República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02737-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: inconformidad con los perjuicios reconocidos.
Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Mauricio Alberto Pimienta Naranjo contra el
Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar.
1. Síntesis del caso
El señor Mauricio Alberto Pimienta Naranjo presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
reparación integral y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia del 3 de marzo de 2023, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar y las providencias del 17 de julio y 2 de octubre de
2025, emitidas por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control
de reparación directa radicado al núm. 20001-33-33-005-2018-00151-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02737-00, índice 2, certificado C05DEF6391EA4276 287BC9E2F110178E
EF7AE3F4057012D4 850925877B5324CD.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
2. El señor Alberto Pimienta Cotes adquirió el derecho de dominio y posesión del
«Lote B» mediante la escritura pública núm. 1714 del 2 de junio de 1998, operación
de compraventa celebrada con el señor Edgardo Pupo Pupo. Dicho inmueble
corresponde a un globo de terreno resultante del desenglobe de la finca rural
denominada «Sabana», ubicada en el municipio de Valledupar (Cesar).
3. El departamento del Cesar y el Consorcio «UPAR-CACIQUES» suscribieron
contrato de obra núm. 2015020394 del 16 de febrero de 2015, cuyo objeto era la
«remodelación y adecuación del parque del barrio Sicarare y el parque del barrio
Divino Niño del municipio de Valledupar — departamento del Cesar».
4. En desarrollo del referido contrato de obra, una parte del inmueble de propiedad
del señor Pimienta Cotes fue ocupada de forma permanente para la construcción
de un tramo de la vía pública, en la diagonal 10 adyacente al parque del Divino Niño,
con la carrera 44 de la ciudad de Valledupar.
5. Los señores Alberto Pimienta Cotes, Gloria Mercedes Naranjo de Pimienta,
Mauricio Alberto Pimienta Naranjo, y otros familiares, presentaron demanda de
reparación directa contra el departamento del Cesar y el consorcio «UPAR-
PARQUES INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERÍAS, INGECO SAS», con
el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales causados
por la ocupación irregular de una franja del inmueble de su propiedad.
6. El Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 3 de
marzo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
considerar que los demandantes fueron despojados de forma irregular de una franja
de su terreno, para la construcción de una obra pública, sin las debidas
compensaciones, por lo que estaba acreditado el daño antijurídico reclamado.
Contra dicha decisión, las dos partes del litigio presentaron recurso de apelación.
7. La parte demandante, en su escrito de apelación, solicitó que se incluyera en el
cálculo de los perjuicios por concepto de daño emergente un área de terreno
adicional, de conformidad con lo indicado en el informe pericial. De igual manera,
pidió el reconocimiento y pago del lucro cesante y los perjuicios morales.
8. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de providencia del 17 de julio de
2025, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto reconoció
«la indexación de la suma de dinero a la que fue condenado el departamento del
Cesar por la franja de terreno afectada con la construcción de calzada y bordillos en
el tramo de la diagonal 10 en el predio de propiedad del señor Pimienta Cotes» y,
confirmó en lo demás la providencia apelada.
9. La parte demandante presentó solicitud de adición para que se incluyan los
siguientes aspectos: «i) en la liquidación de la indexación el lapso comprendido
entre el 10 de mayo de 2016 al 17 de julio de 2025 (fecha de la sentencia de
segunda instancia), ii) se liquide el lucro cesante correspondiente al 6% de la franja
de terreno ocupado por la entidad demandada y iii) se incluya en el daño emergente
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
el área finalmente ocupada por el departamento del Cesar correspondiente a
2.721.630 mts2».
10.El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 2 de octubre de 2025,
negó la solicitud de adición.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
PRIMERA: Que el Consejo de Estado PROTEJA Y AMPARE mis derechos
fundamentales AL DEBIDO PROCESO y RESPETO DEL PRECEDENTE JUDICIAL,
violados por el Juzgado 5º Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante las Sentencias de 3 de marzo de 2023, 17 de julio y 2 de octubre de
2025, al negar i) reconocer y pagar el lucro cesante, equivalente al 6%, y ii) negar incluir
en la liquidación del daño emergente la totalidad del área de terreno ocupada de
2,721.630 mts2, con la construcción de calzada, andenes y bordillos en un terreno de
propiedad del Señor Alberto Pimienta Cotes.
