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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02762-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02762-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02762-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-01
Demandante: Pastora Toledo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02762-01
Demandante: PASTORA TOLEDO
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA, DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, GRUPO DE RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIONES LITIGIOSAS Y OTRO

Tema: Acción de tutela para inclusión en nómina de pensión de
sobrevivientes. Confirma amparo. Derechos al mínimo vital y
seguridad social de adulto mayor.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección de Veteranos y
Rehabilitación Inclusiva, Viceministerio de Veteranos del Ministerio de Defensa
Nacional (DIVRI) contra la sentencia del 29 de abril de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, amparó los derechos al mínimo
vital y seguridad social de adulto mayor de la señora Pastora Toledo, en los siguientes
términos:

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la
señora Pastora Toledo, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

Segundo. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación de esta providencia, incluya a la accionante en nómina de pensionados e inicie el
pago de las mesadas correspondientes que se causen a partir de dicho término.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y a través de apoderado, la
señora Pastora Toledo pidió la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, vida digna y debido proceso.

A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con
ocasión de la omisión de incluirla en la nómina de pensionados del Ministerio de
Defensa, como consecuencia del fallo proferido el 13 de junio de 2025 por el Juzgado

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-01
Demandante: Pastora Toledo

Quinto Administrativo del Circuito de Yopal que le concedió el derecho a recibir una
pensión de sobrevivientes.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. PRIMERA — AMPARO: TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social (artículo
48 C.P.), a la especial protección de la tercera edad (artículo 46 C.P.), al debido proceso y cosa
juzgada (artículo 29 C.P.), a la vida digna (artículo 11 C.P.) y al acatamiento de las decisiones
judiciales (artículo 228 C.P.) de la señora PASTORA TOLEDO (C.C. 23.718.107), vulnerados
por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y el EJÉRCITO NACIONAL (DIVRI) mediante el
incumplimiento sistemático de la sentencia ejecutoriada del 4 de julio de 2025, expediente No.
85001-33-33-003-2021-00208-00.

2. SEGUNDA — INCLUSIÓN EN NÓMINA: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la
notificación del fallo de tutela, incluya a la señora PASTORA TOLEDO (C.C. 23.718.107) en la
nómina de pensionados del Ministerio de Defensa Nacional con la pensión de sobrevivientes
reconocida en la sentencia del 13 de junio de 2025, en la cuantía y condiciones en ella
establecidas, conforme al inciso 1.° del artículo 192 del CPACA27.

3. TERCERA — PAGO DEL RETROACTIVO E INTERESES: ORDENAR al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL y al EJÉRCITO NACIONAL (DIVRI) que, dentro del mismo término de
cuarenta y ocho (48) horas, paguen a la señora PASTORA TOLEDO la totalidad del retroactivo
de mesadas pensionales adeudadas desde la fecha de causación reconocida en el fallo hasta la
de pago efectivo, debidamente indexadas conforme al IPC del DANE (artículo 187 CPACA), más
los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 199328 a la Tasa de Usura certificada
por la Superintendencia Financiera, según la Sentencia SL3130-202029 y la Sentencia SU-063-
202330.

4. CUARTA — INAPLICACIÓN DEL OFICIO DILATORIO: INAPLICAR por vía constitucional el
Oficio RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, suscrito por la coordinadora MYRIAM
LILIANA LÓPEZ VELA, en cuanto condiciona el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada a
trámites del Decreto 2469 de 2015 que contradicen el artículo 2.8.6.4.2 del mismo decreto32, el
artículo 192 del CPACA33 y la Sentencia C-208-2023 de la Corte Constitucional34.

5. QUINTA — INFORME DE CUMPLIMIENTO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL y al EJÉRCITO NACIONAL (DIVRI) que, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del fallo, rindan informe de cumplimiento al Honorable Tribunal
acreditando documentalmente la inclusión en nómina con fecha efectiva y valor de la mesada, y
el pago del retroactivo e intereses con detalle de la liquidación, so pena de incurrir en desacato
en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 199135.

