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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02729-00

Fecha
19 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02729-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Veinte (20) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual, decidió revocar la decisión de primera instancia en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales promovida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital contra la Nación - Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana [11001-33-43-063-2023-00377-01], por lo expuesto. TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 21 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02729-00 Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02729-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02729-001
Accionante : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial
Colombiana
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
Vinculados : Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y Juzgado
Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, controversia contractual
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de

tutela incoada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial
Colombiana (FAC), contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - FAC, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

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Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02729-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

4. Por consiguiente, la parte actora solicitó:

SEGUNDO: […] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de Segunda Instancia de fecha
20 de marzo de 2026 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B EXP NO. 11001-33-43-
063-2023-00377-01, por lo[s] defectos alegados en la presente acción y en su lugar
ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, dentro de un término prudencial,
profiera una nueva decisión en la que:

(i) Se pronuncie de manera expresa sobre el régimen jurídico aplicable a los
rendimientos financieros de los recursos públicos objeto de controversia.
(ii) Valore integralmente el acervo probatorio, en especial el testimonio relacionado
con la cadena presupuestal y la titularidad de los rendimientos y, en el escenario de
desestimar el mismo, sustente de manera suficiente su no aplicación al caso en
concreto.
(iii) Justifique de manera suficiente la aplicabilidad o inaplicabilidad de las fuentes
jurídicas que invoque, en particular cuando se trata de conceptos o precedentes que
corresponden a supuestos fácticos diametralmente distintos y que no tienen fuerza
vinculante por mandato legal.
(iv) Respete el marco contractual definido por las partes, incluyendo los efectos del
convenio interadministrativo pactado entre ambas entidades.

Hechos2

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la

accionante, se puede evidenciar que, el Diez (10) de Diciembre de Dos Mil
Dieciocho (2018), la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (en
adelante, UAECD) y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - FAC suscribieron
el Convenio interadministrativo de cooperación No. 361 de 2018, cuyo objeto
contempló «la realización por parte de la FAC del monitoreo por un periodo de un año, con la
periodicidad que le permitan las condiciones climáticas de Bogotá mediante la obtención de
fotografías aéreas y generación de Ortofotomosaicos de GSD 7.5 cm del espectro visible e infrarrojo
cercano, para la detección de cambios en la ocupación del territorio en un área aproximada de 5.000
ha de la ciudad de Bogotá. […] Y por el otro lado el aporte de la UAECD de los recursos necesarios
para cubrir los costos de producción requeridos para el cumplimiento del objeto del convenio
suministrados por la UAECD», por el término de un año contado a partir de la firma del

acta de inicio.

6. En el mencionado acuerdo se pactó que, la UAECD aportaría la suma de
$464.780.000.00, mientras que, el Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
Colombiana - FAC, realizaría aportes en especie, atendiendo su capacidad
instalada y logística frente a la disposición de aeronaves, libre circulación de las
mismas, personal que las tripula, entre otros, según lo establecido en los estudios
previos.

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, archivo 1.
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Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

7. En cuanto a la forma de desembolso, las partes pactaron que, la UAECD
«desembolsará los recursos de su aporte en un cien por ciento (100%) es decir la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS. ($
464.780.000.00) M/CTE. al Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento del convenio. […] En todo caso, el desembolso del aporte
está sujeto a la disponibilidad de recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y a la
correspondiente programación del PAC. El citado desembolso se efectuará mediante consignación
en la cuenta corriente No. 110-080-00131-6 del Banco Popular a nombre de la Fuerza Aérea
Colombiana - Fondo Interno mediante certificación expedida por la respectiva entidad bancaria. […]
En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del convenio, o una vez vencido el plazo
del mismo, sin que se haya ejecutado a cabalidad el objeto, se realizará la devolución de la
proporcionalidad del aporte de la UAECD teniendo en cuenta los valores establecidos en el numeral
4. de los estudios previos, frente a los compromisos y/o actividades efectivamente realizadas […]».

8. El Convenio terminó anticipadamente, el Veintinueve (29) de Noviembre de Dos

Mil Diecinueve (2019), por factores externos que imposibilitaron su ejecución total,
atribuibles a la restricción de la autoridad aeronáutica nacional para sobrevolar el
área a la altura requerida, y condiciones meteorológicas no aptas para la toma de
las fotografías aéreas. De conformidad con el informe final de ejecución del
Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), suscrito por el
supervisor del Convenio, la FAC ejecutó únicamente $181.860.000 del valor total
del convenio, por lo que, quedó un saldo no ejecutado de $282.920.000, que fue
reintegrado por la FAC a la UAECD, el Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019).

9. El Veintisiete (27) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), las partes suscribieron

de forma bilateral el acta de liquidación del Convenio, en la que, la UAECD dejó
expresa una salvedad según la cual los rendimientos financieros generados con los
recursos aportados por esa entidad le pertenecían, con fundamento en la
naturaleza jurídica de los recursos aportados, provenientes del orden distrital.

10. El Veintitrés (23) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), la UAECD presentó

demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - FAC, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la suma de $15.737.673,98, y los intereses a que hubiera
lugar, por concepto de rendimientos financieros «dejados de consignar» por la entidad
demandada, de conformidad con la cláusula 4° del acta de liquidación del Convenio
No. 361 de 2018.

