Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02748-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02748-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02748-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02748-00
Accionante: MARÍA GLADYS GAMBA SOPÓ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de
la Constitución. Requisito de la relevancia constitucional por
reiteración de argumentos
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Gladys Gamba Sopó, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de abril de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social supuestamente vulnerados
por la autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la
prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la
sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C”, en la providencia de fecha 19 de
noviembre de 2025 que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia proferida
por el JUZGADO CINCUENTA Y SEIS (56) ADMINISTRATIVO CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – SECCIÓN SEGUNDA de fecha 27 de marzo de
2025 mediante la cual NEGÓ a las suplicas de la demanda, dentro del proceso
con radicado No. 11001334205620240009400.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “C” a proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO ajustar la reliquidación de la pensión jubilación al
retiro del servicio de la docente, incluyendo además de los factores reconocidos,
adicionalmente se debe reconocer la PRIMA DE VACACIONES, factor sobre el
cual se hicieron cotizaciones a seguridad social en el año anterior al retiro del
servicio docente”.
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Demandante: María Gladys Gamba Sopó
2. Hechos
La parte actora manifestó que se vinculó como docente oficial el 19 de junio de 1980
y una vez cumplió los requisitos fijados por la Ley 91 de 1989, solicitó su pensión
de jubilación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
la cual fue reconocida mediante Resolución núm. 5781 de 26 de septiembre de 2008
con efectividad desde el 13 de agosto de 2007, en la cual se incluyeron la asignación
básica, la prima especial, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
Indicó que 30 de agosto de 2022, al retirarse definitivamente del servicio, solicitó la
reliquidación de la pensión, solicitud que se resolvió mediante Resolución núm.
9960 de 13 de septiembre de 2022. No obstante, no se incluyó como factor salarial
la prima de vacaciones, por lo que presentó reclamación que fue resuelta por medio
de la Resolución 4322 de 23 de noviembre de 2023 a través de la cual se negó la
inclusión de la prima de vacaciones como factor salarial, pese a la realización de
aportes sobre este emolumento.
Explicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la
pretensión de que se declarara la nulidad del acto administrativo núm. 4322 de 23
de noviembre de 2023 proferida por la Secretaría de Educación de Bogotá que negó
el ajuste de reliquidación de la pensión de jubilación y que a título de
restablecimiento se tuviera en cuenta la prima de vacaciones como factor salarial
para efecto de la reliquidación pensional.
Señaló que la demanda le correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá - Sección Segunda - con radicado núm.
11001334205620240009400, que el 27 de marzo de 2025 profirió sentencia en la
que negó las pretensiones de la demanda, por considerar que docente demandante
al estar afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
vinculada antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, goza del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación de los servidores del orden nacional previsto en la
Ley 33 de 1985, y si bien en la liquidación no se incluyó la prima de vacaciones, en
virtud de lo señalado en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, los factores que deben ser tenidos en
cuenta son aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Aludió que interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
que fue asignado por reparto a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en sentencia de 19 de noviembre de 2025
confirmó la decisión, por las mismas razones del a quo.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante manifestó que la acción de tutela resulta procedente en virtud
de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, en
especial la relevancia constitucional, en tanto no se está utilizando este mecanismo
preferente como una tercera instancia.
En ese sentido, indicó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital, al
excluir de la reliquidación de su pensión de jubilación el factor salarial
correspondiente a la prima de vacaciones, pese a que sobre dicho emolumento se
realizaron cotizaciones al sistema de seguridad social.
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Demandante: María Gladys Gamba Sopó
Sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación de la Constitución.
En relación con el defecto sustantivo, mencionó que las decisiones desconocieron
el Acto Legislativo 01 de 2005 y las reglas constitucionales según las cuales las
pensiones debían liquidarse con base en los factores efectivamente cotizados.
Además, que aplicaron de manera errada y restrictiva las normas que regulaban el
ingreso base de liquidación pensional, al interpretar que únicamente podían incluirse
los factores expresamente señalados en la Ley 62 de 1985, pese a que el Acto
Legislativo 01 de 2005 y la jurisprudencia constitucional exigían considerar todos
los factores efectivamente cotizados. Agregó que la interpretación acogida
desconoció los principios de favorabilidad laboral, seguridad jurídica y protección de
los derechos adquiridos.
