Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02747-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02747-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02747-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02747-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-02747-011
Accionante : Alianza Fiduciaria S.A.2
Accionados : Tribunal Administrativo de Antioquia y otro3
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros4
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que aprobó
actualización del crédito y terminó proceso ejecutivo por pago,
subsidiariedad
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la Alianza Fiduciaria S.A. contra
el fallo del Ocho (8) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción,
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la parte accionante frente a las providencias judiciales objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
3. La Alianza Fiduciaria S.A., actuando a través de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, que considera
vulnerados el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín y el Tribunal
1
Expediente digital disponible en SAMAI.
2
Como administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC.
3
Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín
4
Ministerio Público, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y demás intervinientes dentro del proceso ejecutivo con radicado
núm. 05001-33-33-022-2021-00194-00/01.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Administrativo de Antioquia.
4. Por consiguiente, solicitó:
[…] Segunda. […] [C]on el fin de garantizar y restablecer el derecho fundamental del debido
proceso y del Acceso a la Administración de Justicia de Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa
como Administradora del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, respetuosamente
solicito se revoquen las siguientes providencias:
1. Auto del 29 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo de
Medellín que terminó el proceso.
2. Fallo del 13 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
resolvió CONFIRMAR el Auto de fecha 29 de agosto de 2025
Tercera. En consecuencia, Ordenar al Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín
dictar una nueva providencia en la que:
(i) Se liquide el crédito teniendo en cuenta la causación de intereses moratorios hasta la
fecha efectiva de pago (6 de julio de 2022), y
(ii) Se abstenga de declarar la terminación del proceso mientras subsista saldo insoluto.
Hechos5
5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, el (29) de Junio de Dos Mil Veintiuno
(2021), Alianza Fiduciaria S.A. —como administradora del Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia CxC— radicó demanda ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, para que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas
de dinero:
1. MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS
($1.529.621.469,8) M/Cte. que corresponde al capital dejado de pagar por la demandada,
conforme al contrato de cesión de créditos de fecha 20 de mayo de 2016 y que consta en la
sentencia de primera instancia fechada el 19 de diciembre de 2014, Proferida el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín y la cual tuvo segunda
instancia proferida el 4 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro
del proceso de reparación directa incoado por María del Carmen Álzate de Cardona y otros
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Exp. No. 2011-00435-
01, ejecutoriada el 17 de marzo de 2016.
2. Por la suma de DOS MIL SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS ($2.007.682.425,07)
M/Cte., valor correspondiente a los intereses moratorios causados desde el día siguiente a
la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es desde el día 18 de marzo de 2016, causados
sobre el capital indicado en el numeral anterior, hasta el 17 de marzo de 2021. Así mismo,
solicitamos se liquiden los intereses de mora, liquidados desde el día 18 de marzo de 2021
y hasta la fecha de pago de la obligación.
5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 4.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
3. Se condene al demandado al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos
que se causen dentro del proceso.
6. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Veintidós (22) Administrativo de
Medellín (radicado núm. 05001-33-33-022-2021-00194-00) que, mediante auto del
Quince (15) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), libró mandamiento en contra
de la entidad ejecutada, para que procediera a realizar el pago de los perjuicios
reconocidos a los demandantes en el proceso de reparación directa, en los términos
de la sentencia. Además, ordenó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios
equivalentes a 1.5 veces el interés bancario corriente, conforme al artículo 177, inciso
6.º del Código Contencioso Administrativo (CCA), «desde el 18 de marzo de 2016 hasta que
se realice el pago efectivo de la obligación» .
7. El Catorce (14) de Diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021), la entidad ejecutada
contestó la demanda y propuso la excepción de inexistencia del título ejecutivo
complejo por falta de integración de los documentos que debían conformarlo, al
considerar que la parte actora solo aportó copias simples de los fallos y no la primera
copia auténtica con constancia de ejecutoria que presta mérito ejecutivo. Así mismo,
propuso la excepción de ánimo de pago, aduciendo que a los ejecutantes se les asignó
turno de pago sujeto a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
8. Posteriormente, la ejecutada solicitó la suspensión del proceso, con fundamento en
la mora en que incurrió, desde el 2015, en el pago de sentencias y conciliaciones en
su contra, por el alto costo de las obligaciones litigiosas y los intereses moratorios
generados (que superó el presupuesto de la entidad). Precisó que, conforme al artículo
53 de la Ley 1955 de 20196, el pago de las obligaciones en mora al Veinticinco (25) de
Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019) debía realizarse a más tardar el Treinta y Uno (31)
de Julio de Dos Mil Veintidós (2022), razón por la cual solicitó la suspensión del proceso
hasta el Primero (1.°) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022).