6. SEXTA — COMPULSA DE COPIAS: COMPULSAR COPIAS a la Procuraduría General de la
Nación y a la Fiscalía General de la Nación a efectos de que se investigue la responsabilidad
disciplinaria y penal de los funcionarios responsables del incumplimiento sistemático de la
sentencia judicial ejecutoriada, en particular de la coordinadora MYRIAM LILIANA LÓPEZ VELA,
suscriptora del Oficio RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025.

3. Hechos

Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-01
Demandante: Pastora Toledo

El señor Wilson Abril Toledo, hijo de la señora Pastora Toledo, nació el 7 de abril de
1970 y falleció el 5 de julio de 2000 mientras se desempeñaba como soldado regular
en el Ejército, entidad a la que ingresó el 5 de julio de 1995. La muerte fue calificada
como en simple actividad.

Como consecuencia de lo anterior, la tutelante formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Defensa, con el fin de obtener
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en atención a que su difunto hijo
no tenía esposa ni hijos y colaboraba económicamente con sus padres.

El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, con
el radicado 85001-33-33-003-2021-00208-00, donde se profirió sentencia de primera
instancia el 13 de junio de 2025 que accedió a las pretensiones de la demanda y, entre
otras disposiciones, ordenó al Ministerio de Defensa reconocer y pagar a la señora
Pastora Toledo, en calidad de madre del señor Wilson Abril Toledo, una pensión de
sobrevivientes según lo preceptuado en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
en cuantía equivalente al 45% del ingreso base de liquidación.

La sentencia no fue apelada, por lo que la Secretaría del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal expidió constancia en la que indicó que el fallo
quedó ejecutoriado el 4 de julio de 2025.

Aunque en el expediente no se evidencia la fecha exacta de solicitud de cumplimiento
de la sentencia, se observa que el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones
Litigiosas del Ministerio de Defensa emitió el oficio RS20250918187491 del 18 de
septiembre de 2025, en el que se solicitó a la accionante que aportara los siguientes
documentos para continuar con el cumplimiento a la solicitud de pago:

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Demandante: Pastora Toledo

Mediante correo de 10 de octubre de 2025, el apoderado de la accionante aportó los
documentos solicitados por la entidad.

Por medio del oficio RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, la Coordinadora
del Grupo Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas acusó el recibido de los
siguientes documentos:

➢ Sentencia de primera instancia de fecha 13/06/2025.
➢ Certificación de fecha 16/06/2025, proferida por el juzgado 5 de Yopal.
➢ Certificación bancaria de la señora Pastora Toledo.
➢ Oficio solicitud cumplimiento sentencia.
➢ Declaración juramentada de la señora Pastora Toledo.
➢ Copia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Dr. Jilmer Rico.

No obstante, en el oficio se indicó que, conforme al Artículo 1 del Decreto 2469 de
2015, no se aportaron los documentos que se requieren para dar cumplimiento a la
solicitud de pago, entre ellos los siguientes:

Con el escrito de tutela, la accionante aportó certificado de discapacidad suscrito por
Red Salud Casanare ESE, donde se indica que tiene la condición de “PACIENTE EN LA
NOVENA DECADA DE LA VIDA, PRESENTA ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO HIPERTENSION
ARTERIAL, DIABETES MELLITUS NO INSULINO REQUIRIENTE Y ENEFERMEDAD RENAL
CRÓNICA; PACIENTE QUIEN DEPENDEN DE TERCEROS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES
DIARIAS.”

La accionante señaló que a la fecha de la instauración de la acción de tutela
transcurrieron más de nueve meses desde la ejecutoria del fallo sin que el Ministerio
de Defensa Nacional la haya incluido en la nómina de pensionados ni efectuado pago
alguno del retroactivo adeudado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02762-01
Demandante: Pastora Toledo

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante adujo que la demandada vulneró sus derechos fundamentales
a la seguridad social y al debido proceso, porque no han realizado la inclusión en
nómina y, por tanto, no se ha materializado su derecho a percibir la pensión que fue
reconocida en la sentencia.

