Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02808-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02808-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02808-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
28 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionados: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – subsidiariedad - inmediatez. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide sobre la acción de tutela1 presentada por Luis Alfredo Castro Barón,
en nombre propio y como agente oficioso de Luis Fernando Castro Barajas, en
contra de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Ciento Catorce
Penal Municipal de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 13 de abril de 20262 Luis Alfredo Castro Barón, en nombre propio y como agente
oficioso de Luis Fernando Castro Barajas, presentó esta acción de tutela, en procura
de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, vivienda digna y doble instancia, que estimó vulnerados
por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el
Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de
Bogotá.
2. Hechos
2.1. Luis Alfredo Castro Barón formuló una denuncia en contra de los Magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura José Ovidio Claros Polanco, Adolfo León
Castillo Arbeláez, María Rocío Cortés Vargas, Rafael Alberto García Adarve, Julia
1
Índices 2 y 8 de SAMAI, certificados 789DF4D5F2252557 FA78815D538280D3 6037D319AC216E6D 9A1E1167E8F88789
y C8ABDB9B3EBD13B5 337D7205E1FE438D 14E141A4620836B2 5BB7DC5B3E49E961, respectivamente.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 90A3783755B6700E 6B027B58D97551C1 8AE99DF7FF0167DE 85C40BEA3DF2E3B6.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Emma Garzón de Gómez, Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Martha Patricia Zea
Ramos, con ocasión del archivo de la acción disciplinaria que ejerció en contra del
Fiscal 241 Antisecuestro que investigó la desaparición de Abel de Jesús Barahona
Castro3.
2.2. Frente a lo anterior, dentro del expediente 4793, la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes, mediante auto del 20 de noviembre
de 20174, avocó conocimiento. Posteriormente, mediante auto del 4 de junio de
2019, notificado el 26 de agosto de ese mismo año5, profirió una decisión inhibitoria
dentro de la actuación.
2.3. El actor señala que el Consejo Superior de la Judicatura no ha dado respuesta
a una solicitud por él elevada con el fin de obtener copia de los actos de
nombramiento de once jueces que han ejercido, durante los últimos 2 años, como
titulares del Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado
Dieciocho Civil Municipal de Bogotá.
2.4. El señor Luis Alfredo Castro Barón aportó certificado de discapacidad6 de Luis
Fernando Castro Barajas, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
3. Fundamentos de la acción de tutela
Del escrito de demanda y su subsanación, frente a las entidades demandadas, se
pudo inferir que la parte actora sostuvo que sus prerrogativas fundamentales fueron
vulneradas por las siguientes razones:
3.1. Fue sometido a un “secuestro judicial”7 por parte del Juzgado Ciento Catorce
Penal Municipal de Bogotá, luego de que hubiera recibido una condena por estafa
con fundamento en un montaje orquestado en su contra.
Adicionalmente, el 18 de diciembre de 2023 presuntamente se adelantó una
audiencia en la que constó su presencia, pero posteriormente se negó por parte del
juzgado la realización de esta diligencia.
3
Índice 19 de SAMAI, certificado F1D04F5339785630 D7EAEC8DC9C1EDD6 6367DE4007E4F18B 9C8AD26BD53D6AAA,
folios 1 y 2.
4
Folios 59 al 62, ibid.
5
Folios 256 al 261, ibid.
6
Índice 2 de SAMAI, certificado CF21AE6DFDC454C1 873C9CB115618B6A 86DB2E98C5F512E2 C715A60076F28431.
7
Índice 2 de SAMAI, certificado 789DF4D5F2252557 FA78815D538280D3 6037D319AC216E6D 9A1E1167E8F88789, folio
5.
3
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Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
3.2. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
incurrió en un fraude al proferir el auto inhibitorio del 4 de junio de 2019 frente a una
denuncia por él radicada. Asimismo, denunció que la notificación que recibió el 16
de diciembre de 2019 también fue fraudulenta. Lo anterior, debido a que estimó que
esa no fue la fecha real en que se emitió la providencia, sino que se le impuso una
data anterior para encubrir una falta de investigación por la desaparición forzada de
Abel de Jesús Barahona Castro, pues la fecha correcta correspondía al 26 de
agosto de 2019.
3.3. El Consejo Superior de la Judicatura se negó a entregarle los actos de
nombramiento de once jueces que han ejercido, durante los últimos 2 años, como
titulares del Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado
Dieciocho Civil Municipal de Bogotá, lo cual le ha impedido conocer si los
funcionarios actuaron como juez natural.
