Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02736-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02736-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02736-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02736-00
Accionante: ROBERT YESID CASTILLO LÓPEZ
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara la
carencia actual de objeto por sustracción de materia y la improcedencia
por no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la Subsección
C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Robert Yesid Castillo López solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y a
la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 8 de septiembre y 10
de octubre de 2025, proferidas por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral con
número de radicación 25000-23-41-000-2025-00264-00 y la solicitud de unificación
jurisprudencial con radicación número 11001-03-28-000-2025-00160-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que mediante Decreto núm. 1736 de 5 de noviembre de 2024, la procuradora
general de la Nación lo nombró en provisionalidad en el cargo de procurador judicial I
código 3PJ, grado EG, vinculado a la Procuraduría 173 Judicial I para la Conciliación
Administrativa de Bogotá.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
2.2. Señalóque el Sindicato de Procuradores Judiciales (PROCURAR) interpuso
demanda de nulidad electoral contra el referido decreto, la cual fue radicada con el
número 25000-23-41-000-2025-00264-00. Indicó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 30 de abril de 2025, admitió la demanda y decretó
la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo cuestionado.
2.3. Añadió que el 3 de septiembre de 2025 presentó solicitud de unificación
jurisprudencial con fundamento en que existen criterios disímiles entre los distintos
tribunales administrativos e incluso entre subsecciones de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la interpretación del artículo 185 del
Decreto 262 de 22 de febrero de 20001 y la facultad del procurador general de la
Nación para efectuar nombramientos provisionales.
2.4. Expuso que el tribunal profirió sentencia de única instancia, el 8 de septiembre de
2025, mediante la cual declaró la nulidad del Decreto 1736 de 2024 y ordenó la
remisión de la solicitud de unificación al Consejo de Estado.
2.5. Advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió auto de 10 de octubre
de 2025 mediante el cual rechazó la solicitud de unificación de jurisprudencia debido
a que ya se había proferido sentencia de 8 de septiembre de 2025.
2.6. Afirmóque las providencias mencionadas supra vulneraron sus derechos
fundamentales toda vez que incurrió en los defectos procedimental absoluto, orgánico
y en el desconocimiento del precedente.
2.7. Respecto al defecto procedimental absoluto, sostuvo que el tribunal se anticipó al
proferir la sentencia, desconoció reglas esenciales del trámite de unificación de
jurisprudencia, dispuestas en el artículo 271 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112,
norma que incluso fue citada en la parte considerativa de la decisión cuestionada como
sustento para ordenar la remisión del proceso al Consejo de Estado. Asimismo, indicó
que se agotó la posibilidad de obtener pronunciamiento, pese a que se solicitó
oportunamente, habida cuenta de que contra la providencia proferida por el Consejo
de Estado no procede recurso alguno.
2.8. Sostuvo que “[…] El Auto del diez (10) de octubre de 2025, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-28-000-2025-00160-00,
también incurre en un defecto procedimental que vulnera el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia del accionante, pues al rechazar la solicitud de
unificación jurisprudencial con el único argumento de que el proceso ya no estaba
pendiente para fallo, omitió analizar que dicha situación era el resultado directo de una
actuación irregular del Tribunal, consistente en proferir sentencia de fondo mientras
estaba pendiente de resolución una solicitud de unificación válidamente presentada
[…]”.
1
“[…] Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de
Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su
funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e
incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos
[…]”.
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“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
2.9. Indicó que el defecto orgánico se configuró en la medida en que el tribunal impidió
materialmente que el Consejo de Estado ejerciera su competencia de unificación al no
permitirle estudiar la solicitud, dado que el proceso ya no estaba pendiente de
sentencia. En ese sentido, adujo que esa regla prevista en la norma relativa a la
facultad de suspender el trámite para estudiar la unificación fue “[…]
instrumentalizada por el tribunal […]” por cuanto no permitió que existiera dicha
posibilidad.
2.10. Manifestó que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, en particular lo decidido en la sentencia C-
503 de 2020 en la que se concluyó que el procurador general de la Nación cuenta con
una potestad discrecional para optar alternativamente entre el encargo o el
nombramiento provisional para proveer cargos de carrera en vacancia definitiva sin
que exista un orden de prelación obligatorio entre dichas figuras. Adicionalmente,
mencionó jurisprudencia horizontal que se había desconocido al proferir sentencia
denegando las pretensiones de la demanda.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
trabajo, igualdad y acceso a la administración de justicia del señor ROBERT
YESID CASTILLO LÓPEZ.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia No. 191 del 8 de septiembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, dentro del proceso de nulidad electoral con radicación
No. 25000-23-41-000-2025-00264-00, y en consecuencia, ORDENAR al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que,
antes de proferir nueva sentencia de fondo, dé trámite a la solicitud de
unificación jurisprudencial oportunamente presentada ante el Consejo de
Estado, para lo cual deberá abstenerse de decidir el fondo del asunto hasta
tanto dicho órgano se pronuncie.
