponde a la Sala determinar si la controversia planteada por los accionantes
supera el requisito de relevancia constitucional y, de ser así, si el auto del 10 de marzo
de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró su derecho
fundamental al debido proceso porque no motivó suficientemente el elemento subjetivo
necesario para confirmar la sanción por desacato y desconoció el precedente aplicable.
26. Para resolver, la Sala verificará los presupuestos generales de procedencia y se
detendrá en la relevancia constitucional, pues ese fue el fundamento de la improcedencia
declarada en primera instancia.
3.3. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
27. La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. La Sentencia C-
590 de 2005 sistematizó los presupuestos generales de procedencia y las circunstancias
específicas que pueden justificar la intervención del juez constitucional14. Entre otros
presupuestos, exige que el asunto tenga relevancia constitucional, que se hayan agotado
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, que la tutela se interponga en
un término razonable y que el interesado identifique suficientemente los hechos y
derechos cuya vulneración atribuye a la decisión judicial.
28. La relevancia constitucional constituye un presupuesto autónomo de procedencia.
No se satisface con la sola inconformidad frente a la valoración probatoria o la
interpretación jurídica hecha por el juez natural. La tutela contra providencias judiciales
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Índice 027 de Samai.
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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no está concebida como una instancia adicional para reabrir debates de legalidad o
sustituir las conclusiones razonablemente adoptadas dentro del proceso ordinario15.
29. Para establecer la relevancia constitucional debe determinarse si la controversia
trasciende una discusión exclusivamente legal o económica, si involucra un debate
relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y si la solicitud
de amparo no pretende reabrir una discusión concluida ante el juez natural16. La
acreditación de este requisito habilita el estudio de fondo, en el que corresponde
determinar si se configuró alguna de las causales específicas alegadas17.
3.4. Incidente de desacato en el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
30. El artículo 41 de la Ley 472 de 1998 prevé que el incumplimiento de una orden judicial
proferida dentro de una acción popular puede dar lugar a sanción, previo trámite
incidental y con grado jurisdiccional de consulta. El Consejo de Estado ha señalado que
este mecanismo busca principalmente obtener el cumplimiento efectivo de las órdenes
impartidas para la protección de los derechos e intereses colectivos18.
31. La imposición de la sanción exige acreditar un elemento objetivo y uno subjetivo. El
primero supone verificar el incumplimiento de la orden judicial. El segundo exige
determinar si ese incumplimiento es atribuible a la persona encargada de ejecutarla a
título de culpa o dolo, por lo que no basta la sola constatación material del
incumplimiento19.
32. Por ello, el solo incumplimiento material no basta para sancionar. También debe
acreditarse una conducta negligente, renuente o injustificada del obligado. En ese
análisis deben considerarse las circunstancias en las que se produjo el incumplimiento,
la posibilidad jurídica y material de ejecutar la orden y las razones expuestas por el
incidentado para justificar su conducta.
33. La responsabilidad por desacato es personal y subjetiva. Por ello, el juez debe
individualizar a la persona encargada del cumplimiento y establecer un vínculo entre su
conducta y la desatención de la orden judicial20.
34. La naturaleza sancionatoria del incidente exige respetar el debido proceso. El
funcionario debe ser individualizado, conocer la actuación, ejercer su defensa y
controvertir las razones por las cuales se le atribuye el incumplimiento. Antes de imponer
la sanción, el juez debe verificar tanto el componente objetivo como el subjetivo21.
3.5. Caso concreto
35. La impugnación cuestiona la conclusión de la primera instancia sobre la falta de
relevancia constitucional y reitera que la controversia no pretende discutir nuevamente
15
Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-387 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-329 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de diciembre de 2011, rad. 15001-23-31-000-2004-00966-02, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de mayo de 2023, rad. 15001-23-31-000-2004-00966-03, C.P.
Fredy Ibarra Martínez.
20
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 20 de febrero de 2020, rad. 85001-23-33-000-2015-00323-05, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, criterio reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de mayo de 2023, rad.