SEGUNDA: Que el Consejo de Estado ORDENE al Tribunal Administrativo del Cesar
y al Juzgado 5 Administrativo del Circuito, proferir fallo complementario de reemplazo
parcial, donde liquide el monto del lucro cesante desde la ocupación de la franja de
terreno del predio «Lote B» y hasta la sentencia complementaria, equivalente al 6%
sobre el valor del daño emergente que finalmente se establezca, debidamente
indexado, por concepto de la privación del uso y explotación económica de la franja de
terreno ocupada.
TERCERA: Que el Consejo de Estado ORDENE al Tribunal Administrativo del Cesar y
al Juzgado 5 Administrativo del Circuito, proferir fallo complementario de reemplazo
parcial, donde incluya dentro de la liquidación del daño emergente el área total de
terreno establecido en el Dictamen Pericial ordenado en la Audiencia de Pruebas y
practicado por el citado Juzgado y elaborado por el perito OSCAR FERNANDO
CORREA CAMARGO, donde estableció en cumplimiento de la orden judicial que el
área de terreno ocupada correspondía a 2.721.630 mts22.
12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque ordenaron
actualizar las sumas por las que resultó condenado el departamento del Cesar, por
concepto de lucro cesante, con fundamento en el artículo 192 del CPACA, pero no
tuvieron en cuenta que los supuestos descritos en dicha norma no regulan este tipo
de perjuicios en casos de ocupación irregular de un inmueble durante la ejecución
de un contrato de obra pública.
13. En este sentido, explicó que el referido artículo regula una situación causada
después de proferida la sentencia que impone la condena a pagar una suma líquida
de dinero; mientras que la indemnización por lucro cesante está referida a una
situación ocurrida antes del fallo, como es la privación del uso del predio, o
inmovilización de este, entre el momento de la ocupación del inmueble con la obra
pública y la fecha de la sentencia.
2
Se transcribe incluso con errores de texto.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
14. Por otra parte, indicó que las decisiones cuestionadas desestimaron sus
pretensiones, sin tener en cuenta que la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado3, de manera reiterada, ha establecido que, además de la
indemnización de los perjuicios por lucro cesante, con ocasión de la ocupación
permanente de inmuebles en virtud de trabajos públicos, también procede un interés
legal adicional, «porque se busca compensar el perjuicio sufrido por la privación
temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización
integral y es compatible con la indexación».
15. Agregó que las providencias objeto de tutela, también omitieron aplicar el
precedente vertical, en el cual el «Tribunal Administrativo del Cesar4, tratándose de
condenas por invasión de inmuebles que privan a su propietario del uso y goce,
aplica el «sucedáneo indemnizatorio» por lucro cesante equivalente al interés legal
del 6%».
16. Finalmente, expuso que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
fáctico, por cuanto ignoraron el contenido del informe pericial aportado al proceso
ordinario y, en consecuencia, negaron el reconocimiento y pago del daño emergente
tomando como referencia el área ocupada por el departamento del Cesar
correspondiente a 2.721.630 mts2.
17. Destacó que la prueba pericial fue decretada de oficio por el a quo para verificar
con la intervención de un perito topógrafo el área afectada; sin embargo, no fue
íntegramente valorada para determinar el cálculo de los perjuicios reclamados por
la parte demandante, por concepto de daño emergente.
2.3. Trámite procesal
18. El despacho ponente, mediante auto del 16 de abril de 20265, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y
al Tribunal Administrativo del Cesar, y puso en conocimiento el escrito de tutela a
los señores Javier Alfonso Pimienta Naranjo, Alberto Pimienta Cotes, Gloria
Mercedes Naranjo de Pimienta, Rosangela Pimienta Naranjo, al departamento del
Cesar y el Consorcio UPAR Parques (integrado por Inversiones Grandes Vías e
Ingenierías S.A.S. e Ingeniería Equipos y Construcción INENCO S.A.S.), en su
condición de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo del Cesar6 manifestó que, en el asunto planteado, no
se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales referidos por la
parte actora, por cuanto la decisión cuestionada se fundó en la valoración de los
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 28.858.
