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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02741-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02741-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02741-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02741 00
Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) en contra de las sentencias proferidas el 18 de noviembre de 2025 y el
13 de febrero de 2026 por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
08001 33 33 014 2023 00350 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), actuando por conducto de su apoderada judicial,
promovió acción de tutela en contra de las precitadas providencias, y para ello,
formuló las siguientes pretensiones1:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y
responsabilidad fiscal de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que se
consideran vulnerados por las providencias judiciales demandadas.

2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el 13/02/2026 por el
Tribunal Administrativo del ATLANTICO, que confirmo la sentencia de
primera instancia.

3. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que
se observe y aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023,
reconociendo que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02741 00.

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corresponde exclusivamente a la entidad territorial que expide tardíamente
el acto administrativo de reconocimiento de cesantías, y no al FOMAG.

4. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en
futuros casos análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad
vigente y la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, evitando imponer al FOMAG obligaciones prohibidas por la
ley y carentes de apropiación presupuestal.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante señaló que el 10 de marzo de 2020 el señor Héctor Antonio
Herrera Flórez solicitó ante el municipio de Soledad el pago de sus cesantías, las
cuales fueron reconocidas mediante acto administrativo del 14 de abril de 2020. No
obstante, la solicitud solo fue remitida al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, en adelante FOMAG, para su pago el 10 de septiembre de 2020. Así
mismo, indicó que, una vez recibida la documentación completa, el FOMAG efectuó
el desembolso el 29 de enero de 2021. Posteriormente, el 30 de junio de 2023, se
radicó reclamación administrativa por la sanción derivada de la mora en el pago.

En ese contexto, el señor Herrera Flórez promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional -
FOMAG y el municipio de Soledad, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
ficto que le negó el reconocimiento de la sanción moratoria y a título de
restablecimiento del derecho, solicitó condenar a las entidades demandadas al pago
de dicha sanción, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retraso,
contabilizados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la
solicitud de cesantías hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito
de Barranquilla, que mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda.

Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en sentencia del 13 de febrero de 2026, modificó la
decisión al sustituir la condena en suma fija ($28.485.188) por el reconocimiento de
la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de mora, liquidada
con base en el salario básico de 2019 y distribuida en 13 días a cargo del municipio
de Soledad y 205 días a cargo del FOMAG.

En relación con la procedencia de la acción de tutela, el accionante sostuvo que el
asunto reviste relevancia constitucional, al comprometer el principio de legalidad del
gasto público y la sostenibilidad financiera del sistema pensional docente, al
ordenarse pagos con cargo a una cuenta especial que, por disposición legal, no
debe asumirlos. Asimismo, afirmó haber agotado los mecanismos ordinarios de
defensa judicial y cumplir con el requisito de inmediatez, al presentar la tutela en un
término razonable.

Respecto de los requisitos específicos de procedencia, alegó que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución.

Frente al defecto fáctico expuso que se configura por la omisión en la valoración
probatoria al no analizar la causa de la mora, pese a que, según afirma, no se

2

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configuró, dado que la reclamación administrativa fue presentada de manera tardía
y, por ende, se encontraba prescrita.

Sobre el defecto sustantivo adujo que se sustenta en el desconocimiento del marco
normativo aplicable, en particular el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, así como
en la omisión de considerar que el Decreto 942 de 2022 establece que el FOMAG
no debe asumir sanciones moratorias originadas en actuaciones de la Fiduprevisora
S.A. o de las entidades territoriales.

Finalmente, sostuvo que se desconoció el precedente judicial vigente, lo cual
configura un defecto sustantivo cuando se aplica una regla ajena al contexto
normativo actual. También alegó la violación directa de la Constitución por la
vulneración de los derechos fundamentales de petición, defensa y contradicción,
igualdad, así como de los principios de legalidad del gasto público y responsabilidad
fiscal.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 10 de abril de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 16 de abril de 20263 la admitió y dispuso notificar4 Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla y al Tribunal Administrativo del
Atlántico y vincular5 al municipio de Soledad – Secretaría de Educación Municipal y
al señor Héctor Antonio Herrera Flórez, como terceros con interés en el resultado
del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Barranquilla y al Tribunal Administrativo del Atlántico para que allegaran copia digital
del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 08001 33 33 014 2023 00350 00/01 fue
remitido6.

3.2. El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia acusada allegó
informe7 en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se configuró ninguna de las causales específicas de procedencia contra
providencias judiciales.

