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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02770-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02770-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción de tutela presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ de conformidad con lo expuesto en el numeral 3.2.1. de la presente providencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02770-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-00
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo porque no se demostró el defecto alegado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela presentada por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, con
ocasión de la expedición de la sentencia del 30 de enero de 2026, al interior del
medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2018-00305-
00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela1 y del expediente, se colige que, en el año 2012, el actor
instauró una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) -
Seccional Tunja, la cual tuvo como fundamento un presunto error judicial derivado
de sus inconformidades respecto del trámite de un incidente de regulación de
honorarios profesionales2 en el que había intervenido como apoderado judicial.

3. No obstante, las autoridades judiciales que siguieron el proceso en sede de
reparación directa negaron3 lo pretendido por el accionante. Inconforme con lo
anterior, el señor Roa Sarmiento presentó una acción de tutela4 alegando la

1
Presentado el 13 de abril de 2026.
2
El accionante sostuvo que, en dicho incidente, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Tunja, mediante
providencia de 7 de noviembre de 2012, reguló los honorarios del señor Roa Sarmiento en un 13% de la condena que llegare
a imponerse, pese a la existencia de un acuerdo contractual de prestación de servicios profesionales que fijaba un porcentaje
del 30%. La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante providencia de 27 de junio de
2013, manteniendo la tasación de honorarios en el porcentaje del 13%, decisión que quedó en firme en sede ordinaria.
3
En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja cual negó las pretensiones de la demanda.
Una vez apelada la decisión, esta fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 16 de
diciembre de 2015.
4
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 19_1100103150002026027700011DemandaWeb2026413155810, seguida bajo el radicado
núm. 11001-03-15-000-2016-01539-00, dirigida contra el Juzgado Once Administrativo Oral de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02770-00
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, aduciendo que las decisiones adoptadas
configuraron un error judicial.

4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 30 de
agosto de 20165, negó el amparo solicitado, al considerar que las providencias
cuestionadas no incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo que fueron alegados
contra estas ni constituyeron una vía de hecho, en tanto se encontraban
debidamente motivadas y fueron soportadas en normas vigentes, sin que se
evidenciara arbitrariedad o desconocimiento del orden jurídico.

5. Contra dicha decisión, el actor interpuso un recurso de impugnación el 19 de
octubre de 2016, dentro del término legal; no obstante, la sustentación del recurso
fue presentada hasta el 3 de noviembre de 2016, circunstancia que fue calificada
como extemporánea por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

6. En consecuencia, el ad quem, mediante sentencia de 1º de diciembre de
2016, resolvió la impugnación confirmando la decisión de primera instancia, al
estimar que la falta de sustentación oportuna impedía el análisis de fondo del
recurso, por no haberse cumplido la carga procesal exigida jurisprudencialmente.

7. Posteriormente, en el año 2018, el actor instauró otra acción de reparación
directa alegando un error judicial, esta vez solicitando la declaratoria de
responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por los perjuicios derivados de la
negativa de acceso a un pronunciamiento de fondo en sede de tutela, al considerar
que, en su sentir, la Sección Quinta de esta corporación le impuso un requisito
inexistente en el ordenamiento jurídico y, asimismo, por la decisión de la Corte
Constitucional de no revisar la solicitud de amparo pese a haber insistido en ello6 lo
que adujo constituyó una trasgresión ius fundamental.

8. El conocimiento de dicha acción correspondió en primera instancia al Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante
sentencia de 30 de abril de 20257, negó las pretensiones de la demanda, al estimar
que no se configuró un error judicial imputable a la administración de justicia.

