Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02802-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02802-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02802-00
Demandante: La Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02802-00
Demandante: LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia por
no cumplir con la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en adelante FOMAG, radicó acción de tutela el 14 de abril
de 2026, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Magangué, con el fin de que se le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, a la igualdad y al principio de legalidad del gasto público y
responsabilidad fiscal.
Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del fallo
de 12 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante el cual se confirmó la providencia de 5 de junio de 2024, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Magangué, que
concedió parcialmente las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado bajo radicado 13001-33-33-001-2023-
00363-01, que promovió el señor Donaldo Beltrán Montero contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, la Previsora S.A. y el departamento de
Bolívar.
1.2. Pretensiones
La accionante presentó las siguientes:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, principio de legalidad del gasto público y
responsabilidad fiscal de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02802-00
Demandante: La Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, que se
consideran vulnerados por las providencias judiciales demandadas.
2. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el veinticinco (05) de junio de
2024 por el Juzgado primero Administrativo Oral del Circuito de Magangué,
dentro del radicado 13001333300120240019800, mediante la cual se condenó
al FOMAG al pago de la sanción moratoria por cesantías.
3. Que se deje sin efectos la Sentencia proferida el doce (12) de febrero de 2026
el Tribunal Administrativo de Bolivar, que confirmó la condena en contra del
FOMAG por concepto de sanción moratoria en el mismo proceso.
4. Que, en consecuencia, se ordene dictar nueva providencia en la que se
observe y aplique de manera estricta lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023,
reconociendo que la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria
corresponde exclusivamente a la entidad territorial que expide tardíamente el
acto administrativo de reconocimiento de cesantías, y no al FOMAG.
5. Que se exhorte a los despachos judiciales accionados para que, en futuros
casos análogos, armonicen sus decisiones con la normatividad vigente y la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
evitando imponer al FOMAG obligaciones prohibidas por la ley y carentes de
apropiación presupuestal.1
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. Expuso que el señor Donaldo Beltrán Montero radicó solicitud de
reconocimiento y pago de sus cesantías el 16 de septiembre de 2021.
1.3.2. Mencionó que la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar
expidió la Resolución número 4892 de 3 de diciembre de 2021, y que las cesantías
fueron pagadas el 18 de abril de 2022 por La Fiduprevisora S.A., dentro de los 45
días previstos en la Ley 1071 de 2006.
1.3.3. Adujo que el señor Donaldo Beltrán promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
FOMAG, la Previsora S.A. y el departamento de Bolívar, en el cual se solicitó la
sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006.
1.3.4. Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Magangué, que, en sentencia de 5 de
junio de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones.
Como fundamento de su decisión adujo que en efecto había existido una mora en
el pago de las cesantías, y que, frente a la entidad responsable de asumir dicho
pago, sostuvo que correspondía a ambas entidades al dejar transcurrir el plazo
dispuesto para resolver y hacer efectivo el pago de las cesantías del actor, si se
presume que el acto fue remitido al día siguiente de su ejecutoria, esto es, el 21 de
1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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diciembre de 2021, ante la falta de prueba expresa sobre la fecha de dicha
actuación, así:
− El Departamento de Bolívar demoró 37 días hábiles adicionales en expedir y
remitir el acto, equivalentes al 51.39%.
− El FOMAG incurrió en un retardo de 35 días hábiles, correspondiéndole el 48.61%
de la condena.
Por ende, encontró probado lo relacionado con que el demandante mediante
petición radicada el 16 de septiembre de 2021, solicitó el reconocimiento y pago de
cesantías parciales, las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución No. 1892
del 03 de diciembre de 2021, en forma extemporánea, pues el término de 15 días
para resolver fenecía el 07 de octubre de 2021, y la fecha máxima de pago era el
29 de diciembre de 2021, sin embargo, el dinero quedó a disposición del actor el 18
de abril de 2022.
Respecto de la entidad responsable de asumir el pago, explicó que dicha obligación
era compartida entre las demandadas dada la actuación negligente por parte de
ambas al dejar transcurrir el plazo dispuesto para resolver y hacer efectivo el pago
de las cesantías del actor.
1.3.5. Inconforme con la referida providencia, las entidades accionadas
interpusieron recurso de apelación, el cual le correspondió al Tribunal Administrativo
de Bolívar, que en fallo de 12 de febrero de 2026 confirmó la decisión del a quo.
La judicatura accionada adujo que el FOMAG es el fondo responsable del pago de
las prestaciones sociales de los docentes y sus beneficiarios, y que a pesar de que
la sanción moratoria no tiene tal carácter porque es una penalidad causada por el
pago tardío de las cesantías, lo cierto, es que el pago de estas si corresponden al
fondo.
Indicó que el incumplimiento de los plazos legales se dio por parte de las dos
entidades, a saber: «por parte del departamento de Bolívar por haber emitido
tardíamente el acto administrativo, y por parte del FOMAG al haber cancelado las
cesantías después de fenecidos los 45 días para el pago, partiendo de que el ente
territorial envió los documentos desde el 21 de diciembre de 2021. Lo anterior, a su
juicio, generó la sanción moratoria ordenada».
Además, dijo que los apelantes no aportaron los medios de convicción que probaran
las razones por las que controvirtieron la providencia de 5 de junio de 2024 emitida
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Magangué.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG adujo que la condena que se
impuso por parte de las autoridades accionadas incurrió en un defecto sustantivo,
dado que las sentencias de 5 de junio de 2024 y 12 de febrero de 2026
desconocieron el marco legal aplicable, pues tanto el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019 como el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023 establecen de manera expresa
que la sanción por mora causada a partir del 1 de enero de 2023 es de exclusiva
responsabilidad de las entidades territoriales cuando la mora se origina en la
expedición tardía del acto administrativo.
