Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02730-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-02730-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02730-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL - el hecho de sobrepasar los
términos legales, per se, no configura mora judicial, ya que se deben analizar las
circunstancias particulares de cada caso. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO - la decisión del incidente de desacato durante el trámite de la tutela satisface
el derecho de acceso a la administración de justicia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante,
por conducto de apoderado, contra la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida
por el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. ANTECEDENTES
Hechos relevantes
1. La accionante afirmó que tiene 74 años, se encuentra en condición de pobreza
y reside en una zona rural del municipio de Anolaima, alejada de la cabecera
municipal. Indicó que padece una afección ocular grave que requiere atención
especializada y una cirugía en una institución de tercer nivel, y que su atención
médica está asignada a Viva 1A IPS, sede Marly, en Bogotá. A partir de estas
condiciones, la actora inició los siguientes procesos que debe ser explicados para
poder entender la presente decisión.
Acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-02631-
00/01
2. La señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez y Luis Carlos Domínguez Ramírez
promovieron una acción de tutela que correspondió, en primera instancia, a la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el radicado 11001-
03-15-000-2022-02631-00. Mediante sentencia del 17 de junio de 2022, esa
1 Que ingresó a despacho para proferir fallo el 23 de julio de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
autoridad2: i) declaró improcedente la acción respecto de la reapertura del Centro
de Salud de Reventones, el seguimiento solicitado a cargo de la Superintendencia
Nacional de Salud y determinadas denuncias; y ii) negó el amparo de los derechos
fundamentales de petición y a la salud3.
3. En segunda instancia, mediante sentencia del 27 de octubre de 2022, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado revocó parcialmente esa decisión, en el numeral
cuarto, y amparó el derecho fundamental a la salud de la señora Pía Eugenia
Domínguez Ramírez. En consecuencia, ordenó a la EPS ECOOPSOS 4: i) renovar
las autorizaciones previamente otorgadas para la consulta de oftalmología, la
resonancia magnética de columna lumbosacra, la radiografía de hombro y los
demás servicios prescritos por los médicos tratantes hasta la fecha de la providencia
a los que la accionante no hubiera podido asistir; ii) asignar las correspondientes
citas dentro de un término prudencial; y iii) suministrar a la actora y, de ser
necesario, a un acompañante, el transporte de ida y regreso desde su residencia
hasta el lugar donde debiera recibir los servicios médicos. Asimismo, instó a la
Alcaldía de Anolaima y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca para que
adelantaran coordinadamente las gestiones necesarias para la entrega del lote y la
construcción de una nueva sede del Centro de Salud de Reventones5.
Incidente de desacato bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-02631-06
4. Ante el presunto incumplimiento de la sentencia anterior, la parte actora presentó
una solicitud de desacato el 19 de diciembre de 20256. Según el informe rendido
por la Subsección C, la accionante alegó que no se había garantizado, entre otros
aspectos, la atención oftalmológica y la cirugía ocular, los controles médicos ni el
transporte requerido para acceder a los servicios de salud7.
5. Mediante auto del 15 de enero de 2026, la Subsección C requirió a la Nueva EPS,
en su condición de sucesora procesal de ECOOPSOS, para que rindiera informe
sobre el cumplimiento de la sentencia del 27 de octubre de 2022 8. Posteriormente,
se efectuaron requerimientos adicionales a la Nueva EPS, a la Alcaldía de Anolaima
y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca9. Cumplida esa etapa, el expediente
2 Además, aceptó la solicitud de coadyuvancia presentada por la Personería de Anolaima y Rafael
Eduardo Fonseca Rojas, en representación de la Veeduría Ciudadana de los centros poblados de
Reventones y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la E.P.S. Convida, por
lo expuesto en este proveído.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-02631-00. La actuación y su sentido son reconstruidos en el informe rendido por
esa Subsección dentro del presente trámite.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-000-
2022-02631-01.
5 Ibid, en lo demás confirmó el fallo de primera instancia.
6 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índices 00001 y 00003, ambos del 13 de enero de
2026.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, informe de tutela del 21 de abril de 2026, exp.
11001-03-15-000-2026-02730-00, acápite relativo al incidente 11001-03-15-000-2022-02631-06.
8 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00004, auto del 15 de enero de 2026 que
requiere a las partes o apoderados.
9SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índices 00009, 00010, 00011, 00014 y 00015,
correspondientes a requerimientos efectuados entre el 16 y el 26 de enero de 2026.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
ingresó nuevamente al despacho el 3 de febrero de 202610. Por auto del 9 de febrero
de 2026, la Subsección C dispuso la apertura del incidente de desacato 11. El 24 de
febrero siguiente se registró proyecto de auto12.
6. El proyecto fue sometido a consideración de la Sala el 6 de marzo de 2026. La
providencia aprobada declaró terminado el incidente de desacato relacionado con
la orden impartida en la sentencia del 27 de octubre de 2022 y se abstuvo de
imponer sanción13. Esta decisión se fundamentó en que la Nueva EPS renovó
autorizaciones, asignó las citas y suministró transporte a la usuaria. Asimismo,
concluyó que la Alcaldía de Anolaima y la Secretaría de Salud de Cundinamarca no
incurrieron en desacato, dado que el fallo se limitó a instarlas, medida que carece
de un mandato de obligatorio cumplimiento. En todo caso, se encuentra en
ejecución un contrato cuyo objeto comprende la elaboración de los estudios y
diseños necesarios para la construcción de infraestructura hospitalaria en el
municipio.
7. El 22 de abril de 2026, fue recibido por Secretaría y notificado a las partes14.
Finalmente, el expediente fue archivado el 30 de abril de 202615.
Acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2024-04434-00
8. Posteriormente, el 22 de agosto de 2024, la señora Pía Eugenia Domínguez
Ramírez y su hijo promovieron otra acción de tutela, que correspondió a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-04434-00.
En esa oportunidad formularon cuestionamientos relacionados con las actuaciones
surtidas dentro del anterior proceso de tutela y solicitaron nuevamente la protección
del derecho fundamental a la salud de la señora Domínguez Ramírez16.
9. Mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, la Sección Quinta17: i) declaró la
falta de legitimación en la causa por pasiva de varias de las autoridades accionadas;
ii) declaró improcedente la tutela respecto de distintas actuaciones judiciales
relacionadas con el proceso de 2022, en particular la sentencia y el incidente de
desacato; y iii) amparó el derecho fundamental a la salud de la accionante frente a
la Nueva EPS.
10 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00016, «Al despacho», 3 de febrero de
2026.
11 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00017, auto del 9 de febrero de 2026 que
ordenó abrir incidente de desacato.
12 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00028, «Registra proyecto», 24 de febrero
de 2026.
13 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00031, «Auto que resuelve incidente de
desacato». La actuación tiene como fecha de providencia el 6 de marzo de 2026, fue incorporada al
sistema el 20 de abril de 2026 y registra firma electrónica el 22 de abril de 2026 a las 8:55 a. m.
14 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índices 00032, 00033 y 00034, relativos a la
remisión a Secretaría, recibo y notificación del auto que resolvió el incidente.
15 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2022-02631-06, Índice 00035, «Archivo», 30 de abril de 2026.
16Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 21 de noviembre de 2024, exp. 11001-03-15-
000-2024-05484-00, al reconstruir los antecedentes de la tutela 11001-03-15-000-2024-04434-00.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de octubre de 2024, exp. 11001-03-15-000-
2024-04434-00, Índice 84 SAMAI.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
10. En consecuencia, ordenó a dicha empresa promotora de salud, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, autorizar,
asignar y garantizar las consultas de anestesiología, neurocirugía, ortopedia y
traumatología y oftalmología; determinados exámenes, entre ellos ecografías y
resonancia magnética de columna lumbosacra; así como los demás exámenes,
citas y procedimientos prescritos por sus médicos tratantes para atender las
patologías diagnosticadas o en proceso de diagnóstico de las cuales existiera
registro en su historia clínica hasta la fecha de expedición del fallo18.
11. La Sección Quinta también ordenó garantizar el transporte de la accionante y su
acompañante, de ida y regreso, desde su residencia hasta el lugar donde fueran
prestados los servicios de salud, con la frecuencia exigida por el tratamiento y
respecto de las terapias, citas, procedimientos y exámenes autorizados en un
municipio distinto al de su residencia19. El fallo no fue impugnado, se notificó el 11
de octubre de 2024 y el expediente se remitió a la Corte Constitucional para eventual
revisión el 22 de octubre de 202420, sin que fuera seleccionado21.
Incidente de desacato rad. 11001-03-15-000-2024-04434-05
12. Ante el presunto incumplimiento de esa providencia, la parte actora de ese
trámite promovió incidente de desacato ante la Sección Quinta del Consejo de
Estado. De acuerdo con SAMAI, el proceso fue radicado el 19 de diciembre de 2025
y, posteriormente, ingresó al despacho por reparto el 13 de enero de 2026, con la
anotación de que se trataba de un incidente por el presunto incumplimiento de la
sentencia del 10 de octubre de 202422. Mediante auto del 29 de enero de 2026, el
despacho efectuó un requerimiento previo a la apertura del incidente 23.
13. Por auto del 11 de febrero de 2026, la Sección Quinta abrió el incidente de
desacato24. La providencia fue remitida a Secretaría ese mismo día y notificada el
12 de febrero de 2026 a los sujetos procesales y demás autoridades concernidas25.
Cumplido el traslado, el expediente ingresó nuevamente al despacho el 26 de
febrero de 202626.
14. Mediante providencia del 12 de marzo de 2026, la Sección Quinta declaró en
desacato a Franci Luced Chávez Bustos, gerente Regional de Salud, y a Juan
Carlos Fontalvo Gamarra, gerente Regional Centro, ambos funcionarios de la Nueva
EPS, por el incumplimiento del fallo de tutela del 10 de octubre de 2024. A cada uno
18 Ibid.
19 Ibid.
20 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-00, Índice 00097.
21 Ibid. SAMAI, Índice 000118.
22 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índice 00001, «Abonado y radicación», del 19 de
diciembre de 2025, y 00003, «Al despacho por reparto», del 13 de enero de 2026.
23 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índice 00009, auto del 29 de enero de 2026 que
requiere previamente a la apertura del incidente.
24 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índice 00020, auto del 11 de febrero de 2026 que
ordenó abrir incidente de desacato.
25 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índices 00021 a 00024.
26 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índice 00031, «Al despacho», 26 de febrero de
2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
le impuso una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes, les ordenó dar inmediato cumplimiento a la sentencia y requirió al
presidente de la Nueva EPS para verificar su acatamiento27.
15. El auto sancionatorio fue recibido por Secretaría y notificado el 13 de marzo de
202628. En los días posteriores se efectuaron nuevas comunicaciones dirigidas a los
sancionados y a diferentes funcionarios de la Nueva EPS29. Debido a la imposición
de la sanción, debía surtirse el grado jurisdiccional de consulta.
16. Según el informe rendido por la Sección Quinta dentro de la presente tutela, la
consulta fue repartida al magistrado Alberto Montaña Plata, integrante de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y el expediente ingresó a su despacho el 13 de abril
de 2026, con radicado 11001-03-15-000-2024-04434-0630.
Presentación de la actual acción de tutela de la referencia
17. El 10 de abril de 2026, la señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez promovió la
presente acción de tutela. Respecto del incidente 11001-03-15-000-2022-02631-06,
atribuyó a la Subsección C de la Sección Tercera una demora en su decisión. En
cuanto al incidente 11001-03-15-000-2024-04434-05, sostuvo que, aunque se había
impuesto una sanción por desacato a funcionarios de la Nueva EPS, el grado
jurisdiccional de consulta aún no había sido decidido. Asimismo, sostuvo que
persistía el incumplimiento material de las órdenes de protección de su derecho
fundamental a la salud impartidas en las sentencias del 27 de octubre de 2022 y del
10 de octubre de 2024, especialmente respecto de los servicios médicos requeridos
y del transporte necesario para acceder a ellos. Finalmente, atribuyó al Ministerio
de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud una omisión
en el ejercicio de sus funciones de vigilancia frente a esa situación.
Pretensiones
18. La accionante solicitó lo siguiente:
“1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad
humana, debido proceso y administración de justicia pronta y cumplida,
que se encuentran vulnerados y en riesgo inminente de daño irreversible.
2. ORDENAR a las entidades accionadas, y en especial a NUEVA EPS,
dar CUMPLIMIENTO INMEDIATO Y EFECTIVO a todas las sentencias
y órdenes judiciales emitidas en mi favor, dentro del término perentorio
que el Despacho establezca, incluyendo: - La renovación inmediata de
27Consejo de Estado, Sección Quinta, informe del 16 de abril de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-
02730-00. En SAMAI, esa providencia corresponde al índice 00032 y registra firma electrónica de
los integrantes de la Sección el 13 de marzo de 2026 a las 3:03 p. m.
28 SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índices 00033 a 00037, del 13 de marzo de 2026.
29SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04434-05, Índices 00039 a 00041, comunicaciones del 19 y
25 de marzo de 2026.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, informe del 16 de abril de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-
02730-00.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
autorizaciones para oftalmología “ en clínica de tercer nivel para cirugía
ocular por cataratas”, anestesiología, neurocirugía, ortopedia ,exámenes
de laboratorio, controles mensuales de tensión arterial, medicamentos,
citas con médico general, nutricionista, cardiólogo, vacunas, y demás
especialidades requeridas con anterioridad y con graves consecuencias
y no amparadas con posterioridad al fallo del diez (10 de Octubre del año
(2024) y hasta la fecha Abril (10) del año(2026): - La asignación urgente
de citas médicas, exámenes, procedimientos y la cirugía ocular
necesaria, en clínica de tercer nivel según orden médica. - El suministro
continuo de medicamentos y tratamientos prescritos sin interrupción y un
amparo integral para la actora pues en ninguna parte existe orden de
amparo integral a su salud pese a estar en riesgo vital su vida como
adulta mayor y mujer discriminada y con “pérdida de visión del 80% pues
desde el año (2022) tiene la “orden de cirugía en clínica de tercer nivel
con corneologo”. - La provisión de transporte ida y regreso, con la
frecuencia necesaria, desde mi residencia hasta Bogotá o Anolaima, para
mí y mi acompañante sin interrupción u a cualquier ciudad y que no está
amparada con posterioridad al (10) de octubre del año (2024) y hasta la
fecha año (2026) y donde se requiere transporte veredal , intermunicipal
y nacional y para evitar cualquier situación trasferir dichos gastos a una
cuenta , pues las entidades a veces no mandan ni autorizan los trasportes
incluso con anticipación. - La asignación de viáticos suficientes para
alimentación y alojamiento durante los días que deba permanecer en la
ciudad para atenciones médicas, exámenes, citas y cirugía, dada mi
condición económica y la distancia geográfica, dada las condiciones de
salud de la actora y el acompañante.
