RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02733-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02733-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02733-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: NELLY TRUJILLO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se declara improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de
inmediatez incluso en tutelas donde se controvierte asuntos sobre
prestaciones periódicas.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Nelly Trujillo, en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de julio de 2024 y 22 de julio de
2025, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 41001-33-33-007-
2022-00048-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 3661 del 24 de junio de 2020 y
de la comunicación núm. 219567 de 4 de febrero de 2021, mediante las cuales se
le negó la pensión de sobreviviente ante el fallecimiento del soldado Rutbel Rivera
Trujillo y, a título de restablecimiento de derecho, solicitó el reconocimiento y pago

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

de “[…] la pensión de sobreviviente de manera vitalicia y se le cancele los derechos
laborales y el retroactivo de las 14 mesadas pensiones por cada año y demás
emolumentos y su respectiva indexación […]”.

2.2. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia de
31 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Afirmó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Huila, a través de providencia de 22 de julio de 2025, confirmó la
providencia recurrida.

2.4. Sostuvo que las providencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra, al incurrir en
un defecto fáctico, sustantivo y en un exceso de ritual manifiesto.

2.5. Señaló respecto al defecto fáctico que “[…] Tanto el Juzgado (31/07/2024) como
el Tribunal (22/07/2025) incurrieron en un defecto fáctico de dimensión negativa al
restarle valor a la certificación de la Personería Municipal de El Dorado […].
Arbitrariedad Judicial: El juez no puede calificar como "suposición" un hecho
certificado por una autoridad pública que la contraparte aceptó por silencio. Esto
constituye una valoración irracional que desconoce que el soldado no murió por su
deseo de abandonar el servicio, sino por acción del enemigo en un hecho
sobreviniente del resorte de los actos del servicio […]”.

2.6. Manifestó que “[…] El Tribunal incurrió en un defecto sustantivo flagrante al omitir
la aplicación de la Ley 923 de 2004. Según su Artículo 6º, el Gobierno Nacional tiene
la obligación de reconocer las pensiones de sobrevivencia originadas en hechos
ocurridos en misión del servicio o simple actividad desde el 7 de agosto de 2002.
Dado que Rutbel Rivera murió el 18 de septiembre de 2003, su fallecimiento se sitúa
dentro del marco temporal de retroactividad exigido por la ley marco. Al negar el
derecho por no estar en "servicio activo", el Tribunal aplicó una restricción que la
propia Ley 923 y el Decreto 4433 (Arts. 19 y 27) ordenan superar por favorabilidad
al soldado voluntario. […]”.

2.7. Precisó respecto al exceso de ritual manifestó que “[…] El Tribunal me reprochó
por no iniciar el proceso de "muerte presunta". Sin embargo, el Art. 97 del Código
Civil prohíbe iniciar este trámite antes de los 2 años de ausencia. Como el cadáver
apareció a los 19 meses, era físicamente y legalmente imposible para mí como
madre cumplir con este requisito. “El Tribunal me penalizó como accionante por
cumplir la ley civil. Desde el 26 de enero de 2002, como consta en la certificación
del Ejercito (sic) -expediente prestacional hasta el 18 de septiembre de 2003, hay
exactamente 1 año, 7 meses y 23 días. Si se expresa únicamente en meses y días,
el total es de 19 meses y 23 días […]”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, verdad
material, mínimo vital y seguridad social como persona de la tercera edad,
MAXIME EL DIAGNOSTICO – MEDICO (sic) […]”.

[…]

“[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de julio de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila y la sentencia del 31 de julio de 2024
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, 41001-33-33-007-
2022-00048-00. por incurrir en defectos fácticos, sustantivos y exceso ritual
manifiesto.

ORDENAR la emisión de un nuevo fallo que:

Declare la nulidad del retiro por "inasistencia" (Resolución 1186/02) por falsa
motivación, Aplique Ley 923 de 2004 (Art. 6) obliga al Estado a reconocer
pensiones de sobrevivencia por hechos ocurridos desde el 7 de agosto de
2002 y la favorabilidad de la Ley 100 de 1993 (26 semanas), VIGENTE y se
reconozca la Pensión de Sobrevivientes en 1 salario mínimo Legal
Vigente. Contados desde el momento que mi hijo desapareció para las
mismas fuerzas militares 26 (sic) de enero del 2002. […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 17 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegó el siguiente informe:

6. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional solicitó declarar
improcedente la acción constitucional, en la medida que “[…] es de entenderse que
en la presente Acción de Tutela existe una inobservancia manifiesta del principio de
Inmediatez, dejando relucir, como se dijo, que no hay un perjuicio inminente que
realmente esté afectando a la señora NELLY TRUJILLO lo cual se traduce en que
al dar uso de este mecanismo constitucional se está agraviando la naturaleza
jurídica de la Acción de Tutela y desviando el objeto principal de la misma […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

8. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 31 de julio de 2024 y 22 de julio de 2025, proferidas por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo
del Huila, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de
22 de julio de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
del Huila, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que puso fin a dicha controversia.

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

10. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

12. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

17. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

18. La señora Nelly Trujillo, en nombre propio, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de julio de 2024 y 22 de julio de
2025, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicación 41001-33-33-007-
2022-00048-00/01.

19. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.

VI.4.1. Incumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez

20. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.

21. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta

11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”14. [Negrilla fuera del texto].

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].

23. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.

14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

24. Precisadolo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia. Ello
en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que
el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la
providencia acusada por vía de tutela.

25. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente indicar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada por
correo electrónico el 15 de agosto de 202519, y (ii) la presente solicitud de amparo
fue radicada el 9 de abril de 202620.

26. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 9 de abril de 2026, la Sala
observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.

27. En ese orden de ideas, y en atención a que no se observa una causal que
justifique la demora en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala
considera que no se satisface el requisito general de procedibilidad atinente a la
inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los presupuestos para acceder
a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida por la Corte
Constitucional.

28. Adicionalmente, la Sala precisa que el argumento de la accionante relacionado
con el hecho de que la vulneración de los derechos fundamentales persiste en el
tiempo por tratarse de una prestación económica periódica, no significa que
automáticamente se omita el examen de este requisito general de procedibilidad,
simplemente se atenúa su rigurosidad siempre y cuando la parte accionante
demuestre, además de lo expuesto, que padece de una situación de especial
vulnerabilidad o que se encuentra en un estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad o incapacidad física; circunstancias que claramente no
se presentan en el caso de que nos ocupa.

29. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

19
Expediente núm. 41001-33-33-007-2022-00048-00, índice 13 de SAMAI. Mensaje de datos enviado el 13 de agosto de
2025.
20
Índice 2 de SAMAI.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02733-00
Accionante: Nelly Trujillo

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.