9. La anterior decisión fue objeto de apelación y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante

5
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 21_1100103150002026027700012DemandaWeb2026413155810.
6
El accionante a través de apoderado en la acción de reparación directa planteó entre sus pretensiones expresamente lo
siguiente: « (…), y, (ii), en segundo lugar, por la Corte Constitucional al negarse ilegal e inconstitucionalmente a revisar
la acción de amparo que fuera radicada bajo el No 991001 a pesar de así habérsele suplicado primero a la Sala de
Selección y luego a cada Magistrado, prohijando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso tutelar y
al acceso material y efectivo a la administración de justicia, desprotegiendo los derechos sustanciales que mi mandante
pretendió amparar judicialmente al tenor no solo del art. 2^ Superior sino del carácter "JUSTO" que desde el Preámbulo se le
reclama a toda decisión judicial, que es el que les da legitimidad, decisiones que lo privaron por completo del acceso a un
recurso judicial para proteger sus derechos, al cual tenía derecho no solo por su condición de súbdito del Estado Colombiano
sino por otorgamiento». Negrillas de esta Sala.
7
Índice 62 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-36-034-2018-00305-00. - El Juzgado decidió negar las pretensiones de la
demanda al considerar que no se acreditó la existencia de un error judicial ni de una falla en el servicio derivada de las
providencias cuestionadas. El a quo concluyó que las decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional se adoptaron dentro del marco de sus competencias, con fundamento jurídico razonable y
conforme a los criterios jurisprudenciales aplicables, por lo que no podían calificarse como arbitrarias o contrarias al
ordenamiento jurídico. Asimismo, el juez indicó que la inconformidad del demandante con la interpretación judicial no era
suficiente para estructurar responsabilidad del Estado, ya que no se demostró la existencia de un daño antijurídico imputable
a la administración de justicia ni la configuración de los elementos de la responsabilidad patrimonial. Finalmente, dispuso no
imponer condena en costas, al no evidenciarse conducta temeraria o abusiva por las partes, ni encontrarse debidamente
acreditados los gastos procesales.

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sentencia de 30 de enero de 20268, providencia en la que se concluyó que las
actuaciones judiciales cuestionadas se ajustaron al ordenamiento jurídico,
descartándose la configuración de un error judicial indemnizable.

2.2. Fundamento jurídico

10. El accionante sostuvo que la sentencia proferida el 30 de enero de 2026 por
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, al resolver el medio de control
de reparación directa mediante una interpretación que, a su juicio, convalidó una
barrera procesal inexistente y le negó un pronunciamiento de fondo sobre el presunto
error judicial alegado.

11. En ese sentido, el actor invocó la configuración de un defecto procedimental
absoluto, al considerar que tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sede
de tutela, como posteriormente el Tribunal referido, se abstuvieron de resolver de
fondo la controversia por exigir la sustentación oportuna de la impugnación en la
acción de tutela, pese a que, en su sentir, dicho requisito no se encuentra previsto
en el artículo 319 del Decreto 2591 de 1991 ni en el diseño constitucional del
mecanismo de tutela. Afirmó que esta exigencia vació de contenido su derecho a
impugnar y transformó la segunda instancia en una formalidad ineficaz.

12. De igual forma, alegó la existencia de un supuesto defecto sustantivo,
orientado igualmente en que la providencia cuestionada avaló una interpretación
contra legem del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, al sostener que la
impugnación debía sustentarse dentro del mismo término de tres (3) días previsto
para su interposición. En criterio del accionante, dicha lectura desconoció el principio
de informalidad de la acción de tutela, así como el alcance real de la norma aplicable,
imponiendo una carga procesal no consagrada por el legislador ni por la Constitución
Política.

13. Por lo expuesto, el tutelante argumentó que se trasgredió su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, al considerar que la negativa
a examinar de fondo la impugnación en sede de tutela, y la posterior exclusión del
expediente por parte de la Corte Constitucional, le impidieron de manera definitiva
ejercer un recurso judicial efectivo frente a las decisiones que estimó lesivas de sus
derechos fundamentales.

8
Índice 11 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-36-034-2018-00305-01. - El Tribunal confirmó íntegramente la decisión de
primera instancia. El ad quem también consideró que no se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. La segunda instancia concluyó que la actuación de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, al confirmar la negativa del amparo constitucional sin estudiar el fondo de la impugnación por
considerarla extemporáneamente sustentada, constituyó una interpretación jurídica razonable del artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, acorde con su propia línea jurisprudencial en tutelas contra providencias judiciales, y por tanto no configuró error
jurisdiccional alguno. Asimismo, determinó que la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar la acción de tutela
para revisión responde a una facultad discrecional y eventual, prevista en la Constitución y la ley, y que dicha exclusión no
genera, por sí sola, un daño antijurídico indemnizable ni puede considerarse una providencia judicial errónea en los términos
exigidos por la Ley 270 de 1996. Finalmente, el Tribunal estableció que no se demostró la existencia de un daño cierto,
concreto y causalmente imputable a las decisiones judiciales cuestionadas, reiterando que la acción de tutela carece de
vocación resarcitoria. En consecuencia, además de confirmar la negativa de las pretensiones, condenó en costas de segunda
instancia a la parte actora.
9
Decreto 2591 de 1991, artículo 31.-Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser
impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.

