Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02777-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02777-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02777-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
17 de julio de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02777-01
Demandante: Anngy Vannessa Acosta Rincón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD | Derecho de petición-
Confirma
Síntesis del caso: La actora reclamó la protección de su derecho fundamental de petición
de cara a la presunta falta de respuesta a una solicitud que presentó ante la Corte
Constitucional.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver la
impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial contra la Sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual concedió el amparo al
derecho fundamental de petición de la accionante2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 13 de abril de 2026, Anngy Vannessa Acosta Rincón, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra la Corte Constitucional y el
Consejo Superior de la Judicatura3, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso, con ocasión a la
falta de una respuesta clara, congruente y de fondo a su solicitud
presentada el 24 de marzo de 2026.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Anngy Vannessa Acosta Rincón, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en un término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, brinde respuesta de fondo a la solicitud
presentada por la accionante el 24 de marzo de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela frente a la Corte Constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.”
3 Mediante Auto de 17 de abril de 2026 el despacho ponente de primera instancia dispuso vincular a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial como tercero con interés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02777-01
Demandante: Anngy Vannessa Acosta Rincón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma amparo
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Amparen mis derechos fundamentales DE PETICIÓN Y DEBIDO
PROCESO.
SEGUNDO: Ordenen a las accionada que, dentro del término de 48 horas, emita
una respuesta de fondo, clara, completa y congruente respecto del derecho
de petición presentado el 24 de marzo de 2026.
TERCERO: Ordenen certificar expresamente si durante el año 2025 existió o no
relación laboral o contractual entre la suscrita y la Corte Constitucional, la Rama
Judicial o el Consejo Superior de la Judicatura.
CUARTO: Ordenen aclarar expresamente que mi vinculación del 4 al 20 de junio
de 2025 fue únicamente académica, como Auxiliar Judicial Ad-Honorem, sin
salario ni prestaciones sociales.
QUINTO: Ordenen explicar el alcance jurídico del certificado de afiliación a
riesgos laborales y del rótulo “trabajador dependiente”, a fin de establecer si
dicho dato corresponde a una relación laboral o únicamente a un registro
administrativo derivado de la práctica formativa.
SEXTO: Ordenen remitir la respuesta directamente a mi correo electrónico y no
únicamente a canales informativos automáticos que no constituyen respuesta
de fondo”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 20 de marzo de 2026, la Caja de Compensación Familiar
Comfamiliar Huila notificó a Anngy Vannessa Acosta Rincón que debía
reintegrar las sumas de $832.850 y $619.325, recibidas previamente como
beneficio del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al
Cesante (FOSFEC). Esta solicitud se realizó mediante el cobro administrativo
No. F-M-07-01-005. En esa comunicación, Comfamiliar Huila señaló que el
cobro obedecía a que la Rama Judicial realizó aportes al Sistema General
de Seguridad Social a nombre de Anngy Vannessa Acosta Rincón durante
agosto y octubre de 2025. Según la caja de compensación, esos aportes
indicaban que ella se encontraba vinculada laboralmente con dicha
entidad y, por tanto, no cumplía los requisitos para recibir el beneficio del
FOSFEC.
5. 2) El 24 de marzo de 2026, la actora presentó solicitud dirigida a la
Rama Judicial y a la Gestión de Judicantes y Practicantes de la Corte
Constitucional con el fin de obtener información relacionada con su
vinculación como auxiliar judicial ad honorem en dicha corporación, en el
despacho de la Magistrada Lina Marcela Escobar Martínez. Puntualmente,
solicitó (se trascribe):
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02777-01
Demandante: Anngy Vannessa Acosta Rincón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma amparo
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“1. Verifique la información de afiliación y aportes reportados a COMFAMILIAR
HUILA para los periodos 202508 y 202510.
2.Aclare que la única vinculación que tuve con la Rama Judicial en 2025 fue
como Auxiliar Judicial Ad-honorem en junio de 2025, sin salario ni prestaciones
sociales, y que no existió relación laboral en los meses de agosto y octubre.
3. Remita o ponga a disposición una constancia o comunicación que respalde
dicha aclaración, la cual necesito para presentar ante COMFAMILIAR HUILA y
demostrar que los beneficios del FOSFEC fueron cobrados dentro de los
requisitos legales y que no hubo vinculación laboral en los periodos señalados.”
