Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02739-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02739-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02739-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Héctor Fabio Barandica Caicedo y otro.
Parte accionada: Tribunal Arbitral convocado por Ferrocarril del Pacífico
S.A.S. en liquidación judicial y la Agencia Nacional de Infraestructura,
integrado por Carlos Felipe Mayorga Patarroyo, Julio Abelardo Roberto
Nieto y José Antonio Rivas Campo.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02739-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial en trámite arbitral. Se
confirma el fallo de segunda instancia. Falta de legitimación.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
1 de junio de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en liquidación judicial promovió trámite
arbitral contra la ANI, para resolver las controversias surgidas en relación con
la reversión de la infraestructura férrea entregada en concesión mediante el
contrato 09-CONP-98.
1.2. El Tribunal Arbitral convocado por Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
liquidación judicial y la ANI en auto núm. 13 del 24 de febrero de 2026
declaró concluidas sus funciones ante la falta de pago de los gastos y
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honorarios.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que “[…] Hay una gran contradicción que invalida
esta actuación, porque una cosa establecieron en estrado y en documentos,
al otorgarle un tiempo perentorio para que la Agencia Nacional de
Infraestructura realizara el pago de sus honorarios, y concederle amparo de
pobreza por su estado de insolvencia a Ferrocarril del Pacifico, pero al final
dan por finalizado el trámite arbitral porque ferrocarril del Pacifico por su estado
de insolvencia, esta imposibilitado de cubrir estos honorarios, téngase en
cuenta que le concedieron un amparo de pobreza. / Señor Juez constitucional,
el estado colombiano representado por La Agencia Nacional de
Infraestructura, se negó a pagar, dando como resultado el no tener derecho a
la administración de justicia en este trámite arbitral […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] -Declarar la falta de legitimación de los Árbitros del tribunal de
arbitramento para cesar las funciones del tribunal arbitral y extinción de
los efectos del pacto arbitral.
[…] Declarar la procedencia de la acción de tutela en la medida que se
vulnera el DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA emitiendo las órdenes
correspondientes para que se mantenga la competencia del Tribunal para
dirimir la demanda que le fue puesta a su consideración y profiera las
decisiones correspondientes para que el Estado, a través de la Agencia
Nacional de Infraestructura ANI garantice el acceso a la administración
de justicia de la amparada por pobre en el trámite arbitral 158421 que se
adelanta en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y con ello se protejan
igualmente los derechos fundamentales cuya vulneración aquí se ha
puesto de presente y los trabajadores como el suscrito puedan contar con
los bienes que le corresponden a la sociedad Ferrocarril del Pacífico
S.A.S. en liquidación judicial dado que no existe otra acción judicial
ordinaria a la que podamos acudir para lograr la protección de nuestros
derechos […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
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1. Mediante auto de 14 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra de la Tribunal Arbitral integrado por Carlos Felipe Mayorga
Patarroyo, Julio Abelardo Roberto Nieto y José Antonio Rivas Campo, y se
vinculó a la Agencia Nacional de Infraestructura, Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio, Ministerio del Trabajo, al Ferrocarril
del Pacifico S.A.S. en liquidación judicial y Camilo Ramírez Zuluaga, en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso.
2. El 1 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando la falta de
legitimación en causa por activa de Héctor Fabio Barandica Caicedo y el
Sindicato de los Trabajadores de Ferrocarril del Pacífico.
3. Mediante auto de 31 de julio de 2026, se concedió la impugnación
presentada contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI solicitó su desvinculación del
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva “[…] en
razón a que no existe vínculo jurídico ni fáctico entre esta entidad y los hechos
que originan la presente acción de tutela […]”, pues la misma se dirigió
exclusivamente contra el Panel Arbitral que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de la parte demandante.
2. El Tribunal Arbitral convocado por Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
liquidación judicial contra la ANI solicitó que se declarara improcedente la
petición de amparo por cuanto los demandantes no hicieron parte dentro del
proceso, pues, estas son únicamente Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
liquidación judicial y la ANI, y que, “[…] La autorización conferida al señor
Héctor Fabio Barandica Caicedo para asistir parcialmente a la audiencia del
21 de enero de 2026 no lo convirtió en parte, tercero procesal, coadyuvante,
litisconsorte ni representante judicial de Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
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liquidación judicial. Por el contrario, el Tribunal precisó expresamente que su
asistencia no lo habilitaba para intervenir activamente en la audiencia y
restringió su presencia en la etapa conciliatoria por razones de
confidencialidad […]”.
3. El Ministerio del Trabajo solicitó “[…] abstenerse de tutelar los derechos
fundamentales acusados por el accionante y se declare el hecho superado en
la presente acción de tutela […]” respecto de la petición presentada por el
demandante en donde se solicitó la certificación de existencia y representación
legal del Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril del Pacífico, pues la misma
se respondió bajo el radicado de salida No. 08SE2026332100000024414 del
15 de mayo de 2026.
4. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela “[…] toda vez que, como ya se
estableció, los hechos que dieron lugar a la acción constitucional corresponden
a actuaciones propias del Tribunal Arbitral al interior del proceso, respecto de
las cuales el Centro no tiene competencia legal para pronunciarse,
modificarlas, revocarlas o adoptar decisión alguna […]”
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 1 de junio de 2026 negó las solicitudes de desvinculación del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y de
la ANI, y declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la parte
actora.