4
Tribunal Administrativo del Cesar, sentencia de 26 de enero de 2017, exp. 2014-00298-00
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02737-00, índice 4, certificado AD8AF128499039B9 950F3C054BDBFDCD
612F927D9F5DECEC A11E4EA738E026C8.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02737-00, índice 10, certificado C3E1916BF2B4D366 F089AD09F73658B5
46DE5BAB0BECE057 F5091743DB6CBB4C.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
hechos y las pruebas obrantes en el proceso, como se expresó en la sentencia que
es objeto de censura.
20. Asimismo, indicó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se
refieren a desacuerdos con la sentencia que desató el fondo del asunto y cuya única
finalidad es convertir la presente acción constitucional en una instancia más del
referido proceso ordinario. Razón por la cual consideró que la tutela es
improcedente.
21. El Departamento del Cesar7 afirmó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que la solicitud de amparo se dirige a cuestionar una providencia
judicial, en cuyo trámite no tuvo injerencia alguna. De manera que, la conducta que
amenaza o vulnera los derechos fundamentales de la parte accionante no tiene
vínculo o relación con la entidad territorial.
22. Por otro lado, mencionó que la solicitud de amparo es improcedente, debido a
que la parte actora no demostró un hecho concreto en el que se configure una
acción u omisión que pueda derivar en la vulneración de los derechos invocados.
23. Los demás sujetos vinculados al presente trámite constitucional guardaron
silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
contra el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa del señor Mauricio Alberto Pimienta
Naranjo está acreditada, porque fue el demandante en el medio de control de
reparación directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció
sus derechos fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Administrativo de Valledupar y del Tribunal Administrativo del Cesar, debido a que
fueron las autoridades que profirieron las providencias objeto de estudio.
27. Por otro lado, se advierte que el departamento del Cesar solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamado a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-02737-00, índice 11, certificado 96079CA41696967A DA2A58D61AB990D1
466F1A3B02FA22F9 C4D532E26CA442BC.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
28. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
29. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar y por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control
de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
30. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la sentencia
expedida el 17 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, toda vez
que esta decisión fue la que resolvió las inconformidades planteadas por el señor
Mauricio Alberto Pimienta Naranjo en el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo de primera instancia y fue la decisión que dio lugar a la solicitud de adición
promovida por el tutelante.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
36. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
37. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
38. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de
tutela.
39. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 17 de julio de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, fue notificada el 22 de julio siguiente14. Posteriormente, la
providencia que resolvió la solicitud de adición (2 de octubre de 2025) se comunicó
a las partes el 3 de octubre de la misma anualidad, y la demanda de tutela se
presentó el 10 de abril de 202615, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.
40. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
41. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un medio de control de reparación directa.
42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
43. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Cesar
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la reparación integral y a
la tutela judicial efectiva de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 17 de julio de
2025, mediante la cual modificó parcialmente la decisión de primera instancia y, en
consecuencia no accedió a la totalidad de los perjuicios reclamados por los
demandantes?.
14
Samai, exp, 20001-33-33-005-2018-00151-01, índice 24.
15
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-02737-00, índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
44. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
45. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.
46. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
47. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]19.
48. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
49. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
18
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20
3.5.2. El defecto fáctico
50. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
51. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada»23. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.
52. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso25.
53. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
54. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de
manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba
en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.
3.5.3. El desconocimiento del precedente judicial
55. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas29.
56. Al respecto, la Corte Constitucional30 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
30 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales31.
57. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia32.
58. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»33.
59. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela34.
60. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación35.
61. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
31 Se transcribe incluso con errores.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
34 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
35 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.6. Caso concreto
62. En el asunto bajo estudio, el señor Mauricio Alberto Pimienta Naranjo presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el
departamento del Cesar y el Consorcio «UPAR-CACIQUES», con la pretensión de
obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la ocupación de un inmueble
de su propiedad con la ejecución irregular del contrato de obra núm. 2015020394
del 16 de febrero de 2015.
