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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02770-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02770-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02770-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: JOSÉ GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 7 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva e igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 30 de enero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con número de radicación 11001-33-36-034-2018-
00305-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Expuso que, actuando en calidad de apoderado judicial de la señora Ricarda
Martínez Florián, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el departamento de Boyacá, la cual quedó identificada bajo el número de
radicación 15000-23-31-000-2002-01083-00/01.

2.2. Señalóque su poderdante revocó “[…] injustificadamente […]” el poder
conferido, razón por la cual promovió incidente de regulación de honorarios,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

solicitando el reconocimiento equivalente al treinta por ciento (30%) de la condena
que se llegare a proferir, conforme a lo pactado en el contrato respectivo.

2.3. Añadió que el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de Tunja, a
través de auto de 7 de noviembre de 2012, reguló los honorarios en “[…] el trece
por ciento (13%) de la condena que llegue a ser impuesta […]”. El Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante auto de 27 de junio de 2013, confirmó la
decisión.

2.4. En ese contexto, sostuvo que promovió demanda de reparación directa contra
la Nación - Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Seccional Tunja, radicada bajo el número 15001-33-33-011-2014-00002-
00/01, al estimar que tanto el juzgado como el tribunal incurrieron en errores
judiciales al resolver el incidente de regulación de honorarios.

2.5. Advirtió que en dicho proceso el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
de Tunja, mediante sentencia de 14 de mayo de 2015, negó las pretensiones de la
demanda. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de sentencia de 16 de
diciembre de 2015, confirmó la decisión de primera instancia.

2.6. Indicó que, más adelante, promovió una acción de tutela, identificada con el
número de radicación 11001-03-15-000-2016-01539-00/01, contra las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones previamente mencionadas.

2.7. Adujo que, en el marco de dicha acción constitucional, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia, el 30 de agosto de 2016,
mediante la cual negó el amparo solicitado.

2.8. Mencionó que, el 19 de octubre de 2016, la parte interesada interpuso recurso
de impugnación contra dicha providencia, el cual fue sustentado mediante escrito
del 3 de noviembre de 2016. No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado,
a través sentencia de 1.° de diciembre de 2016, confirmó la decisión recurrida al
considerar que el recurso no cumplía con la carga argumentativa exigida y que,
además, había sido sustentado de manera extemporánea.

2.9. Agregó que, con posterioridad, el accionante promovió una nueva demanda de
reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, identificada con el número de
radicación 11001-33-36-034-2018-00305-00/01, con el propósito de que se
declarara la responsabilidad de la demandada por la presunta configuración de
error judicial y falla del servicio derivadas de la expedición de la sentencia de 1.º de
diciembre de 2016, así como de la negativa de la Corte Constitucional a revisar
dicha providencia.

2.10. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta y
Cuatro Administrativo de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia de 30 de
abril de 2025, denegó las pretensiones de la demanda.

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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

2.11. Señaló que interpuso recurso de apelación y la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 30 de
enero de 2026, confirmó la decisión y condenó en costas de segunda instancia a la
parte actora por un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

2.12. Manifestó que la providencia antes referida vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
e igualdad, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo,
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución.

2.13. Adujo que el defecto sustantivo se configuró en razón a que la autoridad judicial
efectuó una interpretación contraria al artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, al convalidar la exigencia de la sustentación de la impugnación
dentro de un término no previsto por el legislador.

2.14. Afirmó
la existencia de un defecto procedimental absoluto, por cuanto se
desconoció que la autoridad judicial se abstuvo de resolver de fondo la impugnación
presentada dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-
2016-01539-00/01 e impuso un requisito no contemplado en la ley, actuando al
margen del procedimiento y restringiendo el acceso a la segunda instancia.

2.15. Manifestó que se configuró la causal de violación directa de la Constitución en la
medida en que se exigió un requisito que no se impone a otros accionantes en sede
de tutela, desconociéndose el carácter informal, sumario y “[…] preferente […]” de la
acción de tutela.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 7.1 Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad.

7.2 Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida dentro del
proceso de reparación directa.

7.3 Ordenar a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva decisión
en la que se analice de fondo si la negativa de resolver la impugnación en
sede de tutela, por exigir un requisito inexistente, constituye una
interpretación contra legem y una vulneración de derechos
fundamentales, así como un error judicial. […]” (negrilla del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 14 de abril de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Treinta y Cuatro
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.

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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

Administrativo de Bogotá y a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración de Justicia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito
de relevancia constitucional al pretender convertir al juez constitucional de tutela
en juez natural de la causa en tercera instancia para reevaluar la controversia
objeto de la litis presentada ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

5.2. Indicó que no se evidenció vulneración alguna de derechos fundamentales y
que el perjuicio alegado en la anterior acción de tutela tiene origen en la propia
conducta negligente de la parte actora. Asimismo, precisó que la selección para
revisión por parte de la Corte Constitucional constituye una facultad eventual y
discrecional que no requiere motivación. Finalmente, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no es la entidad responsable de la
presunta afectación invocada.