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14. Finalmente, alegó que se vulneró su derecho a la igualdad, al sostener que la
exigencia de sustentar la impugnación dentro de un término no previsto en la ley fue
aplicada de manera selectiva en su caso, mientras que en otros procesos de tutela
que no aportó las autoridades judiciales resolvieron las impugnaciones sin imponer
cargas adicionales, sin que en la sentencia cuestionada se expusieran razones
suficientes que justificaran dicho trato diferenciado, por lo que adujo también una
violación directa de la Constitución, sin profundizar en manera alguna en su
argumentación al respecto.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo siguiente:

«Teniendo en cuenta que lo ocurrido en el presente caso no corresponde a una
simple diferencia interpretativa, sino a la validación judicial de una barrera
inexistente en el ordenamiento jurídico, que impidió el acceso real a la justicia, me
permito suplicarle a su Señoría:

7.1 Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.

7.2 Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
de reparación directa.

7.3 Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión en la
que se analice de fondo si la negativa de resolver la impugnación en sede de tutela,
por exigir un requisito inexistente, constituye una interpretación contra legem y una
vulneración de derechos fundamentales, así como un error judicial.» (Sic en toda
la cita)

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 14 de abril
de 202610 a través del cual se ordenó notificar como accionados a la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, la Nación - Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como terceros interesados en el
resultado del proceso. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1 El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
Sección Tercera11 solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que el accionante pretende reabrir un debate ya decidido en las instancias
ordinarias y usar el amparo como una tercera instancia, supuesto reiteradamente
descartado por la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, remitió el vínculo de
acceso al expediente.

2.4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial12 solicitó declarar la
improcedencia de la acción o en subsidio negarla, así como ser desvinculada de esta
al considerar que no está legitimada en la causa por pasiva. Adujo además que la
solicitud de amparo no cumplió con los requisitos de procedibilidad cuando se atacan
providencias judiciales y pretendía reabrir un debate ya concluido en dos instancias
de manera indebida sin demostrar la existencia de un perjuicio irremediable.
10
Índice 4 del aplicativo SAMAI
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Índice 10 del aplicativo SAMAI
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Índice 11 del aplicativo SAMAI

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17. Aunado a lo anterior afirmó que la situación alegada por el actor tiene origen
en su propia conducta procesal, al haber sustentado extemporáneamente la
impugnación en la acción de tutela, lo cual rompe el nexo causal necesario para
imputar responsabilidad al Estado. Asimismo, afirmó que la no selección del
expediente por la Corte Constitucional es discrecional y no constituye un error
judicial.

2.4.3. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el acuerdo 080 de 201913 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

19. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ solicitó su
desvinculación de este trámite constitucional, al sostener que no profirió las
providencias judiciales cuestionadas ni desplegó una actuación susceptible de
control mediante acción de tutela, por lo cual consideró que carecía de legitimación
en la causa por pasiva.

20. No obstante, la Sala estima que, al haber sido vinculada en calidad de tercero
con interés legítimo, en tanto hizo parte del proceso de reparación directa que dio
origen a la presente controversia, resulta procedente mantener su vinculación. En
consecuencia, se negará la solicitud de desvinculación formulada, en garantía de su
derecho fundamental de defensa y contradicción.

3.2.2. De la providencia objeto de estudio y el análisis conjunto de los defectos
alegados.

21. Como cuestión preliminar, la Sala advierte que, si bien el accionante invocó la
existencia de diversos defectos, todos ellos se estructuraron a partir de un reproche
común dirigido exclusivamente contra la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, única providencia formalmente accionada en el presente trámite.

22. En ese entendido, aunque los argumentos del actor remiten de manera
constante a actuaciones y decisiones previas adoptadas en sede de tutela y a la no
selección del expediente por la Corte Constitucional, tales referencias cumplen

13 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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únicamente una función contextual y sirven como presupuesto histórico del debate,
mas no como objeto directo del control constitucional.