3. ORDENAR a la DIRECTORA DE RELACIONES LABORALES DE LA
NUEVA EPS entregar, en el término más breve posible, las direcciones
electrónicas y datos de contacto de los funcionarios responsables
específicamente del cumplimiento de los fallos, para garantizar la
comunicación y ejecución efectiva de las órdenes.
4. RESOLVER DE MANERA INMEDIATA Y FUNDADA las CONSULTAS
incidentes de desacato que se encuentran pendientes ante las Secciones
Tercera Subsección C y Quinta del Consejo de Estado, aplicando las
sanciones correspondientes según lo dispuesto en el Artículo 53 del
Decreto 2591 de 1991, por el incumplimiento reiterado de las órdenes
judiciales.
5. DICTAR LAS MEDIDAS PROVISIONALES previstas en el Artículo 7
del Decreto 2591 de 1991, desde la presentación de esta solicitud, con
el finde evitar un daño cierto e inminente a mi salud y vida, incluyendo la
orden de atención médica urgente y la provisión temporal de transporte
y apoyo mientras se resuelve el fondo de la acción.
6. ORDENAR al MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
FISCALIAGENERAL DE LA NACIÒN, COMNISION DE ACUSACIONES
DE LA CAMARADE REPRESENTANTES, DEFENSORIA DEL PUEBLO,
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÒN y a la
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ejercer su función de
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
vigilancia, control y seguimiento estricto sobre el cumplimiento de todas
las órdenes emitidas, adoptando las medidas administrativas y
sancionatorias que correspondan en caso de incumplimiento.
7. CONDENAR en costas procesales a las entidades accionadas, de
conformidad con la normatividad vigente, por la actuación negligente y el
abuso del proceso que han generado gastos y sufrimiento innecesarios.
8. DESVIRTUAR que la actora PÌA EUGENIA DOMÌNGUEZ RAMIRÈZ
tiene un AMPARO INTEGRAL a su derecho a la salud sin interrupciones
dada su edad y situación y teniendo en cuenta las irregularidades y
vulnerabilidad ante el cierre y falta de farmacia en la jurisdicción de
Reventones, Anolaima, Cundinamarca y la falta de clínicas de tercer nivel
en el Municipio de Anolaima para su cirugía ocular y medicamentos,
controles médicos con especialistas y generales, vacunas, cirugías,
etc.”31
Fundamentos de la demanda de tutela
19. La accionante sostuvo que la acción de tutela procede contra providencias y
actuaciones judiciales, conforme a la sentencia C-590 de 2005, y atribuyó a las
autoridades accionadas los siguientes defectos: un defecto fáctico, porque las
decisiones ignoran su estado de salud, la distancia geográfica, la falta de transporte
y la condición vulnerable suya y de su acompañante; un defecto sustantivo, porque
la negativa u omisión del suministro de transporte y viáticos necesarios para acceder
a la salud aplica la norma sin considerar el principio de integralidad ni la protección
debida al adulto mayor y al enfermo; un defecto procedimental, por la falta de
ejecución material de las sentencias, la demora en resolver los incidentes de
desacato y la permanencia de los expedientes en secretaría durante semanas, en
contravía del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991; una falta de motivación, porque
las decisiones que ordenan sin garantizar los medios para su cumplimiento se
convierten en meras declaraciones sin eficacia; y un defecto orgánico, porque las
autoridades de vigilancia dejaron de ejercer la competencia que les corresponde al
no exigir el cumplimiento de lo ordenado judicialmente32.
20. Además, la actora invocó, su condición de sujeto de especial protección
constitucional, por su edad, su estado de salud y su situación económica, causas
que, a su juicio, exigen medidas especiales de protección y celeridad inmediata, por
lo que manifestó, se hace indispensable aplicar las medidas provisionales del
Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 para evitar un daño irreversible.
Trámite en primera instancia
21. Mediante auto del 14 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela contra la Sección Cuarta, la
Subsección C de la Sección Tercera y Sección Quinta del Consejo de Estado por
una presunta mora judicial. Esa decisión se amplió a los cuestionamientos dirigidos
31 Ver página 12 del expediente de la Acción de tutela, SAMAI, Índice: 00002
32 Ver páginas 8 y 9 del expediente de la Acción de tutela, SAMAI, Índice: 00002
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
contra la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS, su directora de relaciones
laborales, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional
de Salud y Viva EPS – Sede Marly – Bogotá. Además, la autoridad judicial de
primera instancia vinculó al trámite a la Secretaría General del Consejo de Estado,
a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la
Nación en calidad de terceros con interés. También, negó la medida provisional
solicitada33, y ordenó notificar a las partes y a los vinculados.
22. La decisión precitada fue notificada el 15 de abril de 2026.
23. El 22 de abril de 2026, la accionante, Pía Eugenia Domínguez Ramírez34,
presentó una solicitud de nulidad por presuntas irregularidades en la integración del
contradictorio y en las notificaciones, así como por no haberse requerido copia de
los expedientes relacionados ni comunicado una orden médica sobre cirugía ocular.
En particular, cuestionó la falta de vinculación de algunos funcionarios y terceros
interesados, y la indebida identificación de una IPS.
24. A través de auto del 11 de mayo de 202635, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó dicha solicitud, porque no encontró
configurada ninguna causal que invalidara la actuación ni una afectación sustancial
del debido proceso. Señaló que la Nueva EPS fue debidamente notificada a través
de su correo institucional; que la accionante carecía de legitimación para cuestionar
la falta de vinculación de terceros o la identificación de la IPS, sin perjuicio de que
aquellos no tenían interés directo en el debate sobre mora judicial y la IPS ya había
intervenido; y que la falta de solicitud de copia de los incidentes de desacato no
constituía causal de nulidad ni era necesaria para resolver el asunto, pues la
información podía consultarse en SAMAI. Asimismo, verificó que la orden médica
sobre la cirugía ocular sí había sido aportada con la tutela y trasladada a las partes.
Aunque advirtió que la Subsección B de la Sección Tercera debía ser vinculada por
conocer una consulta de desacato relacionada, consideró que esta situación podía
subsanarse mediante su vinculación al trámite, sin necesidad de anular lo actuado.
Intervenciones
25. La Superintendencia Nacional de Salud36 alegó la inexistencia de nexo causal
entre la presunta vulneración y esa entidad, pues las pretensiones recaen sobre
servicios de salud cuyo aseguramiento y prestación corresponden a la EPS y a la
IPS, funciones que no tiene a su cargo, dado que ejerce de forma exclusiva la
33 La medida provisional se orientaba a ordenar a la Nueva EPS que garantizara 1) la atención
médica urgente de la accionante, a fin de que se le realizara la cirugía ocular, y 2) el transporte de
ella y de su acompañante, desde su residencia y hasta el lugar del procedimiento. Se negó porque
dichos servicios ya se ordenaron en la tutela 2024-04434-00 y cursaba incidente de desacato. Índice
00007 del expediente de tutela en SAMAI.
