Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02726-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02726-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02726-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02726-00
Demandantes: Esperanza Serrano de Zapata y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Accidente
de tránsito. Inmediatez.
Decisión: Declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Esperanza Serrano de Zapata,
quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo Víctor Hernan Zapata
Torres, y Faride Zapata Serrano contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 10 de abril de 2026, Esperanza Serrano de Zapata, quien actúa en
nombre propio y en representación de su hijo Víctor Hernan Zapata Serrano, y
Faride Zapata Serrano, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.
2. Como consecuencia, solicitaron dejar sin efectos la sentencia proferida el
15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-002-2020-00108-01, para,
en su lugar, dictar una nueva providencia en la que se realice una valoración
integral, conjunta y armónica del acervo probatorio conforme a las reglas de la sana
crítica y se tenga en cuenta especialmente: el Informe Policial de Accidente de
Tránsito, el informe técnico especializado y el testimonio presencial de la señora
Jimena Rojas Orozco, para «reparar el defecto fáctico advertido». Además,
peticionaron que se adoptaran las medidas que el juez constitucional considerara
pertinentes para el restablecimiento efectivo de las garantías superiores
mencionadas.
3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que los accionantes junto con los señores Víctor Hernán
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Demandante: Esperanza Serrano de Zapata y otros
Zapata Torres, Martha Cecilia Serrano Sanabria, Luz Nelly Serrano Sanabria,
Gladys Serrano Sanabria, Cristina Serrano Sanabria, Ricardo Serrano Sanabria y
María Francela Serrano Sanabria instauraron demanda de reparación directa en
contra del Distrito Especial de Santiago de Cali, para que se declarara a este
administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con
ocasión del accidente de tránsito que padeció Víctor Hernan Zapata Serrano.
4. Para soportar la anterior demanda, los actores afirmaron que el 28 de abril
de 2018, el señor Zapata Serrano se desplazaba por la calle 73 con carrera 1C1 en
una motocicleta, cuando por tratar de esquivar un hueco que se encontraba en la
vía, colisionó contra la llanta trasera derecha de un vehículo.
5. La entidad territorial demandada propuso las excepciones de «inexistencia
de la falla en el servicio y ausencia de responsabilidad por carencia de nexo causal,
culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero». Adicionalmente, llamó en
garantía a Allianz Seguros S.A, Zurich Colombia de Seguros, Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A y Axa Colpatria Seguros S.A.
6. El 11 de diciembre de 2023, el Juzgado 2 Administrativo de Cali accedió a
las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado de las pruebas allegadas
que el señor Víctor Hernán Zapata Serrano padeció unas secuelas físicas como
consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 28 de abril de 2018 en la calle
73 con carrera 1C1 de la ciudad de Cali, y además encontró probado el nexo de
causalidad entre los perjuicios ocasionados y la existencia del hueco en la vía del
lugar de los hechos, fundamentado en el informe policial de accidente de tránsito
No. A0007798676.
7. El extremo pasivo y las aseguradoras llamadas en garantía interpusieron
recurso de apelación en contra de la anterior decisión, al considerar que las pruebas
aportadas no demostraban el nexo de causalidad, pues el informe de accidente de
tránsito constituye un documento que solo daba cuenta de las circunstancias de
tiempo y lugar que rodearon el suceso y no se tuvo en cuenta que en este el agente
indicó que el señor Víctor Hernan Zapata Serrano «no estuvo atento a la vía».
8. El 15 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la
demanda, al considerar que si bien hay certeza sobre el tiempo y lugar en que
ocurrió el accidente, los elementos obrantes en el expediente no demuestran el
modo en que este aconteció, por lo que la parte demandante no cumplió con la regla
de la carga de la prueba y, en ese sentido, no podría endilgársele responsabilidad
a la entidad demandada.