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11. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado
Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera (proceso con
radicado No. 11001-33-43-063-2023-00377-00). Mediante sentencia anticipada del
Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), ese despacho judicial negó
las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, concluyó que, en las cláusulas del
Convenio interadministrativo, no se pactó obligación alguna respecto del pago de
rendimientos financieros, por saldos no ejecutados, por parte de la FAC, sino que,
quedó estipulado taxativamente que, en caso de terminación anticipada, la única
devolución procedente sería la de la proporcionalidad del aporte versus lo ejecutado
(como se hizo al reintegrarse el valor de $282.920.000 en la fecha Diecisiete (17)
de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019)).

12. Así mismo, señaló que, si bien dichos aportes provienen de una entidad pública

del Distrito Capital, los mismos fueron desembolsados en virtud de un convenio de
colaboración celebrado con la FAC, por lo que, los recursos salieron del dominio de
la entidad Distrital, para hacer parte de la apropiación de una entidad pública del
orden nacional, como lo es en este caso el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aérea Colombiana, tanto es así, que los dineros fueron recibidos en la cuenta
corriente del Banco Popular «Fondo interno Fac».

13. Conforme a la normativa presupuestal aplicable (artículo 2.3.1.4 del Decreto

1068 de 2015), los recursos fueron trasladados a la Cuenta Única Nacional, sistema
en el que, los rendimientos financieros pertenecen a la Nación. Sobre este último
aspecto, el A-quo tuvo en cuenta lo manifestado por la testigo Nancy Stella Flores
Quintana, relativa al procedimiento establecido en la Fuerza Aérea para la
recepción de dineros tras la suscripción de acuerdos. Por último, precisó que, el
desembolso del aporte de la UAECD constituyó el pago de una obligación acordada
en el Convenio (como se desprende del memorando del Diecisiete (17) de
Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)) y no corresponde a recursos entregados
en administración, razón por la cual no existía título jurídico que impusiera a la FAC
el deber de reconocer o devolver rendimientos financieros.

14. En desacuerdo con la decisión, la UAECD interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que, los aportes realizados en virtud de convenios interadministrativos
(que no regulan una prestación recíproca, sino que, una cooperación entre
entidades para cumplir un objeto común) no ostentan la naturaleza de pago, sino
de aporte, de manera que, no ingresan al patrimonio de la entidad receptora
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(porque la aportante mantiene su titularidad). Además, conforme a los artículos 84
y 85 del Decreto Distrital 714 de 1996 y al artículo 17 del Decreto Distrital 216 de
2017, los rendimientos generados con recursos del Distrito pertenecen
exclusivamente a este, incluidos los derivados de saldos no ejecutados. Adujo,
además, que reconocer los rendimientos a la entidad receptora configuraría un
enriquecimiento sin causa, máxime cuando la FAC no utilizó los recursos de la
entidad demandante (dueña del capital) para el objeto convenido.

15. En sentencia del Veinte (20) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, revocó la
decisión de primera instancia. Para arribar a esa conclusión, partió de la naturaleza
de los convenios interadministrativos como acuerdos generadores de obligaciones
exigibles y de los principios civiles aplicables a las relaciones contractuales,
particularmente la fuerza vinculante del contrato y la reciprocidad de las
prestaciones (artículos 1494, 1495, 1530, 1551, 1602 y 1609 del Código Civil). En
ese marco, advirtió que, la UAECD había desembolsado la totalidad del aporte y
que la FAC solo ejecutó una parte del objeto, por lo que, el saldo no utilizado de
$282.920.000 permaneció en poder de la entidad receptora durante
aproximadamente un año.

16. Sobre la titularidad de los rendimientos, el Tribunal acogió la tesis expuesta en

el Concepto del Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) de la Sala
de Consulta y Servicio Civil (radicado No. 11001-03-06-000-2021-00138-00),
conforme al cual solo se puede tener derecho a percibir la totalidad de los
rendimientos de los dineros desembolsados cuando se ejecuta la totalidad de las
obligaciones previstas en el contrato.

17. Con base en ello, concluyó que, en el numeral segundo de la cláusula séptima

del Convenio, se indicó que, en caso de terminación anticipada sin que se hubiera
ejecutado a cabalidad el objeto, se hará la devolución proporcional del aporte de la
UAECD teniendo en cuenta los valores establecidos en el numeral 4 de los estudios
previos, frente a los compromisos y las actividades efectivamente realizadas. Así,
las partes nada pactaron expresamente sobre los rendimientos financieros
generados por las sumas no ejecutadas; Sin embargo, en la medida en que tales
rendimientos «se originaron exclusivamente en el dinero aportado por la UAECD, no en recursos
propios de la FAC», su titularidad correspondía a la entidad aportante, con

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independencia que el convenio no constituyera un contrato de administración de
recursos.

