Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02750-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02750-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02750-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02750-00
Accionante: Nancy Mireya García López
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Niega el amparo por no demostrarse el defecto endilgado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Nancy Mireya García López, quien actúa en
nombre propio contra el Tribunal Administrativo del Cesar por la presunta vulneración
del derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad, con ocasión
de la expedición de la sentencia del 26 de febrero de 2026, al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-006-
2017-00023-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Nancy Mireya García López se desempeñaba como docente de aula en
la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz, Cesar.
3. La Secretaría de Educación departamental del Cesar expidió la Resolución 004121
del 1° de octubre de 2014, mediante la cual dispuso su retiro del servicio. Luego, la
entidad, a través de la Resolución 004964 del 25 de noviembre de 2014, reconoció
en favor de la señora García López una pensión mensual vitalicia por invalidez.
4. Más adelante, por medio de la Resolución 000510 del 3 de febrero de 2015, la
Secretaría reconoció y autorizó el pago de las cesantías definitivas correspondientes
al tiempo de servicios prestados como docente entre los años 2004 y 2014.
5. Sin embargo, el 17 de marzo de 2015, la señora García López presentó petición
ante la entidad, en la que advirtió la omisión de la liquidación de las cesantías
correspondientes al año 2003. En consecuencia, la Secretaría, mediante la
Resolución 004720 del 9 de septiembre de 2015, reconoció y autorizó el pago de
dicho auxilio.
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Accionante: Nancy Mireya García López
6. Con posterioridad, la señora García López interpuso recurso de reposición contra
la decisión anterior, con la finalidad de que se le reconociera y pagara la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías correspondientes al año 2003. No
obstante, la entidad guardó silencio, por lo que se configuró un acto ficto o presunto
el 16 de abril de 2013, conforme al artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.
7. Finalmente, la Secretaría de Educación departamental del Cesar efectuó el pago
del auxilio el 6 de diciembre de 2016.
8. En consecuencia, la señora García López interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – en adelante FOMAG- y el
Departamento del Cesar, con la finalidad de que se declarara la nulidad del acto ficto
o presunto configurado el 16 de mayo de 2016, y, a título de restablecimiento del
derecho, se les condenara al pago de la sanción moratoria causada, a su juicio, desde
el 28 de abril de 2016 hasta el 6 de diciembre del mismo año.
9. El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 18 de
noviembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al
encontrar demostrada la tardanza en el pago de las cesantías correspondientes al
2003, circunstancia que atribuyó a la Nación - Ministerio de Educación – FOMAG,
motivo por el cual los condenó al pago de la sanción moratoria.
10. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la
sentencia del 26 de febrero de 2026 revocó la decisión judicial anterior y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la sanción moratoria
no procede por el pago tardío de ajustes de cesantías, «conforme a la línea
consolidada del Consejo de Estado».
2.2. Fundamento jurídico
11. La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
un defecto sustantivo, pues desconoció que la Resolución 4720 de 2015 no
constituye un acto administrativo de ajuste o reliquidación de las cesantías definitivas,
sino una corrección de la Resolución 00510 del 2015, en la que se omitió incluir la
liquidación de cesantías correspondiente al año 2003, por lo que sí procede la
sanción moratoria.
2.3. Pretensiones
12. La parte accionante solicitó:
«PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales de la suscrita NANCY
MIREYA GARCIA LOPEZ al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA y el
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por incurrir la sentencias de fecha 26 de Febrero del
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar respectivamente en defecto
fáctico y sustantivo.
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SEGUNDA: Que se DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 26 de Febrero de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar respectivamente, dictada dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho [r]adicado con el No. 20-001-
33-33-006-2017-000023-00.
TERCERA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Cesar que [r]evoque su
decisión, en la cual con un mejor adecuación de los presupuestos facticos al marco
normativo y jurisprudencial acorde a los presupuestos de hecho y de derecho del
caso de marras, y en su defecto confirme la decisión proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo de fecha 18 de Noviembre de 2024.
CUARTA: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como violados, y que [u]stedes, como guardianes de la Constitución,
puedan establecer como violados». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
13. Por medio del auto del 14 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar como accionado y al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, la Nación – Ministerio de Educación
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Cesar
como terceros interesados en el resultado del proceso.
14. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar citó apartados de
su decisión judicial y concluyó que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante.
15. El Ministerio de Educación consideró que, en el presente asunto, no se demostró
que las supuestas vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales
invocadas comprometan gravemente la supervivencia del accionante. Además,
sostuvo que la controversia es meramente económica, circunstancia que excede la
competencia del juez constitucional. Por lo tanto, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.