6. 3) El 25 de marzo de 2026, la Gestión de Judicantes y Practicantes de
la Corte Constitucional le remitió a la accionante certificación relacionada
con su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la
aseguradora Positiva y remitió la solicitud por competencia a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Unidad de Talento Humano, donde fue
radicada bajo el No. EXTDEAJ26-25140.
7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que,
pese a las gestiones adelantadas ante las entidades involucradas, no ha
obtenido una respuesta clara, congruente y de fondo frente a la solicitud
presentada el 24 de marzo de 2026. Por tal razón, estimó trasgredidos sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso, en la medida en
que la ausencia de una respuesta definitiva le ha impedido contar con los
elementos necesarios para ejercer adecuadamente su derecho de defensa
dentro del trámite de cobro administrativo adelantado por la Caja de
Compensación Familiar Comfamiliar Huila.
1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación
8. Mediante Sentencia de 7 de mayo de 2026, la Sección Primera del
Consejo de Estado amparó el derecho fundamental de petición de Anngy
Vannessa Acosta y, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial dar respuesta de fondo a la solicitud presentada el
24 de marzo de 2026 y negó el amparo respecto de la Corte Constitucional.
Como fundamento de su decisión, indicó que esta última autoridad judicial
no vulneró derecho fundamental alguno, pues atendió los asuntos de su
competencia y remitió la petición a la dependencia competente para
resolver lo pertinente.
9. Asimismo, señaló que, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial adelantó actuaciones internas y efectuó remisiones a otras
dependencias para atender la solicitud, no emitió una respuesta directa,
expresa y de fondo frente a lo peticionado por la accionante pese a ser la
4 Mediante Auto de 17 de abril de 2026, el despacho ponente de la primera instancia resolvió: (1) admitir la solicitud
de amparo, (2) tener como accionados a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de la Judicatura y, (3)
vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como tercero con interés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02777-01
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Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Decisión: Confirma amparo
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competente para ello. En consecuencia, concluyó que vulneró su derecho
fundamental de petición.
10. Inconforme con el fallo de primera instancia, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial presentó impugnación. Sostuvo que, durante el
trámite de notificación de la sentencia, dio cumplimiento a la orden
impartida y, mediante correo electrónico de 29 de mayo de 2026, brindó
una respuesta clara, completa y de fondo a la solicitud de la accionante.
Con fundamento en ello, solicitó que se revocara la decisión de primera
instancia y, en su lugar, se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.
2.1. Fijación de la controversia
11. Le corresponde a la Sala verificar, una vez superados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró el derecho fundamental de petición de la
parte actora por no responder de forma clara, completa y de fondo la
solicitud de 24 de marzo de 2026, mediante la cual solicitó información sobre
su vinculación como auxiliar judicial ad-honorem en la Corte Constitucional.
Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
12. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque se orientó a obtener la
protección del derecho fundamental5 de petición. Anngy Vannessa Acosta
Rincón es la titular del derecho invocado como violado, por lo cual se tiene
por acreditada la legitimación activa en la causa6.
13. De igual forma, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tienen
legitimación pasiva en la causa7, porque de estas se predica la presunta
vulneración, por haber sido los destinatarios de la petición presentada.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
7 Ídem.
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14. Respecto del requisito de subsidiariedad8, la Sala lo dará por superado
por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la accionante
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.
15. En relación con el requisito de inmediatez9, este se satisface, toda vez
que, de conformidad con el escrito de tutela, la vulneración se presentó con
ocasión de una situación actual y continua, como lo es la ausencia de
respuesta a la petición de 24 de marzo de 2026.
2.3. Verificación de la vulneración alegada
16. La Sala confirmará la decisión de primer grado que, entre otras,
accedió al amparo constitucional, de conformidad con las razones que
pasan a exponerse:
17. La parte actora alegó que las entidades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso porque no dieron
una respuesta clara, completa y de fondo a la solicitud que radicó el 24 de
marzo de 2026. En su criterio, las autoridades se limitaron a remitirse entre sí
la petición y a allegar algunos certificados, sin resolver materialmente lo
pedido.