5.3. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá señaló que tuvo a su
cargo el trámite del proceso identificado con radicación número 11001-33-36-034-
2018-00305-00 y que lo pretendido por el accionante es reabrir un debate que ya
se cerró ante la jurisdicción ordinaria, por lo que se debería declarar improcedente.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 7 de mayo de 2026, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió negar la solicitud de
desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así
como desestimar las pretensiones de la demanda descartando la configuración de
un error judicial indemnizable.

7. Al respecto consideró que la decisión cuestionada se ajustó al ordenamiento
jurídico y no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados en esta sede constitucional debido a que no aplicó una norma inexistente
ni omitió el deber de aplicar una disposición obligatoria, sino que efectuó un juicio
hermenéutico que se mantuvo dentro de los márgenes de razonabilidad
constitucionalmente admisibles.

8. Señaló que permitir la presentación extemporánea de la sustentación del recurso
de impugnación introduciría un factor de indefinición procesal incompatible con el
carácter sumario de la acción de tutela y con las exigencias de seguridad jurídica,
pues no se determinaría el momento a partir del cual el juez de segunda instancia

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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

debe avocar el conocimiento del asunto, sin que ello suponga la creación de un
requisito inexistente en el ordenamiento jurídico.

9. Manifestó que las autoridades judiciales en sede de reparación directa advirtieron
que la imposibilidad de estudiar de fondo la impugnación no fue consecuencia de
una actuación arbitraria o desproporcionada. En ese sentido, la exigencia de una
carga argumentativa mínima para la impugnación no desnaturalizaría el principio
de informalidad, sino que resultaría compatible con la naturaleza excepcional de
ese mecanismo.

10. Agregó que el desacuerdo del accionante con la valoración de la sentencia “[…]
no trasciende el ámbito de la inconformidad subjetiva ni habilita la intervención del
juez constitucional, toda vez que la tutela no es un mecanismo para corregir
interpretaciones plausibles ni para reabrir debates ya definidos por el juez natural
[…]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

11. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que la providencia
partió de una premisa jurídicamente errónea asumiendo que la necesidad de una
carga argumentativa mínima en las acciones de tutela contra providencias judiciales
habilita al juez constitucional para exigir un término específico para su sustentación
como presupuesto, lo cual no está previsto ni en la Constitución Política ni en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

12. Sostuvo que la norma prevé un término de tres (3) días, contados a partir de la
notificación, para interponer la impugnación, sin establecer requisitos adicionales
tales como sustentación, oportunidad específica o carga argumentativa particular.
En ese sentido, recalcó que la imposición de exigencias no contempladas
desnaturaliza el carácter sumario e informal del mecanismo constitucional de tutela.

13. Señaló que la sentencia impugnada no desarrolló suficientemente el cargo
relacionado con la vulneración del derecho a la igualdad consistente “[…] en el trato
diferenciado e injustificado que terminó imponiéndose al suscrito al exigirle una
carga procesal excepcional no prevista normativamente. […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333

2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.

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de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos sustantivo, procedimental absoluto y
violación directa de la Constitución.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

VIII.4. El caso concreto

24. El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva e igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 30 de enero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con número de radicación 11001-33-36-034-2018-
00305-00/01.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

26. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones14.

27. En las acciones de tutela contra providencias judiciales15 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces16.

28. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].

29. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

30. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

31. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

32. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

33. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos sustantivo, procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución.

34. Adujo que el defecto sustantivo se configuró en razón a que la autoridad judicial
efectuó una interpretación contraria al artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 199121, al exigir la sustentación de la impugnación dentro de un término
no previsto por el legislador.

35. Afirmó la existencia de un defecto procedimental absoluto, por cuanto la autoridad
se abstuvo de resolver de fondo la impugnación presentada dentro de la acción de

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
21
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2016-01539-00/01 e impuso un
requisito no contemplado en la ley, actuando al margen del procedimiento y
restringiendo el acceso a la segunda instancia.

36. Manifestó que se configuró una violación directa de la Constitución en la medida en
que se exigió un requisito que no se impone a otros accionantes en sede de tutela y
se desnaturalizó la acción de tutela al desconocer su carácter informal, sumario y “[…]
preferente […]”.

37. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, en criterio de
esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realiza desde una óptica constitucional, y ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo que
busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto.

38. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

39. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, a que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión que negó
las pretensiones de la demanda al considerar que no se encontraba demostrada
una afectación patrimonial ni la existencia de un daño antijurídico de carácter
indemnizable.

40. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:

“[…] Tratándose de la responsabilidad que se endilga por la ocurrencia de un
error judicial, se hace necesario estudiar el daño como primer elemento de la
responsabilidad a efectos de verificar si en las decisiones adoptadas dentro del
proceso de tutela adelantado por el actor se incurrió o no en un ‘error’, para
calificar la antijuridicidad del mismo y posteriormente abordar el estudio de la
imputación si a ello hubiere lugar.

