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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02789-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02789-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Cristóbal Hernández. En consecuencia, ORDENAR a la Fiduprevisora S.A. que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la petición presentada por el accionante el 23 de enero de 2026. SEGUNDO: DECLARAR improcedentes las demás pretensiones, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02789-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela / CONCEDE AMPARO – vulneración al derecho
fundamental de petición

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta alguna irregularidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 13 de abril de 2026, el señor Cristóbal Hernández promovió acción de tutela
contra la Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), en busca de obtener la protección de
sus derechos fundamentales de petición, salud, debido proceso administrativo y
“participación y control social”.

2.
Expuso que el 23 de enero de 2026, en calidad de cotizante de dicho Fondo y
veedor del servicio de salud, elevó una solicitud ante la sociedad fiduciaria, con la
finalidad de obtener información y la adopción de una serie de medidas frente a lo
que califica como graves irregularidades en la prestación del servicio de salud del
magisterio en la Región 1 – Bogotá. En concreto, formuló dieciséis requerimientos.

3.
Adujo que, a la fecha de interposición de la acción constitucional, habían
transcurrido más de sesenta (60) días hábiles, sin que la entidad accionada hubiese
emitido una respuesta de fondo, clara y congruente.

4.
Sostuvo que dicha omisión impide el acceso a la información y los correctivos
necesarios para asegurar una atención integral y continua del servicio de salud, así

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

como la libre escogencia del prestador del servicio y representa un obstáculo para el
ejercicio efectivo del control ciudadano y la veeduría social.

5.
Señaló que lo anterior cobra especial relevancia, si se considera que el sistema de
salud del Magisterio opera bajo un régimen excepcional de administración,
financiación y prestación del servicio, que exige mayores niveles de transparencia,
control y eficiencia.

6.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordenara a la entidad demandada:
(i) brindar una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente, completa y verificable
frente a cada uno de los requerimientos formulados en la petición del 23 de enero de
2026, junto con el respectivo soporte documental; (ii) adoptar medidas inmediatas,
eficaces y verificables para corregir las presuntas fallas estructurales en la prestación
del servicio salud; y, (iii) garantizar de manera real y efectiva el derecho a la libre
escogencia del prestador del servicio de salud.

7.
A su vez, pidió que se remitan copias a la Procuraduría General de la Nación, con
el fin de que investigue la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de los
funcionarios responsables.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

8.
Mediante auto del 6 de agosto de 2026, se dispuso admitir la acción de tutela1;
notificar de su presentación a la parte demandada; comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y negar las solicitudes de medida
provisional y de vinculación formuladas por el accionante.

9.
Pese haber sido notificada en debida forma, la Fiduprevisora S.A. guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

10.
La Sala dispondrá la protección del derecho fundamental de petición de la parte
accionante, tras constatar que dicha garantía fue vulnerada por la entidad enjuiciada.

11.
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, las personas tienen
derecho a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de
interés general o particular, así como a obtener una respuesta oportuna. Esta

1 Inicialmente se había resuelto remitir el expediente a los Juzgados del Circuito de Bogotá, en atención a lo

previsto en el artículo 2.2.3.1.2.1, numeral 2 del Decreto 333 de 2021. No obstante, dicha decisión fue dejada sin
efectos por la Corte Constitucional a través de auto 904 del 15 de julio de 2026, en el marco del conflicto negativo
de competencias propuesto por el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

garantía comprende, por una parte, la posibilidad de formular solicitudes y, por otra,
el correlativo deber de la autoridad o del particular obligado de brindar una respuesta
dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico, que sea de fondo, clara,
precisa, congruente y efectivamente comunicada al peticionario.

12.
La Corte Constitucional ha puntualizado que el núcleo esencial de dicha
prerrogativa conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y efectiva
de presentar peticiones respetuosas; (ii) la obligación de resolverlas de fondo, esto
es, de manera clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado; (iii) el deber de emitir la
contestación correspondiente dentro del término legalmente establecido y; (iv) la
carga de comunicar la respuesta al peticionario de forma oportuna. Lo anterior, sin
perjuicio de que el contenido de la misma sea favorable o desfavorable a lo
peticionado2.

