Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02762-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02762-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02762-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-00
Accionante: Pastora Toledo
Accionado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Asuntos
Legales, Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas, y
otro.
Tema: Derechos a la seguridad social, al debido proceso y a la vida digna.
Tutela por incumplimiento de una sentencia. Falta de inclusión en
nómina y pago de mesadas pensionales. Pensión de
sobrevivientes. ACCEDE AL AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Pastora Toledo, mediante
apoderado, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de
Asuntos Legales, Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas, y del
Ejército Nacional.
ANTECEDENTES
La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la vida digna,
la seguridad social y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por el
incumplimiento de la sentencia del 13 de junio de 2025 proferida dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-003-
2021-00208-00; y por el Oficio RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025,
emitido por el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de
Defensa Nacional.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
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La señora Pastora Toledo narró que es madre del soldado voluntario -del
Archivo Central.
Ejército
Nacional Wilson Abril Toledo, quien falleció el 5 de julio de 2000 prestando el
servicio militar.
Que solicitó ante el Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes y, ante la negativa de la entidad, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal.
Que el Juzgado profirió sentencia el 13 de junio de 2025, en la que condenó a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional al reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, sentencia que quedó ejecutoriada
el 4 de julio de 2025, al no ser recurrida por ninguna de las partes.
Que el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de
Defensa emitió los oficios RS20250918187491 del 18 de septiembre de 2025 y
RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, en los que se impusieron
«exigencias burocráticas propias del reconocimiento administrativo – ya superadas
por el fallo judicial – y formuló amenaza velada del trámite».
Que a la fecha de la instauración de la acción de tutela transcurrieron más de nueve
meses desde la ejecutoria del fallo sin que el Ministerio de Defensa Nacional haya
incluido a la accionante en la nómina de pensionados ni efectuado pago alguno del
retroactivo adeudado.
Considera que las entidades accionadas:
1. Vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social y al debido
proceso, porque no han realizado la inclusión en nómina y, por tanto, no se
ha materializado la pensión reconocida en la sentencia, la cual no puede ser
revisada, modificada ni condicionada, como lo pretende la entidad;
2. Desconocieron la Sentencia C-208 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual
condicionó la exequibilidad del art. 192 del CPACA, en el sentido de que el
plazo de diez meses allí previsto no podía aplicarse mecánicamente cuando
el beneficiario es un adulto mayor, y que la entidad debe adoptar medidas
para efectuar el pago en el menor tiempo posible;
3. Inaplicaron el artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 2469 de 2015 que ordena a la
entidad de oficio a expedir la resolución de pago dentro de los dos meses
siguiente a la ejecutoria, al exigirle documentos como condición previa para
efectuar el pago de la pensión, y desconocieron que dicho Decreto
únicamente reglamenta condenas dinerarias, mas no obligaciones de hacer,
como la inclusión en nómina, la cual debe efectuarse en el término previsto
en el inciso 1.° del artículo 192 del CPACA.
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PRETENSIONES - Archivo Central.
La accionante pidió que se amparen los derechos invocados; se ordene al Ministerio
de Defensa Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la incluya en
la nómina de pensionados y le pague la totalidad del retroactivo de mesadas
pensionales adeudadas; igualmente, solicitó que se inaplique el Oficio núm.
RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025 y que se le ordene a dicho Ministerio
rendir informe de cumplimiento.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 16 de abril de 2026, se admitió la tutela y se ordenó efectuar la notificación a las
entidades accionadas.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) del Ministerio de
Defensa manifestó que es la competente para conocer de las funciones relativas al
reconocimiento y pago de las prestaciones y pensiones a cargo del Ministerio de
Defensa; sin embargo, indicó que es el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones
Litigiosas del Ministerio el encargado de efectuar el trámite para el cumplimiento y
pago de las sentencias, por lo que el 5 de septiembre de 2025 reenvió a la
coordinadora de dicho Grupo la solicitud de la parte actora para que se diera
cumplimiento a la sentencia judicial, y el 23 de abril de 2026 le dio traslado de la
presente tutela.
Informó que una vez el Grupo de Obligaciones Litigiosas efectúe lo de su
competencia y le remita el expediente prestacional del administrado, podrá dar
cumplimiento al fallo judicial frente al reconocimiento de la prestación económica.
Solicitó que se desvincule al Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) de la presente acción de tutela.