9. Mediante auto del Diez (10) de Junio de Dos Mil Veintidós (2022), el Juzgado, con
fundamento en el numeral 2.º del artículo 161 del Código General del Proceso (CGP),
ordenó la suspensión del proceso «desde el día 3 de mayo de 2022 hasta el día 1° de agosto de
6
Plan Nacional de Desarrollo.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
2022», por mutuo acuerdo de las partes. La parte ejecutante coadyuvó la solicitud de
suspensión hasta la fecha propuesta.
10. Mediante auto del Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), el Juzgado
reanudó el trámite y ordenó seguir adelante con la ejecución. Presentada la liquidación
del crédito por la ejecutante, y surtido el traslado, el asunto se remitió a la contadora-
liquidadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín, quien, en informe
con corte al Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024), calculó un
capital de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
($1.529.623.569,80) e intereses de mora corriente bancario por TRES MIL
DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.206.625.229,99),
para un total de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($4.736.248.799,79). Mediante auto
del Veintiuno (21) de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), el Juzgado modificó y aprobó
la liquidación del crédito en esos mismos valores.
11. La parte ejecutante se pronunció sobre la liquidación e informó que, si bien la entidad
ejecutada ya había realizado un pago parcial por TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
CON SEIS CENTAVOS ($3.972.172.128.06), los intereses se habían liquidado
únicamente hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022) y no al
Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintidós (2022), fecha en que el dinero ingresó
efectivamente a su cuenta.
12. Por lo tanto, Alianza Fiduciaria S.A. solicitó que el proceso continuara por un saldo
insoluto de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($39.383.213,35), correspondiente al «valor resultante de la diferencia entre la fecha en que la
entidad liquidó la resolución de pago […] y la fecha en que efectivamente el dinero ingresó a la cuenta
bancaria de la Ejecutante, […] [p]or cuanto, los intereses moratorios continúan acumulándose hasta la
fecha en que se realice el pago completo de la obligación, conforme lo dispone el artículo 431 del Código
General del Proceso».
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
13. Mediante auto del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el Juzgado
requirió a la entidad ejecutada para que aportara «la(s) resolución(es) con sus respectivos
anexos de liquidación(es), mediante la(s) cual(es) se ordenó el pago a la parte ejecutante, así mismo se
servirá certificar la fecha de liquidación del capital y de los intereses reconocidos en dicha resolución(es)
y la del pago(s) efectivamente realizado a la demandante». Y ordenó que, una vez allegados, se
oficiara a la contadora-liquidadora de la Oficina de Apoyo Judicial para que practicara
la liquidación actualizada, teniendo en cuenta:
i) las resoluciones y anexos liquidatarios allegados por la parte ejecutada mediante los
cuales se hizo el pago de la obligación; ii) el pago reportado por la parte ejecutante mediante
memorial enviado al correo institucional el 25 de junio de 2024 (anexo 37 del expediente
digital), así como los anexos liquidatarios allegados en dicho memorial y; ii) la liquidación
del crédito presentada por la parte ejecutante […].
14. Mediante auto del Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Juzgado aprobó la actualización del crédito efectuada por la contadora, quien liquidó
los intereses desde el Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el
Seis (6) de Julio de Dos Mil Veintidós (2022), fecha del pago, descontando el período
de suspensión del proceso comprendido entre el Tres (3) de Mayo y el Primero (1.º) de
Agosto de Dos Mil Veintidós (2022).
15. Así, al constatar que la entidad ejecutada cumplió con la obligación impuesta, que
según la liquidación actualizada del crédito era de TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($3.939.677.133,95), ordenó terminar el proceso por pago. La liquidación arrojó un
saldo a favor de la ejecutada de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
ONCE CENTAVOS ($32.494.994,11).