18. En consecuencia, estableció que:

[…] aunque las partes pactaron la devolución proporcional del aporte en caso de
terminación anticipada, no acordaron nada respecto de los rendimientos financieros
que se pudieran generar sobre los recursos no ejecutados. Como la UAECD pagó
la totalidad del aporte, es decir la propietaria del capital y la FAC solo ejecutó una
parte y devolvió el saldo no utilizado $282.920.000 permaneció durante un año en
poder de la entidad receptora, generó rendimientos y, por tanto, se originan
exclusivamente en el dinero aportado por la UAECD, no en recursos propios de la
FAC. De ahí que la naturaleza jurídica de dichos rendimientos no depende de que
el contrato no fuera de administración de recursos, o de la denominación de aporte
o pago sino del hecho de que la FAC no ejecutó ni utilizó parte del dinero entregado
y, en consecuencia, los rendimientos producidos por ese capital deben pertenecer
a la UAECD.

19. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal revocó la sentencia del Veinte (20) de

Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025) y, en su lugar, declaró que, con ocasión de
la no ejecución de la suma de $282.920.000 del Convenio interadministrativo de
cooperación No. 361 de 2018, se causaron rendimientos financieros desde el
Diecisiete (17) de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018) al Diecisiete (17) de
Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019). En consecuencia, condenó a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - FAC al pago de $20.457.233 a favor de la UAECD,
por concepto de rendimientos indexados causados por las sumas no ejecutadas.

20. La accionante expuso en la tutela que, la providencia del Veinte (20) de Marzo

de Dos Mil Veintiséis (2026) incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de decisión
sin motivación. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que, el Tribunal se apartó del
contenido expreso del Convenio interadministrativo No. 361 de 2018 y omitió
valorar el testimonio rendido por la señora Nancy Stella Flores Quintana en
audiencia de pruebas del Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)
ante el juez de primera instancia, «cuya finalidad era explicar, desde una perspectiva técnica,
el recorrido presupuestal del aporte realizado por la UAECD, su ingreso al fondo interno, su
sometimiento a la disponibilidad del Tesoro Nacional, la programación PAC y, en últimas, su traslado
a la Cuenta Única Nacional».

21. Además, en su criterio, «el despacho accionado construyó su decisión como si del contrato

pudiera desprenderse por interpretación, una obligación de restituir rendimientos financieros a favor
de la entidad demandante, no sin antes reconocer en la misma sentencia que “las partes nada
pactaron respecto de los rendimientos financieros” ». De esta manera, el ad quem «dejó de
lado el texto contractual, la estructura del convenio y la forma en que las partes delimitaron sus
prestaciones, para sustituirlas por una construcción ajena al contenido mismo del negocio jurídico,
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por lo que […] la interpretación del contrato trascendió el ámbito de la valoración probatoria,
proyectando efectos que no se derivan de sus estipulaciones expresas ».

22. En consecuencia, el Tribunal construyó una premisa fáctica incompatible con el

acervo probatorio, al asumir que, los recursos no ejecutados permanecieron a
disposición de la FAC, pese a que, el material obrante en el expediente acreditaba
que aquellos «por disposición normativa y por la propia estructura del convenio, ingresaron al
sistema presupuestal nacional». Agregó que, la prueba testimonial no fue controvertida

por la parte demandante mediante medios probatorios orientados a desvirtuar lo allí
declarado.

23. Respecto del defecto sustantivo, alegó que, el Tribunal resolvió la controversia

omitiendo aplicar el régimen jurídico del Marco Orgánico Presupuestal de la Nación,
expresamente invocado por la defensa durante el proceso, sin explicar las razones
por las cuales tales disposiciones no resultaban aplicables. Indicó que, conforme al
artículo 2.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015, el artículo 101 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto, los recursos aportados por la
UAECD fueron trasladados a la Cuenta Única Nacional administrada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sistema en el que los rendimientos
financieros pertenecen a la Nación. En su lugar, la providencia censurada acudió a
principios generales del derecho civil para concluir que, los rendimientos
pertenecen al dueño del capital, sin confrontar dichos principios con el régimen
presupuestal especial que regula los recursos públicos del orden nacional. De esta
forma, el Tribunal habría impuesto a la FAC una obligación económica no prevista
en el Convenio ni derivada del régimen presupuestal aplicable, sobre una lógica
próxima al incumplimiento contractual que no se acreditó en el proceso, pues el
Convenio terminó anticipadamente por factores externos y fue liquidado
bilateralmente por mutuo acuerdo.

24. Finalmente, en relación con la falta de motivación, la accionante adujo que, los

fundamentos de la providencia censurada no satisfacen «el estándar mínimo de
justificación exigible a una providencia judicial que modifica por completo el sentido de la decisión
de primera instancia e impone una condena». Sostuvo que, el Tribunal acudió, como

soporte central, al Concepto del Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintidós
(2022) de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y a un
salvamento parcial de voto contenido en ese trámite, «pese a que tenía una estructura

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fáctica y jurídica diversa, pues basta con indicar que allí se examinaba una relación negocial
celebrada entre 2 entidades, que pactaron expresamente unos rendimientos financieros».

25. Adicionalmente, advirtió que, conforme al artículo 112 de la Ley 1437 de 2011,

los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no son vinculantes, salvo que,
la ley disponga lo contrario, por lo que, otorgarle fuerza decisoria a un
pronunciamiento de naturaleza consultiva, sumado al uso de un salvamento de voto
como elemento determinante, configura el defecto alegado.