9. El 2 de septiembre de 2025, la parte actora formuló recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia en contra de la anterior providencia, puesto que, a
su juicio, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció la sentencia del
6 de septiembre de 2001 con radicado 66001-23-31-000-1996-3160-01. Sin
embargo, el 3 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
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de Estado rechazó el recurso, al estimar que este no era procedente, debido a que
la sentencia mencionada no se profirió en ejercicio de la función unificadora, en los
términos del artículo 270 del CPACA, sino que en esta únicamente se reiteraron los
lineamientos trazados con antelación por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
10. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, al adoptar la decisión del 15 de agosto de 2025,
incurrió en defecto fáctico, debido a que realizó una valoración «arbitraria,
fragmentada e irrazonable» del acervo probatorio, contraria a las reglas de la sana
crítica, lo que condujo a la negación de sus pretensiones pese a la existencia de
pruebas suficientes que acreditaban la falla del servicio, el daño y el nexo causal.
11. Concretamente, señaló como indebidamente apreciadas: el Informe Policial
de Accidente de Tránsito (IPAT), que documentaba la presencia de huecos y
deficiencias en la vía y que no fue desvirtuado durante el proceso; el informe técnico
del ingeniero Jovanny Vargas Rodríguez, que reconstruyó objetivamente las
condiciones del tramo a partir de análisis técnico y fotografías tomadas el día del
accidente; y el dictamen técnico que identificó el bache como causa principal del
siniestro.
12. Adicionalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada no cumplió
con su deber de valoración conjunta, al analizar separadamente cada uno de los
medios de convicción mencionados, sin advertir la coherencia existente entre ellos,
pues el IPAT daba cuenta de las condiciones de la vía, el dictamen técnico
demostraba su peligrosidad y el testimonio presencial corroboraba la incidencia
directa de la irregularidad en el accidente.
Intervenciones1
13. El Distrito Especial de Santiago de Cali afirmó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que el accionante no planteó ningún reproche
en contra de esa entidad y, además, solo fungió en el proceso de reparación directa
como sujeto pasivo. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que la acción de tutela no
cumplió con el requisito de relevancia constitucional, puesto que no se cumplió con
una carga mínima argumentativa, por lo que lo pretendido por la parte actora es
reabrir una discusión ya resuelta en el medio de control respectivo, convirtiendo la
acción de tutela en una tercera instancia y desconociendo los principios de
seguridad jurídica y coherencia. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo invocado.
14. La sociedad Zurich Colombia Seguros S.A. indicó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no realizó una valoración arbitraria ni
1
El 14 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se vinculó
Martha Cecilia Serrano Sanabria, Luz Nelly Serrano Sanabria, Gladys Serrano Sanabria, Cristina Serrano Sanabria, Stella
Serrano Sanabria, Ricardo Serrano Sanabria, María Francela Serrano Sanabria, al Distrito Especial de Santiago de Cali,
Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a Allianz Seguros S.A, Axa Colpatria Seguros S.A y Zurich Colombia Seguros
S.A.
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manifiestamente irrazonable de las pruebas, sino que desarrolló una argumentación
coherente, que, bajo la aplicación de la teoría de la causalidad, le permitió concluir
que no se configuró ninguno de los elementos de la responsabilidad como lo es el
nexo causal. En ese sentido, afirmó que lo que persigue el accionante no es
realmente la protección de un derecho fundamental, sino reabrir el debate por no
haberse declarado la responsabilidad de las demandadas. Por tanto, solicitó
declarar improcedente la presente acción de tutela.
15. El Juzgado 2 Administrativo de Cali remitió el enlace para acceder al
expediente digital del proceso de reparación directa.
16. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las aseguradoras Mapfre
Seguros Generales de Colombia S.A., Allianz Seguros S.A. y Axa Colpatria Seguros
S.A y los señores Martha Cecilia Serrano Sanabria, Luz Nelly Serrano Sanabria,
Gladys Serrano Sanabria, Cristina Serrano Sanabria, Stella Serrano Sanabria,
Ricardo Serrano Sanabria y María Francela Serrano Sanabria guardaron silencio, a
pesar de haber sido notificados en debida forma.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de inmediatez, si la
sentencia emitida el 15 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en defecto fáctico, al no interpretar las pruebas de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, y, por ende, transgredió los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, debido a que no se
acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez2, conforme a las razones que
se exponen a continuación:
20. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al expedir la
Sentencia del 15 de agosto de 2025, comoquiera que incurrió en defecto fáctico, al
2
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019
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valorar de forma inadecuada (i) el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT),
que documentaba la presencia de huecos y deficiencias en la vía y que no fue
desvirtuado durante el proceso; (ii) el informe técnico de seguridad del ingeniero
Jovanny Vargas Rodríguez, que reconstruyó objetivamente las condiciones del
tramo a partir de análisis técnico y fotografías tomadas el día del accidente; y el (iii)
dictamen técnico que identificó el bache como causa principal del siniestro.
