Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02759-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02759-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02759-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02759-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN1 y la SALA OCTAVA DE DECISIÓN
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA), actuando a través de
1
En adelante Juzgado.
2
En adelante Tribunal.
2
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apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de confianza legítima y
de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales
estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la
providencia de 18 de septiembre de 2025 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2019-00266-02.
I.2. Hechos
Manifestó que la señora MÓNICA ROMERO presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en su contra y de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, con el fin de obtener la nulidad de
los actos proferidos por el JUEZ SEGUNDO CIVIL ORAL DEL
CIRCUITO DE BELLO (ANTIOQUIA), a través de los cuales declaró
su insubsistencia y le aceptó la renuncia al cargo de escribiente que
venía desempeñando en ese despacho judicial, y a título de
restablecimiento solicitó el reintegro a un cargo equivalente o
superior, además del pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir desde la fecha del retiro hasta su incorporación.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
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radicación 2019-00266-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante providencia de 28 de marzo de 2023,
denegó las súplicas incoadas.
Arguyó que inconforme con la anterior decisión presentó recurso de
apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 18 de
septiembre de 2025, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar,
declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó el
reintegro de la señora MÓNICA ROMERO al cargo que venía
desempeñando y la condenó al pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir hasta por el lapso de dos años, contados a partir
de la fecha de su desvinculación.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia judicial incurrió en defecto
fáctico por cuanto fueron ignorados y tergiversados los testimonios
y documentos aportados al expediente ordinario, con los que se
lograba establecer la validez y voluntariedad de la renuncia
presentada por la señora MÓNICA ROMERO.
Aseguró que también incurrió en defecto sustantivo al aplicar
indebidamente los principios de protección reforzada y estabilidad
laboral, propios del régimen de carrera administrativa, pasando por
alto que la vinculación de la allí demandante se surtió de manera
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provisional, por lo que podía ser retirada del cargo por razones del
servicio o conveniencia institucional.
Señaló que en el asunto se encuentra plenamente probado que la
renuncia de la señora MÓNICA ROMERO fue suscrita de manera
voluntaria y aceptada mediante resolución regular, sin que aquella
ostentara un derecho subjetivo de permanencia.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y al principio de
prevalencia del derecho sustancial, vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia del 18 de septiembre de
2025.
SEGUNDO: Se deje sin efecto la providencia mediante la cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA OCTAVA DE
ORALIDAD, M.P. ANGY PLATA ALVAREZ revocó la sentencia de
primera instancia expedida por el JUZGADO VEINTICUATRO (24)
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO, negando las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento
del derecho laboral con radicado 05001 33 33 024 2019 00266 00,
iniciado por la señora MONICA ROMERO contra NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
TERCERO: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, SALA OCTAVA DE ORALIDAD, M.P. ANGY PLATA
ALVAREZ, proferir una nueva sentencia de reemplazo dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral
realizando una valoración coherente con la realidad procesal y
aplicando el marco jurídico vigente para servidores provisionales
[…]”. (Destacado pertenece al texto)
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I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la solicitud de amparo debe ser
denegada, en la medida que la providencia cuestionada no adolece
de los defectos invocados por la actora, pues en el asunto objeto de
controversia se efectuó una debida valoración de las pruebas que
fueron aportadas por las partes y se aplicó la jurisprudencia
relacionada con la declaratoria de insubsistencia de empleados
nombrados en provisionalidad.
I.5.2.- El JUZGADO elaboró un recuento de las actuaciones
procesales efectuadas dentro del proceso ordinario y señaló que
todas las actuaciones surtidas en primera instancia se ajustaron a la
legalidad y fueron fundamentadas en derecho, por lo que no hay
lugar a considerar la procedencia de la acción de tutela por la
configuración de vías de hecho.
I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL solicitó ser desvinculada del trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, dado que no funge
como superior jerárquico del TRIBUNAL.
I.5.4.- La señora MÓNICA ROMERO aportó el poder que confirió al
abogado VÍCTOR ALONSO PÉREZ GÓMEZ para actuar en su
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representación en el presente trámite constitucional, sin embargo,
no realizaron pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitó ser desvinculada de la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto.". (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que dicha autoridad también fungió como
parte demandada dentro del medio de control objeto de
cuestionamiento, le asiste interés directo en las resultas del proceso
constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
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pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
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ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia 18 de septiembre de 2025, proferida
por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2019-00266-02.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a los principios de confianza legítima y de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a juicio de la
actora, incurrió en defecto fáctico por cuanto fueron ignorados y
tergiversados los testimonios y documentos aportados al expediente
ordinario, con los que se lograba establecer la validez y voluntariedad
de la renuncia presentada por la señora MÓNICA ROMERO.
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Aseguró que también incurrió en defecto sustantivo al aplicar
indebidamente los principios de protección reforzada y estabilidad
laboral, propios del régimen de carrera administrativa, pasando por
alto que la vinculación de la allí demandante se surtió de manera
provisional, por lo que podía ser retirada del cargo por razones del
servicio o conveniencia institucional.
Señaló que en el asunto se encuentra plenamente probado que la
renuncia de la señora MÓNICA ROMERO fue suscrita de manera
voluntaria y aceptada mediante resolución regular, sin que aquella
ostentara un derecho subjetivo de permanencia.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
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Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”3.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
3
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 4:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo5:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados. […]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo. […]
4
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable. […]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras6;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado7;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión8;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales9;
6
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Actora: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN
(ANTIOQUIA)
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta10.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 11, la
providencia de 18 de septiembre de 2025, aquí cuestionada, fue
notificada a las partes personalmente, vía correo electrónico, el 24
de ese mes y año, por lo que en aplicación de los artículos 203 y
205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201112, se entiende
debidamente notificada el 26 del mismo mes y anualidad.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 10 de abril de 202613, esto es,
transcurrido más de 6 meses, superando así el término que ha
sido estimado por la jurisprudencia como término razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de la providencia de 18 de
septiembre de 2025, aquí cuestionada.
Así las cosas, teniendo en cuenta que en la presente acción de tutela
no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los
10
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
11
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333024201900
266020500123
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13
https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001031500
020260275900/5E9B16C0907D2D411FA5D3F6C1E596A12B4304E148ED67A53DA3E2EA9635CD68/2
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002026027
59001100103
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(ANTIOQUIA)
supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo de la referencia por falta del requisito general de
inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
14
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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(ANTIOQUIA)
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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