34Índice 00023 del expediente de tutela en SAMAI. La solicitud se fundó en la falta de notificación
personal de la señora María Ninón Torres Ardila, directora de relaciones laborales y nómina de la
Gerencia de Talento Humano de la Nueva EPS.
35 Índice 00030 del expediente de tutela e SAMAI.
36 Índice 00022 del expediente de tutela en SAMAI.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Precisó que no es superior jerárquico de las Entidades Promotoras de Salud ni del
agente especial interventor, e informó que la Nueva EPS se encuentra bajo medida
de toma de posesión e intervención forzosa administrativa. Con fundamento en lo
anterior, pidió declarar la inexistencia de nexo causal, la falta de legitimación en la
causa por pasiva y su desvinculación del trámite.
26. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por conducto de la
magistrada Adriana Polidura Castillo37 , manifestó que, mediante fallo del 17 de junio
de 2022, proferido dentro de la tutela 11001-03-15-000-2022-02631-00, i) declaró
improcedente la acción en relación con la reapertura del centro de salud de
Reventones, el seguimiento solicitado a cargo de la Superintendencia Nacional de
Salud y las denuncias presentadas contra la EPS Convida y la Fiscalía 41 Unidad
de Vida Seccional de Bogotá; y ii) negó el amparo de los derechos fundamentales
de petición y a la salud.
27. Así mismo, la sección tercera indicó que, en segunda instancia, la Sección
Cuarta de la Corporación, en sentencia del 27 de octubre de 2022, revocó el numeral
cuarto de esa providencia y, en su lugar, amparó el derecho fundamental a la salud
y ordenó a la EPS ECOOPSOS lo siguiente: i) renovar, dentro de los cinco días
siguientes, las autorizaciones otorgadas previamente para la cita de oftalmología,
los exámenes de resonancia magnética de columna lumbosacra simple y radiografía
de hombro, y cualquier otro servicio prescrito por los médicos tratantes hasta la
fecha de esa providencia; ii) asignar las citas correspondientes dentro de un término
prudencial; y iii) suministrar a la accionante y, de ser necesario, a un acompañante,
el servicio de transporte, de ida y regreso, desde su lugar de residencia (finca
Buenos Aires, vereda El Platanal del municipio de Anolaima) hasta el casco urbano
de Anolaima y la ciudad de Bogotá, o cualquier otra ciudad donde deba recibir los
servicios prescritos.
28. La autoridad judicial precisó que, el 19 de diciembre de 2025, la parte actora
solicitó la apertura del incidente de desacato; que el expediente ingresó al despacho
el 13 de enero de 2026; que mediante auto del 15 de enero siguiente requirió a la
Nueva EPS, en su condición de sucesora de ECOOPSOS38 , a la Alcaldía de
Anolaima y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca para que rindieran informe;
que el 9 de febrero de 2026 dispuso la apertura del incidente; que el 18 de febrero
el expediente ingresó al despacho para decisión; que el 24 de febrero se registró
proyecto de auto; y que la providencia se discutió y aprobó en Sala el 6 de marzo
de 2026. Por lo anterior, pidió que se declarara la carencia actual de objeto por
hecho superado.
37 Índice 20 del expediente de tutela en SAMAI. Informe del 21 de abril de 2026, suscrito por la
magistrada Adriana Polidura Castillo.
38 Mediante providencia del 19 de julio de 2023, que resolvió la consulta en el incidente de desacato
11001-03-15-000-2022-02631-03, se reconoció a la Nueva EPS como sucesora procesal de
ECOOPSOS.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
29. Por conducto de su secretario general y jurídico, Viva 1A IPS S.A.39 indicó que
es la encargada de prestar los servicios de salud de I, II y III nivel de complejidad a
los usuarios de la Nueva EPS. Informó que existen múltiples agendamientos
incumplidos por la parte accionante, incluidas agendas realizadas conforme a las
solicitudes de la paciente y sus familiares, y que, en cumplimiento de la garantía de
agendamiento de los servicios contratados, programó cita de medicina general para
el 21 de abril de 2026, toma de laboratorios para el 22 de abril y atención en el
programa de crónicos para el 29 de abril del 2026, todas en la sede Marly de Bogotá.
Precisó que, frente al resto de servicios requeridos, no puede acceder a la
pretensión, ya que no hacen parte de la contratación vigente entre el asegurador
Nueva EPS y esa IPS, y solicitó su desvinculación.
30. Por conducto del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez 40, la Sección
Quinta del Consejo de Estado informó que resolvió el incidente de desacato
11001-03-15-000-2024-04434-05 mediante providencia del 12 de marzo de 2026.
En esa decisión sancionó a la señora Franci Luced Cháves Bustos, gerente regional
de salud, y al señor Juan Carlos Fontalvo Gamarra, gerente regional centro, ambos
funcionarios de la Nueva EPS. La medida se fundó en el incumplimiento del fallo de
tutela del 10 de octubre de 2024, que amparó el derecho a la salud de la accionante.
Así mismo, requirió al presidente de la Nueva EPS para que verificara el
cumplimiento y dispuso el envío del proceso para surtir el grado jurisdiccional de
consulta.
31. Agregó que, verificado el aplicativo SAMAI, el trámite de consulta fue asignado
por reparto al magistrado Alberto Montaña Plata, integrante de la Sección Tercera
de la corporación, con el radicado 11001-03-15-000-2024-04434-06, y que el
expediente ingresó a ese despacho el 13 de abril de 2026, razón por la cual carece
de competencia para pronunciarse sobre ese trámite.
32. La Secretaría General del Consejo de Estado41 efectuó un recuento de las
actuaciones surtidas en ambos incidentes de desacato. Respecto del radicado
2022-02631-06, señaló que el 24 de febrero de 2026 se registró la anotación -
proyecto de auto; y, en relación con el incidente 2024-04434-05, indicó que el 9 de
abril de 2026 el expediente se repartió para surtir el grado jurisdiccional de consulta
y le correspondió al magistrado Alberto Montaña Plata. Manifestó que ha actuado
de manera diligente y conforme a las normas procesales aplicables, sin que se
advierta vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, por lo que
pidió denegar el amparo en lo que respecta a esa dependencia.
39 Índice 00019 del expediente de tutela en SAMAI.
40 Índice 12 del expediente de tutela en SAMAI. Informe del 16 de abril de 2026, suscrito por el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
41 Índice 00017 del expediente de tutela en SAMAI. Informe del 20 de abril de 2026, suscrito por la
secretaria general del Consejo de Estado, Diana Lucía Sánchez Serna.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
33. La Fiscalía General de la Nación42 intervino en dos oportunidades. La
Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones informó
que la accionante figura como denunciante en noticias criminales relacionadas con
los hechos narrados, precisó que la acción de tutela no suple el derecho de petición
y que, si la actora requiere información puntual sobre las investigaciones, debe
acudir directamente a los despachos titulares, para lo cual le remitió los canales de
consulta disponibles. A su turno, la fiscal segunda seccional delegada ante los
jueces penales del circuito de Facatativá señaló que en ese despacho cursan
investigaciones penales activas, en etapa de indagación, en las que la señora
Domínguez Ramírez figura como denunciante, en particular las noticias criminales
110016000050202302506 y 110016000049202462742 contra la Nueva EPS, por el
delito de fraude a resolución judicial, con órdenes impartidas a la policía judicial
pendientes de informe. Expuso que no se le atribuye una conducta omisiva o activa
que incida de manera directa en la prestación del servicio de salud reclamado, ni
existe competencia funcional para disponer el cumplimiento de fallos de tutela, por
lo cual pidió negar las pretensiones en su contra y disponer su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
34. La Procuraduría General de la Nación43, por conducto de apoderado,
manifestó que sus funciones preventivas, de intervención y disciplinaria no implican
coadministración ni intromisión en la gestión autónoma de las entidades del Estado.