18. Una vez revisado el expediente y los argumentos de la impugnación, la
Sala advirtió que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)
respondió la solicitud el 29 de mayo de 202610, es decir, luego del fallo de
tutela de primera instancia de 7 de mayo de 2026, notificado mediante
mensaje de datos enviado el 22 de mayo siguiente, que concedió el
amparo solicitado y le ordenó emitir una respuesta de fondo. En dicha
respuesta, la entidad informó:
“1. [...] la Caja de Compensación Familiar que se tiene en Nivel Central
es COLSUBSIDIO, de manera que no se cuenta con ningún tipo de información
relacionada a pago de aportes a COMFAMILIAR HUILA;
2. Al ser una vinculación en calidad de judicante Ad Honorem de personal, no
existe posibilidad de que el sistema habilite carga prestacional, para este caso
específico, pago de aporte a una caja de compensación familiar a nombre de
la accionante.
Lo anterior fue comunicado directamente a la Corte Constitucional en
atención a una solicitud de insumos para unificar respuesta a la petición que
se ventila en el trámite, como se esgrimió en contestación.
La información enviada a la Alta Corporación y que, por medio de la presente,
nos permitimos comunicarle, implica de suyo que, la inexistencia de pagos a
COMFAMILIAR HUILA a nombre de la accionante; así mismo, se hace explícito
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
9 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
10 Enviada al correo electrónico: anngy.acosta@campuscc.edu.co.
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que el sistema de nómina no ha generado carga prestacional diferente a pago
a ARL para la servidora consultada.
Tomando en cuenta que cada Dirección Seccional de Administración Judicial
responde por un ámbito territorial específico, aunado a que la afiliación a las
cajas de compensación familiar se da con base al factor de circunscripción
territorial, ante la inexistencia de registros a su nombre y por este concepto
prestacional con el NIT de Nivel Central, o, puesto de otra manera, ante la
ausencia de pagos del Nivel Central a Caja de Compensación Familiar
COMFAMILIAR HUILA, por virtud de su calidad de Judicante, se procedió a
efectuar una consulta interna a Nivel Seccional, para obtener verificación de si
desde el N.I.T. de la Seccional se tienen registros de pagos a la Caja de
Compensación Familiar COMFAMILIAR HUILA. Lo anterior, sin perjuicio de la
solicitud que la doctora Acosta Rincón pueda hacer directamente ante la Caja
de Compensación, si considera necesario, adecuado y conducente”.
19. De lo anterior se desprende que, si bien la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial emitió una respuesta clara, completa y de fondo
frente a la solicitud de 24 de marzo de 202611, la cual acompañó de la
certificación expedida por la Coordinación Administrativa de la Corte
Constitucional en la que constaba la vinculación de la accionante como
auxiliar judicial ad honorem entre el 4 y el 20 de junio de 2025; esta fue
proferida en cumplimiento de la orden impartida en el fallo de primera
instancia. En consecuencia, no es posible declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado12, pues la satisfacción del derecho fundamental
no ocurrió de manera voluntaria durante el trámite constitucional, sino con
ocasión de la orden judicial impartida.
2.4. Conclusión
20. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala confirmará la
sentencia impugnada que, entre otras, amparó el derecho fundamental de
petición de Anngy Vannessa Acosta Rincón frente a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
11 Cabe precisar que, aunque la DEAJ manifestó haber realizado una consulta interna al nivel seccional para
verificar la existencia de registros de aportes a la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Huila, no informó ni
allegó el resultado de dicha gestión. Sin embargo, esa circunstancia no resulta determinante para la resolución
del presente asunto, en tanto la vinculación de la accionante como judicante ad honorem se produjo en el Nivel
Central de la Rama Judicial, frente al cual la entidad afirmó expresamente que no existían registros de aportes a
una caja de compensación familiar ni de cargas prestacionales distintas al aporte a la ARL.
12 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar
la existencia o no de un hecho superado: “1) Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho
o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante
o de aquel en cuyo favor se actúa; 2) Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la
acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado y 3) Si lo que se pretende por medio de la acción de
tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede
considerar que existe un hecho superado”. Sentencia T-045 de 2008.
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Demandante: Anngy Vannessa Acosta Rincón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma amparo
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RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de mayo de 2026, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico
dispuesto por la Secretaría General13.
TERCERO: Por Secretaría REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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