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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02793-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02793-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR PARCIALMENTE el fallo del 7 de mayo de 2026 proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en relación con los defectos por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución y en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción, conforme a la motivación presentada en esta decisión. 2. CONFIRMAR en lo demás la mencionada providencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02793-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02793-01
Demandante MARÍA ANGÉLICA GUIRAN CASTELLANOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto, sustantivo, por
desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución Política. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Acto administrativo demandable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por María Angélica Guiran Castellanos
contra el fallo del 7 de mayo de 2026, proferido por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado, que dispuso:
«Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, conforme a las consideraciones
expuestas.
Segundo. NEGAR el amparo solicitado frente al desconocimiento del precedente
constitucional y la violación directa de la Constitución».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de abril de 20261, la señora María Angélica Guiran Castellanos por conducto
de apoderado presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al mínimo vital y a
la estabilidad laboral reforzada con la sentencia del 14 de noviembre de 2025
proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76001-33-33-016-2023-00102-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y
estabilidad laboral reforzada de MARÍA ANGÉLICA GUIRAN CASTELLANOS.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia No. 227 del 14 de noviembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
3. ORDENAR al Tribunal proferir una sentencia de reemplazo, donde aplicando el principio
de prevalencia del derecho sustancial, integre el acto definitivo Oficio GS-2022-
038859-DIBIE del 24 de diciembre de 2022 y decida de fondo sobre las acreencias
laborales y la indemnización por estabilidad laboral reforzada».

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1
Escrito de tutela radicado a través del correo de tutelas en línea.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02793-01
Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

2.1. La señora María Angélica Guiran Castellanos se vinculó a la Policía Nacional
en el cargo de Auxiliar para Apoyo de la Seguridad y Defensa nombrada
mediante la Resolución 03160 del 31 de diciembre de 2002 y posesionada el
2 de enero de 2003.

El 26 de diciembre de 2020 presentó renuncia irrevocable motivada por acoso
laboral y por el incumplimiento en el pago de salarios e incapacidades
médicas.

La Dirección General de la Policía Nacional mediante la resolución 01597 del
18 de mayo de 2021 aceptó la renuncia presentada por la señora Guiran
Castellanos en cumplimiento a una orden de tutela proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali.

2.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, la Junta Nacional de Calificación
en dictamen rendido el 24 de junio de 2021 determinó una pérdida de
capacidad laboral de la actora del 40.20% con ocasión del diagnóstico de
trastorno mixto de ansiedad y depresión.

2.3. El 21 de noviembre de 2022 la accionante solicitó a la Policía Nacional le fuera
cancelada la indemnización por despido injusto, los salarios dejados de pagar
y todas las prestaciones sociales a las que tenía derecho así como el pago de
las incapacidades respectivas.

Mediante oficio del 25 de noviembre de 2022 el jefe del Grupo de Orientación
e Información de la Policía Nacional le indicó que la petición había sido remitida
por competencia a la Dirección de Bienestar Social y a la Dirección de Talento
Humano.

2.4. Por lo anterior, la señora María Angélica Guiran Castellanos en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo del 25 de noviembre de 2022 por
el que se remitió por competencia lo solicitado a las Direcciones de Bienestar
Social y Talento Humano de la entidad.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la existencia
de un contrato de trabajo entre ella y la entidad demandada, se ordenara el
reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto y el
consecuente pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como
también de las incapacidades respectivas.

2.5. En primera instancia conoció el Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali
(expediente 76001-33-33-016-2023-00102-00) que en providencia del 31 de julio
de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que el acto administrativo demandado era de trámite o preparatorio
y por tanto no era susceptible de control judicial y que no cumplía con los
presupuestos del artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, es decir, no creaba, modificaba o extinguía una
situación jurídica, sino que era un acto por el que la autoridad administrativa
impulsó una actuación necesaria para la formación del acto administrativo
definitivo.

De otra parte, evidenció que en la demanda pidió se declarara la existencia de
un contrato de trabajo lo que le causó inquietud ya que la accionante se había
vinculado con la Policía Nacional mediante un acto administrativo y
posteriormente había tomado posesión en el empleo respectivo por lo que no

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Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

había discusión en cuanto a la vinculación y por tanto la discusión no se podía
orientar a la declaratoria de existencia de un contrato laboral.

2.6. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante.

Conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que en sentencia del 14 de noviembre de 2025 (notificada a las partes por correo
electrónico el 21 de noviembre de 2025) confirmó la decisión de primera instancia.

El Tribunal estuvo de acuerdo con los fundamentos planteados por el Juzgado
de primera instancia en cuanto que el acto administrativo demandado no era
un acto definitivo al no haber resuelto la situación jurídica particular de la
demandante, hoy accionante, relativa al reconocimiento de unas prestaciones
sociales presuntamente adeudadas durante el tiempo que laboró al servicio
de la Policía Nacional, sino que se trató de un acto de trámite que remitió por
competencia.

En cuanto al argumento propuesto en el recurso de apelación relativo a que
debió darse prevalencia a lo sustancial sobre las formalidades y que no se
tuvo en cuenta la situación de debilidad manifiesta en la que se encontraba,
advirtió que dicho principio no podía desconocer los requisitos mínimos para
la interposición de una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que resultaba procedente contra actos
administrativos susceptibles de control judicial.

Finalmente, indicó que en el escrito de contestación de la demanda la Policía
Nacional puso de presente que mediante Oficio del 24 de diciembre de 2022
se dio respuesta de fondo a la petición de la actora por lo que era ese el acto
que debió demandar, sin embargo, aclaró que ese acto no fue demandado ni
aportado por la parte demandante al proceso ordinario.

3. Fundamentos de la acción

La accionante consideró que al proferir la sentencia del 14 de noviembre de 2025
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-016-
2023-00102-00/01 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los
defectos procedimental por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, sustantivo y por violación directa de la Constitución
Política, por las siguientes razones:

3.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuestionó que se
hubiera confirmado la decisión inhibitoria de primera instancia basada en que
el acto administrativo demandado era un acto de trámite y agregó que el mismo
tribunal reconoció expresamente en la sentencia que la Policía Nacional
informó en la contestación de la demanda de la existencia de un acto definitivo,
esto es, el Oficio del 24 de diciembre de 2022.

En ese sentido, dijo que el Tribunal tenía el deber de hacer uso de la potestad
de saneamiento e integrar el acto definitivo al litigio y evitar un fallo que negara
la justicia material a una persona con discapacidad severa.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial sostuvo que
la sentencia de la Corte Constitucional SU 049 de 2017 unificó el derecho a la
estabilidad ocupacional reforzada que protegía a quien tuviera una afectación
de salud que dificultara sus labores sin importar el tipo de vínculo, precedente
que dijo, fue ignorado por el Tribunal al no analizar su desvinculación y que
para la fecha de su retiro contaba con un dictamen que determinó su pérdida
de capacidad laboral en 40.20%.

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Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

Argumentó que para la Corte si se despedía a alguien en esas condiciones sin
permiso del Ministerio de Trabajo se presumía la discriminación y procedía la
indemnización de 180 días conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 pero que esto no fue aplicado por el Tribunal al dar prelación a
una formalidad procesal.

3.3. Defecto sustantivo pues en su criterio el Tribunal accionado aplicó de manera
aislada el artículo 43 del CPACA desconociendo el principio pro actione y que
al tratarse de la reclamación de derechos laborales de una persona en
condición de debilidad manifiesta el acto que remitía por competencia sin
resolver de fondo tenía un efecto denegatorio material de modo que debió
interpretarse la demanda de manera que se favoreciera el acceso a la
administración de justicia.

3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política en el que citó los
artículos de la Constitución Política que estimó desconocidos en su caso
concreto, dando prevalencia a la tesis de ser un acto de trámite, dejando de
lado principios como el de favorabilidad y sin un criterio diferenciador ante su
especial circunstancia de discapacidad.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 16 de abril de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora María Angélica Guiran Castellanos contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (ii) ordenó la notificación de las
partes; (iii) como tercero con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional (entidad que actuó como parte demandada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho); (iv) solicitó al Juzgado Dieciséis
Administrativo de Cali allegara el expediente ordinario y (v) negó la medida
provisional solicitada por la parte actora.

4.2. La Policía Nacional se pronunció por conducto de la asesora del sector
defensa quien manifestó que no se encontraban acreditados los supuestos de
la estabilidad laboral reforzada ya que esta implicaba que el empleador tuviera
conocimiento previo del estado en el que se encontraba la trabajadora y que
el despido careciera de una causal objetiva, pero que en el caso concreto el
retiro obedeció a la renuncia presentada por la servidora frente a lo que la
entidad lo que hizo fue aceptar la misma sin que se evidenciara un trato
discriminatorio.