Respecto del desconocimiento del precedente judicial, alegó que las autoridades
judiciales accionadas descocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional como
por el Consejo de Estado en materia de reliquidación pensional de docentes
oficiales, pues omitieron aplicar los criterios establecidos por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 11
de julio de 2023, expediente no. 11001333502920210034301; Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 4
de octubre de 2023, expediente núm. 11001333501320210025101, y Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia
del 11 de octubre de 2023, providencias en las que se admitió la inclusión de
factores salariales no enlistados expresamente en la Ley 62 de 1985, siempre que
sobre ellos se hubieren efectuado cotizaciones al sistema de seguridad social.
Asimismo, sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron la Sentencia de
Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, así como las sentencias C-258 de 2013, SU-230
de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, en las que se reiteró que las
pensiones debían liquidarse con fundamento en los factores efectivamente
cotizados, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005.
Aseveró que existió violación directa de la Constitución porque las autoridades
judiciales dejaron de aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo
48 de la Constitución Política y estableció que para la liquidación de las pensiones
solo debían tenerse en cuenta los factores sobre los cuales se hubieren efectuado
cotizaciones. Alegó que las sentencias cuestionadas privilegiaron una interpretación
restrictiva de la Ley 62 de 1985 y omitieron el mandato constitucional superior
relativo a la sostenibilidad financiera y a la correspondencia entre aportes y
liquidación pensional.
Finalmente, que se incurrió en defecto fáctico porque se omitió valorar
adecuadamente las pruebas que acreditaban que sobre la prima de vacaciones se
realizaron aportes al sistema de seguridad social, circunstancia que, en su criterio,
imponía la inclusión de dicho factor en la reliquidación pensional. Agregó que los
jueces administrativos desconocieron la certificación de factores salariales y los
documentos que demostraban las cotizaciones efectuadas sobre ese emolumento.
4. Trámite procesal
Por auto de 23 de abril de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-. De igual modo, al Juzgado Cincuenta y
Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, al Ministerio de Educación Nacional, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) a la Secretaría
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Demandante: María Gladys Gamba Sopó
de Educación de Bogotá D.C. y a la fiduciaria La Previsora S.A., como terceros
interesados en el resultado del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
76737 a 76744 de 27 de abril de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del Consejo
de Estado con el fin de comunicar la actuación a los terceros interesados.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
La magistrada ponente de la decisión objetada señaló que los argumentos
planteados en el escrito de tutela no resultan procedentes, en la medida en que el
caso fue analizado a partir de los elementos probatorios allegados al proceso y la
jurisprudencia aplicable, sin que se configuren los defectos invocados ni se
transgredan los derechos fundamentales alegados, por lo cual solicita que se niegue
el amparo solicitado.
5.2. Respuesta del Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de
Bogotá
La titular del despacho remitió el enlace para acceder al expediente digital y
respecto al objeto de la tutela manifestó que se atiene a lo que está acreditado
documentalmente y a los argumentos anotados en las providencias proferidas
dentro del radicado en mención. Precisó que la parte actora está en desacuerdo con
la decisión adoptada tanto en primera como en segunda instancia, es decir, persigue
por objeto debatir la cuestión de fondo.
5.3. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que la controversia planteada carece de relevancia
constitucional y versa exclusivamente sobre un asunto de contenido económico y
legal relacionado con la reliquidación pensional de la accionante.
Sostuvo que la tutela no puede utilizarse como una instancia adicional para
controvertir providencias judiciales y adujo que no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable ni una afectación grave de derechos fundamentales que
justifique la intervención del juez constitucional. Asimismo, defendió la autonomía e
independencia judicial y afirmó que las decisiones cuestionadas no configuraron “vía
de hecho” ni desconocieron los requisitos generales y específicos de procedencia
de la tutela contra providencias judiciales.
5.4. Respuesta de La Fiduprevisora
La gerente jurídica de la entidad argumentó que no se reúnen los requisitos
generales ni específicos para la prosperidad de la acción, en tanto no se han violado
derechos fundamentales. Adicionalmente, invocó la falta de legitimación en la causa
por pasiva ya que no se existió vínculo de causalidad entre la expedición de la
sentencia impugnada y la actuación de La Fiduprevisora, por lo que solicitó la
desvinculación de la presente acción.
