Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02740-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02740-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02740-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
21 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02740-00
Demandante: Brandon Estiven Ladino Cuervo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02740-00
Demandante: Brandon Estiven Ladino Cuervo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de cumplimiento de
requisito general de relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio por el señor
Brandon Estiven Ladino Cuervo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de abril de 2026, el señor Brandon Estiven Ladino Cuervo, en nombre propio,
ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, formulando las
siguientes pretensiones:
«PRIMERO. AMPARAR los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.
SEGUNDO. REVOCAR el AUTO INTERLOCUTORIO No. 2026-01-38 NYRD (06 DE
FEBRERO DE 2026) DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B.
TERCERO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B revocar la decisión de primera instancia dentro del
proceso con radicado 11001-33-34-002-2025-00365-00»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La Secretaría Distrital de Movilidad, en audiencia celebrada el 11 de noviembre de
2014, declaró al demandante como infractor por el desconocimiento de lo previsto
en el parágrafo 3° del artículo 5° de la Ley 1696 de 2013 y lo sancionó con la
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02740-00
Demandante: Brandon Estiven Ladino Cuervo
cancelación de su licencia de conducción e inmovilización del vehículo identificado
con placas GHD20D, por el término de veinte (20) días hábiles.
En la sentencia C-428 de 2019, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 3° de la Ley 1696 de 2013, bajo el entendido de que
«transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver
a solicitar una nueva licencia de conducción», siempre que la causal de infracción
haya sido la «contemplada en el numeral 4° de la segunda parte del artículo 26 de
la Ley 769 de 2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de
embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas».
En consideración de los efectos de esa decisión, el actor solicitó a la autoridad de
tránsito la revocatoria directa y la pérdida de ejecutoriedad de la orden de
comparendo nro. 1100100000008096936 del 1° de noviembre de 2014 y de la
decisión adoptada en la audiencia celebrada el 11 de los mismos mes y año. Esas
solicitudes fueron resueltas desfavorablemente mediante los Oficios nros.
202542102435141 del 12 de marzo de 2025 y 202542107652301 del 11 de junio de
2025, cuya legalidad fue controvertida con la demanda presentada en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Efectuado el respectivo reparto, el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá
profirió el auto del 30 de septiembre de 2025 en el que rechazó la demanda, por
considerar que el acto que negó la revocatoria directa no era susceptible de ser
enjuiciado y que la controversia propuesta contra el que negó la pérdida de
ejecutoriedad pretendía revivir términos, motivo por el cual también optó por su
rechazo.
Contra ese auto el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, pero únicamente por el rechazo de la demanda contra el acto que negó
la pérdida de ejecutoriedad de la orden de comparendo y, de la decisión que declaró
al actor como infractor y canceló su licencia de conducción.
El juzgado, en auto del 9 de diciembre de 2025, dispuso no reponer la decisión de
primera instancia porque consideró que, aunque el acto mediante el cual se negó la
pérdida de ejecutoriedad es susceptible de ser demandado, el medio de control se
dirigió a controvertir la legalidad de la sanción adoptada dentro del expediente 3877,
en la que se ordenó la cancelación de la licencia de tránsito del actor, en virtud de
la Orden de Comparendo 1100100000008096936 del 01 de noviembre de 2014.
De manera que, a su juicio, el demandante pretendió revivir la posibilidad de discutir
la legalidad y ejecución de la decisión sancionatoria original, con fundamento en la
premisa según la cual, el acto administrativo que la contiene se ejecuta de forma
recurrente o continuada, concluyendo que, si bien la cancelación de la licencia y la
prohibición de conducir vehículo son medidas coercitivas cuyos efectos son de
carácter continuado, ello no puede predicarse respecto del acto que las impuso,
pues este quedó en firme y ejecutoriado de forma instantánea en el momento en
que se profirió, ya que no se interpuso recurso alguno en su contra ni su legalidad
se impugnó vía judicial.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
en proveído del 6 de febrero de 2026, confirmó la decisión recurrida, con
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fundamento en que las decisiones adoptadas en sede de revocatoria directa y de
pérdida de fuerza ejecutoria no modifican ni redefinen la situación jurídica
previamente consolidada, sino que se circunscriben a resolver solicitudes
formuladas con posterioridad por el administrado respecto de un acto que adquirió
firmeza y fue ejecutado, tales decisiones, por su propia naturaleza, carecen de
efectos jurídicos autónomos que permitan su control judicial independiente.
Agrego que, “el recurso de apelación no controvierte de manera efectiva la razón central
que sustentó el rechazo de la demanda, esto es, la no susceptibilidad de control judicial de
los actos administrativos demandados, sino que insiste en replantear el debate sustancial
sobre la legalidad del acto sancionatorio proferido en el año 2014, cuestión que desborda
el ámbito propio del auto apelado y que no puede ser abordada en esta instancia”.
3. Argumentos de la acción de tutela
Considera el demandante que las providencias cuestionadas, mediante las cuales
las autoridades judiciales rechazaron la demanda contra la decisión que negó la
solicitud de pérdida de ejecutoria del acto administrativo que declaró al demandante
como infractor y canceló su licencia de conducción, carecen de motivación clara y
desconocen la naturaleza del acto cuya legalidad se cuestiona.