II. TRÁMITE PROCESAL

26. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del

Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión, (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, como parte accionada; y (ii)
dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y al
Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

27. 2.1.1. El Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá, Sección

Tercera, aportó copia digital del expediente3, sin pronunciarse sobre el presente
proceso.

28. 2.1.2. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital4 sostuvo que

«no se acredita de manera directa la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que traiga como consecuencia la eventual trasgresión de los derechos
fundamentales de la entidad accionante, sino que más bien la acción incoada se parece más a un
recurso o instancia adicional, razón por la cual la acción se torna improcedente». Agregó que la

parte accionante no agotó todos los medios de defensa judicial, comoquiera que
debió acudir al recurso extraordinario de revisión para que, se estudiara la falta de
congruencia alegada.

29. En todo caso, se pronunció frente a los defectos alegados. Primero, precisó que

el testimonio de la señora Flores Quintana estaba orientado a describir el tránsito
presupuestal interno de los recursos de la FAC, sin que, ello respondiera a la

3
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 11, archivo 13.
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13, archivo 13.
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pregunta jurídica central (si quien aportó el capital tiene derecho a los rendimientos
que este genera). Segundo, desmintió que el Tribunal hubiera ignorado el marco
presupuestal y alegó que, en ese contexto, optó por una teoría jurídica distinta en
ejercicio legítimo de su autonomía judicial. A ello adicionó que, los artículos 287 y
322 de la Constitución Política garantizan la autonomía fiscal del distrito y la
intangibilidad de sus recursos, de forma que, el destino presupuestal interno de los
recursos resulta irrelevante para determinar la titularidad civil de sus frutos.

30. En cuanto al defecto sustantivo, explicó que, «el Tribunal aplicó norma de rango

constitucional por cuanto el artículo 101 del estatuto Orgánico del presupuesto y el artículo
2.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015, invocad[o] por la FAC regula l[a] relación interna entre
la entidad receptora y el Tesoro Nacional, no regula ni puede regular la relación contractual
nacida del Convenio Interadministrativo No 361 de 2018 entre FAC y UAECC, en cuya
liquidación la propia FAC reconoció que los recursos fueron incorporados al sistema
presupuestal de la Nación». Finalmente, sobre la supuesta falta de motivación, señaló
que el artículo 230 superior reconoce que, la doctrina es un criterio auxiliar de
interpretación y que «si la Sala de Consulta reconoció que los rendimientos pertenecen al
aportante del capital incluso en un escenario donde existía estipulación contractual expresa, con
mayor razón esa titularidad se mantiene en el presente caso, donde las partes guardaron silencio
sobre el punto. El silencio del Convenio Interadministrativo No. 361 de 2018 respecto de los
rendimientos financieros no constituye una autorización tácita a favor de la FAC para disponer de
ellos».

31. 2.1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio pese a

que, fue debidamente notificado del presente proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

33. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada

por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,

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permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

34. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del
Veinte (20) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B revocó la
providencia del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), en la que el
Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá, Sección Tercera negó las
pretensiones formuladas en la demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales promovida por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital contra la accionante (expediente 11001-33-43-063-2023-00377-
00/01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

35. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado6, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

5
Sentencia C-590 de 2005.
6
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

36. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

37. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.5. Caso concreto

38. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
11

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contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en la presunta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y de decisión sin
motivación en la sentencia acusada, lo cual, de comprobarse, conllevaría a la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede
recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda instancia que se
encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que, la providencia quedó en firme el Nueve (9) de
Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7 y la solicitud de amparo se presentó el Diez (10)
de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir, dentro de los seis meses siguientes;
y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

39. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas decisión sin motivación y
defecto sustantivo alegadas por la parte actora, que se estudiarán en conjunto, en
tanto, la actora se refiere a que los argumentos expuestos por el Tribunal para
revocar la decisión de primera instancia resultan insuficientes, al fundarse en una
hermenéutica no sistemática de las normas y apoyarse en conceptos no
vinculantes. Solo se estudiará el defecto fáctico en caso de no prosperar estas
causales, en tanto acceder a aquellas supone volver sobre el análisis probatorio.

3.5.1. Defecto sustantivo

40. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que,

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

41. La jurisprudencia constitucional8 ha estimado que la providencia judicial proferida

con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,

7
Visible en el expediente electrónico del proceso 11001-33-43-063-2023-00377-01 en SAMAI, índice 12, según el cual se
notificó electrónicamente el 26 de marzo de 2026. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días
siguientes, esto es, el 6 de abril y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA, y en consideración a la vacancia
judicial el 30 de marzo al 3 de abril.
8
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
12

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declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales 9.

3.5.3. Decisión sin motivación

42. Se tiene que la Corte Constitucional, ha sostenido que, una providencia judicial

se encuentra viciada de ese defecto, cuando la autoridad jurisdiccional omite
exponer argumentos suficientes para justificarla, es decir, en los eventos en que, si
bien plantea supuestos normativos y fácticos, omite sustentarlos, lo que dificulta
determinar y controvertir los motivos de la decisión, lo cual, afecta el derecho de
defensa y, por ende, el debido proceso.

43. Al respecto, dicho tribunal constitucional, en sentencia T-261 de 201310, precisó

que:

La estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela
contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a
obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que,
adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar un
cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela deberá
tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que
sustentan un fallo es un principio basilar de la función judicial que, de transgredirse,
supone una clara vulneración del debido proceso.