Alegó el desconocimiento de la Sentencia C-208 de 2023 de la Corte Constitucional,
la cual condicionó la exequibilidad del artículo 192 del CPACA, en el sentido de que
el plazo de diez meses allí previsto no podía aplicarse mecánicamente cuando el
beneficiario es un adulto mayor, y que la entidad debía adoptar medidas para efectuar
el pago de la prestación en el menor tiempo posible.

Advirtió que la demandada inaplicó el artículo 2.8.6.4.2 del Decreto 2469 de 2015
(reglamentario del pago de condenas judiciales por las entidades públicas), que
ordena a la entidad expedir de oficio la resolución de pago dentro de los dos meses
siguientes a la ejecutoria, al exigir documentos como condición previa para efectuar
el pago de la pensión. Advirtió que esta norma únicamente reglamenta condenas
dinerarias, mas no obligaciones de hacer, como la inclusión en nómina, la cual debe
efectuarse en el término previsto en el inciso 1° del artículo 192 del CPACA.

5. Intervenciones

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) del Ministerio de
Defensa manifestó que es la competente para conocer de las funciones relativas al
reconocimiento y pago de las prestaciones y pensiones a cargo del Ministerio de
Defensa; sin embargo, es el Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del
Ministerio el encargado de efectuar el trámite para el cumplimiento y pago de las
sentencias, por lo que el 5 de septiembre de 2025 reenvió a la coordinadora de dicho
Grupo la solicitud de la parte actora para que se diera cumplimiento a la sentencia
judicial, y el 23 de abril de 2026 le dio traslado de la presente tutela.

Informó que una vez el Grupo de Obligaciones Litigiosas efectuara lo de su competencia
y le remitiera el expediente prestacional del administrado, podría dar cumplimiento al
fallo judicial frente al reconocimiento de la prestación económica. En consecuencia,
solicitó su desvinculación del presente trámite.

El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas de la Dirección de
Asuntos Legales del Ministerio de Defensa informó que la accionante allegó
documentación que cumplió con los requisitos exigidos en octubre de 2025 y, por tanto,
se le asignó el turno de pago S-1530-2025. Indicó que remitió el oficio
RS20260427092608 de 27 de abril de 2026 a la Dirección de Prestaciones Sociales del
DIVRI para que efectúe la inclusión en nómina y proceda al pago mensual de la pensión.

Solicitó su desvinculación, toda vez que no se evidencia afectación de derechos
fundamentales.

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Demandante: Pastora Toledo

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 29
de abril de 2026, amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad
social de la accionante, y ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, incluya a la accionante en
nómina de pensionados e inicie el pago de las mesadas correspondientes que se
causen a partir de dicho término.

Advirtió que la acción de tutela cumplía con los requisitos de procedencia, como
legitimación en la causa por activa y pasiva e inmediatez.

En relación con el requisito de subsidiaridad, señaló que la accionante contaba con la
acción ejecutiva para alegar sus inconformidades respecto al incumplimiento de la
sentencia proferida el 13 de junio de 2025; sin embargo, atendiendo a los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-075 de 2018, este
requisito se podía flexibilizar cuando el amparo era promovido por personas que
requieren especial protección constitucional.

Advirtió que, en el caso de la señora Pastora Toledo, se evidenció su calidad de sujeto
de especial protección constitucional, porque se trataba de una persona de la tercera
edad con discapacidad certificada, por ser paciente con enfermedad renal crónica,
hipertensión arterial y diabetes mellitus, con dependencia de terceros para realización
de actividades diarias.

Agregó que la orden de inclusión en nómina implicaba una obligación de hacer, por lo
que exigir el agotamiento de la demanda ejecutiva resultaría desproporcionado, lo que
ameritaba flexibilizar el requisito de subsidiaridad.