Informó que, verificado el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo DOKUS, sobre los mismos hechos y presuntos autores señalados en la
acción no existe queja, actuación con presunta incidencia disciplinaria ni
antecedentes relacionados. Concluyó que no existe acción u omisión suya que
amenace o vulnere los derechos de la accionante, por lo que la tutela resulta
improcedente en su contra, y pidió su desvinculación.
35. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes 44, por
conducto de su secretario, informó que, verificada la trazabilidad de los incidentes
de desacato referidos por la accionante, respecto del radicado 2022-02631-06 se
abrió denuncia formal, asignada mediante la Resolución 391 al representante
investigador Jorge Rodrigo Tovar Vélez, bajo el expediente 6584; y, respecto del
radicado 2024-04434-05, se abrió denuncia formal, asignada mediante la
Resolución 487 al representante investigador Carlos Alberto Cuenca Chaux, bajo el
expediente 7263. Indicó que corrió traslado del auto admisorio de esta tutela a
ambos representantes para que emitieran la respuesta correspondiente en el marco
de sus competencias. Posteriormente, allegó copia del auto de sustanciación del 22
de abril de 2026, sin pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones de esta
acción.
42 Índices 00015 y 00018 del expediente de tutela en SAMAI. Respuestas del 16 de abril de 2026,
suscrita por la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, y del 17 de
abril de 2026, suscrita por la fiscal Doris Janneth González Infante.
43 Índice 00016 del expediente de tutela en SAMAI. Oficio PRIA 00569 del 16 de abril de 2026.
44 Índices 00011 y 00026 del expediente de tutela en SAMAI. Oficios del 16 de abril de 2026 y auto
de sustanciación del 22 de abril de 2026, suscritos por el secretario de la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes, Jairo Fabián Corzo Ordóñez.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
36. La Sección Cuarta y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS, la directora de relaciones
laborales de la Nueva EPS, el Ministerio de Salud y Protección Social y la
Defensoría del Pueblo guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
37. Mediante sentencia del 28 de mayo de 202645, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, resolvió: i) declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; ii) declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado respecto de la Sección Tercera, Subsección C; iii)
negar el amparo solicitado respecto de la Sección Quinta y la Sección Tercera,
Subsección B, así como la pretensión de condena en costas; y iv) declarar
improcedente la tutela en relación con la Nueva EPS, la directora de relaciones
laborales de esa EPS, Viva 1A IPS S.A., la Superintendencia Nacional de Salud, el
Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía General de la Nación, la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
38. Frente a la mora alegada en el incidente 2022-02631-06, el a quo evidenció que
la Sección Cuarta no está legitimada por pasiva, pues no es la encargada de
tramitarlo, y que la Subsección C de la Sección Tercera resolvió el incidente dentro
del trámite de la acción de tutela, el 20 de abril de 2026, cuando declaró terminado
el incidente y se abstuvo de imponer sanción a la Nueva EPS; actuación con la cual
se satisfizo el derecho de acceso a la administración de justicia y se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
39. Respecto del incidente 2024-04434-05, el juez de primera instancia encontró
que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya lo había resuelto para la fecha de
presentación de la acción, mediante la providencia que abrió el incidente el 11 de
febrero de 2026 y la decisión sancionatoria de marzo del mismo año, por lo cual
negó el amparo por no configurarse mora judicial alguna. Frente a la Subsección B
de la Sección Tercera, que conoce de la consulta, tampoco advirtió mora
injustificada, pues esa autoridad le ha impartido el trámite pertinente al proceso,
prueba de lo cual es que el 6 de mayo de 2026 se registró proyecto de providencia.
40. De otra parte, declaró improcedente la tutela frente a la Nueva EPS, la directora
de relaciones laborales y Viva 1A IPS S.A., dado que las peticiones de acatamiento
de las órdenes judiciales fueron estudiadas en los incidentes de desacato referidos.
Consideró improcedente la pretensión contra la Superintendencia Nacional de
Salud, pues ya fue examinada por la Subsección C en la tutela 2022-02631-00, y la
dirigida contra los órganos de vigilancia y control, toda vez que la actora puede
promover directamente ante cada uno la solicitud respectiva. Finalmente, negó la
condena en costas, por la informalidad y gratuidad de la acción, y estimó
improcedente pronunciarse sobre si la accionante obtuvo o no un amparo integral,
45 Índice 00037 del expediente de tutela en SAMAI. La providencia se notificó el 11 de junio de 2026.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
pues el objeto de la acción es la protección de los derechos alegados como
vulnerados en la presente tutela.
Impugnación
41. Contra la decisión precitada, la accionante presentó impugnación el 11 de junio
de 202646, con fundamento en cinco reproches.
42. Primero, el desconocimiento de su condición de sujeto de especial protección
constitucional, pues tiene 74 años, es mujer, adulta mayor, se encuentra en
condición de pobreza extrema, clasificada en el grupo A5 del Sisbén, y padece una
afección ocular grave con pérdida progresiva de la visión, que requiere cirugía en
institución de tercer nivel; además, su acompañante, su hijo, es paciente crónico
que también requiere cuidados, situación familiar de doble vulnerabilidad.
43. Segundo, la ausencia de análisis del derecho a la salud integral bajo los
principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y continuidad. A su juicio,
“la sentencia impugnada se limitó a verificar el trámite de incidentes de desacato,
pero no abordó el núcleo esencial del reclamo”, pues el acceso efectivo depende de
que se cubran también los gastos de alojamiento y alimentación necesarios para
desplazarse desde su residencia en la vereda El Platanal, del municipio de
Anolaima, hasta Bogotá.
44. Tercero, la discriminación por razón de género y edad, pues su caso se trató sin
considerar que es mujer adulta mayor, grupo poblacional que históricamente ha
enfrentado mayores barreras de acceso a la salud y que requiere medidas
diferenciales.
45. Cuarto, el error en la declaración de hecho superado y de falta de legitimación,
ya que las órdenes judiciales originales no se han cumplido materialmente: no se
ha realizado la cirugía ocular, no se entregan los medicamentos, no se garantiza el
transporte completo ni los gastos de sostenimiento, y su estado de salud sigue en
deterioro. Sostuvo que resolver el trámite del incidente sin verificar el cumplimiento
efectivo y real de lo ordenado desnaturaliza el mecanismo de desacato y deja
desprotegido su derecho fundamental.
46. Quinto, la mora judicial y la falta de protección efectiva, pues, aunque se indicó
que los procesos estaban en trámite, el tiempo transcurrido sin respuesta constituye
una mora injustificada, en especial porque el magistrado Alberto Montaña Plata no
ha resuelto la consulta, que continúa en proyecto a la fecha de la impugnación.
46 Índice 00042 del expediente de tutela en SAMAI. El auto del 22 de junio de 2026 concedió la
impugnación (índice 00044).