15001-23-31-000-2004-00966-03, C.P. Fredy Ibarra Martínez.
21
Ibidem.
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el incumplimiento material de la medida cautelar, sino la suficiencia de la motivación
empleada para atribuir responsabilidad subjetiva a los sancionados.
36. En el caso, los accionantes presentan su reparo como una censura a la
fundamentación de una sanción pecuniaria impuesta personalmente y sostienen que la
autoridad judicial confirmó el desacato sin acreditar el elemento subjetivo requerido.
37. Ese planteamiento, sin embargo, no involucra por sí mismo un verdadero debate
sobre el derecho fundamental al debido proceso. Su confrontación con el contenido de
la providencia cuestionada evidencia que la discusión se reduce a la manera en que el
juez natural valoró la conducta de los sancionados, como se explicará más adelante.
38. Antes de desarrollar ese análisis, la Sala constata que los demás presupuestos
generales de procedencia están acreditados.
39. Los accionantes están legitimados por activa porque son destinatarios de las
sanciones confirmadas en la providencia cuestionada. El Tribunal Administrativo de
Santander está legitimado por pasiva porque profirió el auto del 10 de marzo de 2026.
40. También se satisface la inmediatez. La providencia cuestionada se notificó el 12 de
marzo de 202622 y la tutela se presentó el 10 de abril siguiente, por lo que transcurrió
aproximadamente un mes entre ambas actuaciones.
41. La subsidiariedad está acreditada. El auto sancionatorio fue sometido al grado de
consulta previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 y el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió ese trámite en la providencia cuestionada. No se advierte otro
mecanismo judicial idóneo para formular los reparos constitucionales planteados.
42. Los accionantes identificaron los hechos que vulneraron sus derechos y formularon
previamente los cuestionamientos relacionados con la responsabilidad subjetiva. Antes
de resolverse la consulta alegaron que la providencia sancionatoria no individualizó sus
conductas ni explicó la existencia del componente subjetivo requerido para imponer la
multa. Esos mismos argumentos sustentan la solicitud de tutela.
43. Por último, la providencia cuestionada no corresponde a una sentencia de tutela,
sino a la decisión que resolvió la consulta de una sanción impuesta dentro de un incidente
de desacato originado en un medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos. En consecuencia, se encuentran satisfechos los demás requisitos generales
de procedencia.
44. Precisado lo anterior, la Sala retoma el reparo central. Los accionantes sostienen
que la sanción se mantuvo a partir del incumplimiento material de la medida cautelar, sin
un análisis suficiente de la responsabilidad subjetiva de cada uno, en particular,
cuestionan que no se hubieran individualizado sus conductas, definido sus competencias
funcionales ni establecido si la omisión podía atribuirse a título de dolo o culpa. Esos
reparos también se formularon antes de que se resolviera la consulta.
45. El contraste de ese reparo con la providencia cuestionada evidencia un desacuerdo
de mera legalidad. La defensa de los accionantes parte, en primer término, de que la
naturaleza privada del inmueble hacía jurídicamente imposible cumplir la medida
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Índice 012 de Samai. Expediente 68001-33-33-007-2025-00110-02.
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cautelar, sin embargo, la orden del 15 de julio de 2025 no exigió ejecutar una obra
estructural determinada sobre ese predio, sino adoptar medidas administrativas y
operativas transitorias dirigidas a conjurar el riesgo para la integridad de las personas.
46. Esa distinción es relevante porque el cumplimiento no estaba condicionado a la
construcción de muros de contención ni a otra intervención física definitiva. Al resolver la
apelación contra la medida cautelar, incluso se precisó que podían implementarse
medidas preventivas de información, señalización y delimitación. Por ello, la prohibición
de invertir recursos públicos en propiedad privada no demostraba, por sí sola, una
imposibilidad jurídica para atender la orden.