44. En particular, en sentencia T-589 de 2010, la Corte estableció que la falta de

motivación también se configura cuando existe una falta de justificación externa
que «se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica
del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin argumentación suficiente. Tanto los elementos
fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la
realidad procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aun así, si no se ofrecen motivos
para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras
de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes
determinantes del sentido de su decisión».

9
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13

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45. En el sub lite, la accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo, en tanto, resolvió la controversia
omitiendo aplicar el régimen jurídico del Marco Orgánico Presupuestal de la Nación,
expresamente invocado por la defensa durante el proceso, y sin explicar las
razones por las cuales tales disposiciones no resultaban aplicables; lo que a su vez
condujo a una decisión sin motivación suficiente para revocar el fallo de primera
instancia. En su lugar, la decisión censurada acudió (i) a principios generales del
derecho civil para concluir que los rendimientos pertenecen al dueño del capital, sin
confrontar dichos principios con el régimen presupuestal especial, y (ii) a un
concepto no vinculante de la Sala de Consulta y Servicio Civil.

46. Sobre esta última fuente empleada para fundamentar la decisión del Tribunal, la

actora señaló que:

En este caso, el Tribunal acudió como soporte central a un concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y, adicionalmente, a un salvamento
parcial de voto contenido en ese mismo trámite, sin embargo, de la lectura del propio
concepto utilizado como fundamento de la decisión, se observa que este tenía una
estructura fáctica y jurídica diversa, pues basta con indicar que allí se examinaba una
relación negocial celebrada entre 2 entidades, que pactaron expresamente unos
rendimientos financieros.

Diferencia que no es secundaria, la misma se torna estructural, pues el concepto se
apoyó expresamente en que los rendimientos financieros pactados en dicho contrato
interadministrativo constituían una especie de remuneración adicional, es decir, la
ratio empleada por la Sala de Consulta partía de una estipulación contractual expresa.
Situación que al ser contrastada con el presente asunto resulta contradictorio e
insuficiente, pues el propio despacho accionado reconoció que las partes no pactaron
nada respecto de los rendimientos financieros y que solo se previó la devolución
proporcional del aporte no ejecutado.

Conforme lo anterior, a pesar de existir esa diferencia decisiva entre el concepto
invocado y el caso en concreto, la sentencia no realizó un ejercicio de distinción, no
justificó por qué la ratio de esa consulta debía ser trasladada a este litigio y tampoco
explicó por qué resultaba legítimo utilizar incluso un salvamento de voto parcial como
elemento de apoyo determinante. […]

En suma, la doctrina indica que para que una “ratio decidendi” oriente un caso
posterior, debe verificarse si contiene una regla relacionada con el caso, si sirvió de
base para resolver un problema jurídico análogo y si los hechos o las normas
juzgadas son semejantes o plantean un punto de derecho similar, situación que en
este asunto, no se cumple a cabalidad, pues en la providencia de segunda instancia
no explicó la identidad material entre los supuestos, no se abordó la diferencia entre
un caso con rendimientos pactados y otro sin estipulación contractual, y tampoco
enfrentó el hecho de que el mismo concepto constituye una opinión cualificada de la
Jurisdicción para orientar una liquidación por acuerdo entre entidades.

Adicional a la asimetría fáctica y jurídica ya expuesta, esta defensa advierte, con el
mayor respeto por la autonomía del fallador, que la providencia inaplicó una
disposición legal expresa sobre la naturaleza del instrumento en el que cimentó su
decisión, pues el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 estableció que la Sala de
Consulta y Servicio Civil actúa como un “cuerpo supremo consultivo” y dispuso que
“los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario”;
por consiguiente, el hecho de revocar una decisión de primera instancia y modificar
14

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el marco obligacional del convenio otorgándole, en la práctica, fuerza vinculante a
dicho concepto de naturaleza consultiva, configura el defecto de motivación alegado,
toda vez que desatiende el alcance que el propio legislador le ha conferido a dichos
pronunciamientos.

47. Para entender si le asiste razón a la entidad accionante, es necesario remitirse

a los argumentos expuestos por el Tribunal para revocar la determinación del
Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá de negar las pretensiones
de la demanda. La autoridad judicial señaló que:

[…] En relación con los rendimientos la Sala de Consulta y [S]ervicio Civil precisó que
se hacen efectivos en la medida que se cumpla con las obligaciones pactadas en el
contrato, por lo que cuando los recurso[s] entregados se ejecutan de forma parcial no
se puede considerar una remuneración legítima, pues no justifica que los conserve,
por lo que deben reconocer y pagar a quien los aportó más el capital, a la entidad
aportante:

Ahora bien, sin perjuicio de lo que se ha expresado, hasta este punto, la Sala
considera que la situación sería diferente para los rendimientos financieros que
se hayan generado con las sumas de dinero desembolsadas por el DNP, para el
cumplimiento del contrato interadministrativo, y que ENTerritorio haya ejecutado
de forma indebida o equivocada, es decir, incumpliendo parcialmente sus
obligaciones contractuales, pues tales intereses deberían ser reconocidos y
pagados al DNP, junto con los recursos que esa entidad tendría que devolver.