23. Así las cosas, el reproche iusfundamental se contrae, en realidad, a cuestionar
que el Tribunal, al resolver el recurso de apelación dentro del medio de control de
reparación directa, avaló como jurídicamente razonable la interpretación conforme a
la cual la falta de sustentación oportuna de la impugnación en tutela impedía un
pronunciamiento de fondo, así como la conclusión de que la decisión de la Corte
Constitucional de no seleccionar el expediente constituye el ejercicio de una facultad
eventual, discrecional y constitucionalmente atribuida, carente de vocación
indemnizatoria y ajena al concepto de error judicial.

24. Bajo ese entendido, la Sala considera que los defectos invocados no pueden
analizarse de manera fragmentada, pues todos confluyen en una sola censura:
determinar si la sentencia del 30 de enero de 2026 incurrió en un yerro
constitucionalmente relevante al concluir que dicha interpretación no desbordaba el
ordenamiento jurídico ni configuraba un error jurisdiccional indemnizable.

25. En consecuencia, el estudio del denominado defecto procedimental absoluto
se subsume en el análisis del defecto sustantivo, en tanto el reproche formulado se
dirige a controvertir la corrección jurídica de la interpretación normativa acogida y no
la observancia de las formas propias del procedimiento, por lo que el examen se
realizará de manera conjunta y estará delimitado estrictamente al control de la
providencia cuestionada, sin extenderse a decisiones judiciales que no fueron objeto
directo de la presente acción.

26. Ahora bien, en cuanto a la alegada violación directa de la Constitución, la Sala
se abstendrá de su análisis, en tanto dicho cargo no fue desarrollado ni sustentado
de manera específica, lo cual impide su examen en esta sede constitucional.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión de su providencia
del 30 de enero de 2026 que confirmó la providencia del 30 de abril de 2025 proferida
por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
que negó las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2018-00305-00/01, incurrió en un
defecto sustantivo, y si con ello presuntamente vulneró los derechos fundamentales
invocados por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

28. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial

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para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

30. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

31. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable;
(iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional el

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13 de abril de la presente anualidad se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la ejecutoria
de la providencia judicial cuestionada, esto es, el 10 de febrero de 2026, toda vez
que la sentencia fue proferida el 30 de enero y notificada el 4 de febrero de esta
misma vigencia.

3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al «debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad »,
como consecuencia de un presunto defecto sustantivo en la decisión del 30 de enero
de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual se
encuentra fundamentado razonablemente.

3.4.1.5. Finalmente, la acción de tutela no se interpone en contra de una decisión
proferida en el marco de otra de la misma naturaleza.

32. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

33. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación
de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que
orientan al sistema jurídico»14.

34. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación
indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de
las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a
las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la

14
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún
caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador» 15.

35. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

36. La Sala recuerda que el defecto sustantivo, como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se estructura
únicamente cuando la decisión censurada se soporta en una norma inexistente, deja
de aplicar una disposición claramente pertinente, o adopta una interpretación que,
de manera ostensible, manifiesta y grave, desborda el ordenamiento jurídico.

37. Estos parámetros estrictos responden a la naturaleza excepcional del amparo
contra decisiones judiciales y a la necesidad de preservar los principios de autonomía
judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada.

38. En el asunto objeto de análisis, el accionante reprochó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación dentro del medio
de control de reparación directa, avaló como jurídicamente razonable la
interpretación conforme a la cual la falta de sustentación oportuna del recurso de
impugnación interpuesto contra un fallo de tutela impedía su estudio de fondo. A
partir de ello, afirmó que la autoridad judicial incurrió en una aplicación contra legem
del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

39. No obstante, contrario a lo sostenido por el tutelante, esta Subsección advierte
que la providencia accionada no aplicó una norma inexistente ni omitió el deber de
aplicar una disposición obligatoria, sino que efectuó un juicio hermenéutico que se
mantuvo dentro de los márgenes de razonabilidad constitucionalmente admisibles.

15
Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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40. En ese entendido, el ad quem analizó que permitir la presentación
extemporánea de la sustentación del recurso de impugnación introduciría un factor
de indefinición procesal incompatible con el carácter sumario de la acción de tutela
y con las exigencias de seguridad jurídica, pues no se determinaría el momento a
partir del cual el juez de segunda instancia debe avocar el conocimiento del asunto,
sin que ello suponga la creación de un requisito inexistente en el ordenamiento
jurídico.

