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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02726-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02726-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 22 de mayo de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02726-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Esperanza Serrano de Zapata y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02726-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo. No se
cumple con el requisito de inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
22 de mayo de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Esperanza Serrano de Zapata, quien actúa en nombre
propio y en representación de su hijo Víctor Hernán Zapata Serrano,
Faride Zapata Serrano, Víctor Hernán Zapata Torres, Martha Cecilia
Serrano Sanabria, Luz Nelly Serrano Sanabria, Gladys Serrano Sanabria,
Cristina Serrano Sanabria, Ricardo Serrano Sanabria y María Francela
Serrano Sanabria en ejercicio del medio de control de reparación directa
presentaron demanda contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, con
el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable
por los perjuicios causados con ocasión del accidente de tránsito que
padeció el señor Víctor Hernán Zapata Serrano.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02726-01

1.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Cali, mediante providencia de
11 de diciembre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, el señor Víctor Hernán Zapata Serrano padeció unas
secuelas físicas como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el
28 de abril de 2018 y encontrar probado el nexo de causalidad entre los
perjuicios ocasionados y la existencia del hueco en la vía.

1.3. Contra la decisión anterior el extremo pasivo y las aseguradoras
llamadas en garantía presentaron recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante decisión de
15 de agosto de 2025 revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negó las súplicas de la demanda, al considerar que, “[…] del análisis
de los elementos de convicción no se pudo probar que la existencia del
hueco sobre la calle 73 con carrera 1C1, hubiese sido la causa del
accidente, y si bien hay certeza del tiempo y lugar en que ocurrió el
accidente, no se pudo determinar el modo en que aconteció, razón por la
cual no se puede endilgar responsabilidad a la entidad demandada […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la controversia satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues “[…] trasciende el ámbito de la legalidad, pues
no se dirige a cuestionar la interpretación razonable del juez natural, sino a
evidenciar una ruptura en las garantías básicas del proceso, derivada de una
valoración probatoria ostensiblemente irrazonable que desarticuló el acervo
probatorio […]”.

Asimismo, indicó que se configuró un defecto fáctico atribuible al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca “[…] quien adoptó una decisión desprovista
de sustento probatorio suficiente, como resultado de una valoración arbitraria,
fragmentada e irrazonable del acervo probatorio, en abierta contradicción con
las reglas de la sana crítica […]”.

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3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de mis
representados, los señores VICTOR HERNAN ZAPATA SERRANO,
ESPERANZA SERRANO DE ZAPATA, VICTOR HERNAN ZAPATA
TORRES y FARIDE ZAPATA SERRANO, los cuales fueron vulnerados
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA al proferir la Sentencia No. 139 del 15 de agosto de 2025.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la Sentencia No. 139 del
15 de agosto de 2025, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dentro del medio de control
de reparación directa con radicación 76001-33-33-002-2020-00108-00,
así como todas las actuaciones que de ella se deriven.

TERCERA. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que, en un término no
superior a cuarenta y ocho (48) horas —o el que su Despacho considere
proporcional—, proceda a proferir una nueva sentencia de segunda
instancia en la que se repare el defecto fáctico advertido. Para tal efecto,
deberá realizar una valoración integral, conjunta y armónica del acervo
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta
especialmente: el Informe Policial de Accidente de Tránsito, el informe
técnico especializado y el testimonio presencial de la señora Jimena
Rojas Orozco.

CUARTA. Que se adopten las demás medidas que su Despacho
considere necesarias para el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales vulnerados. […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 14 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, se vinculó al Martha
Cecilia Serrano Sanabria, Luz nelly Serrano Sanabria, Gladys Serrano
Sanabria, Cristina Serrano Sanabria, Stella Serrano Sanabria, Ricardo
Serrano Sanabria, María Francela Serrano Sanabria, al Distrito Especial de
Santiago de Cali, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., a Allianz
Seguros S.A, Axa Colpatria Seguros S.A y Zurich Colombia Seguros S.A., en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

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2. El 22 de mayo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente la
solicitud de amparo.