5.5. Respuesta de la Secretaría de Educación de Bogotá
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El jefe de la Oficina Jurídica sostuvo que la acción de tutela se dirigió
exclusivamente contra las providencias proferidas por el Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
accionante, relacionado con la exclusión de la prima de vacaciones en la
reliquidación de su pensión de jubilación.
Manifestó que la presunta vulneración de derechos fundamentales derivó de la
actividad jurisdiccional desplegada por las autoridades judiciales accionadas y no
de actuaciones atribuibles a la Secretaría, razón por la cual carecía de injerencia
sobre los hechos debatidos y no se encontraba legitimada en la causa por pasiva.
Por último, adujo que la entidad no incurrió en acción u omisión vulneradora de
derechos fundamentales ni tenía competencia para satisfacer las pretensiones
formuladas en la tutela, por lo que solicitó expresamente que se declarara la
improcedencia del amparo respecto de la Secretaría de Educación del Distrito y que
se ordenara su desvinculación del trámite constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Cuestión preliminar
La Fiduprevisora y la Secretaría de Educación de Bogotá solicitaron la
desvinculación del trámite constitucional, por considerar que no son las entidades
llamadas atender las pretensiones de la solicitud de tutela.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará la
1
solicitud de desvinculación de las referidas autoridades, teniendo en consideración
que participaron como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho del que se cuestionan las decisiones allí dictadas, por lo que están
vinculadas en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por la
señora María Gladys Gamba Sopó, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
resulta procedente, conforme a los requisitos generales establecidos para
cuestionar providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecerse si la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, fáctico
y violación directa de la Constitución, con la sentencia dictada el 19 de noviembre
de 2025.
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Sentencia T-005 de 2022.
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4. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: María Gladys Gamba Sopó
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
5. Estudio y solución del caso concreto
La señora María Gladys Gamba Sopó, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que la sentencia de 19
de noviembre de 2025, que confirmó la de 27 de marzo de 2025 por la cual se
negaron las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación de la Constitución.
Para sustentar lo anterior expuso que las providencias cuestionadas incurrieron en
defecto fáctico porque las autoridades judiciales omitieron valorar adecuadamente
las pruebas que acreditaban que sobre la prima de vacaciones se efectuaron
aportes al sistema de seguridad social, pese a que dichos documentos demostraban
que ese factor salarial debía incluirse en la reliquidación pensional. Asimismo, alegó
la configuración de un defecto sustantivo y de una violación directa de la
Constitución, al considerar que los despachos accionados aplicaron de manera
restrictiva la Ley 62 de 1985 y dejaron de aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005, que
ordenó liquidar las pensiones con base en los factores efectivamente cotizados.
Igualmente, manifestó que las decisiones judiciales desconocieron el precedente
judicial de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y distintos tribunales
administrativos en materia de reliquidación pensional de docentes oficiales,
particularmente aquellas providencias que admitieron la inclusión de factores
salariales respecto de los cuales se hubieren realizado cotizaciones al sistema de
seguridad social, aun cuando dichos factores no estuvieran expresamente
enlistados en la Ley 62 de 1985.
De conformidad con las pruebas y actuaciones que obran en el expediente, la Sala
observa que el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 27 de marzo de 2025 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la demandante no tenía derecho a la reliquidación de su pensión de
jubilación con inclusión de la prima de vacaciones, ni a que se realizaran aportes
pensionales sobre factores distintos a los expresamente previstos en la Ley 62 de
1985, aplicable a los docentes oficiales vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003.
Sostuvo que, conforme a la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, únicamente podían integrar el ingreso
base de liquidación los factores salariales taxativamente enlistados en el artículo 1
de la Ley 62 de 1985 y respecto de los cuales se hubieren efectuado aportes, razón
por la cual la prima de vacaciones no podía incluirse en la reliquidación pensional
reclamada por la actora.
Indicó que el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales vinculados antes
del 27 de junio de 2003 correspondía al previsto en la Ley 33 de 1985 y la Ley 91
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Demandante: María Gladys Gamba Sopó
de 1989, interpretación que fue reiterada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Con fundamento en
ello, concluyó que los actos administrativos demandados conservaron su
presunción de legalidad, porque la entidad accionada reliquidó la prestación
únicamente con los factores autorizados por la normativa vigente y la jurisprudencia
unificada.