En lo referente a la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
sostuvo que la decisión fue acertada al estudiar la procedencia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto cuando se
trataba de actos de trámite y que, en efecto, no era un acto susceptible de
control judicial y, además, que no se estaba en presencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la presente acción de manera transitoria.

4.3. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali allegó el link de acceso al
expediente ordinario.

4.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue notificado de la presente
acción, sin embargo, no se pronunció en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 7
de mayo de 2026 declaró improcedente la acción de tutela frente a los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo y negó las pretensiones

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de la demanda en relación con los defectos por desconocimiento del precedente y
por violación directa de la Constitución Política.
De la improcedencia de la acción de tutela frente a los defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto y sustantivo consideró que no se cumplía con el requisito
de subsidiariedad pues la actora pudo haber alegado en el recurso de apelación
que la autoridad judicial tenía el deber de integrar el oficio del 24 de diciembre de
2022 en aras de evitar un fallo inhibitorio, además que pudo poner de presente la
indebida interpretación del artículo 43 del CPACA y la desatención al principio pro
actione, pero que su inconformidad se había centrado en ser una persona en
condición de debilidad manifiesta con enfermedades crónicas y tratamientos
médicos vigentes y que no se hizo un análisis de si tenía derecho o no a las
prestaciones reclamadas.
Con respecto a los defectos por desconocimiento del precedente y por violación
directa de la Constitución Política sostuvo que el Tribunal en la providencia
cuestionada explicó que el acto demandado no había resuelto de fondo la solicitud
de la demandante por lo que no era susceptible de control judicial lo que a su juicio
fue acertado e impedía al juez ordinario entrar a verificar el derecho reclamado.
En ese orden de ideas, observó que lo que existía era un desacuerdo de la
accionante con la decisión al no haber sido favorable a sus intereses, pero no que
existiera un yerro que hiciera procedente el amparo solicitado.
6. Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia.
Manifestó su inconformidad con lo resuelto por el juez de primera instancia y reiteró
los argumentos presentados en el escrito de tutela.
Destacó que se le trasladó al ciudadano la carga de saneamiento procesal que era
exclusiva del juez, que se pasó por alto que el Tribunal accionado reconoció
expresamente la existencia de un acto definitivo y que pese a ello no lo integró al
litigio, máxime cuando era una persona de especial protección constitucional sin
que se aplicara la jurisprudencia vinculante frente a estabilidad laboral reforzada
que protege a las personas con limitaciones severas independientemente de los
formalismos administrativos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A en declarar improcedente la presente acción por no estar
acreditado el requisito de la subsidiariedad con respecto a los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo y en negar las pretensiones
de la demanda en relación con los defectos por desconocimiento del precedente y
por violación directa de la Constitución Política.

De encontrar superado este requisito y los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si la decisión proferida el 14 de noviembre de 2025 en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 76001-33-33-016-2023-00102-00/01 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos procedimental
por exceso ritual manifiesto, sustantivo, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución Política en los términos propuestos por la parte
actora.

4. Requisito de procedencia de la subsidiariedad en la acción de tutela y su
análisis frente a los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto
y sustantivo

4.1. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de
subsidiariedad. Esa norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción
de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a
menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela
solo procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para
amparar los derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección. De esta forma, se busca
que los mecanismos ordinarios de defensa para la protección de los derechos
no sean desplazados o suplantados por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción
de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se
definen en función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las
que se encuentra el solicitante. En ese estudio también se debe analizar la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos
fundamentales del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
(…)»6

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe
probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

4.2. En criterio de la Sala, los argumentos que presentó el juez de tutela de primera
instancia para declarar improcedente la presente acción no encuadran en el
incumplimiento del requisito de la subsidiariedad sino en una falta de
relevancia constitucional al proponer argumentos que no se presentaron en el
recurso de apelación.

De acuerdo con la definición de la subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela, el interesado debe agotar previamente los
medios ordinarios de defensa con los que cuenta siempre que sean oportunos
y eficaces lo que implica la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios procedentes salvo la existencia de un perjuicio que sea
irremediable e implique la intervención urgente del juez constitucional.