13
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Trámite de segunda instancia
47. El 3 de julio de 202647, el proceso de tutela fue repartido en sede de impugnación
al despacho ponente. El 6 de julio de 202648, el suscrito consejero ponente
manifestó impedimento para conocer del asunto, por considerar estar incurso en la
causal prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal49.
48. El 7 de julio de 202650, ingresó al despacho del consejero de Estado José
Roberto Sáchica Méndez para resolver el impedimento. A través de auto del 10 de
julio de 202651, negó este bajo lo siguiente argumentos:
“(…)12. Si bien se detallan las circunstancias que lo llevan a calificar su relación
con el magistrado Omar Barreto Suárez como amistad íntima y efectivamente a
éste le correspondió el conocimiento de la acción de tutela 11001-03-15-000-
2024-04434-05; aquello resulta insuficiente para colegir que la imparcialidad del
consejero Pardo Flórez pueda verse afectada dado que las omisiones se le
atribuyen a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como órgano judicial
colegiado, no al magistrado Barreto a título personal, aun cuando sea ponente
e integrante de la sala de decisión, pues su relación con el asunto deriva de su
investidura como consejero de Estado.
13. En tal sentido, se negará el impedimento manifestado por el magistrado
Pardo Flórez y se dispondrá la devolución del expediente al despacho de origen,
para lo de su cargo”52.
49. Esta decisión que fue notificada el 14 de julio de 202653.
50. El 23 de julio de 2026, el expediente ingresó nuevamente al despacho
ponente54.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
51. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
47 Índice 00001 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI.
48 Índice 00004 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI.
49 “Artículo 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son casuales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial”
50 Índice 00007 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI
51 Índice 00009 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI
52 Ver pág. 3 del auto que resuelve el impedimento.
53 Índice 00012 y 00013 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI
54 Índice 00015 del expediente de tutela de segunda instancia en SAMAI
14
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
52. La solicitud de amparo reúne dos tipos de reproches de naturaleza distinta. El
primero atañe a la presunta mora judicial en el trámite de los incidentes de desacato
11001-03-15-000-2022-02631-06 y 11001-03-15-000-2024-04434-05, así como de
la consulta derivada de este último. El segundo se dirige a obtener el cumplimiento
material de las órdenes de amparo proferidas en las sentencias del 27 de octubre de
2022 y del 10 de octubre de 2024, junto con la vigilancia de las entidades de control
sobre ese acatamiento.
53. En consecuencia, la Sala de Subsección entiende que los problemas jurídicos se
circunscriben a determinar: i) ¿si se la Sección Cuarta del Consejo de Estado tiene
legitimidad por pasiva en el trámite de la referencia, en los términos analizados por
el a-quo?; ii) ¿si se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de los incidentes identificados con los 11001-03-15-000-2024-04434-06 y
11001-03-15-000-2024-04434-05, que se decidieron definitivamente durante el
trámite de esta acción?; iii) ¿si la acción de tutela es procedente para obtener el
cumplimiento material de las órdenes impartidas en fallos de tutela anteriores y la
adopción de medidas de vigilancia y sanción por parte de las entidades de control?;
iv) ¿si la Secretaría del Consejo de Estado incurrió en alguna vulneración de los
derechos fundamentales de la actora al gestionar los procesos en que ella es parte?;
y v) ¿si debe ser confirmada la negativa del reconocimiento de las costas en este
proceso adoptado por el juez de primera instancia?
54. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos, la Subsección adoptará la
siguiente ruta de análisis: (i) la carencia actual de objeto por hecho superado en la
mora judicial; (ii) el trámite de cumplimiento del fallo de tutela y la improcedencia de
la acción de tutela para obtener el cumplimiento de sentencias de tutela; y (iii)
examen del caso concreto, en cada uno de los problemas jurídicos planeados.
La carencia actual de objeto por hecho superado en la mora judicial
55. La Corte Constitucional ha establecido que, si durante el trámite de la acción
de tutela la situación que le da origen es superada y desaparecen los hechos que
vulneraban los derechos reclamados, la acción pierde su objeto y debe declararse
el hecho superado. Sobre el particular precisó:
«(…) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión
(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se
supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de
la satisfacción de lo pedido en la tutela (…)»55.
55 Corte Constitucional, sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en
la sentencia T-047 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
56. Esta regla también resulta aplicable a las acciones de tutela promovidas por
mora judicial. Aunque la tardanza injustificada en proferir una decisión puede
vulnerar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
si durante el trámite constitucional la autoridad judicial expide la sentencia o
providencia reclamada, desaparece la omisión que motivó el amparo y cualquier
orden dirigida a obtener ese pronunciamiento se torna inocua. En consecuencia, se
configura, por regla general, una carencia actual de objeto por hecho superado. En
ese sentido, en la Sentencia T-521 de 2005, la Corte Constitucional declaró
superada la situación que originó la tutela al comprobar que, después de presentada
la solicitud de amparo por mora judicial, la autoridad accionada había proferido la
sentencia penal que se echaba de menos.
El trámite de cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato.
Improcedencia de la acción de tutela para obtener la materialización de
sentencias de tutela
57. Cuando la presunta vulneración de los derechos fundamentales surge con
posterioridad al fallo de tutela y consiste en el incumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha providencia, la jurisprudencia constitucional ha señalado de
manera reiterada que la presentación de una nueva acción de tutela resulta
improcedente. En estos eventos, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos
específicos para garantizar la materialización de las decisiones de amparo,
concretamente el trámite de cumplimiento regulado en el artículo 27 del Decreto
2591 de 1991 y el incidente de desacato previsto en su artículo 52, instrumentos
que deben ser promovidos ante el juez que conoció la acción constitucional en
primera instancia.
58. En la Sentencia SU-627 de 201556, la Corte Constitucional precisó que, cuando
la actuación cuestionada es posterior al fallo de tutela y la pretensión se encamina
a obtener el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez constitucional, no
procede una nueva acción de tutela, pues el mecanismo adecuado consiste en
acudir a las herramientas de cumplimiento y desacato previstas por el legislador.
Esta regla fue reiterada en las sentencias T-420 de 202257 y T-185 de 2013, en las
cuales se recordó que corresponde al juez de primera instancia adoptar las medidas
necesarias para garantizar la ejecución de la decisión de amparo y preservar la
eficacia material de los derechos fundamentales protegidos.
59. En consecuencia, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo
paralelo o sucesivo para exigir el cumplimiento de órdenes impartidas en una
sentencia de tutela previa, salvo circunstancias excepcionales reconocidas por la
jurisprudencia constitucional. De ordinario, quien considere que una autoridad o un
particular incumple una orden de amparo debe acudir ante el juez de conocimiento
56 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
57 Corte Constitucional, sentencia T-420 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo. (…) “La jurisprudencia
constitucional ha establecido que el juez de primera instancia es el encargado de hacer cumplir las
órdenes de tutela, aunque estas provengan del juez de segunda instancia o se hayan dictado en el
marco del trámite de revisión de fallos de tutela”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
para promover el correspondiente trámite de cumplimiento o en incidente de
desacato, según el caso.