TERCERA. ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Quinta, que avoque
conocimiento de la solicitud de unificación jurisprudencial por importancia
jurídica radicada bajo el número 11001-03-28-000-2025-00160-00, y proceda a
tramitarla y decidirla de fondo, toda vez que su rechazo mediante Auto del diez
(10) de octubre de 2025 fue consecuencia directa del artificio procesal en que
incurrió el Tribunal al proferir sentencia de fondo estando pendiente dicha
solicitud.
CUARTA. DEJAR SIN EFECTOS el Auto de diez (10) de octubre de 2025,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrado Ponente Omar
Joaquín Barreto Suárez, dentro del radicado 11001-03-28-000-2025-00160-00,
mediante el cual se rechazó la solicitud de unificación jurisprudencial.
QUINTA. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, que profiera nueva sentencia dando aplicación al
precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-
503 de 2020 y al régimen especial de carrera de la Procuraduría General de la
Nación contenido en el Decreto Ley 262 de 2000. […]” [negrilla del texto].
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 23 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés directo en el resultado del proceso a la Procuraduría General de la
Nación y al Sindicato de Procuradores Judiciales.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
acción de tutela en la medida en que el accionante se limitó a reprochar el rechazo
de la solicitud sin explicar las normas, pruebas o precedente que fueron
desconocidos o indebidamente aplicados, lo cual evidencia la falta de relevancia
constitucional.
5.2. Agregó que el auto de 10 de octubre de 2025, objeto de cuestionamiento, estuvo
sustentado en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011 que establece que la solicitud
de unificación de jurisprudencia no es procedente en un caso en el que ya se había
proferido sentencia de única instancia. Igualmente, relacionó distintas providencias
de la Corporación en donde se tomó la misma decisión por cuanto ya se había
proferido fallo de instancia.
5.3. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró los fundamentos que
sustentaron la sentencia cuestionada y destacó que no resulta procedente promover
una nueva demanda contra la misma decisión judicial. Al respecto, señaló que
contra el auto que decretó la suspensión provisional del nombramiento se presentó
acción de tutela, identificada con radicación número 11001-03-15-000-2025-05715-
00, la cual fue declarada improcedente en ambas instancias.
5.4. Asimismo, indicó que contra la sentencia de 8 de septiembre de 2025 se presentó
la acción de tutela con radicación número 11001-03-15-000-2025-08001-00 que se
declaró improcedente en primera instancia y que, para ese momento, se encontraba
pendiente de decisión de segunda instancia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20248.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:
a) Si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
b) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
c) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. El
señor Robert Yesid Castillo López solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo y a
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 8 de septiembre y 10
de octubre de 2025, proferidas por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral con
número de radicación 25000-23-41-000-2025-00264-00 y la solicitud de unificación
jurisprudencial con radicación número 11001-03-28-000-2025-00160-00.
17. Conforme a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, se observa que
el accionante solicitó que se ordenara “[…] al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que profiera nueva sentencia
dando aplicación al precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional en
la sentencia C-503 de 2020 y al régimen especial de carrera de la Procuraduría
General de la Nación contenido en el Decreto Ley 262 de 2000 […]”.
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al presentar el informe dirigido al
presente proceso, informó que la Procuraduría General de la Nación presentó la
acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08001-00/01 en la cual se cuestionó
la misma providencia judicial. En dicho proceso se profirió sentencia de primera
instancia en la cual se declaró improcedente por falta de relevancia constitucional
y, en segunda instancia, se profirió sentencia en los siguientes términos:
“[…] 1. REVOCAR el fallo del 5 de febrero de 2026 proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta, para en su
lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General
de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 8 de septiembre de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
y, ORDENAR a dicha autoridad judicial que dentro de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, profiera una sentencia de reemplazo en la que sean
tenidas en cuenta las consideraciones hechas en esta providencia. […]” [negrilla del texto].
19. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estudiará la configuración de una carencia
actual de objeto por sustracción de materia en esta instancia.
VI.4.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia
20. Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión mediante
providencia de 9 de septiembre de 202113 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: “[…] i) por hecho superado, cuando por alguna
conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal manera
que resulte innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando
se afecta (sic) de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez
constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y iii) por
sustracción de materia […]”.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Exp. 11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, 9 de septiembre de 2021.
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21. Frente a la carencia actual de objeto por sustracción de materia, esta Sala de
Decisión sostuvo lo siguiente: “[…] se configura en aquellos casos en que deja de
existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una
decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de
protección del derecho fundamental invocado […]”14 [negrilla del texto].
22. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
indicado lo siguiente:
“[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:
“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
15
constitucionalmente previsto para esta acción” […]” . [Negrilla fuera de
texto].
23. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales y debido a esto, al desaparecer la causa que da origen a dicha
vulneración, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.
24. En el presente caso se observa que la presente acción de tutela busca la garantía
de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, trabajo y a la igualdad, para lo cual se solicitó como pretensión que se ordene
a la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
14
Ibidem.
15
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Exp. T-3.931.914, M.P. Alberto Rojas Ríos; 7 de septiembre de 2013.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
Cundinamarca que profiera nueva sentencia dando aplicación al precedente
jurisprudencial relacionado con el régimen especial de carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación.
25. De otro lado, se solicitó que, una vez se deje sin efectos la precitada sentencia, el
tribunal se abstenga de decidir el fondo del asunto de la sentencia hasta que dé trámite
a la solicitud de unificación jurisprudencial ante el Consejo de Estado.
26. Como se expuso supra la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia en la acción de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08001-
00/01, mediante la cual dejó sin efectos la sentencia de 8 de septiembre de 2025
proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al considerar que para “[…] el nombramiento provisional, en el caso
examinado, era menester acreditar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio
del cargo, y verificar aspectos tales como la existencia o no previa de una lista de
elegibles vigente, la condición de la vacante (definitiva o temporal). De lo que no da
cuenta la sentencia que se cuestiona […]”.
27. Además, agregó que encontraba acreditado el defecto sustantivo por cuanto se
aplicó de forma indebida la norma y el alcance de la sentencia C-503 de 2020 proferida
por la Corte Constitucional respecto a la discrecionalidad del procurador general de la
Nación para la provisión de cargos de carrera que se encuentren vacantes, la cual no
es manifiestamente desproporcionada.
28. EstaSección considera que, en el caso concreto, se configuró una carencia
actual de objeto por sustracción de materia en la medida en que desapareció el
supuesto fáctico que daba sustento a una de las pretensiones de la solicitud de
amparo. En efecto, la sentencia de segunda instancia proferida en la acción de
tutela núm. 11001-03-15-000-2025-08001-00/01 dejó sin efectos la sentencia de 8
de septiembre de 2025 cuestionada.
29. En ese orden, no es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre este
punto de la controversia planteada, especialmente cuando se advierte que la
providencia que iba a ser sometida a cuestionamiento fue dejada sin efectos, lo que
evidencia que no subsiste una situación actual que amerite la intervención del juez
constitucional. En consecuencia, la presente acción de tutela pierde objeto por
haberse eliminado una de las causas que motivaban su interposición.
30. Conforme a lo anotado, se declarará la carencia actual de objeto parcial por
sustracción de materia respecto a la sentencia de 8 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
31. No ocurre lo mismo con el auto de 10 de octubre de 2025, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por cuanto esta decisión sigue vigente. En
consecuencia, se procederá a estudiar el cumplimiento de los requisitos de
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales frente a la
precitada.
VI.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
32. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental16 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones17.
33. En las acciones de tutela contra providencias judiciales18 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el uso
del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces19.
34. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación20, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del (sic) rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
35. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202221 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
18
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
19
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
20
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
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36. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202322.
37. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales23.
38. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron,
presuntamente, en los defectos procedimental absoluto, orgánico y en el
desconocimiento del precedente.
39. Respecto al defecto procedimental absoluto, sostuvo que el tribunal se anticipó al
proferir la sentencia, desconoció reglas esenciales del trámite de unificación de
jurisprudencia, dispuestas en el artículo 271 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124,
norma que incluso fue citada en la parte considerativa de la decisión cuestionada como
sustento para ordenar la remisión del proceso al Consejo de Estado. Asimismo, indicó
que se agotó la posibilidad de obtener pronunciamiento, pese a que se solicitó
oportunamente, habida cuenta de que contra la providencia proferida por el Consejo
de Estado no procede recurso alguno.
40. Sostuvo que “[…] El Auto del diez (10) de octubre de 2025, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-28-000-2025-00160-00,
también incurre en un defecto procedimental que vulnera el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia del accionante, pues al rechazar la solicitud de
unificación jurisprudencial con el único argumento de que el proceso ya no estaba
pendiente para fallo, omitió analizar que dicha situación era el resultado directo de una
actuación irregular del Tribunal, consistente en proferir sentencia de fondo mientras
estaba pendiente de resolución una solicitud de unificación válidamente presentada
[…]”.