16. La Fiduprevisora S.A. afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
pues no existe nexo de causalidad entre la omisión alegada y la entidad. Por ende,
solicitó que se le desvincule del presente proceso.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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3.2. Cuestión previa
18. Si bien la parte accionante alegó la configuración de un defecto sustantivo, lo
cierto es que no precisó la norma que estima desconocida o indebidamente
aplicada, ni explicó de qué manera tal irregularidad habría incidido en la decisión
cuestionada. Por el contrario, esta Subsección advierte que, en realidad, el reparo
planteado se encuadra en un presunto defecto fáctico, en la medida en que la
inconformidad de la parte accionante se funda en que la autoridad judicial accionada
desconoció que la Resolución 4720 de 2015 no constituye un acto administrativo de
ajuste o reliquidación de las cesantías definitivas, sino una corrección de la
Resolución 00510 del 2015, en la que se omitió incluir la liquidación de cesantías
correspondiente al año 2003,.
19. Por otra parte, si bien la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación, esta
Subsección advierte que en el proceso cuestionado el FOMAG actuó como entidad
demandada, razón por la cual su vocera y administradora de recursos tiene un
interés directo en el resultado del presente asunto. En consecuencia, se negará su
solicitud.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en establecer
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. En caso
afirmativo, deberá determinarse si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en el
defecto fáctico, al concluir que la sanción moratoria no procedía por pago tardío de
reajuste de cesantías, pese a que, en realidad, se trató de una corrección.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.
22. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.
24. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
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en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.
25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
26. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
27. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado encontró
cumplidos los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, a saber: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv)
que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. La Subsección advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la presentación2 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se notificó la providencia cuestionada3.
3.3.1.4. En el presente asunto se alega una irregularidad procesal, consistente en el
presunto exceso ritual manifiesto en que incurrió la autoridad judicial accionada al
confundir los conceptos de corrección de liquidación de cesantías con reliquidación
2 13 de abril de 2026.
3 3 de marzo de 2026.
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de cesantías.
3.3.1.5. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
en que se centra en establecer una presunta vulneración iusfundamental derivada
de la supuesta configuración del defecto fáctico. Aunado a ello, no se pretende
habilitar una tercera instancia del proceso ordinario, en tanto, como se dijo, la causal
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentra
debidamente argumentada.
3.3.1.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.
28. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
29. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
30. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.
4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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31. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1.1. Análisis del presunto defecto fáctico
32. La parte accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
el defecto fáctico, pues desconoció que la Resolución 4720 de 2015 no constituye un
acto administrativo de ajuste o reliquidación de las cesantías definitivas, sino una
corrección de la Resolución 00510 del 2015, en la que se omitió incluir la liquidación
de cesantías correspondiente al año 2003, por lo que sí procede la sanción moratoria.
33. Con la finalidad de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto alegado, se analizarán los argumentos desarrollados en la providencia del 26
de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cesar. Por consiguiente, se cita
in extenso:
«[L]a controversia se circunscribe a establecer si el pago extemporáneo del
valor correspondiente al año omitido activa la sanción moratoria prevista en el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. Para resolver este interrogante, resulta
indispensable precisar que no toda tardanza en el pago de valores relacionados
con cesantías genera automáticamente la sanción. Es necesario diferenciar
entre la mora en el pago de la prestación misma —entendida como cesantías
parciales o definitivas reconocidas por primera vez— y la tardanza en el pago
de diferencias derivadas de ajustes, correcciones o reliquidaciones posteriores
al acto que efectuó el reconocimiento inicial. Esta distinción no es producto de
una elaboración autónoma de la Sala, sino que proviene de una línea
jurisprudencial constante del Consejo de Estado y constituye, asimismo, uno
de los argumentos centrales del recurso de apelación.
En este contexto, resulta particularmente ilustrativa la sentencia del Consejo de
Estado del 9 de septiembre de 20218, que analizó una situación
sustancialmente análoga a la presente. En dicha providencia se precisó que la
sanción moratoria solo tiene cabida cuando la mora recae sobre el pago de la
prestación social como tal, de acuerdo con los términos perentorios fijados por
el legislador y no, cuando lo tardío es el pago de una diferencia originada en la
reliquidación de las cesantías, no se configura el supuesto legal necesario para
imponer la sanción.
