Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02785-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02785-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02785-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02785-00
Accionantes: Guillermo Arturo Suárez Ferreira
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02785-00
Accionantes: Guillermo Arturo Suárez Ferreira
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C y Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Guillermo Arturo Suárez Ferreira
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C
y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Guillermo Arturo Suárez Ferreira, por conducto de apoderado judicial 1, interpuso
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a
la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital 2, que consideró
vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, con ocasión de
las sentencias proferidas el 7 de octubre de 2024 y 15 de octubre de 2025,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado número 11001-33-35-012-2023-00388-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
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Poder conferido al abogado Juan Ricardo Suárez Grégory. Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado
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2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 5D04C3F457EBB043 680978A6C9913E78
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Accionantes: Guillermo Arturo Suárez Ferreira
2.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares–Cremil, mediante Resolución 2046
de 17 de marzo de 2016, reconoció al señor Guillermo Arturo Suárez Ferreira la
asignación mensual de retiro equivalente al 95% del sueldo correspondiente al
grado de mayor general, con efectos fiscales a partir del 10 de mayo de 2016.
2.2. El 24 de abril de 2023, el actor presentó petición ante la Nación -Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestaciones derivadas de los incrementos salariales fijados
por debajo del índice de precio del consumidor-IPC durante los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004. Dicha solicitud fue negada mediante Oficio núm.
2023317001389341 del 26 de junio de 2023.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, el aquí accionante promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
propósito de obtener la declaratoria de nulidad del referido acto administrativo y el
consecuente reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
reclamadas, con el fin que se accediera a las siguientes pretensiones:
“DECLARATIVAS.
1.- Que se declare la excepción de inconstitucionalidad y de legalidad de los
Decretos 122/97, 062/99, 1463/01, 745/02, 3552/03 y 4158/04, con base en la
Constitución, art 4° y CPACA, art. 148.
2.-Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del Oficio
Radicado No. 2023317001389341: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEM
COPERDIPER-1.10, de fecha 26 de junio 2023, mediante el cual el Ministerio
de Defensa Nacional negó la reclamación administrativa formulada con el fin de
que se pagaran las diferencias salariales y prestacionales, suscitada con motivo
de la fijación del salario en un porcentaje inferior al IPC de los años 1997, 1999,
2001, 2002, 2003 y 2004.
DE CONDENA.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones, a
favor de mi mandante, que a continuación se precisan:
1.- Las diferencias salariares que se suscitaron como consecuencia de la
fijación del salario por debajo del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002, 2003
y 2004, desde el momento en que se causaron hasta la fecha de terminación
de la relación laboral, debidamente indexadas.
2.- Las diferencias prestacionales de carácter ordinario tales como las que a
título meramente enunciativo se relacionan: cesantías, primas de todo orden y
vacaciones, debidamente indexadas, que se originaron como consecuencia de
la fijación del salario por debajo del IPC por los años 1997, 1999, 2001, 2002,
2003 y 2004, desde el momento en que se causaron y hasta la fecha de
finalización de la relación laboral, debidamente indexadas.
3.- Las diferencias prestacionales en cotizaciones para pensión, a cargo de
ambas partes de la relación jurídico laboral, que se originaron como
consecuencia de la fijación del salario por debajo del IPC por los años 1997,
1999, 2001, 2002, 2003 y 2004, desde el momento en que se causaron y hasta
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la fecha de finalización de la relación laboral, debidamente indexadas, las
cuales deben girarse a la cuenta del afiliado en CREMIL”3.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-35-012-2023-00388-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 15 de octubre de 2025, negó las
pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, el juzgado sostuvo que el reajuste de la
asignación de retiro se rige por el principio de oscilación, de conformidad con los
decretos expedidos por el Gobierno nacional aplicables al personal activo de las
Fuerzas Militares. Asimismo, indicó que, según lo previsto en la Ley 238 de 1995 y
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el reajuste con
base en el IPC únicamente tuvo aplicación entre los años 1997 y 2004, pues a partir
de la expedición del Decreto 4433 de 2004 se restableció el sistema de oscilación.