16. Contra dicha providencia, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, en el que argumentó que, en virtud del artículo 431 del CGP,
los intereses debieron liquidarse hasta la fecha de pago, el (6) de Julio de Dos Mil
Veintidós (2022), y no al Tres (3) de Mayo de Dos Mil Veintidós (2022), por lo que,
persistía un saldo pendiente de intereses de TREINTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($39.383.213,35).
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
17. Mediante auto del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la decisión del Juzgado. Consideró que no le
asistía razón a la ejecutante, por cuanto, la liquidación que sirvió de base al auto
apelado sí tuvo en cuenta la fecha efectiva de la consignación del capital, y únicamente
descontó los intereses correspondientes a los días en que, por común acuerdo de las
partes, el proceso estuvo suspendido y respecto de los cuales no podía imputarse mora
a la entidad ejecutada.
18. En su tutela, la sociedad accionante alegó que las providencias censuradas
adolecen de los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto, de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En primer lugar,
las providencias habrían extendido los efectos de la suspensión procesal, prevista en
el artículo 161 del CGP, a la causación de los intereses moratorios, pese a que dicha
figura solo suspende la actividad procesal y no la exigibilidad de la obligación. En
segundo lugar, un defecto fáctico, por omitir que el pago solo se produjo el Seis (6) de
Julio de Dos Mil Veintidós (2022) para liquidar los intereses hasta una fecha anterior.
19. Tercero, el defecto procedimental radicaría en que se alteró la estructura del proceso
ejecutivo al dar por terminada la ejecución pese a subsistir un saldo insoluto.
Finalmente, se habría desconocido el precedente del Consejo de Estado (sin citar
ninguna providencia específica) conforme al cual los intereses de mora se causan hasta
el pago efectivo de la obligación. Todo lo anterior habría llevado a una violación directa
de los artículos 29 y 229 de la Constitución.
1.2. Contestaciones de la acción
20. 1.2.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 compartió el link del expediente
electrónico y anotó que, en segunda instancia, confirmó la decisión del a quo por la cual,
aprobó la actualización del crédito y terminó el proceso por pago, al estudiar la apelación
que versaba «de manera puntual respecto de la liquidación de los intereses de mora en el pago de la
condena». En tanto estimó que las providencias atacadas fueron proferidas con pleno
respeto de las garantías fundamentales y sin que se haya configurado defecto alguno,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción por carecer de relevancia
constitucional.
7
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice13.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
21. 1.2.2. El Procurador 114 Judicial II para Asuntos Administrativos, Carlos
Mauricio García Casas8, manifestó estar incurso en la causal de impedimento del
numeral 6° del artículo 141 del CGP, por estar «casado con la señora Elizabeth Cortés Gordillo
[…], quien adelanta demanda civil de verbal sumario en contra de la fiduciaria Alianza Fiduciaria SA., el
cual cursa en el Juzgado 22 Civil del circuito de Medellín bajo el radicado 05001310302220260008600,
demanda que fue notificada a la fiduciaria el pasado 18 de abril de 2026, trabándose formalmente la Litis».
22. 1.2.3. El Juzgado Veintidós (22) Administrativo de Medellín 9 remitió el link del
expediente digital, y expuso que, en su providencia, consideró que:
• Mediante auto del 10 de junio de 2022, conforme con lo preceptuado en el numeral 2 del
artículo 161-CGP-, el Despacho ordenó la suspensión del proceso por mutuo acuerdo
solicitado por las partes, desde el 3 de mayo de 2022 hasta el 1° de agosto de 2022.
• Con auto del 29 de agosto de 2025 se aprobó la actualización del crédito presentada por
la Contadora – Liquidadora de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín (anexo
27 del expediente digital), en el cual indicó:
“para el cálculo de los intereses se tendrá en cuenta la suspensión del proceso (ver archivo
12 exp.digital) que se realiza desde el 03 de mayo de 2022 hasta 01 de agosto de 2022,
durante este periodo habrá cesación de intereses como se muestra a continuación, por
consiguiente, los intereses SE CALCULARAN DESDE EL 18/03/2016, fecha de la ejecutoria
de la sentencia, hasta la fecha de pago que se realizó el 06 de julio de 2022, donde se
realiza la imputación del pago con el fin de verificar si existe saldo insoluto del crédito.”