Señaló que la tutela no puede emplearse como una tercera instancia ni como un
mecanismo alternativo para reabrir controversias ya resueltas por el juez natural.

Indicó que actuó conforme a las reglas del debido proceso al abstenerse de valorar
los documentos allegados únicamente en la etapa de alegatos de conclusión, por

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02741 00.
3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02741 00.
4 Esta orden se cumplió el 15 de abril de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02741 00.
5
Ibidem
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02741 00.
7 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02741 00.
3

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cuanto dicha fase no está prevista para la incorporación de nuevos medios
probatorios.

3.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación allego escrito8
en el que expuso que interviene en calidad de coadyuvante con el propósito de
respaldar la solicitud de amparo.

Advirtió que “la decisión judicial cuestionada impuso al FOMAG una obligación que
no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico vigente, en la medida en que la
sanción moratoria objeto de controversia se generó con posterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 942 de 2022, circunstancia que resulta determinante para
efectos de establecer el sujeto responsable de dicha carga”.

Explicó que el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 como un patrimonio
autónomo sin personería jurídica propia, cuya administración está a cargo de una
entidad fiduciaria que actualmente corresponde a la Fiduprevisora S.A.

Resaltó que “el Ministerio de Educación Nacional actúa únicamente como
fideicomitente dentro de la estructura del FOMAG, ejerciendo funciones de dirección
de política pública y supervisión general del sector educativo, pero sin competencia
operativa ni capacidad de decisión sobre la administración de los recursos, la
atención de solicitudes, o la ejecución de los servicios a cargo del Fondo”.

3.4. El líder del área jurídica de la Secretaría de Educación Municipal de Soledad
allegó escrito9 en el que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al no
configurarse los presupuestos excepcionales que habilitan su procedencia contra
providencias judiciales.

Manifestó que este mecanismo no está diseñado para suplir la ausencia de recursos
adicionales, sino para corregir vulneraciones evidentes y graves de derechos
fundamentales, situación que no se presenta en el caso analizado.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo
previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199110 y el
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 11 modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en el
artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el

8
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 02741 00
9
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 02741 00
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”
11 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y

establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
12 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela”.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
4

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Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

4.2.1. El señor Héctor Antonio Herrera Flórez, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Soledad – Secretaría de
Educación Municipal, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto presunto
derivado de la petición radicada el 26 de junio de 2023, mediante el cual se negó el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condenara a las entidades
demandadas al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día
de retardo, contado desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación
de la solicitud de cesantías y hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago.

4.2.2. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Catorce Administrativo del
Circuito de Barranquilla, que mediante sentencia del 18 de noviembre de 2025
accedió a las pretensiones.

4.2.3. Inconforme con dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2026, la modificó al sustituir la condena en suma fija ($28.485.188) por
el reconocimiento de la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada
día de mora, liquidada con base en el salario básico de 2019 y distribuida en 13 días
a cargo del municipio de Soledad y 205 días a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente al escrito allegado por el Ministerio de Educación Nacional, en el que expuso
que interviene en el presente trámite tutelar en calidad de coadyuvante, la Sala
advierte que dicha cartera ministerial ya actúa en este proceso como parte
accionante, comoquiera que la solicitud de amparo se promovió en nombre de “la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG)” y en esos términos
fue admitida.

De hecho, al verificar la documentación allegada junto con el escrito de tutela se
evidencia poder general elevado a escritura pública otorgado por el señor William
Felipe Hurtado, en calidad de jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de
Educación, al profesional del derecho Martín Orlando Méndez Amador para “ejercer
la representación judicial y extrajudicial de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

14 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con radicado núm. 08001 33 33 014 2023 00350 00/01. Visto en el índice 12 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02741 00.
5

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Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
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A su vez, el señor Méndez Amador sustituyó poder a la profesional del derecho
Diana María Hernández Barreto para que “en nombre y representación de la
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) presente ACCIÓN DE
TUTELA en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por HECTOR
ANTONIO HERRERA FLOREZ radicado bajo No.: 08001333301420230035000”.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el auto admisorio del 16 de abril de 2026 esta
Sección reconoció personería adjetiva a la señora Hernández Barreto como
apoderada de la parte actora, es decir, de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG.

Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de coadyuvancia del Ministerio de
Educación Nacional, comoquiera que ya actúa en el presente proceso como parte
accionante.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el
(ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que15:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales
de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro
modo, si no lo hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver

15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

6

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al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la
sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De
manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será
improcedente por no superar la relevancia constitucional.