Se refirió a la motivación de la providencia cuestionada, según la cual, “el único
argumento esbozado por la parte demandada para rechazar el medio de control ejercido
fue que la figura de pérdida de ejecutoria solo podía alegarse frente a actos administrativos
cuya ejecución fuera continua o hacia futuro, y no frente a aquellos cuya ejecución hubiese
sido instantánea”.
A su juicio, la anterior consideración no tiene en cuenta que los efectos del acto
sancionatorio son continuos, desde noviembre de 2014, hasta noviembre de 2039,
con base en lo cual, afirma es procedente el control judicial sobre la decisión que
negó la pérdida de fuerza ejecutoria1.
Indicó que, aunque el Tribunal sostuvo que la pérdida de fuerza ejecutoria no podía
emplearse como mecanismo indirecto para reabrir indefinidamente un debate
respecto la legalidad de actos administrativos en firme y ejecutoriados, lo cierto es
que omitió argumentar clara y detalladamente las razones sobre las cuales funda
su dicho, lo que denota que la decisión de rechazo de demanda se adoptó «sin
motivación de fondo».
En general, insistió en que, la decisión cuestionada es caprichosa y autoritaria, con
lo que vulneró los derechos de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, lo que hace procedente la presente acción constitucional.
4. Trámite previo
En providencia del 17 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación al demandante, al Tribunal Administrativo de
1 En los términos del accionante “la a-quo en su decisión nunca indicó la razón por la que el acto debatido no se está
ejecutando en forma recurrente o continua, máxime si el acto sancionatorio sigue teniendo efectos desde noviembre de 2014
y hasta noviembre de 2039. Tampoco indicó la juzgadora la razón para evidenciar que con la solicitud de pérdida de fuerza
ejecutoria por decaimiento del acto sancionatorio se estaba pretendiendo atacar su legalidad. Fueron simples comentarios
sin argumentación de fondo, lo que vuelve la decisión autoritaria”.
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Demandante: Brandon Estiven Ladino Cuervo
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en calidad de demandado y al
Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá y al Distrito Capital – Secretaría Distrital
de Movilidad, en condición de terceros con interés. Asimismo, se dispuso la
notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso2.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
se opuso al amparo solicitado por el demandante, manifestó que la decisión
adoptada el 6 de febrero de 2026, que confirmó el rechazo de la demanda
presentada por el señor Ladino Cuervo, no obedeció a una consideración formal ni
a la ratificación de lo resuelto por el juez de primera instancia, sino a la naturaleza
jurídica de los actos administrativos objeto de control.
Señaló que, «las decisiones administrativas mediante las cuales se negó la
revocatoria directa y la declaratoria de pérdida de fuerza ejecutoria no crearon una
situación jurídica nueva, autónoma o diversa de aquella definida desde el año 2014
mediante el acto sancionatorio principal, tales pronunciamientos posteriores se
limitaron a mantener una situación jurídica previamente consolidada, sin modificar
su contenido esencial ni expedir una decisión administrativa independiente
susceptible, por sí misma, de un nuevo juicio de legalidad».
Indicó que a partir de la expedición del acto sancionatorio que impuso un
comparendo al actor, podían proyectarse las consecuencias jurídicas extensivas en
el tiempo. Empero, esto no tenía la virtud de desdibujar las reglas procesales del
mecanismo judicial ordinario, ni mantenía incólume la posibilidad de controvertir su
legalidad.
Sostuvo que la solicitud de amparo de los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia no está llamada a prosperar, porque no acreditó la
afectación cierta, actual y verificable de tales garantías. Una decisión contraria,
conduciría a convertir la tutela en una instancia adicional de revisión.
6. Intervenciones
El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá informó que, con auto del 30 de
septiembre de 2025, rechazó la demanda presentada por el señor Brandon Estiven
Ladino Cuervo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Que, contra esa decisión, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, el primero de ellos resuelto mediante proveído del 9 de
diciembre de 2025, en el mismo auto se concedió la alzada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien, de acuerdo con las actuaciones registradas
en el aplicativo de SAMAI, confirmó el rechazo del mecanismo judicial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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SAMAI, índice 4
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 3, para lo
cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo
solicitado, mediante el empleo de las causales generales4 y específicas5 de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del demandante, con la
expedición del auto del 6 de febrero de 2026, mediante el que confirmó el rechazo
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionada por esta vía.
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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La Sala anticipa que, en el presente caso, se declarará la improcedencia de la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en
el entendido que, insiste en los mismos argumentos que expuso en el recurso de
apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que evidencia
su intención de reabrir el debate con una tercera instancia.
Para llegar a esa conclusión, se abordará: (i) relevancia constitucional como
requisito general de procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela contra
providencia judicial y, (ii) análisis del caso concreto.
(i) De la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
«(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de
tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
6
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Ibidem.
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concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes» (se destaca).