6
Corte Constitucional. Sentencia C 543 de 1992.

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En el caso que se analiza en esta oportunidad, advierte la Sala que fueron
agotados los recursos procedentes en el curso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, concretamente el recurso de apelación contra
la decisión del Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali que fue interpuesto
oportunamente por la parte demandante, hoy accionante, razón por la que este
requisito se encontraría superado.

Sin embargo, la omisión por parte de la parte recurrente en mencionar
argumentos que consideró relevantes ante el juez ordinario y que ahora
pretende presentar ante el juez de tutela encuadran en la causal de
improcedencia de la relevancia constitucional por presentar razonamientos
que no se pusieron de presente ante el juez natural en la respectiva etapa
procesal.

Por estas razones para esta Sección la tutela deviene improcedente pero por
no cumplirse con el requisito de la relevancia constitucional al presentar
hechos nuevos no propuestos en sede ordinaria concretamente al amparo de
un presunto defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como pasará
a estudiarse adelante, pues del defecto sustantivo en realidad se advierte es
una reiteración de los argumentos presentados en el recurso de apelación y
en los que insiste a través de la presente acción.

5. Análisis en relación con los defectos por desconocimiento del
precedente y por violación directa de la Constitución Política

5.1. Consideró el juez de tutela de primera instancia que debían negarse los
defectos mencionados. De un lado, compartió la conclusión a la que llegó el
Tribunal accionado con respecto a la imposibilidad de someter a control judicial
un acto de trámite como el que se demandó y consideró que esto impedía
entrar a un estudio de fondo con respecto a lo solicitado por la demandante y,
de otro lado, encontró que en realidad lo que existía era un desacuerdo frente
a la decisión de cierre que le fue desfavorable.

5.2. Pues bien, lo primero que debe precisar la Sala es que el análisis debe hacerse
a partir de la presunta configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente pues con respecto al defecto de violación de la Constitución
Política lo que se hace es mencionar los derechos fundamentales que
consideró vulnerados la parte actora con argumentos ya desarrollados en los
demás defectos presentados contra la sentencia objeto de estudio en esta
instancia constitucional.

Hecha la anterior precisión, lo segundo que debe indicarse es que, a juicio de
esta Sección, el defecto por desconocimiento del precedente tampoco se
supera el requisito de procedencia de la relevancia constitucional pero por
entender la tutela como una instancia adicional, pues se reiteran argumentos
que fueron propuestos al juez natural en el recurso de alzada.

En ese orden de ideas, la Sala pasará a estudiar los defectos propuestos por
la accionante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca a partir del requisito de la relevancia constitucional como sigue a
continuación.

6. Requisito de procedencia de la relevancia constitucional y su estudio en
el presente caso
6.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su

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Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores7.
La Corte Constitucional ha precisado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una instancia
adicional para reabrir o prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez
natural; que se cumpla con una carga argumentativa suficiente; que no se trate
de una discusión eminentemente legal o de contenido económico que no
comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos
argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones de la decisión
judicial cuestionada, entre otras condiciones.

6.2. En el caso propuesto como se anticipó, la Sala considera que no se cumple
con el requisito de procedencia de la relevancia constitucional, de una parte,
por presentarse algunos argumentos nuevos no propuestos al juez natural
(defecto procedimental por exceso ritual manifiesto) y de otra parte, por entender
la tutela como una instancia adicional frente a los demás argumentos
presentados (defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente), veamos:

6.3. En relación con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
encuentra la Sala que la accionante indicó en el escrito de tutela que pese a
que el Tribunal reconoció en la sentencia que en la contestación de la
demanda la entidad demandada informó acerca de la existencia del Oficio del
24 de diciembre de 2022 por el que se dio respuesta de fondo a lo peticionado,

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A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

el Tribunal optó por una decisión inhibitoria basada en que el acto
administrativo demandado era un acto de trámite.

De la lectura hecha al recurso de apelación interpuesto por la señora Guiran
Castellanos contra la sentencia de primera instancia del Juzgado Dieciséis
Administrativo de Cali los mencionados argumentos no fueron presentados al
Tribunal.

Así las cosas, su pretensión de que en sede de tutela se valoren nuevos
argumentos relacionados con la existencia de un acto administrativo definitivo
que debió ser analizado pese no haber sido demandado ni discutido en el
proceso lo que desconoce el presupuesto de relevancia constitucional.