De igual manera, precisó que la excepción de inconstitucionalidad solo procede
cuando se advierte una contradicción manifiesta entre una disposición legal y la
Constitución Política, y destacó que la sentencia del Consejo de Estado del 20 de
octubre de 2020 reconoció que el IPC no constituye el único criterio válido para
determinar el incremento salarial de los servidores públicos. En consecuencia,
concluyó que el demandante no tenía derecho al reajuste pretendido, en razón a
que adquirió su estatus pension al en el año 2016, circunstancia que impedía la
aplicación del régimen excepcional de reajuste fundado en el IPC.
2.5. Dentro del término de ejecutoria de la sentencia, el demandante presentó
solicitud de aclaración y adición, al estimar que la providencia omitió pronunciarse
sobre las circunstancias económicas y fiscales que habrían permitido al Gobierno
nacional fijar incrementos salariales inferiores al IPC. Igualmente, sostuvo que no
se efectuó análisis alguno respecto del artículo 215 de la Constitución Política y de
las disposiciones convencionales que prohíben la desmejora de los derechos
laborales.
Mediante providencia del 12 de diciembre de 2024, el juez de primera instancia negó
la solicitud, al considerar que las omisiones alegadas no recaían sobre pretensiones
de la demanda, sino sobre argumentos expuestos por la parte actora, aspecto que
no constituye objeto de adición. Agregó que las solicitudes formuladas no estaban
dirigidas a aclarar o complementar puntos específicos de la sentencia, sino a
cuestionar la valoración probatoria y las interpretaciones jurídicas efectuadas por el
despacho, materias que debían controvertirse a través del recurso de apelación.
2.6. Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que el debate jurídico no versaba sobre la escala salarial prevista en el
Decreto 107 de 1996, sino sobre la asignación básica correspondiente al grado
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado B48D39F3EF2D447B 439E1768E2B866C5
61CBAC49EEEDAB42 3DE3BB654E86B5DD.
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superior, la cual, a su juicio, fue fijada por debajo del IPC. Afirmó que ni los decretos
expedidos por el Gobierno nacional ni la providencia judicial explicaron la existencia
de criterios distintos al IPC que justificaran incrementos salariales inferiores al índice
de inflación.
Adujo, además, que tales decretos carecían de motivación suficiente, en tanto no
incorporaban considerandos ni memoria justificativa, circunstancia que, en su
criterio, vulneraba los principios de progresividad y no regresividad de los derechos
sociales. Asimismo, señaló que correspondía al Gobierno nacional y a la jurisdicción
contencioso-administrativa desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad derivada
de tales medidas, mediante la acreditación de razones fiscales o económicas que
las justificaran. Finalmente, indicó que el reajuste de la asignación en actividad
incide directamente en la asignación de retiro, razón por la cual cualquier
modificación en la primera debía reflejarse proporcionalmente en la segunda.
2.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C,
mediante sentencia del 15 de octubre de 2025, confirmó la decisión impugnada.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad y al mínimo
vital. En consecuencia, pidió que “se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dictar una sentencia de
reemplazo en donde se acceda a las pretensiones de la demanda de Nulidad y
restablecimiento del derecho, desestimadas por dicho órgano judicial. O en su
defecto, que el mismo órgano encargado de resolver esta acción, dicte la aludida
sentencia en los términos solicitados” 4.
Como sustento de la solicitud, afirmó que las providencias cuestionadas
desconocieron el principio de progresividad y no regresividad de los derechos
sociales, incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante instrumentos
internacionales. En tal sentido, invocó la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Protocolo de San Salvador, y sostuvo que las autoridades judiciales
accionadas desconocieron el artículo 93 de la Constitución Política y el artículo 3 de
la Ley 137 de 1994.
Adicionalmente, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto fáctico al considerar que, a pesar de que citó jurisprudencia de la Corte
Constitucional que desarrolló el derecho convencional y “cómo su violación se
presumía inconstitucional con la posibilidad de ser desvirtuada como toda
presunción iuris tantum”5, se “ignoró como prueba o se valoró inadecuadamente”6.
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5 Ibid.