41. Así las cosas, las autoridades judiciales en sede de reparación directa
advirtieron que la imposibilidad de estudiar de fondo la impugnación no fue
consecuencia de una actuación arbitraria o desproporcionada de la Sección Quinta
de esta corporación, sino del incumplimiento del término legal por parte del
accionante, quien presentó la sustentación del recurso por fuera del plazo previsto,
circunstancia que impidió estructurar oportunamente el debate en segunda instancia
y que resulta atribuible exclusivamente a su conducta procesal.

42. Adicionalmente, el Tribunal explicó que, tratándose de tutela contra
providencias judiciales, la exigencia de una carga argumentativa16 mínima para
la impugnación no desnaturaliza el principio de informalidad, sino que resulta
compatible con la naturaleza excepcional de ese mecanismo.

43. Por otro lado, frente a la alegada negativa de la Corte Constitucional de
seleccionar el expediente para revisión, la segunda instancia coincidió con el a quo
en que dicha actuación corresponde al ejercicio de una facultad eventual y
discrecional, sin que de la misma pueda derivarse un derecho subjetivo a la revisión
ni, menos aún, un error judicial indemnizable, aunado a que el actor no cuestionó17
los criterios de selección aplicados por la autoridad constitucional.

44. Finalmente, la providencia acusada advirtió que el daño alegado por el actor
no solo carecía de certeza y concreción, sino que además encontraba su causa
eficiente en la conducta procesal del propio demandante, quien omitió sustentar
oportunamente la impugnación en la acción de tutela original, circunstancia que
rompe el nexo de imputación necesario para predicar responsabilidad estatal.

45. Visto lo anterior, la Sala concluye que la sentencia del 30 de enero de 2026
no incurrió en defecto sustantivo alguno, pues se apoyó en una argumentación
consistente, jurídicamente atendible y constitucionalmente razonable, por lo que el

16
Providencia del 30 de enero de 2026. - «Para la Sala, dicha actuación no constituye un error judicial susceptible de generar
responsabilidad patrimonial del Estado. En efecto, la interpretación adoptada por la autoridad judicial demandada se
encuentra fundada en una lectura razonable del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y en la línea jurisprudencial de
esa Corporación, según la cual, cuando se trata de tutelas dirigidas contra providencias judiciales, el impugnante debe
cumplir con una carga argumentativa mínima que permita al juez de segunda instancia abordar el estudio de fondo.
En este punto, resulta importante precisar que el precedente constitucional invocado por el apelante, contenido en la
sentencia T-459 de 1992, se refiere a acciones de tutela en general y no específicamente a aquellas dirigidas contra
providencias judiciales. Por el contrario, la interpretación adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado se
circunscribe al escenario particular de las tutelas contra providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza excepcional y
la tensión que generan con principios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada, ameritan un análisis diferenciado que
justifica la exigencia de una mayor rigurosidad argumentativa» Negrillas y subrayas de esta Sala.
17
Ibidem, - «Bajo esta luz, la Sala advierte que el accionante no desarrolló argumentación alguna que permita identificar con
claridad y precisión las razones por las cuales la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar el expediente para
revisión resultaría contraria a derecho, ni refutó las bases fundamentales de dicha determinación. Lo anterior, pues el actor se
limitó a expresar su inconformidad con la decisión, sin cuestionar los criterios de selección aplicados, sin demostrar que
se desconocieron los parámetros establecidos en el reglamento interno de la Corte Constitucional o en la
jurisprudencia constitucional, y sin explicar de qué manera tal decisión desbordó el margen de discrecionalidad
constitucionalmente reconocido a las salas de selección. En consecuencia, al no cumplirse con la carga argumentativa
mínima exigida, no es posible declarar la existencia de error judicial respecto de esta decisión.» Negrillas y subrayas
de esta Sala.

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desacuerdo del accionante con dicha valoración no trasciende el ámbito de la
inconformidad subjetiva ni habilita la intervención del juez constitucional, toda vez
que la tutela no es un mecanismo para corregir interpretaciones plausibles ni para
reabrir debates ya definidos por el juez natural.

46. Así las cosas, lo que se observa es que la decisión cuestionada se ajustó al
ordenamiento jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados en esta sede constitucional.

47. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante por no configurarse el defecto alegado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación de la acción de tutela presentada por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ de conformidad con lo
expuesto en el numeral 3.2.1. de la presente providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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