El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas de la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Defensa informó que la accionante allegó
documentación que cumplió con los requisitos exigidos en octubre de 2025 y, por
tanto, se le asignó turno de pago S-1530-2025. En ese sentido, que remitió oficio
RS20260427092608 de fecha 27 de abril de 2026 a la Dirección de Prestaciones
Sociales del DIVRI para que efectúe la inclusión en nómina y proceda al pago
mensual de la pensión.
Solicitó que se desvincule al Grupo Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas de
la presente acción de tutela, toda vez que no se evidencia afectación de derechos
fundamentales.
Se decidirá previas las siguientes,
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• Archivo Central.
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela frente a la inclusión de nómina de pensionados por reconocimientos
pensionales contenidos en providencias judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela frente a la inclusión de nómina de
pensionados por reconocimientos pensionales contenidos en providencias
judiciales
Las pensiones adquieren una connotación fundamental por cuanto el
reconocimiento y pago de estas prestaciones económicas garantizan el mínimo vital
del pensionado o afiliado y sus allegados dependientes 1.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 216 de 2015, aclaró que:
«si el incumplimiento de una obligación de dar, impuesta en una
sentencia judicial, se traduce en la vulneración de derechos
fundamentales, la acción de tutela será procedente porque se considera
que la vía ejecutiva no cuenta con la virtualidad de tener la misma
efectividad del mecanismo constitucional».
Aunado a lo anterior, la Corte señaló que cuando se promueve la solicitud de
amparo, cuya pretensión sea el cumplimiento de una providencia judicial que
reconoce una pensión, la tutela resulta procedente, toda vez que la negativa a la
inclusión en la nómina conlleva una violación a los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social:
«(…) De ahí que, en estos casos, se hace imperioso que el derecho debidamente
reconocido se ejecute cabalmente, a través de su inmediata incorporación en la
nómina de pensionados y más aún, como acontece en el presente caso, si ya se han
agotado todos los mecanismos que se tienen al alcance para que se cumplan las
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de febrero de 2018, C.P Gabriel
Valbuena Hernández, radicado 25000-23-42-000-2017-05672-01(AC).
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decisiones judiciales (…)». - Archivo Central.
Adicionalmente, la Corte en la sentencia T 426 de 2018 adujo que los supuestos
indicativos para que proceda de manera excepcional el mecanismo de amparo
constitucional son:
«(…) (I) el estado de salud del solicitante;(II) el tiempo que la autoridad
pensional demoro en desatar el procedimiento administrativo;(III) la edad del
peticionario;(IV) la composición del núcleo familiar del mismo, por ejemplo el
número de personas a cargo, o si ostenta la calidad de cabeza de familia; (V)
el potencial conocimiento de la titularidad de los derechos, al igual que las
acciones para hacerlos valer; y (VI) las circunstancias económicas del
interesado, análisis que incluye el promedio de ingresos frente a los gastos, el
estrato socioeconómico y la calidad de desempleo (…)».
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Pastora Toledo estima que la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Secretaría General, Grupo de Prestaciones Sociales, Dirección
Administrativa, transgredió sus derechos fundamentales a la seguridad social y
debido proceso, los cuales considera vulnerados por el incumplimiento de la
sentencia del 13 de junio de 2025 y, por la expedición del Oficio núm.
RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, emitido por el Grupo de
Prestaciones Sociales, del Ministerio de Defensa Nacional.
La Sala observa que la acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia,
pues a) hay legitimación en la causa por activa y por pasiva y b) se cumple con el
requisito de inmediatez.
En relación con el requisito de subsidiaridad, se observa que la accionante cuenta
con la acción ejecutiva para alegar sus inconformidades respecto al incumplimiento
de la sentencia proferida el 13 de junio de 2025; sin embargo, atendiendo a los
criterios establecidos por la Corte Constitucional, este requisito se puede flexibilizar
cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección
constitucional 2.
En el caso, la señora Pastora Toledo es un sujeto de especial protección
constitucional, porque es una persona de la tercera edad y, según certificado de
discapacidad allegado al expediente, es paciente con enfermedad renal crónica,
hipertensión arterial y diabetes mellitus, que además depende de terceros para
realizar actividades diarias.