En efecto, la Sala entiende que los rendimientos financieros pactados en el
contrato interadministrativo constituían una especie de remuneración adicional
para ENTerritorio (además de la «cuota de gerencia») por la realización de las
actividades y la prestación de los servicios a su cargo, pues, si no fuera así, no
existiría justificación, ni se entendería la razón por la que el DNP hubiera
aceptado ceder a ENTerritorio, en su totalidad, unos réditos que hubieran podido
ser para dicho organismo, total o parcialmente, si así lo hubiese pactado.

En esa medida, tal como ocurre con la denominada «cuota de gerencia»,
ENTerritorio solo podría tener derecho a percibir la totalidad de esta
remuneración adicional (los rendimientos financieros) si ejecutaba cabalmente la
totalidad de sus obligaciones, pero no cuando incurriera en un incumplimiento
parcial del contrato, como sucedió en el caso de la consulta.

Por tal razón, la Sala considera que ENTerritorio debe devolver o pagar al DNP,
dentro del plazo que las partes acuerden, los rendimientos causados sobre las
sumas de dinero que esa entidad debería reintegrar, conforme a lo explicado en
este concepto, por haber incurrido en un incumplimiento parcial de sus
obligaciones
(…)

En el Salvamento de voto parcial de la magistrada Ana María Charry Gaitan refirió:
[…]

En relación con la indexación de la suma a devolver por rendimientos financieros
explicó:
(…) En esa medida, debe recordarse que la pérdida de poder adquisitivo de la
moneda, como resultado del fenómeno económico de la inflación, ha sido
reconocida por la jurisprudencia y la doctrina como un perjuicio o daño, tanto en
la responsabilidad contractual como en la aquiliana (…) Dicho perjuicio, además,
ha sido calificado como un «hecho notorio»12, de naturaleza económica, por lo
que el acreedor está eximido de probarlo. En consecuencia, la sola devolución o
reintegro, por parte de ENTerritorio, de las sumas de dinero desembolsadas por
el DNP, en desarrollo del contrato interadministrativo, que aquella entidad gastó
o utilizó de forma inadecuada o errada en la ejecución de sus obligaciones

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contractuales, por su valor nominal o histórico, no constituiría una reparación
efectiva e integral del daño emergente sufrido por el DNP.

De la lectura del contrato se evidencia que el numeral segundo de la cláusula séptima
del contrato se indicó que en caso de terminación anticipada sin que se haya
ejecutado a cabalidad el objeto se hará la devolución proporcional del aporte de la
UAECD teniendo en cuenta los valores establecido[s] en el numeral 4 de los estudios
previos, frente a los compromisos y las actividades efectivamente realizadas.

Se observa que las partes nada pactaron respecto de los rendimientos financiero que
se generaran de las sumas de dinero que no se ejecutaron, lo cierto fue que la
demandante realizó un pago total del contrato del que solo se ejecutó una parte y por
esta razón se devolvió la suma no ejecutada a la demandante.

En este sentido se evidencia que los rendimientos financieros son las ganancias o
utilidades que una persona puede obtener mediante la inversión de una suma de
dinero en el mercado financiero, los que se obtienen de los recursos desembolsados
por Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en desarrollo del contrato
interadministrativo, generados con las sumas de dinero que no utilizó para la
ejecución de las actividades u obligaciones a cargo de FAC, conforme a lo pactado
en el contrato.

Significa entonces que la suma de $282.920.000, que no se ejecutó generó
rendimientos financieros desde que la demandante los aportó, ello fue el 17 de
diciembre de 2018 y la fecha en que los devolvió es decir, el 17 de diciembre de 2019,
generados por el dinero que aportó la UAECD por concepto del contrato
interadministrativo, que corresponde a las sumas de dinero que no utilizó.

Entonces nada tiene que ver, como lo indicó la demandada que el contrato no se
relacione con aquellos de administración de recursos, sino que en este caso se trató
de la no ejecución y no utilización de unas sumas de dinero que pagó la demandante
en favor de la demandada para el cumplimiento de unas obligaciones, las cuales al
final no pudo cumplir, y por esta razón esos rendimientos financieros corresponden a
la demandante, ya que ellos se generaron por el dinero que solo la demandante
aportó al convenio.

48. El artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) señala que, los conceptos

emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son
vinculantes. A su vez, la misma Sala11 ha dicho sobre su función consultiva que:

[…] constituye una herramienta constitucional de colaboración interinstitucional,
orientada a que el Gobierno Nacional pueda contar con un criterio jurídico objetivo e
independiente para el mejor cumplimiento de las tareas administrativas a su cargo.
En tal sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil, con base en el ordenamiento
vigente, conceptúa jurídicamente sobre asuntos o materias administrativas que el
Gobierno debe resolver dentro de su autonomía para la buena marcha de la
Administración.
[…]

El ejercicio de aquella competencia implica, entre otras cosas, la potestad para, (i)
absolver consultas propiamente dichas; (ii) realizar estudios específicos sobre una
materia de interés para la administración pública; (¡ii) revisar o preparar proyectos de
ley o de códigos; y (iv) resolver conflictos de competencias administrativas entre
organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o
descentralizada.