13.
Según el artículo 13 de la Ley 1755 de 20153, en ejercicio de dicha prerrogativa,
el peticionario cuenta con la posibilidad de solicitar el reconocimiento de un derecho,
la intervención de una autoridad, la resolución de una situación jurídica, la prestación
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y/o reclamos e interponer
recursos.

14.
De esta manera, el alcance del derecho fundamental de petición no se limita al
simple hecho de interponer una solicitud ante una autoridad o un particular, sino que
se erige como una herramienta que permite a las personas la materialización de otras
garantías constitucionales, como la participación democrática, cuyo ejercicio puede
efectuarse a través de distintos mecanismos de control social.

15.
Lo anterior, adquiere especial relevancia tratándose de las veedurías ciudadanas,
en tanto la Ley 850 de 20034 reconoce expresamente el derecho de petición como
un instrumento para el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control. El
artículo 16 de dicho cuerpo normativo prevé que, para alcanzar de manera ágil y
oportuna sus objetivos, las veedurías pueden elevar peticiones ante las autoridades
competentes y ejercer ante los jueces las acciones previstas en la Constitución y la
ley.

16.
De modo que el derecho de petición constituye una herramienta esencial para el
ejercicio de las funciones propias de las veedurías ciudadanas, pues permite requerir

2 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En ese mismo sentido, ver
sentencias T-430 de 2017, T-217 de 2018, T-007 de 2019, T-230 de 2020 y SU-191 de 2022.
3 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
4 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.”

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

información, formular cuestionamientos y solicitar actuaciones relacionadas con la
gestión de los asuntos sometidos a vigilancia.

17.
Bajo ese escenario, la jurisprudencia constitucional5 ha reconocido que el ejercicio
del derecho de petición por parte de las organizaciones de participación y control
ciudadano tienen un mayor alcance que el que ejercen los particulares, pues están
en capacidad de obtener mayor información que los ciudadanos individualmente
considerados.

18.
En el asunto sometido a consideración de esta Sala, la parte actora atribuyó la
vulneración de sus derechos a la Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y
administradora del Fomag, con ocasión a la falta de respuesta a la petición que
presentó el 23 de enero de 2026, como cotizante y veedor del servicio de salud, con
la finalidad de obtener información y la adopción de una serie de medidas
relacionadas con presuntas irregularidades en la prestación del servicio de salud del
magisterio en la Región 1 – Bogotá.

19.
Del material probatorio obrante en el expediente, se constató que dicha solicitud
fue efectivamente radicada en la entidad accionada el 23 de enero de 2026, como
se evidencia a continuación:

5 En sentencia T-146 de 2012.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

20.
No obstante, la Fiduprevisora S.A. no acreditó haber otorgado una respuesta al
respecto, pese a que ya ha transcurrido un tiempo considerable desde que se elevó
la solicitud -aproximadamente siete meses-, pues no rindió el informe requerido
dentro del presente trámite y tampoco obra en el expediente elemento alguno que
permita establecer que la petición hubiera sido resuelta y la respuesta comunicada
al accionante.

21.
Para la Sala, el silencio de la accionada al no rendir el informe que se solicitó en
el marco de la presente acción, aunado a la ausencia de elementos que permitan
desvirtuar los hechos expuestos en la demanda, dan lugar a la aplicación de la
presunción de veracidad contenida en el artículo 206 del Decreto 2591 de 1991, lo
que, a su vez, implica la constatación de que se configuró la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante.

22.
Lo anterior, por cuanto la entidad accionada no demostró haber otorgado una
respuesta frente a la petición presentada por la parte actora, a pesar de que se
encontraba en la obligación de emitir un pronunciamiento al respecto, en tanto se
acreditó que la solicitud fue efectivamente radicada en la entidad y, al momento de
interposición de la solicitud de amparo, el término previsto para atender la misma se
encontraba ampliamente vencido, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011.