A ese respecto, conviene recordar lo indicado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-421 de 2022:
«La Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la acción de tutela contra
providencias judiciales no es una tercera instancia que reemplace a los mecanismos
ordinarios. Los accionantes que cuestionan una providencia judicial tienen la carga procesal
de haber presentado ante los jueces ordinarios los argumentos que fundamentan sus
solicitudes de amparo. En tales términos, no pueden usar la acción de tutela como un
mecanismo alternativo para sanear su falta de diligencia durante los procesos ordinarios, “por
cuanto ello implica el alegato de su propia incuria (…) y desvirtúa el carácter subsidiario de la
acción”. Además, permitir que en sede de tutela el accionante presente nuevos argumentos,
le otorgaría “ventajas injustificadas [ante] un comportamiento no diligente” durante el proceso
ordinario».

Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es el de adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez de la causa, a fin de convencerlo de la causa
defendida.

La argumentación expuesta por la actora para discutir la falta de una actividad
por parte del tribunal accionado en integrar los actos demandados no pasa de
ser una manifestación de desacuerdo frente a lo que consideró debió suceder
pero que no muestran un error manifiesto que pudiera atribuirse al Tribunal,
más bien lo que evidencia es una insuficiente carga argumentativa a lo largo
del proceso, en el caso, del recurso de apelación, que ahora pretende poner
en un escenario de vulneración de derechos fundamentales.

En ese sentido, debe recordarse que las sentencias gozan de presunción de
legalidad y solo pueden ser controvertidas por vía de tutela de manera
excepcional y ante una afectación evidente de derechos fundamentales,
escenario que no se evidencia en el caso particular.

6.4. En cuanto a los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial evidencia esta Sección que se trata de la reiteración de
argumentos expuestos en su momento al juez ordinario concretamente en el
recurso de apelación en el que se indicó lo siguiente:
«El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada tiene arraigo constitucional
directo y aplica a quienes estén en condiciones de DEBILIDAD MANIFIESTA, incluso si no
cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
Sentencia SU 049 DE 2017. Según esta sentencia tienen estabilidad laboral reforzada los
trabajadores que se encuentran en estas condiciones:
(…)
La Corte recordó los tres presupuestos que se deben estudiar para determinar si una
persona es titular de la garantía de la estabilidad laboral reforzada por salud:

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Demandante: María Angélica Guiran Castellanos

1. Que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud
que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus
actividades.
2. Que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento
previo al despido.
3. Que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de tal forma que sea claro
que el despido fue discriminatorio.
(…)
La Corte Constitucional ha establecido que en las actuaciones de la administración de justicia
debe prevalecer la aplicación del derecho sustancial, lo que implica que, al momento de
interpretar la ley procesal, el juez está obligado a tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en las normas sustanciales.
En ese sentido EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL
APLICA TANTO EN EL ÁMBITO JUDICIAL COMO EN EL ADMINISTRATIVO. Aunque las
autoridades administrativas pueden imponer legítimamente requisitos para reconocer
derechos o prestaciones, los mismos no pueden convertirse en barreras insuperables, pues
esto podría generar una forma de desconocimiento de las garantías constitucionales. Las
autoridades administrativas y judiciales deben observar las normas procesales sin obviar la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos. Por esa razón, los requisitos formales deben
ser ponderados con los principios que conforman el ordenamiento jurídico y así evitar incurrir
en la aplicación excesiva de la ritualidad, so pena de desconocer lo consagrado en el artículo
228 de la Constitución».