6 Ibid.
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3.2. Defecto sustantivo, al considerar que las providencias censuradas, junto con
los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, vulneraron los artículos
13, 29, 48, 93, 334 y 373 de la Constitución Política.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 14 de abril de 2026 7, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó en calidad de tercero con interés a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-
Cremil; ofició a las autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto
de la solicitud de amparo; además, ordenó la notificación a las partes y dispuso la
suspensión de términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá 8 allegó el
expediente digital correspondiente al proceso ordinario; sin embargo, guardó
silencio frente a las pretensiones y hechos expuestos en la solicitud de amparo.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección C9 solicitó negar el amparo invocado, al considerar que la providencia
cuestionada fue proferida con fundamento en un análisis integral del marco
normativo, jurisprudencial y probatorio aplicable al caso concreto.
Precisó que la sentencia sí abordó el estudio relacionado con el reajuste de la
asignación básica conforme al IPC y concluyó que dicho reconocimiento no
resultaba procedente en el asunto bajo examen, toda vez que ese régimen
únicamente era aplicable a quienes percibieron asignación de retiro durante el
período comprendido entre los años 1997 y 2004, siempre que les resultara más
favorable. En consecuencia, sostuvo que no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por el accionan te.
4.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-Cremil10 al oponerse al amparo,
solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no se vulneró derecho alguno,
así como tampoco se acreditaron los requisitos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para la procedencia de la tutela contra providencia judicial.
Por último, agregó que, en razón a la naturaleza y objeto de la entidad, no era
posible coadyuvar alguno de los extremos de la litis, sino que se limitaba a cumplir
los fallos judiciales, para de esta forma garantizar la legalidad de sus actuaciones.
7 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 314136E06208B1B8 EAAB68CA9E12ACA1
88259867528AEE9F 0E4E3AD716F2E950.
8 Índice 00013 en el aplicativo SAMAI, certificado D2A597A594447EFC 4E31B15F72F87D5F
1E38C221834930A7 1FD8F436C4D25B93.
9 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado A74E45513719EA47 EC17E69DDF12FA8F
83BEA6378EFB01DB 46D386FEDA66FDFF.
10 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado E16DB6BEA52492FB D46C19F6D4ED0A70
D74C11D26A63239C E99EEEFA8FBA28A.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Guillermo Arturo Suárez Ferreira es el titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas, en su condición de demandante, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado núm. 11001-33-
35-012-2023-00388-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C y el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, fueron las autoridades que
profirieron las decisiones que, según el tutelante, vulneraron sus derechos
fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 15
de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C, por cuanto fue la providencia que puso fin al proceso.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. Del análisis del escrito de tutela se advierte que el accionante cuestiona, en
esencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, al considerar que incurrió en defectos fáctico y
sustantivo.
Lo anterior, por cuanto, a juicio del actor, pese a que la autoridad judicial reconoció
que la remuneración percibida durante los años reclamados fue incrementada en
un porcentaje inferior a la variación del índice de inflación, omitió aplicar el bloque
de constitucionalidad y los principios de progresividad y no regresividad de los
derechos sociales, en relación con la remuneración derivada de la prestación del
servicio, la cual, según sostiene, debía fijarse, como mínimo, en un valor equivalente
al índice del costo de vida.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada,
se advierte que, en la sentencia del 15 de octubre de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C, se arribó a las
siguientes conclusiones:
“Es pertinente indicar que, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, regula lo
atinente al incremento anual de las pensiones con base en el Índice de Precios
al Consumidor y no de los salarios.
Por ello, cuando la entidad demandada pagó la remuneración mensual en
servicio al actor, con base en los decretos de salarios que fueron expedidos año
tras año por el Gobierno Nacional, actuó conforme lo dispone la Constitución y
la Ley, por lo que, no es viable jurídicamente que el método fijado por la ley para
el reajuste de las pensiones sea aplicado al reajuste de los salarios, distinción
que no vulnera el principio de igualdad.