63. En primera instancia, el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, mediante
providencia del 3 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
64. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de
sentencia del 17 de julio de 2025, modificó parcialmente el fallo del a quo, en cuanto
reconoció la indexación de la suma de dinero a la que fue condenado el
departamento del Cesar por la franja de terreno afectada con el contrato de obra y,
confirmó en lo demás la providencia recurrida.
65. Ahora bien, la parte accionante sostuvo en el escrito de tutela que la autoridad
accionada, al proferir la sentencia cuestionada, incurrió en un defecto sustantivo,
pues ordenó actualizar las sumas por las que fue condenado el departamento del
Cesar, por concepto de lucro cesante, con fundamento en el artículo 192 del
CPACA, sin considerar que dicha norma no regula este tipo de indemnizaciones en
casos de ocupación irregular de un inmueble durante la ejecución de un contrato de
obra pública. Señaló que esta situación se deriva de un hecho ocurrido con
anterioridad al fallo —la privación del uso del predio entre el momento de la
ocupación del inmueble con la obra pública y la fecha de la sentencia—, por lo que,
a su juicio, la disposición aplicada no resultaba pertinente.
66. Adicionalmente, indicó que la decisión cuestionada desconoció la jurisprudencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado36, en la cual se ha precisado que,
además de la indemnización de los perjuicios por lucro cesante, con ocasión de la
ocupación permanente de inmuebles en virtud de trabajos públicos, también
procede otorgar un interés legal adicional, «porque se busca compensar el perjuicio
sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte
de la indemnización integral y es compatible con la indexación».
67. Agregó que la autoridad accionada omitió aplicar el precedente vertical, en el
cual el «Tribunal Administrativo del Cesar37, tratándose de condenas por invasión
36
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 28.858.
37
Tribunal Administrativo del Cesar, sentencia de 26 de enero de 2017, exp. 2014-00298-00
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
de inmuebles que privan a su propietario del uso y goce, aplica el «sucedáneo
indemnizatorio» por lucro cesante equivalente al interés legal del 6%».
68. Asimismo, expuso que la decisión censurada incurrió en defecto fáctico, por
cuanto ignoró el contenido del informe pericial aportado al proceso ordinario y, en
consecuencia, negó el reconocimiento y pago del «daño emergente» tomando como
referencia el área ocupada por el departamento del Cesar correspondiente a
2.721.630 mts2.
69. Bajo este contexto es claro que las inconformidades planteadas por la parte
accionante en el escrito de tutela se concretan en la indemnización del perjuicio
reconocido a los demandantes como consecuencia de haberse encontrado probada
la responsabilidad administrativa de la entidad demandada (departamento del
Cesar), en los hechos que dieron lugar a la ocupación del inmueble de propiedad
del señor Alberto Pimienta Cotes, padre del hoy tutelante Mauricio Alberto Pimienta
Naranjo.
70. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela 38, se
observa que el Tribunal Administrativo del Cesar puso de presente que los
argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del juzgado se dirigían a cuestionar lo siguiente: «i) no haber incluido en
la liquidación de los perjuicios por daño emergente el área de 2.721.630 mt2 o zona
afectada por la construcción de la obra pública; ii) no haberse actualizado las sumas
de dinero por las que fue condenado el departamento del Cesar; iii) no haberse
reconocido el 6% como lucro cesante, desde el momento en que el predio fue
invadido hasta la sentencia; iv) no haber reconocido los perjuicios morales y
condenado en costas a la parte demandada por temeridad».
71. En efecto, la decisión cuestionada se pronunció sobre la actualización de la
condena impuesta al departamento del Cesar y el reconocimiento del lucro cesante,
derivado de los ingresos que el propietario del inmueble dejó de percibir como
consecuencia de la ocupación irregular a la que estuvo sometido por la actuación
de la administración departamental, desde la fecha de inicio de la obra pública hasta
la sentencia. Al respecto, expuso lo que sigue:
Sobre la indexación del monto de las condenas impuestas por la jurisdicción, el artículo
187 del CPACA establece que las “(…) condenas al pago o devolución de una suma
líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor
(…)”, razón por la que le asiste razón al recurrente en este sentido, ya que el monto de
la condena impuesta a la entidad territorial demandada fue establecido el 2 de marzo
de 2018 y como la sentencia se profirió el 3 de marzo de 2023 se debió traer al valor
actual la suma que, por concepto de avalúo comercial, se expresó en el citado
dictamen, ante el fenómeno de devaluación de la moneda. [sic].