Análisis del caso concreto
60. La parte accionante promovió la presente acción de amparo con fundamento en
las siguientes actuaciones y omisiones: i) la presunta mora judicial injustificada en
el trámite de los incidentes de desacato con radicados 11001-03-15-000-2022-
02631-06 y 11001-03-15-000-2024-04434-05, que atribuye a las autoridades
judiciales encargadas de resolverlos y a la gestión de la Secretaría de esta
Corporación; ii) el supuesto incumplimiento de la Nueva EPS, de su directora de
Relaciones Laborales de esa entidad y Viva 1A IPS S.A., de las órdenes dictadas
por las autoridades judiciales; y iii) la falta de vigilancia del Ministerio de Salud y
Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud. Además, en la
impugnación, iv) la demandante cuestionó la decisión de no reconocer las costas
que, a su juicio, se causaron en el presente trámite. La Sala examinará
separadamente cada grupo de reproches, con arreglo a las reglas expuestas y a los
argumentos de la impugnación.
De la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado
61. La Sala confirmará la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esa autoridad profirió la sentencia de
segunda instancia del 27 de octubre de 2022 dentro de la tutela 11001-03-15-000-
2022-02631-01; sin embargo, el trámite del incidente de desacato cuya demora se
reprocha corresponde a la Subsección C de la Sección Tercera, juez de primera
instancia de esa acción. Por tanto, la mora alegada no es atribuible a una acción u
omisión de la Sección Cuarta, y la impugnación no ofrece argumento alguno que
desvirtúe esa conclusión.
62. En los demás casos se satisface la legitimación en la causa. La accionante está
legitimada por activa, pues es la titular de los derechos invocados y la beneficiaria
de las órdenes de amparo cuyo cumplimiento reclama. La legitimación en la causa
por pasiva se analizará respecto de las autoridades y particulares a quienes la
demanda atribuye de manera concreta una acción u omisión. En particular, las
autoridades judiciales que conocieron de los incidentes de desacato y de la consulta
están legitimadas por pasiva frente al reproche de mora judicial, mientras que la
Nueva EPS y Viva 1A IPS S.A. lo están respecto del supuesto incumplimiento
material de las órdenes de amparo. En cuanto a las entidades de vigilancia y control,
su eventual legitimación dependerá de la existencia de una conducta concreta que
pueda serles atribuida, cuestión que se examinará con la procedencia de las
pretensiones formuladas en su contra.
17
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
De la mora alegada en el incidente de desacato 11001-03-15-000-2022-02631-
06. Carencia actual de objeto por hecho superado
63. La parte actora solicitó la apertura del incidente el 19 de diciembre de 2025 58 .
Mediante auto del 15 de enero de 2026, la magistrada ponente requirió a la Nueva
EPS, a la Alcaldía Municipal de Anolaima y a la Secretaría de Salud de
Cundinamarca para que rindieran informe sobre el cumplimiento de la sentencia del
27 de octubre de 2022. El 9 de febrero de 2026, dicha autoridad judicial dispuso la
apertura del incidente y corrió traslado por tres días. Vencidos los términos, el
expediente ingresó al despacho el 18 de febrero de 2026 y, el 24 de febrero
siguiente, se registró proyecto de auto. La decisión se discutió y aprobó en Sala el
6 de marzo de 2026, pero solo se registró en SAMAI el 20 de abril de 2026. Mediante
dicha providencia, la Subsección C declaró terminado el incidente de desacato y se
abstuvo de imponer sanción a la Nueva EPS59. El 22 de ese mes y año, se envió la
providencia a la Secretaría de esta Corporación60. Este mismo día, dicha
dependencia notificó el proveído mencionado61.
64. De ese recuento se advierte que, aunque el proyecto fue aprobado el 6 de marzo
del año en curso, la providencia fue incorporada, suscrita y puesta en conocimiento
de las partes después del 10 de abril de 2026, fecha la presentación de la tutela. En
efecto, la firma del fallo y su notificación constituye el momento a partir del cual cesó
la situación alegada como vulneradora de los derechos fundamentales de la actora,
dado que allí objetivamente se sabe de la decisión que hacía falta. En consecuencia,
desaparecieron los supuestos fácticos que sustentaban la alegada vulneración y se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, tal como lo declaró el a
quo. Además, la Sala destaca que el trámite incidental se surtió de manera continua
y ordenada: entre el ingreso del expediente al despacho para decisión y la
aprobación del proyecto en Sala transcurrieron menos de tres semanas, lapso que
no refleja desidia ni parálisis atribuible a la autoridad judicial. Por ello, se confirmará
la decisión de primera instancia en este aspecto.
De la mora alegada en el incidente de desacato 11001-03-15-000-2024-04434-05
y en el grado jurisdiccional de consulta. Carencia actual por hecho superado
65. En cuanto al incidente que conoció la Sección Quinta de la Corporación, la Sala
encuentra que la solicitud se radicó el 19 de diciembre de 2025, por el
incumplimiento de la orden impartida en la sentencia del 10 de octubre de 2024. El
11 de febrero de 2026, esa autoridad dio apertura al incidente y, mediante
providencia del 12 de marzo de 2026, sancionó a dos funcionarios de la Nueva EPS
con multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada
uno, les ordenó dar inmediato cumplimiento al fallo y dispuso el envío del expediente
58 La solicitud de apertura se radicó el 19 de diciembre de 2025 y, surtida la vacancia judicial, la
Secretaría General la registró en SAMAI el 13 de enero de 2026. Índices 0001 y 0002 del incidente
de desacato 11001-03-15-000-2022-02631-06 en SAMAI.
59 Índices 00017, 00027 y 00028 del incidente de desacato 11001-03-15-000-2022-02631-06 en
SAMAI.
60
Índice 00032 del incidente de desacato 11001-03-15-000-2022-02631-06 en SAMAI.
61 Índices 00034 del incidente de desacato 11001-03-15-000-2022-02631-06 en SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
para surtir el grado jurisdiccional de consulta62. Así, para la fecha de presentación
de esta acción, la Sección Quinta ya había resuelto el incidente de desacato, por lo
cual no se configura mora judicial alguna atribuible a esa autoridad y se confirmará
la negativa del amparo en su contra, como dispuso el a-quo.
66. Frente al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que conoció del
grado jurisdiccional de consulta con el radicado 11001-03-15-000-2024-04434-06,
la Sala advierte una carencia actual de objeto por hecho superado. El expediente
se repartió el 9 de abril de 2026 e ingresó al despacho del consejero Alberto
Montaña Plata el 13 de abril del mismo año. Durante el trámite de esta acción, el 11
de junio de 2026, esa autoridad profirió el auto que decidió el grado jurisdiccional de
consulta. Con esa decisión desapareció la omisión que se reprochaba y la
pretensión de la accionante quedó satisfecha de manera íntegra. En consecuencia,
la Sala modificará la sentencia impugnada en este punto y, en lugar de negar el
amparo, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.63
De las pretensiones de cumplimiento de las órdenes de amparo y de vigilancia
de las entidades de control
67. La Sala no desconoce que la accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, por su edad, su estado de salud y su condición socioeconómica. No
obstante, esa condición no releva el examen de procedencia de la acción ni
convierte la tutela en una vía para reabrir amparos ya concedidos. La protección
reforzada opera dentro de los cauces que el ordenamiento dispone.
68. Por las razones expuestas, no se advierte la discriminación por razón de género
y edad alegada por la impugnante. La decisión de primera instancia no negó el
amparo en función de su condición personal, sino a partir de la configuración
objetiva de la carencia actual de objeto, la ausencia de mora judicial injustificada y
la improcedencia de las demás pretensiones, brindando a la accionante el mismo
trato que el ordenamiento jurídico prevé para cualquier persona en idéntica situación
procesal.