23.
Según la jurisprudencia constitucional7, la ausencia de respuesta constituye una
vulneración al derecho fundamental de petición, susceptible de ser corregida
mediante la acción de tutela, precisamente porque la garantía constitucional no se
agota con la posibilidad de presentar una solicitud, sino que comprende el derecho
correlativo a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa dentro del término
establecido por ley, independientemente de que esta resulte favorable o
desfavorable a los intereses del solicitante.

24.
En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
demandante, a fin de que la Fiduprevisora S.A., si aún no lo ha hecho, conteste la
solicitud presentada el 23 de enero de 2026.

25.
Cabe precisar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de lo
requerido en la petición. La protección constitucional se circunscribe a garantizar el
derecho a obtener una respuesta que satisfaga las exigencias de claridad, precisión,
congruencia y suficiencia que impone el ordenamiento jurídico.

6 “PRESUNCIÓN DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán

por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación
previa.”
7 Al respecto, ver sentencias T-158 de 2005, T-146 de 2012.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

26.
Como ya se anotó, el derecho fundamental de petición no comprende el derecho
a obtener un pronunciamiento favorable a los intereses del solicitante. La obligación
que recae sobre la autoridad consiste en pronunciarse sobre el fondo del asunto
sometido a su conocimiento, expresar las razones que fundamenten su
determinación y comunicarla oportunamente, mas no en resolver necesariamente en
el sentido pretendido por quien formula la solicitud.

27.
Así las cosas, la orden de amparo únicamente cobijará la pretensión orientada a
que la entidad accionada otorgue una respuesta de fondo, clara, precisa, congruente,
completa y verificable frente a cada uno de los requerimientos formulados en la
petición formulada por el actor el 23 de enero de 2026, sin que ello implique que la
entidad deba necesariamente acceder a lo pedido.

28.
Las demás pretensiones serán declaradas improcedentes, comoquiera que se
orientan a la adopción de las medidas solicitadas en la petición objeto de amparo.
Se reitera que el sentido de la respuesta no hace parte del núcleo esencial del
derecho fundamental de petición y, en esa medida, no es susceptible de ser
protegido vía tutela, menos aun cuando la controversia se circunscribió a la ausencia
de una contestación y no a la existencia de una decisión cuyo contenido pudiera ser
cuestionado.

29.
La labor del juez constitucional no puede estar encaminada a anticipar la decisión
que corresponde adoptar a la autoridad competente ni sustituirla en el ejercicio de
sus funciones, cuando lo que se ha acreditado es, precisamente, la inexistencia de
un pronunciamiento frente a lo solicitado.

30.
Si bien el demandante también invocó la protección de los derechos a la salud,
debido proceso administrativo y “participación y control social”, el fundamento de la
afectación alegada radicó en la falta de respuesta frente a la petición y no se
presentaron elementos adicionales que permitieran evidenciar una vulneración
concreta de dichas garantías.

31.
La misma suerte corre la pretensión relacionada con la remisión de copias a la
autoridad disciplinaria. Si el demandante estima que el actuar de la entidad
accionada en lo que respecta a la garantía del derecho a la salud constituye una
irregularidad susceptible de investigación, debe acudir directamente ante las
autoridades competentes, a fin de que, en el marco de sus competencias, determinen
si hay lugar a iniciar las actuaciones administrativas, disciplinarias o de cualquier otra
naturaleza.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02789-00
Accionante: Cristóbal Hernández
Accionado: Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Cristóbal
Hernández. En consecuencia, ORDENAR a la Fiduprevisora S.A. que, en un término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
emita una respuesta de fondo, clara y congruente frente a la petición presentada por
el accionante el 23 de enero de 2026.

SEGUNDO: DECLARAR improcedentes las demás pretensiones, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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