La Policía Nacional y las Fuerzas Militares tienen un régimen distinto a los
demás empleados públicos, en razón a su especialidad y reglamentación por lo
que, prevé el reconocimiento y reajuste de la asignación básica mensual,
mediante decretos proferidos por el Gobierno Nacional año a año, por
disposición legal, sin que ello implique, desconocimiento de derechos de orden
constitucional.
Ahora bien, se encuentra acreditado al proceso que al demandante le fue
reconocida asignación de retiro con el grado de Mayor General del Ejército
Nacional, a partir del 10 de mayo de 2016, con el salario percibido en actividad
y las partidas computables correspondientes; consecuentemente el primer
aumento de la prestación tuvo ocurrencia únicamente hasta el 1 de enero de
2017.
Así las cosas, la Sala debe indicar que el incremento anual con base en el IPC,
aplica únicamente a las asignaciones de retiro o pensiones, y no es asimilable
a la asignación salarial, razón por la cual, no es procedente el reajuste solicitado
por el demandante. Así las cosas, no puede hablarse de una afectación
patrimonial anterior al año 2017, en tanto que sería a partir de esa fecha que se
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Accionantes: Guillermo Arturo Suárez Ferreira
configuraría la diferencia negativa respecto de los demás pensionados a
quienes se les incrementó su mesada en el porcentaje correspondiente al Índice
de Precios al Consumidor certificado para el año 2016; sin embargo, como
quedó visto previamente, para esa anualidad ya no existía diferencia entre el
incremento de las asignaciones de retiro y las pensiones”17.
El tribunal accionado señaló que el artículo 53 de la Constitución Política distingue,
de una parte, el incremento salarial y, de otra, el reajuste periódico de las pensiones,
materias que han sido desarrolladas de manera diferenciada por el legislador. Así,
precisó que: (i) en relación con los salarios y demás derechos derivados de la
relación laboral, el Congreso expidió la Ley 4.ª de 1992, de la cual se derivan los
decretos anuales de reajuste salarial expedidos por el Gobierno nacional; y (ii ) en
materia pensional, se profirió la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 14 dispuso que las
pensiones deben reajustarse anualmente conforme a la variación del índice de
precios al consumidor-IPC.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que acceder a las pretensiones de la
demanda implicaría extender los efectos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
relativo al reajuste anual de las pensiones con base en el IPC, a los miembros del
Ejército Nacional que se encontraban en servicio activo desde el 1.º de enero de
1997 y años posteriores, sin que exista disposición constitucional o legal que así lo
autorice.
Asimismo, explicó que los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional
fijaron los porcentajes de incremento salarial aplicables al demandante y que, en el
caso concreto, no se acreditó que la entidad accionada hubiera efectuado reajustes
inferiores a los porcentajes establecidos en tales disposiciones.
De otra parte, en relación con la solicitud de inaplicación por vía de excepción de
inconstitucionalidad de los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, el tribunal
consideró que aquella no resultaba procedente, en tanto del análisis efectuado no
se advertía una contradicción ostensible e insuperable entre dichas disposiciones y
la Constitución Política.
Agregó que esa misma discusión fue analizada y desestimada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, en sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida dentro
del expediente núm. 25000-23-42-000-2017-05762-01, en un asunto de similares
características al aquí examinado. Finalmente, indicó que, en el mismo sentido, el
Consejo de Estado, mediante providencia del 8 de agosto de 2024, precisó:
“«Para los años 1997 a 2004, el reajuste de los salarios del personal activo de
la Fuerza Pública se estableció por el Gobierno nacional con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, mediante los Decretos 921 de
1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 50 y 107 de 1996, 122 de 1997,
17 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado B48D39F3EF2D447B 439E1768E2B866C5
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58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de
2003 y 4158 de 2004.
Así, debido a que para esos períodos el señor Coronado León era miembro
activo del Ejército Nacional, ya que su retiro del servicio activo se produjo por
medio de la Resolución 914 de 29 de marzo de 2006,20 el incremento de su
sueldo básico mensual debía atender a las citadas disposiciones
gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una norma dirigida
al personal retirado de la Fuerza Pública.