[…] Para los efectos de esta decisión, resulta importante precisar, por una parte, que
los miembros de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no
cumplen funciones jurisdiccionales y, por la otra, que los conceptos que esta emite,

11
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2 de 2019, 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-06-
000-2019-00126-00, C.P. Édgar González López.
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por regla general, no son vinculantes, tal y como lo establece el inciso 2° del artículo
112 del C.PA.C.A. –

Estos conceptos no son vinculantes, además, porque […] no son dictados en
ejercicio de la función judicial y tampoco contienen la voluntad de la administración o
la manifestación de alguna función administrativa; en otras palabras, debido a que no
son providencias judiciales ni actos administrativos propiamente dichos son la
manifestación de las opiniones técnico-jurídicas de una autoridad investida de
funciones asesoras o consultivas y[,] como tal[,] no tienen la entidad suficiente para
definir o modificar una situación jurídica concreta, así como tampoco la tiene para
definir algún derecho subjetivo particular (Individual o colectivo).
Y se dice que no son actos administrativos porque no contienen la expresión de la
voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de función administrativa,
así como tampoco modifican el ordenamiento.

49. Vale la pena recordar que, son fuentes del derecho la ley, la jurisprudencia, la

costumbre, la equidad, los principios generales del derecho y la doctrina. No
obstante, la tradición jurídica secular, acogida por la Constitución de 1991, en su
artículo 230 dispuso que:

Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.

50. El sistema de fuentes del derecho que se desprende de ese artículo
constitucional no le atribuye valor a la jurisprudencia tan solo en aquellos casos en
los que se eche de menos un enunciado normativo contenido en el ordenamiento
jurídico-positivo, con base en el cual se deba adoptar la respectiva decisión, sino
que, hace de la jurisprudencia una «herramienta argumentativa de la cual puede y debe
auxiliarse el juez, en todos los casos, para desentrañar el sentido correcto de las normas vigentes,
para asegurar su adecuada aplicación e incluso para procurar uniformidad acerca de tales
entendimientos; de ahí, consiguientemente, la trascendencia de que dicha fuente de derecho o
criterio auxiliar de la actividad judicial sea manejada sin contradicciones –en cuanto ello resulte
posible-, cuestión que obedece al respeto que merecen y reclaman los principios jurídicos y
derechos que, según se explicó, sustentan la fuerza vinculante de la Jurisprudencia»12.

51. En todo caso, el principio de publicidad que informa la actividad judicial, a la luz

de lo dispuesto por el artículo 228 superior, implica para el juez la obligación de
motivar adecuada, coherente y suficientemente sus providencias, carga de
argumentación dentro de la que, se incluye la de considerar y referirse explícita y
razonadamente a los pronunciamientos jurisprudenciales anteriores en los cuales
se encuentran argumentos que sustentan sus decisiones frente a casos análogos,

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de septiembre de 2012 (Rad. 17001-
33-31-003-2010-00205-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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como garantía tanto para los sujetos procesales como para la comunidad en
general, de interpretación y aplicación uniforme del ordenamiento.

52. En el caso sub judice, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como
régimen jurídico aplicable, se refirió a los artículos 1602, 1494 y 1609 del Código
Civil, según los cuales el contrato es ley para las partes y fuente de obligaciones
que se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla o se allane a
cumplir lo que le corresponda. Y agregó que, los convenios interadministrativos son
una especie de contrato cuya existencia pende de la manifestación de voluntades
de las entidades públicas que convergen en ellos en el sentido de obligarse en los
términos que se pacten para la consecución de un objeto común, por lo que se trata
de un acuerdo vinculante.

53. De ahí, la autoridad accionada se refirió a lo dicho por la Sala de Consulta y

Servicio Civil de esta corporación sobre los rendimientos financieros en el sentido
que estos «se hacen efectivos en la medida que se cumpla con las obligaciones pactadas en el
contrato, por lo que cuando los recursos entregados se ejecutan de forma parcial no se puede
considerar una remuneración legítima». Es decir, que el Tribunal, después de referirse a

las obligaciones contenidas en los convenios interadministrativos, recurrió a un
criterio auxiliar de interpretación para analizar la cláusula séptima del Convenio, en
donde se indicó que, en caso de terminación anticipada sin que, se haya ejecutado
a cabalidad el objeto, se haría la devolución proporcional del aporte de la UAECD,
teniendo en cuenta los valores establecidos en el numeral 4 de los estudios previos.

54. Al respecto, esta Sala encuentra que, le asiste razón a la FAC en cuanto a que

la decisión carece de una motivación suficiente. En efecto, el régimen jurídico
aplicable a los convenios interadministrativos no es, en principio, el derecho civil,
sino que las normas de contratación estatal. De conformidad con los artículos 6 y
95 de la Ley 489 de 1998, bajo la cual se suscribió el Convenio Interadministrativo
No. 361 de 2018, y el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, las normas civiles y
comerciales solo resultan aplicables de manera supletiva y en cuanto resulten
compatibles con la finalidad y principios de la contratación y con las disposiciones
de orden público que rigen el manejo de los recursos públicos.