• En consecuencia, se aprobó la actualización del crédito según lo establecido en el artículo
446 del Código General del Proceso, numeral 3 y se terminó el proceso por pago.
23. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y los demás intervinientes dentro del proceso ejecutivo guardaron
silencio frente al presente proceso, pese a que fueron debidamente notificados.
1.3. Providencia impugnada10
24. Mediante sentencia del Ocho (8) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Explicó al respecto, que:
[…] aunque la accionante presenta su inconformidad bajo la forma de defectos fáctico,
sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución, sus argumentos se orientan
a controvertir la corrección de la liquidación del crédito y a proponer una interpretación
distinta sobre el alcance de la suspensión procesal frente a los intereses moratorios. Tal
debate, en los términos planteados, corresponde al ámbito de valoración del juez natural y
no evidencia, prima facie, una actuación ostensiblemente arbitraria, caprichosa o
8
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 14.
9
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 15.
10
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 18.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
incompatible con la Constitución que habilite un pronunciamiento de fondo por parte del juez
de tutela.
1.4. La impugnación11
25. Inconforme con la decisión, la Alianza Fiduciaria S.A. impugnó el fallo del Ocho (8) de
Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026). Expuso que, la sentencia erró al concluir sobre la
falta de relevancia constitucional del asunto, porque «la controversia no se limita a la cuantía de
los intereses, sino a la afectación del debido proceso sustancial derivada de la utilización de una norma
procesal artículo 161 del CGP, para restringir efectos sustanciales de una obligación exigible, creando de
facto una causal de suspensión de la mora no prevista en la ley».
26. En particular, adujo que la providencia omitió analizar que la suspensión del proceso
no puede afectar la causación de intereses moratorios, porque «la mora constituye un estado
jurídico sustancial que únicamente cesa con el pago efectivo o con la extinción legal de la obligación».
Así, reiteró que, validar que la suspensión del proceso también suspenda la causación
de intereses constituye un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 161 del
CGP para fines extraprocesales no previstos por el ordenamiento.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo 80
del Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)15 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2. La acción
28. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
11
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 22 y 23.
12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
2.3. Cuestión previa
29. Si bien la parte accionante se refiere a la configuración de los defectos tanto en el auto
del Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) como en el del Trece (13)
de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), esta Sala solo se referirá al auto del ad quem,
por ser contentivo tanto de los argumentos del Juzgado Veintidós (22) Administrativo de
Medellín como del Tribunal Administrativo de Antioquia que sirvieron de fundamento para
aprobar la actualización de la liquidación del crédito que se hizo descontando la
causación de intereses durante el período de suspensión del proceso, y para dar por
terminado el proceso por pago.
2.4. Problema Jurídico
30. Se contrae a determinar si resulta procedente la acción de tutela, y, en caso afirmativo,
si es dable examinar si el auto del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026),
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la aprobación de la
actualización del crédito y terminó el proceso ejecutivo por pago, adolece de los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental absoluto, de desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, y, por consiguiente, es violatorio de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
accionante.
2.5. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela
31. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, no debe
perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido
por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.
32. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional16 y ante la naturaleza eminentemente
subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca el amparo de un
derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.
33. De lo anotado se puede concluir, entonces que, la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa, sino
también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades que
presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales a efectos
de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus intereses.
34. De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la renuencia o
el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal,
constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la acción constitucional
frente al caso particular17.
35. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso de
amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos. Sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la
acción de tutela procede de manera transitoria.
36. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos ordinarios
resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de tutela debe
adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de vulneración o amenaza
con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar una violación a prerrogativas
inalienables.
37. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto, deben
acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que
16
Corte Constitucional, sentencia T-480 de 2011, entre otras.
17
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave, lo que
implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que
se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso
de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna» 18.
38. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se hará
necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
involucrados a través de medidas inmediatas de protección, imponiéndose en este
evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo
la acción correspondiente19.
39. Así mismo, la jurisprudencia constitucional20 ha precisado que, el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute la
violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar, al menos
someramente, los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que
motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez constitucional no
le concierne probar las circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela,
salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.
