Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02743-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02743-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02743-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02743-00
Accionante: CASIMIRA HERRERA AHUMADA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: Niega mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021
y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
Por auto del 15 de abril del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Casimira Herrera Ahumada, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Bolívar por la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición y al debido proceso.
2. Las anteriores garantías las consideró vulneradas, con ocasión de la demora
en brindar respuesta a una solicitud que radicó ante el tribunal accionado el 17 de
febrero de 2026 y de la pretendida mora judicial en proferir la sentencia de segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelanta la accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones [en
adelante Colpensiones]3.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como autoridad accionada
al Tribunal Administrativo de Bolívar.
3 Proceso identificado con el radicado 13001-33-33- 012-2018-00266-00/01
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Que el despacho ordene a la entidad accionada a efectos de que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo que así lo disponga, de respuesta de fondo
y de manera congruente a las peticiones incoadas por la suscrita en fecha 17 de
febrero de 20264.
1.2. Hechos
4. La señora Casimira Herrera Ahumada promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones,
con el fin de obtener el reconocimiento de la sustitución pensional por el
fallecimiento de su cónyuge.
5. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Cartagena, que, mediante sentencia del 8 de marzo de 2024, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
6. Contra dicha decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido mediante auto del 18 de julio de 2024 y repartido en segunda
instancia al Tribunal Administrativo de Bolívar el 13 de agosto de 2024.
7. Mediante auto del 22 de agosto de 2024, el Tribunal admitió el recurso de
apelación, y posteriormente el expediente ingresó al despacho para proferir
sentencia el 4 de octubre de 2024.
8. El 26 de mayo de 2025, la parte demandante solicitó la prelación de turno
para dictar sentencia. En respuesta a dicha petición, mediante constancia de la
misma fecha el despacho informó que el proceso había sido recibido en agosto de
2024, se encontraba en turno para fallo conforme al orden de ingreso y que,
adicionalmente, había sido incluido en lista de asuntos priorizados, ocupando el
turno 30.
9. En ese contexto, mediante auto interlocutorio No. 239 del 19 de septiembre
de 20255, la Sala dispuso decretar una prueba para mejor proveer y ordenó oficiar
al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena para que informara el estado
actual del proceso radicado No. 13001-31-05-006-2021-00321-00, promovido por
Zoila Rosa Almeida Marín contra Colpensiones, así como para que remitiera el
enlace del expediente digital correspondiente, con el fin de verificar la eventual
incidencia de ese trámite en el asunto.
10. Dicho auto fue notificado por la secretaría el 10 de abril de 2026, y el 17 de
abril de 2026 se ofició al juzgado requerido para que allegara la información
solicitada.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
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Dicho auto fue sometido a consideración de la Sala de Decisión, la que lo aprobó en sesión del 9
de abril de 2026.
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11. De otra parte, el 17 de febrero de 2026, la parte actora presentó petición ante
el Tribunal solicitando información sobre el estado del proceso; sin embargo, según
afirma, no ha recibido respuesta a la fecha de interposición de la acción de tutela.
1.3. Sustento de la vulneración
12. La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró
sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, con ocasión de la falta
de respuesta a la solicitud presentada el 17 de febrero de 2026 y la presunta mora
en decidir la segunda instancia.
13. Indicó que el proceso se encuentra pendiente de decisión desde el año 2024
y que, pese a haber solicitado en varias oportunidades la prelación de turno en
atención a su avanzada edad y estado de salud, no se ha proferido sentencia, lo
que, a su juicio, configura una «enorme demora» en resolver su caso.
14. Señaló que el despacho le informó que su proceso se encontraba en turno
prioritario, e incluso que la decisión sería adoptada en sesión programada para
septiembre de 2025, sin que a la fecha exista pronunciamiento alguno.