(…)
Lo anterior confirma que la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006
no admite aplicación extensiva o analógica, dada su naturaleza sancionatoria,
y solo procede en los estrictos casos definidos por el legislador, excluyendo
expresamente aquellos en los que el retardo recae sobre sumas derivadas de
ajustes o reliquidaciones posteriores. La Sala advierte, además, que estos
criterios han sido reiterados en múltiples pronunciamientos de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y han consolidado la regla conforme a la cual
el pago tardío de una diferencia no configura mora en el pago de la prestación.
Bajo tales premisas, encuentra la Sala que la sentencia apelada incurrió en un
error de subsunción, pues aplicó las reglas de cómputo de la sanción moratoria
previstas en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 —referidas a los
8 Con radicado: 17001-23-33-000-2018-00185-01.
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eventos en los que sí existe mora en el pago de la prestación inicial— a un
supuesto fáctico distinto, esto es, el pago tardío de un ajuste. En el presente
expediente no se discute la oportunidad en el pago de las cesantías definitivas
reconocidas en 2015; lo que se pagó tardíamente fue el valor correspondiente
al año 2003, reconocido mediante una decisión posterior de ajuste. Tal
circunstancia, de conformidad con la jurisprudencia citada, no activa la sanción
prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006».
34. Si bien la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada
desconoció que, en el caso concreto, se presentó una corrección de la liquidación
de las cesantías definitivas y no una reliquidación del auxilio, en razón a la inclusión
de un periodo inicialmente omitido, dicho planteamiento parte de una premisa
equivocada.
35. En efecto, ignora que las cesantías definitivas constituyen una prestación social
unitaria e integral, que se causa de manera continua durante toda la relación laboral
y cuya liquidación final debe comprender la totalidad de los periodos servidos.
36. En ese sentido, no es dable afirmar que la autoridad judicial confiera los
conceptos de corrección y reliquidación. Por el contrario, en tratándose de una
prestación unitaria, cualquier valor omitido en la liquidación inicial debe ser
incorporado mediante un ajuste o reliquidación, como ocurrió en el caso concreto.
37. Por consiguiente, la Resolución 004720 de 2015 se erige como un acto
administrativo que reconoció y autorizó el pago de una diferencia derivada de un
ajuste posterior al acto de reconocimiento inicial contenido en la Resolución 00510
de 2015, respecto del cual no procede el pago de la sanción moratoria ante un
eventual pago tardío, tal y como lo indicó la autoridad judicial accionada.
38. Al respecto, se le recuerda a la parte accionante que la sanción moratoria se
prevé exclusivamente para los eventos en que la administración incumple los
términos para resolver la solicitud inicial de cesantías o para efectuar su pago. Sin
embargo, en el caso concreto se acreditó que la entidad resolvió oportunamente la
petición inicial y efectuó el pago dentro del término legal, motivo por el cual no se
configuró la penalización.
39. Adicionalmente, se observa que la parte accionante no interpuso recurso de
reposición contra el acto administrativo inicial, sino que optó por presentar una
nueva petición, la cual fue resuelta favorablemente mediante el reconocimiento de
los valores omitidos. No obstante, posteriormente pretendió derivar una sanción
moratoria con ocasión de la tardanza en el pago de dichas diferencias, lo cual
resulta improcedente, toda vez que la sanción moratoria no se predica de actos
administrativos posteriores que reconocen ajustes o reliquidaciones9.
40. Por consiguiente, no resulta admisible el argumento según el cual debe
efectuarse un nuevo cómputo de términos para efectos de determinar la causación
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 31 de julio de 2025, C.P. Juan Camilo
Morales Trujillo, radicado 73001-23-33-000-2021-00271-01; 28 de agosto de 2025, C.P. Luis Eduardo Mesa,
radicado 68001-23-33-000-2017-01580-01; y 9 de abril de 2026, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicado
08001-23-33-000-2018-00100-02, entre otras.
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de la sanción moratoria, pues esta únicamente se configura respecto del acto
administrativo inicial de reconocimiento. Así, la tardanza en el pago de diferencias
derivadas de ajustes posteriores no se encuentra contemplada dentro de los
supuestos normativos ni jurisprudenciales que dan lugar a dicha sanción.
41. En conclusión, la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto fáctico, al
considerar que frente al Acto Administrativo 00510 de 2015 procedía un ajuste y
que, en consecuencia, no era viable imponer una sanción moratoria por la tardanza
en el pago de las diferencias reconocidas con posterioridad. Esta interpretación
resulta acorde con el carácter unitario de la prestación, el marco normativo aplicable
y la jurisprudencia de esta Corporación, razón por la cual se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.
42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Nancy Mireya García López, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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