2.6. Caso concreto
40. En el asunto sub judice la Sala evidencia que la inconformidad de la actora consiste
en que, en el auto del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal
Administrativo de Antioquia haya considerado que «la suspensión del proceso ejecutivo implica
la suspensión de la causación de intereses moratorios» , interpretación que sería contraria a los
artículos 177 del CCA y 161 del CGP y al precedente sentado por el Consejo de Estado.
41. Ahora bien, verificado el proceso ordinario con radicado núm. 05001-33-33-022-2021-
00194-00/01, de cuyo expediente se aportó copia en el presente trámite constitucional,
se observa que la tutelante, en el recurso de apelación que interpuso contra el auto del
Veintinueve (29) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), a través del cual, el Juzgado
Veintidós (22) Administrativo de Medellín aprobó la actualización del crédito y terminó el
18
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias AC-2010-00032 del 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 del 9 de
diciembre de 2010.
20
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
proceso por pago, no formuló reproche alguno relativo a que el cálculo de los intereses
no debía tener en cuenta la suspensión del proceso ocurrida entre el Tres (3) de Mayo
de Dos Mil Veintidós (2022) y el Primero (1.°) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022).
42. En ese orden de ideas, se tiene que, la acción de tutela de la referencia no colma la
exigencia de procedibilidad de la subsidiariedad, en razón a que, si la demandante no
estaba de acuerdo con la actualización de la liquidación, en lo que respecta a la
causación de intereses durante el período en que el proceso fue suspendido, debió
hacerlo en el marco del trámite ejecutivo, mediante el recurso de apelación. Esto debido
a que, como se advierte en la siguiente captura, la actualización de la liquidación remitida
por la auxiliar de justicia aplicó una cesación de intereses durante la suspensión del
proceso, de manera que, pudo haber sido advertida y controvertida por la accionante:
[…]
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
43. Así, la suspensión en el cálculo de los intereses, que fue puesta en conocimiento de
la actora con el traslado de la actualización del crédito, debió ser atacada por ella
mediante el recurso de apelación, para que esa inconformidad fuera estudiada y decidida
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, a través
de su recurso, Alianza Fiduciaria S.A. se limitó a controvertir que se hubieran tenido en
cuenta los intereses causados hasta la liquidación del crédito y no hasta la consignación
de la suma adeudada, en los siguientes términos:
En consecuencia, la liquidación efectuada por el Contador no está conforme con lo dispuesto por
el artículo 431 del CGP, puesto que liquidó los intereses hasta tres (03) de mayo de 2022,
desconociendo que el pago ingresó el seis (06) de julio de 2022. […] Sobre esta diferencia, cabe
destacar que los intereses moratorios continúan acumulándose hasta la fecha en que se realice el
pago completo de la obligación, conforme lo dispone el artículo 431 del Código General del
Proceso […].
44. De esta manera, la Sala encuentra que lo que busca Alianza Fiduciaria S.A. con la
interposición de la presente acción no es otra cosa que acceder a una nueva oportunidad
procesal para poner de presente nuevos argumentos que no expuso a tiempo y a través
de los recursos propios del trámite ante el juez natural. De ahí que no sea plausible que
el juez de tutela invada la competencia de los jueces ordinarios.
45. Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la
acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.
46. De tal manera que, la falta de diligencia de la parte actora, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa,
constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite constitucional
frente al caso particular.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
47. Frente a la improcedencia de la acción de tutela en los eventos en que se pretende
revivir oportunidades no aprovechadas por alguna de las partes dentro de un trámite
judicial, la Corte Constitucional, en sentencia T-396 de 201421, indicó:
[…] es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en
desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos judiciales
ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse en
la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de
los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados […].
En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya
agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia
responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción
constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un
mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún,
que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o
para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios. (Énfasis
propio).
48. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1° del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda
estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual, la
acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»22.
49. Además, en este punto la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela no
habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir
en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.
III. DECISIÓN
50. Por las razones expuestas, comoquiera que, el presente asunto sí reviste relevancia
constitucional, pero no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, lo
procedente es confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
21
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22
Artículo 86 de la Carta Política.
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02747-01
Accionante: Alianza Fiduciaria S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Ocho (8) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la acción, pero, por las razones expuestas en la motivación de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.