47. Tampoco se advierte que la responsabilidad subjetiva se hubiera deducido
exclusivamente del incumplimiento. La decisión cuestionada tuvo en cuenta que los
funcionarios conocían la orden y la situación de riesgo, que no acreditaron actuaciones
encaminadas a su ejecución y que la explicación ofrecida para justificar la inactividad se
apoyaba en la naturaleza privada del inmueble. A partir de esas circunstancias se
concluyó que la omisión fue consciente y voluntaria.
48. De esta forma, la providencia sí examinó las razones que explicaban la falta de
cumplimiento y no equiparó automáticamente la desatención material de la medida con
la responsabilidad sancionatoria. El desacuerdo de los accionantes recae, en realidad,
sobre la suficiencia de ese juicio y, especialmente, sobre la ausencia de un análisis
separado de las funciones correspondientes al alcalde y a la secretaria de
Infraestructura.
49. Esa última circunstancia no configura, por sí sola, una falta de motivación con
relevancia constitucional. Desde la apertura del incidente, los señores Campo Elías
Ramírez Padilla y Maritza Silva Figueroa fueron vinculados personalmente como
servidores responsables del cumplimiento y se les indicó que, si la distribución interna
de competencias atribuía la ejecución de la medida a otra persona, debían informarlo e
identificar al funcionario correspondiente.
50. En la respuesta al incidente no se acreditó una distribución funcional distinta ni se
señaló a otro servidor como encargado de cumplir la orden. La defensa se concentró en
sostener que el municipio no podía actuar sobre un bien privado y que esa circunstancia
excluía una conducta dolosa o culposa. Ese argumento fue examinado y descartado por
las razones expuestas anteriormente.
51. El expediente muestra, además, que las circunstancias personales sí fueron
valoradas cuando existía un elemento que justificaba un tratamiento diferente. El señor
Camilo Andrés Rodríguez Jaimes acreditó que ya no ejercía el cargo al momento de la
notificación del auto que abrió el incidente y, por esa razón, fue desvinculado.
52. En ese contexto, el análisis conjunto de los señores Campo Elías Ramírez Padilla y
Maritza Silva Figueroa no permite concluir que la sanción hubiera sido institucional o
automática. Respecto de ambos se valoraron las mismas circunstancias, el conocimiento
de la orden, la ausencia de actuaciones dirigidas a su cumplimiento y una justificación
común que no fue considerada suficiente.
53. La tutela contra providencia judicial no permite invalidar una decisión únicamente
porque su motivación pueda ser más extensa o porque exista otra forma posible de
estructurar el juicio de responsabilidad. Lo relevante es que las razones expuestas
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Referencia: Acción De Tutela
permitan comprender por qué la autoridad judicial consideró atribuible el incumplimiento
y que esa conclusión no resulte arbitraria.
54. Ese estándar se satisface en este caso. La decisión cuestionada identificó las
circunstancias que sustentaron el reproche subjetivo, examinó la explicación ofrecida por
los sancionados y expuso por qué no la consideró suficiente. Por tanto, el reparo no
plantea un verdadero debate sobre la vulneración de una garantía fundamental, sino un
desacuerdo con la valoración del juez natural.
55. El reparo por desconocimiento del precedente tampoco dota de relevancia
constitucional a la controversia. La providencia reconoció expresamente que la sanción
por desacato exige un elemento objetivo y uno subjetivo y que la responsabilidad no
puede presumirse por el solo incumplimiento.
56. En consecuencia, la inconformidad de los accionantes se relaciona con la forma en
que se aplicó esa regla a las circunstancias del caso y con el grado de detalle de la
motivación, pero no demuestra que se hubiera prescindido del componente subjetivo ni
que la decisión carezca de razones constitucionalmente suficientes.
57. Conforme a lo expuesto, la controversia no supera el requisito de relevancia
constitucional, pues se reduce a un desacuerdo con la valoración y la interpretación
efectuadas por el juez natural. Se confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado Electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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Accionantes: Campo Elías Ramírez Padilla Y Maritza Silva Figueroa
Accionado: Tribunal Administrativo De Santander
Referencia: Acción De Tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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