[…] De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado que la
sentencia de primera instancia proferida el 30 de agosto de 2016 fue notificada
al accionante el 18 de octubre de ese mismo año. Así mismo, se probó que el
19 de octubre de 2016 se interpuso la impugnación, sin que en dicho escrito se
expusieran los motivos de inconformidad frente a la decisión adoptada.

Igualmente, quedó demostrado que la sustentación de la impugnación solo fue
presentada el 3 de noviembre de 2016, esto es, doce (12) días hábiles después
de la notificación de la providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

[…] En ese contexto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver la
impugnación, concluyó que el accionante no cumplió con la carga mínima de
exponer de manera oportuna las razones de inconformidad […].

Para la Sala, dicha actuación no constituye un error judicial susceptible de
generar responsabilidad patrimonial del Estado. En efecto, la interpretación
adoptada por la autoridad judicial demandada se encuentra fundada en una
lectura razonable del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y en la línea
jurisprudencial de esa Corporación, según la cual, cuando se trata de tutelas
dirigidas contra providencias judiciales, el impugnante debe cumplir con una
carga argumentativa mínima que permita al juez de segunda instancia abordar
el estudio de fondo.

En este punto, resulta importante precisar que el precedente constitucional
invocado por el apelante, contenido en la sentencia T-459 de 1992, se refiere
a acciones de tutela en general y no específicamente a aquellas dirigidas contra
providencias judiciales. Por el contrario, la interpretación adoptada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado se circunscribe al escenario
particular de las tutelas contra providencias judiciales, las cuales, dada
su naturaleza excepcional y la tensión que generan con principios como
la seguridad jurídica y la cosa juzgada, ameritan un análisis diferenciado
que justifica la exigencia de una mayor rigurosidad argumentativa.

De este modo, aun cuando la parte actora sostiene que la normativa aplicable
no exige la sustentación de la impugnación, lo cierto es que la controversia
planteada se inscribe en un ámbito de interpretación judicial razonable, que no
desborda el ordenamiento jurídico ni configura una providencia abiertamente
contraria a la ley o a la Constitución.

En efecto, como se expuso anteriormente, el debate planteado no gira en torno
a la procedencia abstracta de exigir o no la sustentación de la impugnación,
sino a determinar si la interpretación adoptada por la autoridad judicial
demandada desborda de manera manifiesta el ordenamiento jurídico, al punto
de configurar un error jurisdiccional generador de responsabilidad patrimonial
del Estado, lo cual no se acredita en el presente asunto.

En este punto, resulta importante traer a colación que el Consejo de Estado ha
establecido que “solo las decisiones judiciales que resulten contrarias a
derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente
atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser catalogadas
válidamente como incursas en un error jurisdiccional” 22

En consecuencia, en este caso, la Sala observa que la Sección Quinta del
Consejo de Estado fundamentó su decisión en una línea jurisprudencial
consolidada al interior de esa Corporación […].

Por otro lado, tampoco resulta de recibo la tesis conforme a la cual la negativa
de la Corte Constitucional a seleccionar el expediente para revisión constituye
un error judicial indemnizable. Lo anterior, toda vez que la revisión eventual de
los fallos de tutela obedece a un criterio discrecional, y su no selección no
genera, por sí misma, un daño antijurídico susceptible de reparación.

Adicionalmente, la Sala advierte que el accionante no cumplió con la carga
argumentativa mínima para sustentar que la decisión de no seleccionar el
expediente para revisión constituye un error judicial. […] Lo anterior, pues el

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 6 de diciembre de 2024, 25000-
2336-000-2016-02369 02 (70.790) C.P. Fernando Pardo Flórez.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

actor se limitó a expresar su inconformidad con la decisión, sin cuestionar los
criterios de selección aplicados, sin demostrar que se desconocieron los
parámetros establecidos en el reglamento interno de la Corte Constitucional o
en la jurisprudencia constitucional, y sin explicar de qué manera tal decisión
desbordó el margen de discrecionalidad constitucionalmente reconocido a las
salas de selección. En consecuencia, al no cumplirse con la carga
argumentativa mínima exigida, no es posible declarar la existencia de error
judicial respecto de esta decisión. […]” (Negrilla fuera de texto).

41. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

42. Respecto al cargo que presentó el accionante en su escrito de impugnación
respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, la Sala destaca que no se
desarrolló comparación alguna en que otros procesos se hayan tramitado aun
cuando no hubiere carga argumentativa suficiente en asuntos de tutela contra
providencia judicial.

43. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

44. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.

45. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.

46. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección revocará el
ordinal segundo del fallo impugnado y, en su lugar, declarará improcedente la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibid.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02770-01
Accionante: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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