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 15 de abril de 2026, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Tribunal
Administrativo de Bolívar y al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Magangué, para que en el término de dos (2) días rindieran el informe
de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Como terceros con interés, vinculó a la Fiduciaria La Previsora S.A., al
departamento de Bolívar [extremo procesal pasivo dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho] y al señor Donaldo Beltrán Montero [accionante del
expediente contencioso], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el
presente asunto.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas, la remisión digital del expediente del
proceso ordinario donde se dictó la providencia censurada.
Finalmente, reconoció a la abogada Johanna Marcela Aristizábal Urrea, identificada
con tarjeta profesional 299.261 del Consejo Superior de la Judicatura, para que
actúe en nombre y representación de la parte actora, conforme al poder que reposa
en el expediente digital.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar
Por medio de memorial de 20 de abril de 2026, el magistrado ponente de la decisión
cuestionada solicitó que se declare la improcedencia de esta tutela, puesto que, no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que, después de revisar
el escrito de tutela, se corroboró que las razones sobre las cuales sustenta la
presunta vulneración de los derechos fundamentales coinciden íntegramente con
los argumentos plasmados por el FOMAG en la contestación y en el recurso de
apelación del proceso ordinario, y adjuntó las evidencias que probaban lo dicho.
Por consiguiente, aseguró que es evidente que, con la presente acción de tutela, lo
que busca la parte actora es iniciar una tercera instancia o un recurso adicional para
controvertir un caso que ya fue conocido por la jurisdicción a través de las vías
ordinarias.
Consideró que la parte tutelante tuvo la oportunidad procesal para participar en la
segunda instancia, y obtuvo la resolución del recurso conforme a los reparos
expuestos contra la decisión del a quo y de cara a las pruebas que han de orientar
el proceso, sin que demostrara que el mismo, fue resuelto en forma distinta frente a
otros procesos fallados por el tribunal enjuiciado con situación fáctica igual o
siquiera similar.
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Manifestó que la parte actora pretende darle una interpretación incorrecta a la ley,
debido a que la misma no le fija una responsabilidad automática al departamento
de Bolívar, sino que establece que deberá analizarse el retardo en las actuaciones
de las entidades que intervienen en el trámite, y conforme a ello, se acreditó que
ambas entidades incurrieron en retardo, motivo por el cual, debían asumir la mora
acusada con el incumpliendo de sus obligaciones.
Por ende, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, con esta solicitud
de amparo, está atacando el criterio interpretativo del juez, usando la acción de
tutela como una tercera instancia, en tanto no hubo omisión en la valoración
probatoria y menos desconocimiento de normas o interpretación errada de las
mismas.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG
En oficio de 22 de abril de 2026, la cartera adujo que intervenía en este asunto en
calidad de coadyuvante, «con el propósito de respaldar la solicitud elevada en la
acción de tutela, particularmente en lo relacionado con la improcedencia de que el
FOMAG asuma el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
generada en la vigencia del año 2023».
Frente al punto, precisó que la decisión judicial cuestionada impuso al FOMAG una
obligación que no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico vigente, en la
medida en que la sanción moratoria objeto de controversia se generó con
posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 942 de 2022, circunstancia que
resulta determinante para efectos de establecer el sujeto responsable de dicha
carga.
En ese orden de ideas, consideró que «en ese contexto, trasladar al Fondo la
obligación de asumir el pago de la sanción desconoce de manera directa el marco
normativo aplicable, el cual establece que este tipo de cargas deben ser asumidas
por la entidad que haya generado la mora, ya sea la entidad territorial certificada o
la sociedad fiduciaria, según el caso, y no con cargo a los recursos del FOMAG,
cuya destinación se encuentra legalmente restringida».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Magangué, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
Si bien, la parte actora en su escrito manifestó que la tutela estaba dirigida contra
dos autoridades judiciales, lo cierto es que el problema jurídico se circunscribirá solo
a la decisión de 12 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de
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Bolívar, dado que, fue la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-001-2023-00363-01.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, con
ocasión de la sentencia de 12 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se confirmó la providencia de 5 de junio
de 2024, dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Magangué, que concedió parcialmente las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado bajo radicado 13001-33-33-001-
2023-00363-01, que promovió el señor Donaldo Beltrán Montero.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales4.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 5, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura
otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
2 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
4 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o
garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos
como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre
derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la
satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional6.
El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 20197, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías.
En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador».
De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora
que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las
cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago
o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.
En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; sin embargo, aclaró la Corte que
no ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza
eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez constitucional8.
La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 16 de
junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la
6 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-
04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.
8 Así lo señaló el alto tribunal:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela.».
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relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial, para lo
cual se indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.9
En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, pretende que se dicte una decisión que
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario con
radicado 13001-33-33-001-2023-00363-01, proferida el 12 de febrero de 2026,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que, en su lugar, se revoque
el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías del
señor Donaldo Beltrán Montero, puesto que se está controvirtiendo una prestación
de índole estrictamente patrimonial, lo cual, no configura un menoscabo o
vulneración de alguna garantía fundamental.
En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son aplicados por esta judicatura, es claro,
sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la petición de tutela en estudio
resulta improcedente por el incumplimiento del presupuesto de la relevancia
constitucional.
Adicionalmente y para finalizar, esta Sala de Decisión pone de presente que la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, alegó que la sentencia
reprochada adolecía de un defecto sustantivo, no obstante, es claro que está
formulado un simple desacuerdo con la sentencia del tribunal, por consiguiente, es
importante poner de presente que alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos casos, se requiere que en el escrito inicial medie
un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de una garantía iusfundamental.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo promovida por la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, FOMAG comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de
relevancia constitucional.
9 Énfasis de la Sala.
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, FOMAG contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Magangué.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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