15. En cuanto a la petición aludida, afirmó que han transcurrido más de cincuenta
días desde la radicación de la solicitud sin que el Tribunal hubiera emitido respuesta
de fondo, lo cual desconoce el artículo 23 de la Constitución y la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
16. Finalmente, resaltó su condición de persona de la tercera edad, próxima a
cumplir 88 años, con problemas de salud y en estado de debilidad manifiesta, lo
que, en su criterio, hacía necesaria una respuesta pronta y la resolución oportuna
del proceso judicial.
1.4. Intervención
17. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó negar el amparo, al sostener que
no se configura mora judicial injustificada ni vulneración del derecho de petición, en
tanto el proceso ha sido tramitado conforme a las reglas legales y dentro de un plazo
razonable, atendiendo la carga laboral del despacho.
18. Explicó que, una vez recibido el expediente en segunda instancia en agosto
de 2024, se surtieron las actuaciones correspondientes —admisión del recurso y
entrada a despacho para fallo— y posteriormente se atendió la solicitud de
prelación, informando a la accionante su ubicación en el turno de decisión,
respetando el orden de ingreso y priorización.
19. También señaló que, estando el proceso para sentencia, la Sala consideró
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necesario decretar una prueba para mejor proveer frente a la posible existencia de
un proceso previo relacionado con el derecho reclamado, actuación que fue
aprobada y notificada en abril de 2026, lo que demuestra la actividad procesal
desplegada.
20. Igualmente, indicó que el expediente se encuentra actualmente en trámite,
pendiente del recaudo probatorio ordenado, sin que exista inactividad o negligencia
atribuible a la autoridad judicial.
21. Asimismo, expuso que la eventual tardanza en decidir obedece a factores
estructurales como la alta carga de trabajo del despacho, el volumen de procesos
asignados y la necesidad de atender múltiples asuntos judiciales y constitucionales,
lo cual constituye una circunstancia objetiva que justifica el tiempo empleado en la
resolución del caso.
22. En ese sentido, concluyó que no se configura una dilación arbitraria, sino el
desarrollo normal del proceso conforme a las condiciones reales de funcionamiento
de la administración de justicia, por lo que solicitó negar la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
23. La Sala negará el amparo solicitado por la accionante, por cuanto en este
caso no se configura la mora judicial alegada.
2.1. Cuestión previa
24. La Sala advierte que, además de la mora judicial en la adopción de una
decisión de segunda instancia, la accionante alega la presunta vulneración de su
derecho de petición, comoquiera que el tribunal accionado no habría dado respuesta
a una solicitud presentada el 17 de febrero de 2026.
25. Sin embargo, la Sala se abstendrá de estudiar dicha pretensión a la luz de la
garantía consagrada en el artículo 23 de la Constitución, para, en su lugar, estudiar
solo la configuración de la mora judicial. Esto, por cuanto, si bien se pide que se le
dé respuesta a una solicitud, lo cierto es que una vez verificada la misma, se puede
concluir que el inconformismo radica en la demora en proferir el fallo de segunda
instancia. Al respecto, se traen a colación las pretensiones de la solicitud elevada el
17 de febrero de 20266.
[…] 1.- Que el despacho nos informe y notifique la decisión tomada en la sala
efectuada en el mes de septiembre de 2025, oportunidad en la cual debió resolverse
la segunda instancia del presente proceso.
6 Índice 2 de Samai. La solicitud fue presentada en el correo electrónico del despacho, sin
embargo, no se registró en el expediente digital del proceso ordinario.
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2.- En el evento en que la decisión tomada en la sala efectuada en el mes septiembre
de 2025 no haya sido la de sentenciar la segunda instancia, les solicito me informen
los motivos por los cuales no se ha notificado lo resuelto en ese momento a pesar
de que han transcurrido más de cinco (5) meses desde entonces. […].
26. En tales términos, el contenido de la petición versa sobre cuestiones propias
del proceso judicial en curso y que se relacionan necesariamente con la demora en
la adopción y notificación de una decisión de segunda instancia en el proceso.