Adicionalmente, se advierte que la orden de inclusión en nómina implica una
obligación de hacer, por lo cual exigir el agotamiento de la demanda ejecutiva
resultaría desproporcionado, por lo cual se flexibilizará el requisito de subsidiaridad
2 Sentencia SU-075 de 2018.
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y se procederá a estudiar el fondo del asunto. - Archivo Central.
Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente la Sala observa:
• Sentencia del 13 de junio de 2025 proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-003-2021-
00208-00, en la cual el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal,
dijo:
«(…) se ordena a la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL que reconozca y pague a la señora PASTORA TOLEDO en
calidad de madre del señor WILSON ABRIL TOLEDO, una pensión de
sobrevivientes según lo preceptuado en los artículos 46 y 47 de la Ley 100
de 1993, en cuantía equivalente al 45% del ingreso base de liquidación,
suma que debe ajustarse en los términos del artículo 187 del CPACA, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia».
• Certificado en el cual consta que la accionante es «paciente en la novena
década de la vida, presenta enfermedades crónicas como hipertensión
arterial, diabetes mellitus no insulino requirente y enfermedad renal crónica;
paciente que depende de terceros para realización de actividades diarias».
• Correo del 26 de agosto de 2025 por parte del apoderado de la señora
Pastora Toledo, en el cual solicitó la inclusión en nómina para el pago de la
pensión de sobrevivientes, dirigido al Ministerio de Defensa Nacional.
• Oficio RS20250918187491 del 18 de septiembre de 2025 y Oficio
RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, en los cuales la
coordinadora del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del
Ministerio de Defensa Nacional solicita a la accionante unos documentos
para continuar con el cumplimiento a la solicitud de pago.
• Correo del 10 de octubre de 2025 por parte del apoderado de la señora
Pastora Toledo, en el que anexa los documentos solicitados en Oficio
RS20250918187491 del 18 de septiembre de 2025.
Así las cosas, esta Sala encuentra que los oficios RS20250918187491 del 18 de
septiembre de 2025 y RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025 expedidos
por el Ministerio de Defensa, en los que se solicitaron documentos para continuar
con el cumplimiento de pago, están fundamentados en el artículo 2.8.6.5.1. del
Decreto 1068 de 2015, y no buscan «obstaculizar» el cumplimiento de la sentencia,
como lo adujo la accionante, sino recaudar la información necesaria para el
cumplimiento de la sentencia.
Ahora bien, en la contestación a la tutela rendida por el Grupo de Reconocimiento
de Obligaciones Litigiosas, se informó que la accionante allegó la documentación
exigida en octubre de 2025 y que esta cumplió con los requisitos exigidos, por lo
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que se le asignó el turno de pago núm. S-1530-2025, y el 27 de abril -de Archivo
2026Central.
se
remitió el Oficio RS20260427092608 al Grupo de Prestaciones Sociales de la
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) para que elabore los actos
administrativos de cumplimiento de la orden judicial y realice las liquidaciones
correspondientes.
Sin embargo, se advierte que la remisión de dicho Oficio se efectuó con ocasión de
la instauración de esta acción, a pesar de que la actora ya había enviado la
documentación completa que le fue requerida en octubre de 2025, como la propia
entidad lo reconoce.
Igualmente, se observa que a la fecha sigue sin darse cumplimiento a la sentencia
del 13 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Yopal, puntualmente, a la inclusión de nómina y el respectivo pago de las
mesadas, a pesar de la edad y la condición de salud de la actora, y a que han
transcurrido más de nueve meses desde que adquirió ejecutoria la decisión judicial,
lo que genera una afectación al mínimo vital de la actora.
Por lo anterior, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al mínimo
vital y la seguridad social de la accionante y se ordenará al Ministerio de Defensa
Nacional que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, la
incluya en nómina de pensionados e inicie el pago de las mesadas correspondientes
que se causen a partir de dicho término.
Se aclara que el amparo que aquí se concede se limita a los aspectos anteriores,
teniendo en cuenta que la finalidad de esta acción se dirige a garantizar el mínimo
vital de la actora, por lo que cualquier discusión adicional respecto al cumplimiento
de la sentencia deberá adelantarse a través de los medios ordinarios.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de la señora Pastora Toledo, conforme a las consideraciones expuestas en
esta providencia.
Segundo. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, incluya a la accionante en nómina
de pensionados e inicie el pago de las mesadas correspondientes que se causen a
partir de dicho término.
Tercero. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Cuarto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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