Consideró que los oficios RS20250918187491 de 18 de septiembre de 2025 y
RS20251021215362 del 21 de octubre de 2025, expedidos por el Ministerio de
Defensa, en los que se solicitaron documentos para continuar con el cumplimiento de
pago, estuvieron fundamentados en el artículo 2.8.6.5.1. del Decreto 1068 de 2015, y
no buscaron «obstaculizar» el cumplimiento de la sentencia, como lo adujo la
accionante, sino recaudar la información necesaria para el cumplimiento de la
sentencia.

Sin embargo, sostuvo que, en la contestación a la tutela rendida por el Grupo de
Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del ministerio, se informó que la
accionante allegó la documentación exigida desde octubre de 2025 y que cumplió con
los requisitos exigidos, por lo que se le asignó el turno de pago y se remitió la actuación
al DIVRI para que elaborara los actos administrativos de cumplimiento de la orden
judicial y realizara las liquidaciones correspondientes.

Resaltó que no obstante lo anterior, la remisión aludida se efectuó con ocasión de la
instauración de esta acción, a pesar de que la actora ya había enviado la
documentación completa que le fue requerida desde octubre de 2025, como la propia

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entidad lo reconoce, esto sumado a que a la fecha sigue sin darse cumplimiento a la
sentencia del 13 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal, puntualmente, en lo que concierne a la inclusión en nómina y el
respectivo pago de las mesadas, sin observar la edad y condición de salud de la
actora, y sin tener en cuenta que han transcurrido más de nueve meses desde que
adquirió ejecutoria la decisión judicial, lo que de paso afecta el derecho al mínimo vital
de la accionante.

Aclaró que el amparo concedido se limitaba solo a la inclusión en nómina y al pago de
las mesadas futuras, pues la finalidad de la acción buscaba garantizar el mínimo vital
de la actora, “por lo que cualquier discusión adicional respecto al cumplimiento de la
sentencia deberá adelantarse a través de los medios ordinarios”.

7. Impugnación

La DIVRI impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se modifique la decisión
recurrida en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que
no existe ninguna omisión o vulneración atribuible a esa dirección de la que se pueda
predicar una afectación a los derechos fundamentales invocados. En su defecto, solicitó
otorgar a ese grupo un término de 15 días para notificar el acto administrativo que
resuelve de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes,
“en cumplimiento del medio de control 2021-00”.

Alegó que el Grupo de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa es el encargado
de efectuar el trámite tendiente al cumplimiento de las sentencias judiciales y, una vez
esa dependencia realiza la asignación de turno correspondiente, procede a remitir al
DIVRI el expediente para que se realice el estudio de reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, en virtud de la sentencia que surja dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Adujo el Grupo de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa; el 29 de abril de
2026 remitió a esa dirección la copia de la sentencia judicial bajo el radicado interno No.
RE20260429PS001540.

Que, como consecuencia de lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la Ley 717 de 2001,
la dirección cuenta con el término de dos meses a partir de la radicación del expediente
prestacional, para realizar el respectivo estudio del trámite prestacional y notificar el acto
administrativo que corresponda.

Precisó que para realizar el correspondiente estudio del trámite prestacional se debía
contar con un término prudencial, por cuanto se podría presentar alguna novedad en
el proceso de reconocimiento. Añadió que, una vez expedido, notificado y
debidamente ejecutoriado el acto administrativo correspondiente, se dispondría la
inclusión en la nómina de pensionados en la cuenta bancaria que se aportara para tal
fin, “aclarando que el sistema de pagos de nómina de esta coordinación se realiza con
cuarenta y cinco (45) días de anticipación”.