41. Indicó que el defecto orgánico se configuró en la medida en que el tribunal impidió
materialmente que el Consejo de Estado ejerciera su competencia de unificación al no
permitirle estudiar la solicitud, dado que el proceso ya no estaba pendiente de
sentencia. En ese sentido, adujo que esa regla prevista en la norma relativa a la
facultad de suspender el trámite para estudiar la unificación fue “[…]
22
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
24
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
13
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
instrumentalizada por el tribunal […]” por cuanto no permitió que existiera dicha
posibilidad.
42. Manifestó que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional, en particular lo decidido en la sentencia C-
503 de 2020 en la que se concluyó que el procurador general de la Nación cuenta con
una potestad discrecional para optar alternativamente entre el encargo o el
nombramiento provisional para proveer cargos de carrera en vacancia definitiva sin
que exista un orden de prelación obligatorio entre dichas figuras. Adicionalmente,
mencionó jurisprudencia horizontal que se había desconocido al proferir sentencia
denegando las pretensiones de la demanda.
43. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional; ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y iii) corresponde a un
asunto de índole meramente legal.
44. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por las que
considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales […]”.
45. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión adoptada por el
Consejo de Estado no tuvo en cuenta que la radicación de la solicitud de unificación
se había efectuado previa a la fecha en que se profirió la sentencia de única
instancia dentro del medio de control de nulidad electoral.
46. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia
cuestionada:
“[…] 26. La norma transcrita establece que para que el Consejo de Estado asuma el
conocimiento y trámite de una solicitud de unificación de jurisprudencia a petición
de parte, deben cumplirse con las siguientes exigencias:
a) Que el proceso sea de única o segunda instancia
b) Que se encuentre pendiente para fallo
c) Que no se haya registrado ponencia para decidir de fondo
d) Que la petición contenga una exposición clara sobre las circunstancias que
ameriten dictar sentencia de unificación y las razones para ello.
[…]
14
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28. Revisados los presupuestos y requisitos para que proceda dar trámite a la
solicitud de unificación jurisprudencia, se advierte que no se cumple con el previsto
en la primera parte del artículo 271 ibidem, toda vez que el proceso sobre el cual
recae la presente petición no se encuentra pendiente para fallo.
29. En efecto, revisadas las actuaciones en el expediente judicial electrónico
radicado bajo el número 25000-23-41-000-2025-00264-00, objeto de la presente
solicitud y el cual se encuentra visible en SAMAI, se observa que el 3 de septiembre
de 2025 el demandado elevó la petición de que se trata; no obstante, el 9 (sic) de
ese mismo mes y año, la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca emitió sentencia de única instancia, a través de la cual accedió a
las pretensiones de la demanda […].
30. Por ende, comoquiera que ya se profirió fallo en el medio de control de la
referencia, frente al cual el demandado pretendía que se asumiera conocimiento
para efectos de dictar providencia de unificación, se concluye que actualmente no
hay un objeto sobre el cual proveer, de modo que el despacho rechazará la presente
solicitud al no cumplir con uno de los requisitos previstos por el artículo 271 de la
Ley 1437 de 2011, en relación con que el proceso esté pendiente para sentencia.
31. Al respecto, cabe resaltar que esta Corporación en varios pronunciamientos ha
rechazado o ha tomado la decisión de abstenerse de dar trámite a solicitudes
similares a las de la referencia, por la misma causa25. […]”.
47. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
48. Por el contrario, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó
un estudio razonable del caso, en la medida en que al momento en que profirió la
decisión ya se había registrado la sentencia de única instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por lo que no se podía entender satisfecho dicho
requisito para que procediera el estudio de unificación de jurisprudencia.
49. Se destaca que la norma aplicable al caso establece ciertos requisitos para la
procedencia o no del estudio de unificación de jurisprudencia que, en el caso
concreto, no se encontraron del todo satisfechos.
50. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”26.
51. Significa
lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
25
Expediente 76111-33-33-002-2022-00276-01, auto de 25 de noviembre de 2024, Sección Segunda, Subsección A,
magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves (E). Expediente 11001-0326-000-2023-00188-00, auto de 17 de marzo de 2025,
Sección Tercera, magistrado Alberto Montaña Plata. Expediente 76001-33-33-012-2019-00078-01, auto de 29 de mayo de
2025, Sección Segunda, Subsección A, magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez. Expediente 11001-03-24-000-2023-00284-
00, auto de 1.º de agosto de 2025, Sección Primera, magistrada Nubia Margoth Peña Garzón.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Robert Yesid Castillo López
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”27. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”28.
52. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela respecto al auto de 10 de octubre de 2025,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a que no cumplió el
requisito general de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto parcial por sustracción de
materia respecto a la sentencia de 8 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela respecto
al auto de 10 de octubre de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
27
Ibid.
28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02736-00
Accionante: Robert Yesid Castillo López
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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