(ii) Sobre la relevancia constitucional en el caso concreto
Brandon Estiven Ladino Cuervo ejerció la acción de tutela para cuestionar el auto
del 6 de febrero de 2026, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, confirmó la decisión de primera
instancia que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento, con fundamento
en que «la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria, aun cuando excepcionalmente
puede ser objeto de control judicial, no puede ser utilizada como un mecanismo
indirecto para reabrir de manera indefinida el debate sobre la legalidad de actos
administrativos firmes y ejecutoriados, pues ello desconocería los principios de
seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones administrativas que informan el
ordenamiento jurídico».
Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora adujo que la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia al no exponer las razones claras y concretas
sobre las cuales fundó la decisión de rechazo, basadas únicamente en la intención
del actor era revivir un trámite administrativo sancionatorio que culminó con una
decisión cuya ejecución fue instantánea.
Verificado en su integridad el expediente judicial, encuentra la Sala que el señor
Brandon Estiven Ladino Cuervo ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Oficio nro. 202542102435141 del 12 de marzo de 2025, que negó la pérdida
de ejecutoriedad del acto administrativo que impuso un comparendo de
tránsito a cargo del demandante y canceló su licencia de conducción por 25
años.
• Oficio nro. 202542107652301 del 11 de junio de 2025, por medio del cual la
Secretaría Distrital de Movilidad negó la solicitud de revocatoria directa del
acto administrativo que impuso un comparendo de tránsito a cargo del
demandante y canceló su licencia de conducción por 25 años.
El Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá, en auto del 30 de septiembre de
2025, rechazó la demanda al considerar que el acto administrativo mediante el cual
se negó la revocatoria directa no correspondió a una decisión definitiva susceptible
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de ser controlada judicialmente, en tanto no generó una situación jurídica diferente
a la primigenia. Asimismo, rechazó la demanda respecto del análisis de legalidad
del acto que negó la pérdida de ejecutoriedad, porque, aunque corresponde a una
decisión sobre la cual puede desplegarse el control judicial, la intención del actor es
utilizar esta figura para revivir términos y actuaciones previamente agotadas, en
firme y ejecutadas.
Contra la anterior decisión el señor Brandon Estiven Ladino Cuervo interpuso los
recursos de reposición y en subsidio apelación, pero únicamente para cuestionar el
rechazo de la demanda presentada contra el Oficio nro. 202542102435141 del 12
de marzo de 2025, que negó la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo con
el cual se impuso un comparendo de tránsito a su cargo y se canceló su licencia de
conducción por 25 años.
Para tal efecto, argumentó que el proveído recurrido desconoció que el acto
administrativo que se demanda es susceptible de control judicial porque el
comparendo impuesto y la cancelación de su licencia de conducción constituye una
orden cuya ejecución es recurrente y continua.
El recurso de apelación se resolvió el 6 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , en el sentido de
confirmar el auto porque «las decisiones adoptadas en sede de revocatoria directa
y de pérdida de fuerza ejecutoria no modifican ni redefinen la situación jurídica
previamente consolidada, sino que se circunscriben a resolver solicitudes
formuladas con posterioridad por el administrado respecto de un acto que adquirió
firmeza y fue ejecutado, tales decisiones, por su propia naturaleza, carecen de
efectos jurídicos autónomos que permitan su control judicial independiente», con lo
que pretende la reapertura de una discusión ya concluida.
Para la Sala, la controversia planteada en el marco del proceso ordinario es la
misma que ahora reprocha el demandante con el mecanismo constitucional de
tutela, alegando la supuesta violación a los derechos de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, toda vez que su alegato, más allá de que se dé la
admisión de su demanda contra el acto que negó una pérdida de ejecutoriedad, es
cuestionar la ejecución de los efectos del acto administrativo que le impuso una
multa de tránsito y ordenó la cancelación de su licencia de conducción por 25 años,
con ocasión de la «desaparición de sus fundamentos de derecho».
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora plantea la misma
controversia jurídica discutida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, al insistir en que la ejecución de la sanción impuesta en el proceso
administrativo adelantado por la Secretaría Distrital de Movilidad, consistente en la
cancelación de su licencia, es continua desde el 1° de noviembre de 2014 hasta el
1° de noviembre de 2039, y no instantánea como lo plantearon los jueces del
proceso ordinario; hecho que, a su juicio, hace procedente el control judicial sobre
la decisión que negó la pérdida de fuerza ejecutoria.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de tutela se
argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cierto es que la parte
actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los mismos
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planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los
desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones jurídicas que
hacen improcedente el análisis de legalidad del acto demandado por evidenciarse
la intención del actor de reabrir un debate finiquitado en el proceso sancionatorio.
Por ello, la Sala concluye que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional para reabrir una discusión agotada, máxime cuando la
providencia impugnada se encuentra debidamente motivada y ajustada al
ordenamiento jurídico.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, evidenciándose con ello su inconformidad con las conclusiones a las que
llegó el juez natural.
Lo anterior, es suficiente para declarar improcedente el amparo invocado por el
demandante.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Brandon Estiven
Ladino Cuervo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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