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II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que accedió a las pretensiones de la tutelante.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la Dirección de Veteranos
y Rehabilitación Inclusiva, Viceministerio de Veteranos del Ministerio de Defensa
Nacional (DICVRI), vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad
social invocados por la accionante al no dar trámite preferente a la inclusión en nómina
de la pensión que fue otorgada por vía judicial a la accionante, pese a estar demostrado
que la señora Pastora Toledo tiene la condición de sujeto de especial protección
constitucional.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá (i) a las generalidades de la acción de
tutela; (ii) a la procedencia de la acción de tutela para inclusión en nómina de
pensiones, (iii) al mínimo vital y, por último, (iv) analizará el caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

3. Procedencia de la acción de tutela para inclusión en nómina de pensiones

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela « solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Eso
quiere decir que la subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la
naturaleza excepcional de este mecanismo de protección de derechos fundamentales.
La acción de tutela debe ser el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro

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recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia,
asegurar que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de
derechos fundamentales en circunstancias excepcionales.

Ahora, específicamente, sobre la procedencia de la acción de tutela para que se
incluya una pensión en nómina como consecuencia de una orden judicial, la Corte
Constitucional1 señaló que:

Cuando se solicita el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, la Corte ha
considerado que resulta procedente la tutela si está de por medio la amenaza y vulneración del
mínimo vital y, con este, la dignidad humana. En esa línea, se ha sostenido que los jueces y
tribunales deben adoptar medidas necesarias y adecuadas para garantizar la plena efectividad
de los derechos fundamentales de las personas involucradas. Así, en caso de que se requiera el
pago efectivo de la pensión de vejez, se ha determinado que resulta procedente ordenar que el
derecho reconocido se ejecute, lo que se traduce en “ordenar la inclusión en nómina”. Se trata
de un derecho necesario para garantizar el mínimo vital y, con ello, la subsistencia digna de
personas beneficiarias de la pensión de vejez. Es esta entonces “una excepción a la regla según
la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan
obligaciones de dar”.

Ahora bien, sin perjuicio de la posibilidad de acudir al proceso ejecutivo con el fin de
discutir el incumplimiento de una orden judicial, a voces de la jurisprudencia
constitucional, el juez de tutela puede adoptar dos tipos de remedios si constata la
existencia de una violación a la garantía del plazo razonable en el cumplimiento de
decisiones judiciales: (i) la priorización del proceso en el sistema de turnos (ii) el
amparo y reconocimiento transitorio de la prestación solicitada. Para la Corte, el
cumplimiento de las decisiones judiciales forma parte del núcleo esencial del derecho
a la tutela judicial efectiva, por lo que el incumplimiento deliberado e injustificado de
una decisión judicial vulnera los derechos constitucionales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la persona a la cual resultó favorable la
providencia2.

4. El mínimo vital

El derecho al mínimo vital ha sido definido por la Corte Constitucional como « la porción
de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los
servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional»3.

De la garantía del mínimo vital depende el ejercicio y goce de los demás derechos
fundamentales, pues permite llevar una vida con las condiciones materiales mínimas
que aseguran la dignidad humana y la materialización del proyecto de vida.

1 Sentencia T-404/18.
2 Sentencia T-183 de 2024
3 Ver sentencias SU-995 de 1999 y T-678 de 2017.

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Sobre el alcance de ese derecho, la Corte Constitucional ha señalado que « las
necesidades básicas que requiere suplir cualquier persona, y que se constituyen en su mínimo
vital, no pueden verse restringidas a la simple subsistencia biológica del ser humano, pues es
lógico pretender la satisfacción, de las aspiraciones, necesidades y obligaciones propias del
demandante y su grupo familiar»4. Es decir, esa garantía abarca, además, un aspecto
cualitativo que «debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones de la
persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino también desarrollarse
como individuo en una sociedad»5.

5. Análisis del caso concreto

Como se expuso en precedencia, la señora Pastora Toledo promovió acción de tutela
para que se cumpla la orden contenida en la sentencia de 13 de junio de 2025
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, que le concedió
el derecho a recibir una pensión de sobrevivientes y ordenó al Ministerio de Defensa
Nacional proceder al reconocimiento y pago de la prestación.