2.2. Caso concreto
2.2.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
27. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo7.
28. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
29. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que la señora Casimira Herrera Ahumada está legitimada
en la causa por activa, ya que es la demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho cuya mora judicial se reprocha mediante esta vía.
31. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar está
legitimado en la causa por pasiva, dado que adelanta el trámite del proceso y es la
autoridad judicial sobre la cual se predica la mora judicial.
32. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental8.
7 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021.
8 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
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33. La accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora alega la presunta mora judicial.
34. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales9: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 10 y
eficaz11 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
35. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que no
cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que conforma la parte
demandante.
2.2.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en mora judicial
injustificada
36. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»12.
37. En sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional explicó que, ante la
imposibilidad de dictar la providencia en el plazo previsto por el legislador, la
autoridad judicial está en la obligación de informar al interesado «las medidas
utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho
judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna. Lo
anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal “tienen derecho a
conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el
despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”13».
38. En ese sentido, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Bolívar
no incurrió en mora judicial injustificada ante la falta de emitir el pronunciamiento de
9 Sentencia T-183 de 2024.
10 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
11 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
12 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179
de 2021.
13 Sentencia T-030 de 2005.
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segunda instancia en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 13001-33-33-012-2018-00266-00/01, por las razones
que pasan a explicarse.
39. De la revisión del expediente se evidencia que, si bien el proceso se
encuentra al despacho para fallo desde el 4 de octubre de 2024, lo cierto es que el
trámite en segunda instancia ha tenido desarrollo continuo, conforme a las reglas
procesales. En efecto, una vez admitido el recurso de apelación, el expediente
ingresó para dictar sentencia y, posteriormente, se atendió la solicitud de prelación
presentada por la parte actora, informándole de manera expresa su ubicación en el
turno de decisión y su inclusión en la lista de procesos priorizados, respetando el
orden de ingreso.
40. Adicionalmente, estando el asunto en etapa de decisión, la Sala consideró
necesario decretar una prueba de oficio para mejor proveer, con el fin de esclarecer
la posible incidencia de un proceso ordinario laboral previo relacionado con el
derecho reclamado, actuación que fue aprobada y notificada en abril de 2026, lo
que evidencia que no existe inactividad o abandono del trámite por parte de la
autoridad judicial.
41. En ese sentido, aunque ha transcurrido un lapso considerable desde la
admisión del recurso de apelación, la demora no puede calificarse como arbitraria
o injustificada, pues obedece, de un lado, al respeto del turno para fallo (incluyendo
la priorización otorgada) y, de otro, al ejercicio de facultades propias del juez para
adoptar medidas orientadas a proferir una decisión debidamente sustentada.
42. A lo anterior se suma que el Tribunal explicó que el tiempo empleado en la
resolución de los asuntos responde a factores estructurales, como la carga laboral
del despacho y el volumen de procesos sometidos a su conocimiento,
circunstancias que, conforme a la jurisprudencia constitucional, constituyen criterios
válidos para justificar la extensión de los términos judiciales, siempre que se
evidencie diligencia en el trámite, como ocurre en este caso.
43. Por último, y no menos importante, la Sala advierte que, en el expediente
ordinario en Samai, se evidencia que el 30 de abril de este año, el despacho ponente
registró el proyecto de fallo del proceso14.
44. Resulta pertinente precisar que la Corte Constitucional ha señalado que la
mora judicial injustificada solo vulnera derechos fundamentales cuando existe
incumplimiento injustificado de los términos legales por negligencia u omisión del
funcionario, circunstancia que no ocurre en este caso, pues, se reitera, aunque no
se ha proferido la sentencia de segunda instancia, la demora obedece a causas
ajenas a la voluntad del tribunal accionado, mas no a una actuación negligente.
14 Índice 21.
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45. En vista de lo anterior, la Sala negará el amparo debido a que no se encontró
configurada la mora judicial injustificada que avale la intervención del juez
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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