Lo anterior, por cuanto no es equiparable el tema de la indexación del artículo 187 del
CPACA al regulado por el artículo 192 de la misma codificación, como erradamente lo
consideró el Juez de primera instancia en la sentencia, toda vez que lo regulado por
esta última norma es el término que tiene la entidad pública para dar cumplimiento a la
38
Sentencia del 25 de septiembre de 2026.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
sentencia; entretanto el artículo 187 consigna el ajuste de la condena con base en el
IPC.
Ante ello, se modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 3
de marzo de 2023, para en su lugar acceder a la actualización del valor reconocido por
lucro cesante, teniendo en cuenta para ello la fórmula que para el efecto ha establecido
la jurisprudencia nacional.
72. De acuerdo con lo anterior, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cesar se
refirió al monto de la condena impuesta a la entidad territorial por concepto de lucro
cesante e indicó que este se determinó con fundamento en el avaluó comercial
establecido en el informe pericial del 2 de marzo de 2018, por valor de
$293.822.700. Así pues, como la sentencia de primera instancia se dictó el 3 de
marzo de 2023 era procedente traer a valor presente la suma que se indicó en el
referido dictamen, para evitar la pérdida de valor por la devaluación de la moneda,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.
73. Además, la autoridad judicial aclaró que el fallo de primera instancia confundió
dicha norma con el artículo 192 del CPACA, pues este último regula únicamente el
plazo para cumplir la sentencia, no la actualización de valores. En consecuencia,
consideró que era pertinente modificar la sentencia para reconocer la actualización
del lucro cesante, aplicando la fórmula establecida por la jurisprudencia.
74. Conforme con lo expuesto, se advierte que el Tribunal accionado efectuó un
análisis apropiado de los alcances de los artículos 187 y 192 del CPACA, para
determinar con precisión la norma que permitía garantizar la indexación de la
condena establecida a favor de la parte demandante, por lo que, contrario a lo
expuesto en el escrito de tutela, se puede inferir que la autoridad accionada realizó
una adecuada interpretación del supuesto jurídico aplicable al asunto planteado por
la parte demandante en el recurso de apelación. En consecuencia, no se encuentra
acreditado el defecto sustantivo alegado en la solicitud de amparo.
75. Por otro lado, se destaca que la sentencia objeto de tutela también se pronunció
sobre la procedencia del reconocimiento del 6% de interés respecto del valor del
lucro cesante reconocido, con base en las siguientes consideraciones:
Sobre la inconformidad planteada en relación al reconocimiento del 6% de intereses
sobre el lucro cesante, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en este
tópico, pero por los fundamentos que se exponen en esta decisión, atendiendo a que
la obligación de pagar al demandante deviene del reconocimiento que se hace en la
sentencia, debido a que anteriormente solo existía una mera expectativa de percibir la
indemnización, en tanto que su reconocimiento se encontraba sujeto al resultado del
proceso, por lo que no se puede configurar la presunción de mora que establece el
artículo 1617 del Código Civil a efectos de establecer el interés legal del 6%,
reiterándose, entonces, que la obligación de pagar la indemnización a la parte actora
surge a partir de esta sentencia.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
76. En concreto, se tiene que el argumento expuesto por la autoridad judicial
accionada se enfocó en un estudio del contenido del artículo 161739 del Código Civil
para establecer la procedencia de los intereses legales del 6% sobre el valor del
lucro cesante que reclamó la parte demandante.
77. Al respecto, la sentencia acusada precisó que el demandante no tenía un
derecho cierto al pago, sino una mera expectativa, pues la indemnización dependía
del resultado del proceso. En consecuencia, la obligación de pagar surgió
únicamente con la providencia, momento en el cual se resolvió de manera cierta,
expresa y exigible el deber de la entidad demandada.
78. Lo anterior le permitió concluir al Tribunal que en el asunto estudiado no se
configuró una mora previa, la cual era el requisito para aplicar el interés legal del
6% previsto en el artículo 1617 del Código Civil, ya que el supuesto de hecho
descrito en la norma presupone la existencia de una obligación clara, exigible y
previamente incumplida. Al no existir tal situación, antes del fallo, no había lugar a
sancionar al deudor con intereses moratorios por ese periodo.