La anterior decisión fue apelada por la parte actora, para lo cual expuso, en síntesis,
que el a quo desconoció que sobre la prima de vacaciones sí se realizaron
cotizaciones al sistema de seguridad social, circunstancia que, a su juicio, imponía
su inclusión proporcional dentro del ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación correspondiente al año anterior al retiro del servicio. Destacó que la
decisión apelada otorgó prevalencia a una interpretación restrictiva de la Ley 62 de
1985 y de la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, pese a que el Acto Legislativo 01 de 2005 ordenó tener en
cuenta todos los factores sobre los cuales se hubieren efectuado cotizaciones.
Asimismo, alegó que la entidad demandada actuó de manera contradictoria al
efectuar descuentos sobre la prima de vacaciones y excluir posteriormente dicho
factor de la reliquidación pensional.
Manifestó que la sentencia apelada desconoció los principios de igualdad,
favorabilidad, progresividad, proporcionalidad y sostenibilidad financiera, así como
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que reconoció
la necesidad de mantener correspondencia entre el ingreso base de cotización y el
ingreso base de liquidación.
En particular, invocó las sentencias de unificación del Consejo de Estado de 4 de
agosto de 2010, radicado núm. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), y de
28 de agosto de 2018, expediente No. 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ),
además de las providencias de la Sección Segunda de 20 de febrero de 2019,
expediente No. 25000-23-42-000-2013-02705-01 (3190-14), de 4 de abril de 2019,
expediente No. 76001-23-31-000-2011-01418-01 (0852-15), y de 7 de noviembre
de 2019, expediente No. 19001-23-31-000-2011-00144-01 (1502-15). Asimismo,
citó las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional, en las cuales se reiteró que las pensiones debían liquidarse
conforme a los factores efectivamente cotizados al sistema de seguridad social.
Igualmente, alegó que el fallo apelado desconoció decisiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, entre ellas, las proferidas por la Subsección F el
11 de julio de 2023 dentro del expediente No. 11001333502920210034301, por la
Subsección E el 22 de septiembre de 2023 dentro del expediente núm.
11001333503020220008601, por la Subsección F el 26 de septiembre de 2023
dentro del expediente núm. 11001333502120220004201, por la Subsección C el 4
de octubre de 2023 dentro del expediente No. 11001333501320210025101 y por la
Subsección A el 7 de marzo de 2024 dentro del expediente núm.
11001334205020230000901, providencias en las que se admitió la inclusión de
factores salariales respecto de los cuales se realizaron cotizaciones al sistema de
seguridad social, aun cuando no estuvieran enlistados expresamente en la Ley 62
de 1985.
Los argumentos del recurso de apelación fueron resueltos por la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de
19 de noviembre de 2025, que confirmó la decisión del a quo, por las siguientes
razones:
“Del recaudo probatorio reseñado se infiere que a la demandante mediante Resolución
4322 del 23 de noviembre de 2023 expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá,
se le reconoció la pensión de jubilación con el 75% del promedio de salarios devengados
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en el año anterior al cumplimiento del estatus de pensionado, con la inclusión de los
siguientes factores: asignación básica, prima especial, prima de vacaciones, prima de
navidad, para lo cual se tuvo en cuenta que nació el 12 de agosto de 1962; solicitó el
reconocimiento y pago de su pensión por sus 20 años de servicios prestados como
docente de vinculación “NACIONALIZADO”, y que prestó sus servicios desde el 19 de
junio de 1980 y con Resolución 3358 de 16 de mayo de 1998 ingresó al Distrito por
traslado por permuta libremente convenida con vinculación vigente al FOMAG.
Luego con la Resolución 9960 de 13 de septiembre de 2022, el director de Talento
Humano de la Secretaría de Educación del Distrito, ordenó reliquidar su pensión vitalicia
de jubilación a la suma de $3.493.328, monto que equivale al 75% del salario promedio
mensual devengado durante el último año de servicio a la fecha de su retiro definitivo,
siendo efectiva a partir del 30 de abril de 2022, teniendo en cuenta los siguientes factores:
asignación básica, bonificación mensual y bonificación pedagógica.