Por consiguiente, no hay lugar a acceder a la reliquidación de los salarios
reclamados por el demandante, toda vez que tal asunto ha sido fijado, y
depende, de una serie de decretos o actos que gozan de la presunción de
legalidad que a ellos les atribuye la norma y que no ha sido discutida en esta
oportunidad.
(…)
Finalmente, la Sala advierte que la figura de la excepción de
inconstitucionalidad es un «instrumento establecido por el artículo 4° de
la Constitución Política, cuya aplicación se alega para que en caso de
presentarse contradicción entre una norma de rango legal y otra de rango
constitucional, se aplique esta última, con el fin de preservar las garantías
constitucionales, que sólo procede para resolver casos o situaciones
concretas o subjetivas, de modo que quien la hace efectiva es la autoridad que
conoce del correspondiente caso y sus efectos, por consiguiente, son subjetivos
o interpartes.»18
Para hacer uso de la excepción referida es menester que la contradicción
sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal o
reglamentaria riñan de tal manera que del simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea. Sin embargo, a
juicio de la Sala la presunta violación alegada por el recurrente no es
manifiesta, palmaria o flagrante, es decir, no puede establecerse de la sola
confrontación de la Constitución y los Decretos expedidos por el Gobierno
nacional para reajustar los salarios y las asignaciones de retiro para los
miembros de la Fuerza Pública entre los años 1997 a 2004, como los
identificados con los números 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004; y mucho
menos para declarar, con base en la pretendida excepción de
inconstitucionalidad, la nulidad del acto acusado.
En consecuencia, al no evidenciarse la violación de normas de rango
constitucional, es improcedente la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad alegada y, por ende, la declaratoria de nulidad del acto
censurado» (…)”19.
5.3. De lo expuesto se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, explicó de manera suficiente, razonada y
coherente las razones por las cuales no resultaba procedente acceder a las
pretensiones de la demanda.
En efecto, sostuvo que: i) el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 regula
exclusivamente el reajuste anual de las pensiones con fundamento en la variación
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de noviembre
de 2010, radicado 66001-23-31-000-2007-00070-01 [cita textual].
19 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado B48D39F3EF2D447B 439E1768E2B866C5
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del IPC y no el incremento salarial del personal activo de la Fuerza Pública, cuyos
emolumentos se determinan mediante los decretos expedidos anualmente por el
Gobierno nacional en desarrollo de la Ley 4.ª de 1992; ii) la diferenciación existente
entre el reajuste salarial y el reajuste pensional no vulnera el principio de igualdad,
en atención a que los miembros de la Fuerza Pública se encuentran sometidos a
un régimen especial; iii) el actor adquirió el derecho a la asignación de retiro en
calidad de mayor general del Ejército Nacional a partir del 10 de mayo de 2016, de
manera que el primer incremento de dicha prestación tuvo lugar el 1.º de enero de
2017, sin que se evidenciara afectación patrimonial con anterioridad a esa fecha;
iv) no procedía el reajuste reclamado, toda vez que el incremento con base en el
IPC únicamente resulta aplicable a las pensiones y asignaciones de retiro, mas no
a los salarios del personal activo, aunado a que no se acreditó que la entidad
demandada hubiera efectuado incrementos inferiores a los previstos en los
decretos expedidos por el Gobierno nacional; y v) tampoco resultaba procedente
inaplicar los decretos cuestionados mediante la excepción de inconstitucionalidad,
debido a que no se evidenciaba una contradicción manifiesta entre dichas
disposiciones y la Constitución Política, criterio que, además, ha sido reiterado por
el Consejo de Estado.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por
el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de
forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni
que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario.
5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte accionante omitió estructurar
sus reparos constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los
defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se
circunscribe a un debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo
argumentativo dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitu cional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración 20.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
20 Sentencia SU215 de 2022.
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presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que, a pesar de
que el accionante sostuvo que la decisión incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, lo cierto es que ni siquiera desarrollo los cargos en función de los
mencionados defectos.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el
marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de
la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 21, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario22.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
21 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
22 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Guillermo Arturo Suárez Ferreira en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C y el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Bogotá, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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