3. Mediante auto de 16 de junio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Distrito Especial de Santiago de Cali afirmó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, solicitó declarar improcedente la acción y sostuvo
que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que carece de una carga mínima argumentativa, y
“[…] es evidente que la parte actora pretende, vía acción de tutela, revivir
una discusión ya zanjada en el proceso ordinario […]”.

2. La sociedad Zurich Colombia Seguros S.A. solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca realizó una valoración razonable de las pruebas bajo la teoría de la
causalidad para concluir que no se configuró un nexo causal, y que el
amparo “[…] no puede ser utilizado como un mecanismo para reabrir el
debate probatorio o jurídico decidido por los jueces naturales, ni puede
operar como una tercera instancia destinada a revisar nuevamente el fondo
del litigio, pues realmente esta solo debe ser utilizada cuando se evidencia
un desconocimiento de los derechos fundamentales, aspecto que aquí no
ocurre […]”.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 22 de mayo de 2026 declaró improcedente la acción de tutela por
no satisfacer el requisito inmediatez.

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Advirtió, que es indispensable determinar cuándo quedó debidamente
ejecutoriada la sentencia del 15 de agosto de 2025, “[…] dado que podrían
verse comprometidos principios centrales para el orden constitucional como lo
son la seguridad jurídica y la cosa juzgada […] Así, al revisar las actuaciones
judiciales adelantadas en el proceso de reparación directa en el sistema de
gestión judicial SAMAI, se observa que el anterior proveído fue notificado por
mensaje de datos el 21 de agosto de 2025, por lo que adquirió ejecutoria el 28
de agosto de 2025 […]”.

Asimismo, indicó que “[…] En ese orden de ideas, el término para interponer
la acción de tutela comenzaba el 29 de agosto de 20256 y finalizaba el 2 de
marzo de 2026. Sin embargo, la acción fue presentada el 10 de abril de 2026,
excediendo el plazo razonable establecido jurisprudencialmente para
cuestionar, a través de este mecanismo, una providencia judicial […]”.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] la
providencia impugnada incurrió en una contradicción interna, pues por una
parte, reconoció que la inmediatez no puede analizarse de manera automática
ni puramente temporal; pero, por otra, resolvió el caso mediante una aplicación
mecánica del término de seis meses, sin ponderar la debilidad manifiesta del
accionante principal, la permanencia de la afectación y la actividad procesal
desplegada por la parte actora […]”.

Mencionó que la aplicación mecánica del término de seis meses contraría la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que la inmediatez no puede
convertirse en un instrumento para sancionar la diligencia procesal y obligar a
la interposición simultánea de recursos extraordinarios y acciones
constitucionales.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

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Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, que se configure alguno de los
requisitos especiales.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”5 .

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse

3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional6.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional8 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular9 , así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”10.

En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 15 de agosto de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
de reparación directa identificado con radicación núm. 76001-33-33-002-2020-
00108-01.

6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia T-584 de 2011.
9
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
10
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

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Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de la sentencia de 15 de agosto de 2025, por ser la decisión que puso fin a la
litis.

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 15 de agosto de 2025 se surtió el día 21 de agosto de esa misma anualidad;
mientras que la acción de tutela se presentó el 10 de abril de 2026, es decir
con posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.

Adicionalmente, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por
la parte accionante referentes a la falta de ponderación de la debilidad
manifiesta del accionante principal, pues no se explica como esto constituye
un motivo válido para la inactividad de los accionantes y, frente a la actividad
procesal desplegada por la parte actora, el a quo consideró que “[…] si la parte
actora estimaba que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizó una
apreciación irregular del material probatorio, debió acudir oportunamente a la
acción de tutela y no esperar hasta la resolución de dicho recurso, máxime si
se tiene en cuenta que la providencia invocada no correspondía a una
sentencia de unificación, circunstancia que permitía prever razonablemente la
improcedencia de ese instrumento de defensa […]”.

Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

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Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 22 de mayo de 2026 proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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