55. Sin embargo, en este caso, el Tribunal adoptó la regulación general del Código

Civil (artículos 1494, 1602 y 1609) como fundamento determinante de su decisión,
al tiempo que descartó injustificadamente el régimen orgánico presupuestal que
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gobierna la titularidad de los rendimientos financieros de los contratos estatales,
que comprende normas tales como el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional
(Decreto Nacional 111 de 1996), el Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público (1068 de 2015) o el Decreto Distrital 714 de 1996, entre
otros, y que constituye norma especial y de aplicación prevalente frente al derecho
privado.

56. Esto más aún cuando la controversia no gira en torno a una cuestión meramente

obligacional de derecho privado, sino a la determinación de la titularidad de unos
rendimientos financieros generados con recursos públicos, materia reglada en los
artículos 101 del Decreto 111 de 1996, 2.3.1.4. y 2.3.2.25 del Decreto 1068 de
2015, y 85 del Decreto 714 de 1996, invocados por el Juzgado Sesenta y Tres (63)
Administrativo de Bogotá. El Tribunal estaba obligado a establecer si, a la luz del
régimen especial, los recursos públicos del orden distrital, una vez trasladados a la
Cuenta Única Nacional, quedaban sometidos al régimen del artículo 101 del
Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, como lo concluyó el A-quo, antes de
acudir a las reglas generales del derecho de las obligaciones.

57. Al no hacerlo, prescindió del régimen que en principio estaba llamado a resolver

de fondo el asunto y, lo sustituyó, sin una justificación suficiente, por normas de
aplicación subsidiaria. En su lugar, el Tribunal adoptó la tesis contenida en el
Concepto del Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) emitido por
la Sala de Consulta y Servicio Civil (radicado No. 11001-03-06-000-2021-00138-
00), para concluir que, la UAECD era titular de los rendimientos financieros
generados durante el tiempo que estuvo en poder de la entidad receptora. Esto a
pesar de la falta de vinculatoriedad de ese tipo de conceptos y sin expresar las
razones por las que era necesario acudir a una fuente auxiliar de interpretación.

58. De hecho, en el mismo concepto se aclaró que:

[…] las referencias que la Sala haga al incumplimiento de algunas de las obligaciones
de las partes, a la consiguiente responsabilidad civil que se derivaría de aquel y a las
demás consecuencias jurídicas que se desprenderían de esa situación, conforme a
la ley, no implican una declaración judicial de responsabilidad, sino la opinión
cualificada de la Sala sobre los problemas jurídicos planteados en la consulta, con el
fin de responder las preguntas formuladas.

59. Es más, si se analiza el contexto en el que fue emitido el concepto en comento,

no son claras las razones por las cuales ese caso guarda similitudes con el
estudiado por la accionada. Entre los hechos probados que relacionó la autoridad
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judicial en el fallo censurado, no se aludió al incumplimiento de obligaciones (que
tampoco fue declarado por el a quo), pero, se aplicó el mismo remedio que en el
caso del contrato interadministrativo SGR-053/215050 de 2015 suscrito entre el
Departamento Nacional de Planeación y la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial (ENTerritorio), en el cual se refirió al presunto incumplimiento
parcial del contrato por parte de la empresa contratante.

60. En consecuencia, la Sala encuentra que, la providencia cuestionada incurrió en

un defecto por decisión sin motivación, en tanto no expuso razones claras,
suficientes y verificables que justificaran la revocatoria del fallo de primera instancia
y la consecuente condena a la FAC al reintegro de los rendimientos financieros. En
efecto, el Tribunal acudió como fundamento determinante a un concepto emitido
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (y un salvamento de
voto frente al mismo), pese a que el propio ordenamiento jurídico establece que,
dichos pronunciamientos carecen de fuerza vinculante y constituyen únicamente
criterios orientadores para la administración.

61. Así, la autoridad judicial accionada no desarrolló un ejercicio argumentativo
orientado a demostrar la similitud fáctica y jurídica entre el asunto sometido a su
consideración y el analizado en el referido concepto, ni justificó las razones para
otorgarle un valor decisivo en la resolución de la controversia. Entonces, sin mayor
explicación y empleando una hermenéutica no sistemática de las normas, el
Tribunal decidió aplicar las reglas del Código Civil en lugar de las normas
especiales empleadas por el juez de primera instancia, lo cual, vulnera el principio
de publicidad y el derecho fundamental al debido proceso de la actora. Por lo tanto,
se encuentra acreditada la configuración de los defectos sustantivo y de decisión
sin motivación, de manera que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá
proferir un fallo de reemplazo en el que supla este déficit de argumentación y valore
nuevamente las pruebas del proceso a la luz de las normas sustantivas que emplee.

IV. DECISIÓN

62. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en la acción

de tutela de la referencia, la actora acreditó la configuración de los defectos
sustantivo y de decisión sin motivación en la providencia del Veinte (20) de Marzo
de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo de

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02729-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, es menester acceder al amparo
deprecado.

63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por la
Fuerza Aeroespacial Colombiana, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia del Veinte (20) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante la cual, decidió revocar la decisión de primera instancia en el sentido de
acceder a las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales promovida por la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital contra la Nación - Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial
Colombiana [11001-33-43-063-2023-00377-01], por lo expuesto.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, que, en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un proveído de reemplazo en el aludido
trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.

CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

21

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02729-00
Accionante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

22

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