21. Al analizar la anterior inconformidad, se observa que la parte actora discute
una indebida valoración del acervo probatorio, reproche que no podría formularse a
través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, pues, conforme a
lo dispuesto en el artículo 258 del CPACA, este procede exclusivamente cuando se
invoca el desconocimiento de una sentencia de unificación del Consejo de Estado,
lo que impide tener en cuenta el auto que resolvió ese recurso para verificar la
oportunidad de la interposición de la acción de tutela. Por ello, para un eventual
estudio de fondo del desacuerdo planteado en este mecanismo de amparo, es
indispensable determinar cuándo quedó debidamente ejecutoriada la sentencia del
15 de agosto de 2025, dado que podrían verse comprometidos principios centrales
para el orden constitucional como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
22. Así, al revisar las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de
reparación directa en el sistema de gestión judicial SAMAI, se observa que el
anterior proveído fue notificado por mensaje de datos el 21 de agosto de 2025, por
lo que adquirió ejecutoria el 28 de agosto de 20253.
23. En esa medida, debe precisarse que si bien es cierto el ejercicio de la acción
de tutela no cuenta con un término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la
solicitud de amparo, su interposición debe darse dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de
los derechos fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de
terceros, ii) impedir que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica
y iii) evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de
derechos, desnaturalizando con ello su finalidad4.
24. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20145, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego el
3
Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. «Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» y la Ley 2213
de 2022, artículo 8, inciso 3.°«la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes
al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuándo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro
medio constatar el acceso del destinatario al mensaje».
4
Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
5
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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principio de seguridad jurídica y la garantía procesal de cosa juzgada, los cuales
buscan proteger el ejercicio legítimo de la función judicial.
25. En ese orden de ideas, el término para interponer la acción de tutela
comenzaba el 29 de agosto de 2025 6 y finalizaba el 2 de marzo de 2026. Sin
embargo, la acción fue presentada el 10 de abril de 2026, excediendo el plazo
razonable establecido jurisprudencialmente para cuestionar, a través de este
mecanismo, una providencia judicial.
26. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si
la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por tanto,
le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen razones
válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de debilidad
manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión7.
27. Al respecto, se advierte que los accionantes señalaron, en el escrito de
tutela, que la presente acción fue interpuesta dentro de un término razonable, en
tanto el auto mediante el cual se resolvió el recurso extraordinario de unificación
promovido contra la providencia aquí cuestionada fue notificado el 25 de marzo de
2026.
28. Sin embargo, como se explicó anteriormente, el requisito de inmediatez no
puede contabilizarse a partir de la notificación de dicha providencia, toda vez que el
análisis del juez en sede del recurso de unificación de jurisprudencia se circunscribe
a verificar si efectivamente se configuró el desconocimiento de una sentencia de
unificación, y no a pronunciarse sobre aspectos relacionados con la apreciación o
valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada.
29. Por tanto, si la parte actora estimaba que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca realizó una apreciación irregular del material probatorio, debió acudir
oportunamente a la acción de tutela y no esperar hasta la resolución de dicho
recurso, máxime si se tiene en cuenta que la providencia invocada no correspondía
a una sentencia de unificación, circunstancia que permitía prever razonablemente
la improcedencia de ese instrumento de defensa.
30. Así las cosas, se concluye que no se superó la exigencia general de
procedibilidad aquí estudiada ni se acreditó alguna circunstancia que justificara su
inactividad, por lo que se declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
6
Término contado a partir del día siguiente hábil de la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.
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Demandante: Esperanza Serrano de Zapata y otros
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Esperanza Serrano de Zapata, quien actúa en nombre propio y en representación
de su hijo Víctor Hernan Zapata Torres, y Faride Zapata Serrano en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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