4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se detendrá
en el examen del segundo y del tercer criterio que la compone, esto es, (i) evitar
que la acción de tutela se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial, e (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4.4.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza
económica

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha dicho que16

[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones” […]. [Subrayado fuera del texto].

En ese sentido, anotó que:17

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según
lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera

16
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal
Pulido.
17
Ibidem.
7

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determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general. [Subrayado fuera del texto].

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es,
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica, no está
superado.

Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora está relacionada
con la condena impuesta en su contra por las autoridades judiciales accionadas al
pago de la sanción moratoria en favor del señor Héctor Antonio Herrera Flórez, en
concordancia con las Leyes 1955 de 2019 y 2294 de 2023, lo que implica un debate
meramente legal y económico.

Al efecto, frente a la naturaleza de la sanción moratoria, la Corte Constitucional, en
sentencia T-599 de 2019, expuso que «(…) el caso sub judice carece de relevancia
constitucional, porque la acción de tutela (i) tiene como finalidad el reconocimiento
de una sanción económica, en lugar de la protección de un derecho fundamental,
toda vez que la accionante solicita únicamente el pago de la sanción moratoria, mas
no la consignación de las cesantías causadas por su trabajo (…)»18.

Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia
constitucional no se cumple.

4.4.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)19. (Se destaca) […].

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128
de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de

18
Corte Constitucional. Sentencia T – 555 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” (…)”. (Se destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la
acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o
reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia
aplicable, resulta evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado
para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia adicional,
con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia del juez natural.

La Sala advierte que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la compone, esto es, impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Ello, debido a que, a través de la solicitud de amparo, la parte actora pretende reabrir
el debate que se surtió en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues sus inconformidades se orientan a controvertir que la orden de pago impuesta
no es atribuible al FOMAG, sino de manera exclusiva a la entidad territorial que
expidió de forma tardía el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, lo
cual ya fue objeto de debate.

Al respecto, el tribunal accionado, en la sentencia acusada, expuso lo siguiente:

[…] conforme se señaló en la Sentencia de Unificación proferida el 18 de julio
de 2018 por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de
ley, o éste no se profiere, la sanción moratoria corre setenta (70) días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde
a: i) quince (15) días para expedir la resolución; ii) diez (10) días de ejecutoria
del acto; y, iii) cuarenta y cinco (45) días para efectuar el pago.

Para el caso concreto, los términos transcurrieron de la siguiente manera:

[…]

Por tanto, es evidente que el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles
que tenía el fondo para realizar el pago empezaron a contabilizarse desde la
fecha en que de conformidad con la disposición debió expedir el acto de
reconocimiento (01 de abril de 2020), más diez (10) días hábiles que
corresponden a la ejecutoria de este de acuerdo con el artículo 76 del CPACA,
lo cual, nos remonta al 25 de junio de 2020.

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Accionante: Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

A este punto, y en lo concerniente a los términos del trámite interno de la
solicitud de reconocimiento de cesantías definitivas, se tiene que no hay
prueba oportunamente 5 arrimada al proceso que permita conocer si el trámite
interno se ajustó a los parámetros legales o no. Se observa que, en auto de
26 de septiembre de 2024, el juzgado de primera instancia dejó constancia de
que la demanda fue admitida por auto del 22 de marzo de 2024, siendo
notificada personalmente al día siguiente, y las entidades demandadas no
emitieron pronunciamiento.

[…]

De esta manera, tenemos que la sanción moratoria por el pago inoportuno de
las cesantías definitivas por parte del Fomag a la demandante es menester
realizarse desde el 26 de junio de 2020 (día siguiente a la fecha en que
finalizaron los 70 días que contempla la disposición reseñada
precedentemente), hasta el 29 de enero de 2021 (día anterior a la fecha en
que se le colocaron a su disposición las cesantías), para un total de
doscientos dieciocho (218) días calendario […].

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la acción de tutela está siendo utilizada
como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario para controvertir lo
resuelto por el juez natural de la causa y la valoración probatoria efectuada, por lo
que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la petición de
amparo no cumple con el tercer criterio de la relevancia constitucional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones
de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su
disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las
facultades oficiosas que tiene.

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes,
simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada
con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley
para pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto,
con el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre
las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez de
constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
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rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del
derecho a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser
controvertida. Pero ese no es el supuesto en el caso que aquí se examina.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por el jefe de la oficina
jurídica del Ministerio de Educación Nacional, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
21 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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