Igualmente se encuentra probado con el Formato Único para Expedición de Certificado
de Salarios expedido por la Secretaría de Educación Distrital de fecha 16 de enero de
2008, que devengó entre enero y diciembre de 2006 y 2007 como factores salariares:
«sueldo, prima especial, prima de servicios, bonificación pedagógica y prima de
vacaciones***”. Así mismo aparece en la casilla de observaciones: “FACTORES DE
APORTE ***Factores sobre los cuales cotizan los Docentes de esta Secretaría por
Seguridad Social”.
Sin embargo, a través de Memorando radicado I-2025-141855 de fecha 16 de octubre
de 2025, el Jefe de la Oficina de Nómina certifica que los factores salariales que sirvieron
de base para liquidar el ingreso base de cotización-IBC para los aportes a seguridad
social durante el periodo de abril de 2021 hasta abril de 2022 fueron: Prima especial
mensual, Sueldo básico, Bonificación pedagógica, Pago sueldo de vacaciones,
Bonificación mensual docentes, Pago incapacidad 100%; se concluye entonces que
existe constancia actualizada expedida por la entidad competente la cual relaciona los
factores salariales frente a cuáles se realizaron aportes a pensión a la demandante, sin
que se relacione la prima de vacaciones.
Pese a que esta prima es el emolumento que al momento de reconocer a la docente su
pensión de jubilación fue tenida en cuenta como factor salarial, al momento de efectuar
la reliquidación de la mesada pensional no se computó, atendiendo a que sobre ella no
se realizó descuento a seguridad social tal como lo establece la demandada en el
Formato Único para Expedición de Certificado de Salarios del 7 de julio de 2022, en el
cual se puede establecer que: la demandante fue nombrada como docente de primaria
con vinculación: Nacionalizado, y se certificaron los valores que devengó entre enero y
diciembre de 2020, 2021 y 2022, entre los que se observa como factores salariares:
“sueldo, prima especial, prima de servicios, bonificación pedagógica y prima de
vacaciones***”, frente a los cuales no se realiza ninguna observación al respecto, siendo
ésta la última certificación expedida por la entidad demandada y cuyo contenido se
ratifica con lo previsto en el Memorando radicado I-2025-141855 de fecha 16 de octubre
de 2025, donde se enumeran los factores tenido en cuenta para el reconocimiento de la
pensión de la demandante sin que se incluya la prima de vacaciones, tal como lo
estableció el juez de primera instancia.
En virtud de lo anterior, se concluye que le asiste razón a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondos de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG en los
argumentos que presenta frente al recurso de alzada interpuesto por la demandante,
encaminados a reconocer que el acto administrativo demandado fue proferido en
estricto cumplimiento de las normas legales vigentes sin que se encuentre viciado
de nulidad, atendiendo a que la pensión de jubilación reconocida se calculó
teniendo en cuenta los factores salariales enlistados en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985, situación que impedía incluir la prima de vacaciones, porque esta norma
no la contempla en su listado taxativo como factor salarial y no existe prueba que
establezca que sobre ella se efectuaron los descuentos a seguridad social.
Tal como se ha establecido en precedencia, la prima de vacaciones no debió incluirse
como factor salarial para el cálculo del ingreso base de liquidación, toda vez que no se
encuentra demostrado que sobre ella se efectuaron los descuentos correspondientes a
los aportes a la seguridad social, conforme a la orientación impartida por el Consejo de
Estado mediante sentencia de unificación de 25 de abril de 2019.
Habida cuenta que la actora solicitó la inclusión de todos los factores salariales en la
reliquidación de su pensión de jubilación, entre los que se encuentra la bonificación
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mensual y la bonificación pedagógica, se hace necesario precisar, que si bien la
reliquidación de su mesada pensional se efectuó con la inclusión de estos factores que
no se encuentran contemplados en el listado taxativo previsto en el artículo 1 de la Ley
62 de 1985 y sobre los que no existe constancia de que se hayan efectuado aportes, se
trata de una circunstancia que de ninguna manera fue discutida por la entidad
demandada en el curso del presente asunto ni por la demandante ni en los recursos de
apelación que interpusieron, puesto que el objeto principal de la presente litis únicamente
se circunscribe a la inclusión de la prima de vacaciones como factor salarial para la
reliquidación de la pensión de jubilación de la docente, por ende el Tribunal en esta
oportunidad no emitirá pronunciamiento sobre las bonificaciones.