69. En la misma línea, la Sala tampoco comparte el reproche según el cual el
fallador de instancia se limitó a verificar los incidentes de desacato e ignoró el
amparo integral del derecho a la salud y el cumplimiento material de las sentencias
del 27 de octubre de 2022 y del 10 de octubre de 2024. La inconformidad de la
actora no responde a una nueva controversia sobre la salud, sino a la ejecución de
órdenes previas; propósito para el cual el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y el
incidente de desacato ofrecen mecanismos idóneos y eficaces que tornan
improcedente la interposición de una nueva acción de tutela, de acuerdo con el
precedente constitucional citado en esta providencia.
62 Índice 00032 del expediente de tutela 11001-03-15-000-2024-04434-05 en SAMAI. La decisión se
notificó el 13 de marzo de 2026 y se comunicó el 25 de marzo del mismo año.
63 2026 SAMAI Expediente: 11001031500020240443406, índice: 00007 Documento:
5Autoquedecide_confirmas_20240443406Autoconsu(.pdf) NroActua 7
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
70. En efecto, los jueces constitucionales que ampararon el derecho a la salud de
la señora Domínguez Ramírez conservan la competencia hasta que el derecho esté
completamente restablecido. Por tanto, la accionante puede solicitar la activación
del trámite de cumplimiento o de incidente desacato.
71. Respecto a la pretensión de que las nuevas necesidades de la accionante, como
los gastos de alojamiento y alimentación durante sus desplazamientos, se
reconozcan en esta sede, tampoco está llamada a prosperar por esta vía, pues su
definición corresponde, en primer término, a la Nueva EPS conforme a las
prescripciones de los médicos tratantes y, en caso de controversia, a los
mecanismos ordinarios y constitucionales dispuestos para el efecto, sin que esta
tutela, cuyo objeto se circunscribió a la mora judicial y al acatamiento de órdenes
previas, sea el escenario para ampliar el alcance de amparos que hicieron tránsito
a cosa juzgada.
72. A ello se agrega que la accionante es beneficiaria de un amparo integral de su
derecho a la salud. Por esa razón, las necesidades derivadas de sus
desplazamientos pueden reclamarse ante el juez de primera instancia, mediante el
trámite de cumplimiento o el incidente de desacato respectivo.
73. En relación con la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Acusaciones de
la Cámara de Representantes, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General
de la Nación, la Sala confirmará la improcedencia declarada en primera instancia.
La accionante pretende que, por medio de esta acción, se ordene a dichas
autoridades ejercer funciones de vigilancia, control, investigación o sanción respecto
del cumplimiento de los fallos de tutela previamente proferidos. Sin embargo, no
acreditó haber formulado previamente ante todas ellas solicitudes concretas
encaminadas a obtener esas actuaciones ni que exista una negativa u omisión
susceptible de ser atribuida, en cada caso, a dichas entidades. En consecuencia, la
tutela no puede emplearse para sustituir las actuaciones que corresponde promover
directamente ante las autoridades competentes.
74. Las actuaciones allegadas por algunas de esas entidades refuerzan esa
conclusión, sin que ello implique efectuar un estudio de fondo sobre una vulneración
autónoma de derechos fundamentales. Así, la Fiscalía General de la Nación informó
que adelanta dos indagaciones penales relacionadas con los hechos denunciados
por la accionante; la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes
acreditó la apertura y asignación de denuncias relacionadas con los incidentes de
desacato; y la Procuraduría General de la Nación señaló que no encontró registrada
una queja disciplinaria promovida por la actora respecto de esos hechos. Estas
circunstancias evidencian, además, que no se configura una situación que haga
necesaria la intervención excepcional del juez constitucional para suplir las
gestiones que corresponden a la interesada ante cada organismo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
De la solicitud dirigida contra la Secretaría General del Consejo de Estado
75. La demanda pidió la vinculación de la Secretaría General del Consejo de Estado
para que explicara la remisión de los incidentes de desacato al grado jurisdiccional
de consulta e identificara la autoridad competente para resolverlos, en los términos
del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. La sentencia de primera instancia no
adoptó una decisión expresa sobre esa dependencia.
76. La Secretaría General intervino en el trámite y rindió un recuento de las
actuaciones surtidas en ambos incidentes. Respecto del radicado 11001-03-15-000-
2022-02631-06 informó que el 24 de febrero de 2026 se registró el proyecto de auto.
En relación con el incidente 11001-03-15-000-2024-04434-05 señaló que el 9 de
abril de 2026 el expediente se repartió para surtir el grado jurisdiccional de consulta
y correspondió al despacho del consejero Alberto Montaña Plata.
77. De ese recuento se sigue que la Secretaría General efectuó el reparto y las
actuaciones secretariales a su cargo dentro de los términos previstos. La accionante
no acreditó una demora u omisión atribuible a la Secretaría General en las
actuaciones que estaban a su carga. En consecuencia, la Sala adicionará la
sentencia impugnada y negará el amparo respecto de la Secretaría General del
Consejo de Estado.
De la negativa de condena de costas
78. Finalmente, la Sala confirmará la negativa de la condena en costas, pues la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad y gratuidad, para su ejercicio no
se exige derecho de postulación y el caso no se adecúa al artículo 365 del Código
General del Proceso, dado que no hay parte vencida. Tampoco resulta procedente
pronunciarse sobre si la accionante obtuvo o no un amparo integral, pues el objeto
de esta acción es la protección de los derechos fundamentales alegados como
vulnerados en la presente tutela.
El sentido de la decisión
79. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 28 de mayo de 2026,
en cuanto a las siguiente decisiones: i) declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; ii) declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado frente a las actuaciones de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; iii) negar el amparo solicitado respecto de
la Sección Quinta y de la determinación de negar la condena en costas; y iv) declarar
improcedente la tutela en relación con la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS,
la directora de relaciones laborales de esa EPS, Viva 1A IPS S.A., la
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
80. Asimismo, modificará la providencia de primera instancia respecto de la Sección
Tercera, Subsección B, que negó la demanda de tutela por la mora en resolver el
grado jurisdiccional de consulta dentro del expediente con radicado 11001-03-15-
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
000-2024-04434-06, en el sentido de declarar la carencia actual de objeto. Por
último, adicionará al fallo impugnado la decisión de negar el amparo respecto de la
Secretaría General del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia
del 28 de mayo de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado, mediante los cuales: i) se declaró la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; ii) se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado; y iii) se declaró improcedente la acción de
tutela frente a la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS, la directora de Relaciones
Laborales de esa entidad, la Viva 1A IPS S.A., la Superintendencia Nacional de
Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía General de la Nación,
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia del
28 de mayo de 2026, únicamente en cuanto negó el amparo respecto de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y la pretensión de condena en costas.
TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la sentencia
impugnada respecto del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
negó el amparo por la mora en resolver el grado jurisdiccional de consulta dentro
del expediente con radicado 11001-03-15-000-2024-04434-06 y, en su lugar,
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
CUARTO: ADICIONAR a la sentencia del 28 de mayo de 2026, en el sentido de
NEGAR el amparo respecto de la Secretaría General del Consejo de Estado, de
conformidad a las consideraciones de la presente providencia.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
SEXTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-02730-01
Accionante: Pía Eugenia Domínguez Ramírez
Accionado: Consejo de Estado y otros
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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