3.4. El secretario del Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá señaló
que, dentro del radicado 11001-60-00-049-2007-08671-00, no se llevó a cabo
audiencia el 18 de diciembre de 2023, lo cual contradice los elementos probatorios
que darían cuenta de su supuesta presencia en dicha diligencia.
Adicionalmente, esa autoridad judicial ordenó el desalojo del apartamento 704,
ubicado en la calle 22 # 9-35, decisión que desconoció los procesos reivindicatorios
previos, resueltos por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dentro
del proceso de radicado 11001-14-10-30-20-2013-01148-01.
4. Pretensiones de la acción
4.1. La parte accionante solicitó, textualmente, lo siguiente:
“1. AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia y a la Verdad.
2. DECLARAR LA NULIDAD de la notificación del inhibitorio en el Expediente 4793 y
ordenar el desglose de la denuncia por Desaparición Forzada, elaborada el 4 de junio
de 2019, radicada en manuscrito de 15 páginas.
3. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la adjudicación en el proceso 1999 00125
por falta de título de cesión.
4. ORDENAR a Nasly Ramos Camacho la entrega inmediata de los actos de
nombramiento de los jueces requeridos.
5. ORDENAR al Consejo de Estado el impulso inmediato de las tutelas y procesos de
pérdida de investidura (3093, 6084, 921) bloqueados por la influencia de Wilson Ramos
Girón.
4
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Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
6. MEDIDAS CAUTELARES: Al comienzo del escrito se ha insertado acáoite especial
en el que se pide: Ordenar protección especial para mi núcleo familiar (hijos, hermanos,
y primos y nietos) y suspender cualquier pago de dineros a la red Ramos Camacho en
el proceso 1999-00125-01 del Juzgado 3 de Ejecución de Sentencias y en el proceso
1023 de 1999, del Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá”8.
“1. SUSPENSIÓN INMEDIATA: Ordenar la suspensión de cualquier diligencia de
desalojo o lanzamiento en el apartamento 704 de la calle 22 # 9-35, hasta que se
resuelva de fondo la controversia sobre el juez natural y la legalidad de los actos
judiciales.
2. ORDEN AL CSJ: Ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que en
48 horas expida los actos administrativos de nombramiento de los 11 jueces que han
ejercido en los juzgados 114 Penal y 18 Civil durante los últimos 2 años.
3. NULIDAD Y ACLARACIÓN: o Que el Juzgado 114 explique y certifique la realidad de
la audiencia del 18 de diciembre de 2023. o Que el Juzgado 18 Civil remita el recurso
de apelación del proceso 143 de 2018.
4. REVISIÓN DE FONDO: Se tutele el derecho al debido proceso frente a la maniobra
fraudulenta del inhibitorio 4793 de la CIACR, vinculando estas actuaciones con la
desaparición forzada del Padre Barahona Castro”9.
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 7 de mayo de 202610 el despacho ponente admitió la acción
de tutela, ordenó notificar, en calidad de demandados, a la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, al Consejo Superior de
la Judicatura y al Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y negó la
medida provisional solicitada.
5.2. La representante investigadora de la Comisión de Investigación y Acusación11
informó que luego de una revisión de los expedientes que son de su competencia,
se verificó que no consta alguno que hiciera relación con los hechos a los que se
refirió la acción de tutela, por lo que propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva.
5.3. El secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes12 solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, porque remitió el expediente 4793.
8
Índice 2 de SAMAI, certificado 789DF4D5F2252557 FA78815D538280D3 6037D319AC216E6D 9A1E1167E8F88789, folio
6.
9
Índice 8 de SAMAI, certificado C8ABDB9B3EBD13B5 337D7205E1FE438D 14E141A4620836B2 5BB7DC5B3E49E961,
folio 4.
10
Índice 10 de SAMAI, certificado 9ECBFF3C804B0406 D17A363AB3DBE67B 770B83DB0905A655 CEABA4F56E90E8BC.
11
Índice 15 de SAMAI, certificado 2C5431E2F8AB667F 75A445054E330853 95C27CCCBEB1C956 70ADA51D1A175AB6.
12
Índice 19 de SAMAI, certificado 6ADC4D1B6A86B31E EC1F8C63883F0668 0EEBCE3CE9B3F6C8 42608E473C258179.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial13 aseveró que se configura su
falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la solicitud que el actor
adujo haber interpuesto en relación con los titulares de los Juzgados Ciento Catorce
Penal Municipal De Bogotá y Dieciocho Civil Municipal de Bogotá fue dirigida a la
primera oficina judicial en mención y no existe prueba del buzón electrónico al que
fue remitida.