En efecto, mediante sentencia de 13 de junio de 2025, el Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal declaró la nulidad del acto administrativo por medio del cual
se negó el reconocimiento de pensión de sobrevivientes a la accionante y condenó al
Ministerio de Defensa a lo siguiente:

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la NACIÓN –MINISTERIO DE
DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL que reconozca y pague a la señora PASTORA TOLEDO, en
calidad de madre del señor WILSON ABRIL TOLEDO, una pensión de sobrevivientes según lo
preceptuado en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en cuantía equivalente al 45% del
ingreso base de liquidación, suma que debe ajustarse en los términos del artículo 187 del CPACA,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Declarar que operó la prescripción trienal de las mesadas pensionales reconocidas a la
señora PASTORA TOLEDO, anteriores al 6 de mayo de 2017.

SEXTO: De los valores reconocidos por pensión de sobrevivientes, se ordena a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, descontar debidamente indexado, el valor
reconocido y pagado por concepto de compensación por muerte a favor de la señora PASTORA
TOLEDO, el cual corresponde a un 50%. La demandada deberá descontar mensualmente los
aportes a salud a que haya lugar, también debidamente indexados con la fórmula establecida en
la motivación.

Asimismo, se encuentra demostrado que la providencia que reconoció la pensión
quedó ejecutoriada el 4 de julio de 2025.

Aunque en el expediente no obra la petición que dio inicio a la solicitud de
cumplimiento de la sentencia, se advierte que la entidad requirió al apoderado de la
accionante para que allegara unos documentos y que, como lo indicó la misma
accionada, dicha orden fue cumplida desde septiembre de 2025.

4 Ver sentencia T-084 de 2007.
5 Ver sentencia T-891 de 2013.

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Demandante: Pastora Toledo

Asimismo, está acreditado que el 27 de abril del presente año y solo con ocasión del
trámite de esta acción constitucional (la cual se radicó el 13 de abril de 2026), se
asignó el turno para el pago de la obligación S-1530-2025.

De igual manera, se encuentra acreditada la condición de vulnerabilidad de la
accionante, quien tiene 90 años y fue calificada por autoridad médica competente
como una paciente que padece enfermedades crónicas como hipertensión arterial,
diabetes mellitus no insulino-requirente y con enfermedad renal crónica, quien
depende de terceros para la realización de sus actividades diarias.

Con base en las especiales circunstancias antes descritas, es claro que en el presente
caso se cumplen los presupuestos establecidos por la j67 para avalar la procedencia
de la acción de tutela en materia de cumplimiento de órdenes judiciales y,
específicamente, adoptar el remedio consistente en la priorización del proceso en el
sistema de turnos y la consecuente inclusión inmediata en nómina de pensionados.

Cabe reiterar que la jurisprudencia constitucional en esta materia específica —
cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones a favor de personas de la
tercera edad— ha sido consistente en aceptar una suerte de presunción de desmedro
del mínimo vital derivada de la condición etaria y de salud, precisamente para no
imponerle a estas personas la carga de acreditar detalladamente su precariedad
económica; por lo que exigir una prueba adicional en este caso concreto iría en contra
de esa línea.
No obstante, la entidad accionada, en su impugnación, se limitó a invocar los plazos
contenidos en la ley 717 de 2001 para el cumplimiento de órdenes judiciales y a pedir
plazos adicionales para efectos de proceder a la inclusión en nómina con el argumento
de que debe “realizar el correspondiente estudio del trámite prestacional”, respuesta
que se considera descontextualizada por las siguientes razones relevantes:

(i) Nada dice la entidad accionada sobre las circunstancias de especial
protección constitucional que demostró la accionante.

(ii) La entidad no controvierte y, por el contrario, desconoce deliberadamente
las razones de orden constitucional que se explicaron en el fallo de primera
instancia para justificar la necesidad de dictar la orden de manera perentoria
a través de la acción de tutela.