6.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca centró su argumento en la
imposibilidad de someter a control judicial un acto de trámite que remitió por
competencia el asunto a las dependencias correspondientes y en
consecuencia, la imposibilidad de hacer pronunciamientos adicionales. Dijo la
sentencia lo siguiente:
«Como puede verse, el acto administrativo cuestionado no es un acto definitivo, pues en el
mismo no se resolvió la situación jurídica particular de la señora María Angélica Guiran
Castellanos, relativa al reconocimiento de unas prestaciones sociales presuntamente
adeudadas durante el tiempo que laboró al servicio de la Policía Nacional, pues el mismo se
limitó a indicarle que su petición sería remitida por competencia al área encargada para que
se pronunciaran de fondo.
Así pues, como lo dijo el juzgado de instancia, el acto administrativo demandado constituye
un mero acto de trámite o preparatorio, según la clasificación analizada en los
pronunciamientos del Consejo de Estado, actos administrativos que tienen la particularidad
de impulsar los procedimientos pero no contienen declaraciones de la voluntad de la entidad
y por ende no son enjuiciables, toda vez que los únicos demandables ante esta jurisdicción,
son los actos definitivos, mediante los cuales se resuelven de fondo las situaciones jurídicas
particulares de los peticionarios, y en algunos casos excepcionales, se pueden demandar
ciertos actos de ejecución, sin embargo ese no es el tema que nos atañe en el presente asunto.
La parte demandante refiere en su apelación que el juzgado de instancia no dio aplicación al
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, y no tuvo en cuenta la situación de
debilidad manifiesta de la demandante y por ende debió analizar si le asistían o no los
derechos reclamados, sin embargo, considera la Sala que aunque se solicita la aplicación de
este principio, es fundamental reconocer que éste no puede desconocer los requisitos mínimos
para la interposición de una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, y es que se interponga
contra actos administrativos que sean susceptibles de control judicial, garantizando así un
equilibrio entre la sustancia y la forma dentro del proceso judicial».

6.4.2. Los fundamentos que trajo la actora en la demanda de tutela y que reiteró en
el escrito de impugnación, fueron los siguientes:

(i) Dijo que la sentencia de la Corte Constitucional SU 049 de 2017 unificó el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada que protegía a quien
tuviera una afectación de salud que dificultara sus labores sin importar el
tipo de vínculo, precedente que dijo, fue ignorado por el Tribunal.

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(ii) Argumentó que el Tribunal accionado aplicó de manera aislada el artículo
43 del CPACA desconociendo el principio pro actione y que al tratarse de
la reclamación de derechos laborales de una persona en condición de
debilidad manifiesta el acto que remitía por competencia sin resolver de
fondo tenía un efecto denegatorio material, razón por la que en su criterio
debió darse una interpretación que fuera favorable a lo realmente
pretendido y de este modo se favoreciera el acceso a la administración de
justicia.

6.4.3. Se observa que el Tribunal en el fallo que se cuestiona hizo un análisis previo
frente a la naturaleza del acto administrativo demandado y, al igual que el
juzgado de primera instancia, consideró que se trataba de un acto de trámite
no susceptible de ser demandado; en esa línea consideró que pese a haberse
hecho mención en el recurso de apelación a los principios de primacía de lo
sustancial sobre las formalidades y a la condición de debilidad manifiesta en
la que aseguró estar la demandante, no podían desconocerse los requisitos
mínimos para hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho entre los que estaban cuestionar actos administrativos aptos de ser
demandados.

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural y que fueron resueltos conforme la situación concreta que fue
objeto de análisis lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional.

6.4.4. Ahora bien, la accionante insiste en ser un sujeto de especial protección y
censura que no se hubiera tenido en cuenta su especial situación por parte del
juez ordinario al momento de analizar su caso.

Frente a este punto debe indicarse que conforme se relató en los fundamentos
fácticos de la presente acción de tutela, en este caso no tuvo ocurrencia un
despido sino la aceptación de una renuncia que fue presentada por la
accionante ante la entidad y que fue aceptada por la Policía Nacional mediante
la resolución 01597 del 18 de mayo de 2021.

También se observa que ese acto administrativo de aceptación de la renuncia
fue anterior a la fecha en que se emitió el dictamen (24 de junio de 2021) de
modo que, como lo expuso la misma recurrente en la apelación, la Corte
Constitucional ha indicado los presupuestos que deben tenerse en cuenta para
determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral
reforzada en materia de salud, dentro de los que se encuentra «que la condición
de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al
despido», lo que no se cumple en este caso concreto.

En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales, lo cierto es que la parte actora pretende utilizar este
mecanismo constitucional para reiterar los mismos planteamientos que ya
fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que, se insiste, no ocurre en este caso.

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Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

7. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará parcialmente la decisión de
primera instancia del 7 de mayo de 2026 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación que negó la tutela en relación con los defectos
por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución
Política para en su lugar declararla improcedente por no cumplir con el requisito de
la relevancia constitucional y confirmará en lo demás pero por las razones
señaladas en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR PARCIALMENTE el fallo del 7 de mayo de 2026 proferido por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en relación con los
defectos por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
Constitución y en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción,
conforme a la motivación presentada en esta decisión.

2. CONFIRMAR en lo demás la mencionada providencia, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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