Advirtió que “[…] en caso de haberse vulnerado los derechos fundamentales
de la parte convocante en el trámite arbitral, la titularidad de los derechos no
corresponde a Héctor Fabio Barandica Caicedo o al Sindicato de los
Trabajadores de Ferrocarril del Pacífico, por lo que no están llamados a discutir
sobre el interés jurídico ventilado en este proceso. Razón por la cual, no
cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa […]”.
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V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el fallo de primera instancia dado que su conclusión no
corresponde a la realidad procesal por cuanto en la sentencia se “[…] afirma
expresamente; que Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en Liquidación Judicial,
guardó silencio, dentro del trámite constitucional, lo cual resulta incompatible
con el material probatorio allegado al expediente, pues según tengo
conocimiento obra en el proceso intervención presentada por el señor
Liquidador Judicial y representante legal de Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
Liquidación Judicial, quien compareció expresamente como coadyuvante de la
acción constitucional y solicitó el otorgamiento del amparo reclamado por los
accionantes, incluso a favor de la sociedad que representa […]”
Agregó que “[…] Los accionantes no comparecen como simples observadores
del proceso arbitral. Comparecemos como acreedores laborales reconocidos
de la sociedad convocante y como representantes de una organización
sindical […]” y que los acreedores laborales tienen interés concreto, legítimo y
jurídicamente protegido en la continuidad del trámite del tribunal de
arbitramento privilegiando las formalidades sobre el derecho sustancial.
El señor Gustavo Trujillo Betancourt, obrando en calidad de liquidador y
representante legal de la vinculada Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
Liquidación Judicial, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y
manifestó que “[…] dado que dentro del expediente obra memorial de
intervención y coadyuvancia presentado por el suscrito Liquidador, mediante
el cual comparecí expresamente en representación legal de la sociedad
convocante del trámite arbitral, en representación de la masa de acreedores
reconocidos y particularmente de los acreedores laborales […]”.
Finalmente, solicitó ser reconocido como coadyuvante y precisó que “[…] La
controversia constitucional de fondo nunca fue estudiada, esto es
determinarse si resulta compatible con la Constitución conceder amparo de
pobreza a una parte insolvente, reconocer formalmente su imposibilidad
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económica para luego Imponer (sic) la extinción del arbitraje precisamente por
esa imposibilidad económica […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
El señor Gustavo Trujillo Betancourt, obrando en calidad de liquidador y
representante legal de Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en Liquidación Judicial,
presentó impugnación del fallo de primera instancia, solicitando ser tenido
como coadyuvante de la parte actora y manifestando que “[…] dentro del
expediente obra memorial de intervención y coadyuvancia […] y que la […]
controversia constitucional de fondo nunca fue estudiada […]”. A pesar de lo
afirmado por el señor Trujillo Betancourt, la Sala pone de presente que en el
sistema SAMAI no obra el memorial de coadyuvancia en favor de la parte
actora, es decir, que su primera actuación es la presentación de su
impugnación.
El inciso 2 del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura de
la coadyuvancia en los siguientes términos: “[…] quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud […]”.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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La Corte Constitucional2 ha precisado que “[…] el coadyuvante es un tercero
que tiene una relación sustancial con las partes que, indirectamente, puede
verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable […]”.
Igualmente, que la solicitud de “[…] coadyuvancia puede ser llevada a cabo
hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es
decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión
ante la Corte Constitucional […]”.
Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que se
encuentran satisfechos los presupuestos para reconocer como coadyuvante
del extremo accionante al señor Gustavo Trujillo Betancourt en calidad de
liquidador y representante legal de Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
Liquidación Judicial.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto los impugnantes se encuentran legitimados
para impugnar el fallo de primera instancia. En caso afirmativo:
B) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
C) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante en lo relacionado
con la declaración del Tribunal Arbitral de tener por concluidas sus
2 Auto 401 de 28 de octubre de 2020.
3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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funciones, por cuanto no se hizo la consignación de gastos y
honorarios.
4. Caso concreto
4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa de la parte
impugnante
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona4.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19915 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].
4 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
La Corte Constitucional también ha precisado el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:
“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha
calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe
entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la
vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”6. [Subrayado fuera del texto]
En el presente asunto, el señor Héctor Fabio Barandica Caicedo y el Sindicato
de Trabajadores de Ferrocarril del Pacífico impugnaron la sentencia de tutela
de primera instancia, de 1 de junio de 2026 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, se advierte que no ostentaron
la calidad de partes ni fueron llamados a intervenir en el trámite arbitral en el
que se debatió el interés jurídico objeto de la presente acción constitucional.
En ese sentido, al no encontrarse acreditada su titularidad respecto del interés
jurídico debatido ni su condición de sujetos directamente afectados por la
decisión cuestionada, la Sala concluye que, frente a dichos impugnantes, no
6 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
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se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa para controvertir
el fallo de tutela.
La coadyuvancia del señor Gustavo Trujillo Betancourt, en su condición de
liquidador y representante legal de Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en
Liquidación Judicial no subsana la falta de legitimación mencionada toda vez
que no obra poder que haya otorgado a la parte actora para interponer la
acción constitucional.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala se relevará de
estudiar la impugnación presentada y, en su lugar confirmará la sentencia de
1 de junio de 2026, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 1 de junio de 2026 proferido por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: TENER como coadyuvante de la parte actora al señor Gustavo
Trujillo Betancourt, en su condición de liquidador y representante legal de
Ferrocarril del Pacífico S.A.S. en Liquidación Judicial.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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