De otro lado, frente al argumento presentado por la demandante en el sentido que es
viable ordenar la inclusión de todos los factores salariales que devengó, para garantizar
sus derechos fundamentales a la igualdad, irrenunciabilidad a la seguridad social,
favorabilidad, progresividad y sostenibilidad financiera, por manera que se debe proferir
sentencia en la que se reliquide su pensión jubilación con un IBL que incluya todos esos
factores, y en particular aquellos sobre los que no se efectuaron las cotizaciones al
sistema de seguridad, se debe señalar que aunque en anterior oportunidad algunas salas
tanto del Consejo de Estado como de este Tribunal estimaron con base en una
interpretación primigenia de las Leyes 33 y 62 de 1985, que debían incluirse todos los
factores en la reliquidación del monto pensional, tal entendimiento no es regla que se
pueda seguir aplicando en la actualidad, porque la sentencia de unificación de 25 de abril
de 2019 proferida por el Consejo de Estado, estableció que la orientación jurisprudencial
en tal sentido excede el mandato legal.
En efecto, para el caso del personal docente, el Consejo de Estado profirió sentencia
unificadora el 25 de abril de 2019, en la que acogió los argumentos ya sentados por esa
misma Corporación en la sentencia de 28 de agosto de 2018, en la que fijó como regla
de interpretación, que la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, debe efectuarse
computando únicamente los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 y, por lo tanto, no se puede
incluir ningún factor diferente a los enlistados taxativamente en el mencionado artículo.
La orientación impartida por el Consejo de Estado mediante esta sentencia de unificación
es que las reglas allí consignadas en relación con los temas objeto de unificación son
obligatorias para todos los casos pendientes o en discusión tanto en vía administrativa
como judicial de manera retrospectiva, siempre y cuando no haya operado la cosa
juzgada, por lo que los criterios que fueron utilizados en la providencia recurrida a partir
de la jurisprudencia sentada por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo
son plenamente válidos”. (Negrillas por fuera del texto original)
De lo antes expuesto, Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto la parte actora la utiliza para insistir
en el mismo debate relacionado con el reajuste de la pensión de jubilación con la
inclusión de la prima de vacaciones como factor salarial.
Contrastada la demanda de tutela con el recurso de apelación se evidencia que
existe una marcada similitud entre los argumentos de los dos escritos, pues en
ambos, la parte actora sostuvo que la prima de vacaciones debía incluirse en la
reliquidación pensional porque sobre dicho factor salarial se realizaron aportes al
sistema de seguridad social. De igual manera, tanto en la tutela como en la
apelación se cuestionó la aplicación restrictiva de la Ley 62 de 1985 y de la
Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, bajo el argumento de que el Acto Legislativo 01 de 2005 ordenó liquidar
las pensiones con fundamento en todos los factores efectivamente cotizados.
Asimismo, en ambos escenarios la accionante alegó la existencia de defectos
derivados de la indebida valoración probatoria, del desconocimiento del precedente
judicial y de la vulneración de principios constitucionales como igualdad,
favorabilidad, progresividad y sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Incluso, la tutela retomó sustancialmente las mismas providencias judiciales y
sentencias de unificación invocadas en la apelación para sustentar que otros
tribunales y altas cortes habían admitido la inclusión de factores salariales cotizados
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aunque no estuvieran enlistados expresamente en la Ley 62 de 1985, lo que
evidencia expone los mismos argumentos ya resueltos por los jueces naturales,
ahora bajo la caracterización de defectos específicos de procedencia de la acción
de tutela, lo que hace improcedente la solicitud de amparo.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196,
estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces”7 (Negrilla de la Sala)
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En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 20249, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, en este caso,
a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate
propuesto ante el juez natural.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación presentada por La Fiduprevisora
S.A. y la Secretaría de Educación de Bogotá.
Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Gladys Gamba Sopó, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.
6
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02748-00
Demandante: María Gladys Gamba Sopó
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse en la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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