(iii) No existe análisis prestacional alguno que deba realizar la entidad, pues
este ya fue realizado por el juez en la sentencia proferida en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho donde se señalaron los
parámetros de reconocimiento prestacional, y la cual hizo tránsito a cosa
juzgada, pues la entidad no formuló el recurso de apelación.

7 Sentencias T-404/18 y T-183 de 2024

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Demandante: Pastora Toledo

(iv) El plazo consagrado en la norma que invoca la entidad está más que
cumplido, pues la accionante entregó los documentos que le fueron
solicitados desde el 10 de octubre de 2025 para que se cumpliera la
sentencia, esto es, hace más de 8 meses.

En efecto, la propia entidad reconoció, en su contestación, que la accionante cumplió
con la totalidad de los requisitos documentales desde octubre de 2025, y que el turno
de pago solo se asignó en abril de 2026, coincidiendo con la notificación de la tutela,
mas no con el vencimiento de un término legal. Este hecho, admitido por la parte
pasiva, desactiva el argumento de que la mora era inexistente o prematura: si los
documentos estaban completos desde octubre, la inacción entre octubre de 2025 y
abril de 2026 (casi siete meses) no encuentra respaldo en la Ley 717 de 2001, cuyo
término de dos meses debía contarse, en el peor de los casos para la entidad, desde
la radicación completa de la documentación, no desde la fecha en que decidió activar
el trámite con ocasión de la tutela.
En este orden de ideas, la Sala constata la existencia de una violación a la garantía
del plazo razonable establecido para el cumplimiento de obligaciones de hacer
contenidas en órdenes judiciales, debido a la especial condición de la accionante, así
como el incumplimiento de la orden dictada en el fallo de tutela de primera instancia y
actuar con diligencia dado el estado de alta vulnerabilidad que acreditó la accionante.

Cabe señalar que, revisado el sistema de gestión judicial SAMAI, mediante memorial
radicado el 1.º de julio de 2026, al que le fue asignada radicación 11001-03-15-000-
2026-02762-02, el apoderado de la accionante radicó memorial en el que solicitó que
se inicie el trámite incidental de desacato ante el incumplimiento de la accionada o lo
dispuesto en el fallo aquí impugnado, lo que evidencia que la accionada insiste en la
omisión de incluir en nómina de pensionados la prestación que fue reconocida a la
accionante.

En consecuencia, el hecho sobreviniente de la solicitud del desacato, ya en sede de
impugnación, refuerza que el patrón de incumplimiento no era un episodio aislado ni
explicable por tiempos administrativos razonables, sino una inercia sostenida de la
administración.

En ese orden de ideas, como quiera que se demostró la omisión injustificada en la
inclusión en nómina de pensionados de la pensión de sobrevivientes reconocida por
orden judicial a favor de la señora Pastora Toledo, es claro que se pusieron en riesgo
sus derechos al mínimo vital y seguridad social y, por ende, se imponía acceder al
amparo deprecado, tal como lo hizo el a quo en la sentencia impugnada, motivo por
el cual se confirmará.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

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Demandante: Pastora Toledo

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador8

8 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho

ponente, a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial,
empleó un sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por
OpenAI), con el único propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente
elaborado por el funcionario judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la
herramienta el rol de revisor lingüístico y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente
errores verificables de ortografía (tildes, mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen
preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto
jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real Academia Española y los estándares de redacción judicial
de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta
formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones
"mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo jurídico, probatorio o argumentativo de la
providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente en una tabla que individualizara cada
hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo caso, se precisa que los hallazgos
reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por parte del funcionario judicial,
quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que se hayan realizado
transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema
se utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción,
estructura argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados
íntegramente por el funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta
datos personales, información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del
proceso. Esta actuación se realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia,
igualdad ante la ley y supervisión judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades
autorizadas en los literales (a) del numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243
del 16 de diciembre de 2024, "por el cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso,
responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en la Rama Judicial".

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