79. En este orden, la Sala advierte que el estudio realizado por la autoridad judicial
accionada sobre la exigibilidad del interés reclamado por la parte demandante se
fundamentó en un análisis razonable y coherente del contenido del artículo 1617 del
Código Civil, de los hechos y de las pretensiones reconocidas al interior del proceso
ordinario, lo cual le llevó a colegir que no era posible acceder al pago de un interés
equivalente al 6%, porque la obligación indemnizatoria nació con la providencia que
resultó favorable a las peticiones de la demanda y, por tanto, no podía predicarse
una mora con anterioridad a este acto jurídico.
80. Dicho esto, es pertinente mencionar que la Corte Constitucional40 ha definido el
precedente como el mecanismo que le permite a los funcionarios judiciales resolver
los casos, con fundamento en una sentencia o en conjunto de ellas anteriores a la
solución de un nuevo proceso, que «por su pertinencia y semejanza [con] los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo»41.
81. De esta manera, la Corte ha indicado que para reconocer la existencia de
precedente y no un mero antecedente judicial, se requiere verificar que en la ratio
decidendi del conjunto anterior de fallos judiciales42, o en aquél que tiene la
condición de soporte de una nueva línea jurisprudencial43, se haya fijado una regla
39
ARTÍCULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar una
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los
intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el
cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual.
[…].
40
Corte Constitucional, sentencia SU-304-2024.
41
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
42
Corte Constitucional, sentencias T-534 de 2010, T-673 de 2011, SU-158 de 2013, T-538 de 2015, SU-428 de 2016 y SU-
499 de 2016.
43
Así ocurrió, entre otras, con las sentencias SU-120 de 2003, T-415 de 1992, y SU-146 de 2020.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
de derecho para resolver controversias subsiguientes con similitud fáctica y de
problemas jurídicos44.
82. En el caso bajo estudio, la parte actora afirmó que el Tribunal Administrativo del
Cesar se apartó del criterio establecido por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado45, relacionados con la procedencia del pago del interés legal
del 6%, adicional al valor del lucro cesante reconocido.
83. Al respecto, debe decirse que, en el caso estudiado por esta Corporación, se
efectuó un análisis de los hechos y las pruebas aportadas al proceso con las cuales
se constató que el perjuicio sufrido por la parte demandante tuvo una magnitud
excepcional con la privación temporal del uso del predio que fue objeto de ocupación
irregular. De manera que la procedencia del concepto económico interés pretendido
por el tutelante está sujeto al análisis fáctico y probatorio concreto, que pueda hacer
la autoridad judicial, por lo que este asunto incursiona en al campo de la autonomía
del juez.
84. Aunado a lo anterior, se debe mencionar que la decisión referida por el
accionante no establece una regla de derecho, que hubiese podido ser aplicada a
este asunto, por lo que tal decisión no puede considerarse precedente vinculante
para la autoridad judicial accionada.
85. En cuanto al desconocimiento del precedente vertical, conviene mencionar que
en el presente asunto no se cuentan con las providencias referidas por la parte
actora para verificar los fundamentos de hecho y de derecho en los casos
analizados por el Tribunal Administrativo del Cesar, que permitan precisar el criterio
de la corporación sobre el asunto. De modo, que no es posible constatar la
existencia del defecto alegado.
86. Por otra parte, en cuanto al defecto fáctico alegado por la parte tutelante,
relacionado con la valoración del informe. La Sala pone de presente las
consideraciones desarrolladas en sentencia cuestionada así:
[…], la no inclusión en la liquidación del daño emergente (precio del inmueble ocupado)
derivado del área de terreno afectada con la construcción de la obra pública, la Sala
guarda conformidad con la valoración realizada en la sentencia recurrida, ya que el
dictamen que se tuvo en cuenta para determinar los perjuicios por este concepto fue el
aportado por la propia parte recurrente con la demanda, rendido por un perito
arquitecto, profesional idóneo, quien determinó, de manera clara, fundamentada y
lógica que el valor comercial de la franja de terreno afectada es la suma de
$293.822.700; además, las conclusiones de dicho dictamen sirvió de fundamento de la
pretensión segunda de la demanda.
44
En la sentencia SU-061 de 2023, se dijo que: “para determinar cuándo una sentencia -o varias sentencias- constituyen
precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios a) que en la ratio decidendi de la decisión
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; b) que la ratio decidendi resuelva un problema
jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; c) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.”
45
Sentencia del 12 de noviembre de 2014, radicado 25000-23-26-000-1998-15983-01(28858).
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Es importante precisar, además, que al proceso se allegaron dos dictámenes, uno
elaborado el 10 de agosto de 2021 por el topógrafo OSCAR CORREA CAMARGO y
otro dictamen elaborado por el arquitecto Rubén Darío Carrillo García el 2 de marzo de
2018 -aportado con la demanda
El primero de ellos, es decir, el dictamen realizado por el topógrafo no tenía como
finalidad establecer el avalúo comercial de la franja de terreno prenombrada, como sí
le fue encomendado al arquitecto; además, el perito topógrafo en su informe no
establece en qué se basó para determinar un área distinta a la encontrada por el perito
arquitecto en el informe rendido en 2 de marzo de 2018.
Nótese que al momento de elaborarse el segundo dictamen ya el dictamen del
arquitecto CARRILLO GARCÍA hacía parte del proceso y, por tanto, estaba a
disposición y era conocido por las partes; razón por la cual la Sala no acoge la postura
del recurrente.
87. Lo expuesto permite advertir que el Tribunal Administrativo del Cesar se
pronunció sobre los informes periciales allegados al proceso de reparación directa
e indicó que al trámite judicial se aportaron dos dictámenes, uno elaborado el 2 de
marzo de 2018 por el arquitecto Ruben Darío Carrillo García, que fue aportado con
la demanda y otro expedido el 10 de agosto de 2021 por el topógrafo Oscar Correra
Camargo.
88. Así pues, afirmó que el documento emitido por el arquitecto estableció, de
manera clara, fundamentada y coherente, que el valor comercial de la franja de
terreno afectada ascendía a la suma de $293.822.700, cifra que, además, sirvió de
sustento a la pretensión relacionada con el lucro cesante.
89. Asimismo, el Tribunal refirió que el informe pericial del topógrafo no tenía por
objeto determinar el avalúo comercial de la franja de terreno, finalidad que sí le fue
encomendada al arquitecto. Adicionalmente, el documento del perito topógrafo no
expuso la metodología o los fundamentos técnicos que lo llevaron a establecer un
área distinta a la determinada por el arquitecto en su informe de 2018.
90. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que la valoración
efectuada en la sentencia recurrida se ajusta a los criterios de pertinencia, idoneidad
y suficiencia probatoria, toda vez que el dictamen que se tuvo en cuenta para
cuantificar los perjuicios reclamados por los demandantes fue el aportado por la
propia parte actora con la demanda, elaborado por un perito arquitecto, profesional
competente para determinar el avalúo comercial del bien.
91. De este modo, concluyó que la decisión del a quo de acoger el dictamen del
arquitecto como base para la liquidación del perjuicio pretendido, era razonable y
jurídicamente fundada, razón por la cual no podía inferir el yerro alegado por el
apelante.
92. En este sentido, se advierte que la providencia cuestionada valoró ambos
dictámenes aportados al proceso ordinario y explicó las razones por las cuales el
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
informe del arquitecto era idóneo y pertinente, bajo una lógica, técnica y suficiente,
lo que excluye arbitrariedad.
93. Cabe señalar, que según lo previsto en el artículo 232 del C.G.P., el juez
apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos,
la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás
pruebas que obren en el proceso.
94. En concreto, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que los demandantes pretendían que se les
atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso.
95. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»46.
96. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas y la normativa aplicable al caso
concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
97. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
protección de derechos e intereses colectivos, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
98. Así las cosas, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no
se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por el accionante.
46
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02737-00 (4193)
Accionante: Mauricio Alberto Pimienta Naranjo
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el departamento del
Cesar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Mauricio Alberto
Pimienta Naranjo contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
20
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.