5.5. El Consejo Superior de la Judicatura14 señaló que se configura su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, fundamentó sus razones en
hechos distintos a los que en esta oportunidad se discuten.
5.6. El Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá15 informó que en el
marco del proceso identificado con el radicado 11001-60-00-049-2007-08671-00
condenó al actor por el delito de estafa y que luego de que su defensora hubiera
interpuesto recurso de apelación, lo concedió ante el Tribunal Superior de Bogotá,
quien a través de sentencia del 10 de diciembre de 2018 confirmó la decisión de
primera instancia. Una vez dicha providencia quedó ejecutoriada, se recibió solicitud
de apertura de incidente de reparación integral y el 17 de febrero de 2026 se dictó
sentencia en la que se le declaró civilmente responsable.
Una vez narrado lo anterior, la autoridad judicial sostuvo que el actor y su hijo
ocupan ilegítimamente el bien inmueble objeto de la estafa, ha interpuesto más de
cuatro tutelas en las que alega las mismas circunstancias y, específicamente, el 18
de diciembre de 2023 a las 2:00 p.m ese despacho adelantó una audiencia de juicio
oral en otro expediente, el cual no corresponde al del tutelante y por lo tanto se le
ha negado el acceso a las copias de dicha audiencia.
Finalmente, advirtió que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales y
el actor realizó afirmaciones contrarias a la realidad procesal, por lo que solicitó
compulsar copias de carácter disciplinario comoquiera que aquel es un “profesional
del derecho que actúa en nombre propio y abusa de su derecho, desgastando la
administración de justicia, pues a la fecha, en menos de una semana, ha impetrado
tres tutelas con los mismos fundamentos”.
13
Índice 20 de SAMAI, certificado AA43574311642F44 4614D374627D7AA2 7A1CA295A49C1CA1 9EB99C97A9F1CEC3.
14
Índice 21 de SAMAI, certificado A24732DFC58F0A95 3FEC53C7D053300B 72DFE2ECE9D75D62D495BA115ED9EA26.
15
Índice 31 de SAMAI, certificado C3CFAFD58CD5DF32 098D7CDBD777B0F5 8A8C10602317DD46 CD86C9274A056C6D.
6
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Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.7. El accionante ha interpuesto múltiples memoriales, que se enlistan a
continuación:
Objeto SAMAI
Aporta pruebas relacionadas con el despojo de una
finca, las actuaciones del Consejo Nacional de
Policía Judicial y fotografías de Héctor Gustavo Índice 14, certificado 9C42CE32A0736BCD
Gaitán, quien tendría relación con la Juez Ciento 93E972958A94A855 81159562CED374B4
Catorce Penal Municipal de Bogotá y el Alcalde de A797D7090C459F27.
Bogotá, así como del Alcalde de Bogotá con el ex
Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assis. Sumado
a ello solicitó:
“Citando el numeral 14 del Auto 6084 de 2026,
solicito la ACUMULACIÓN de estas tutelas con el
proceso de Pérdida de Investidura y la
SUSPENSIÓN INMEDIATA de cualquier diligencia
de desalojo, pues se ha probado que la base de
dichos procesos es un entrampamiento de la defensa
técnica y una operación de Lesa Humanidad iniciada
en las actas del CNPJ aquí aportadas”.
Allegó nueva documentación mediante la cual
pretendió demostrar un defecto fáctico y orgánico,
entre la que mencionó algunas constancias del Índice 18, certificado B3643D1BF1769DD7
Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, 90D0CEBDC1EB5BAF FDAEED523F310458
mediante las cuales la administración judicial, dentro 23EB45EF0176A212.
del “proceso 8671”, afirmó no contar con equipos de
audiograbación disponibles; sin embargo, luego de
interponer la presente acción de tutela, se le
remitieron los audios y registros que con anterioridad
se adujo no poseer.
Informó que remitió material probatorio de manera
unificada dirigido al radicado de la referencia, pero
que el sistema de esta Corporación, de manera Índices 29 y 27, certificados D25E541E81DEFB81
supuestamente paralela, envió la mencionada 8C1B13399132DBED
documentación al radicado 2026-03012-00. Así, F612522625BFAFE71A4817F9C569883E y
advirtió que dicha situación constituye una maniobra F311A079BB7F1181 5976A3C7EE5918F8
para impedir la valoración integral de sus pruebas, 9EE041097B41D9FB E9CD4E2D4FFC98CA,
dirigidas a que se profieran fallos inhibitorios o una respectivamente.
indebida acumulación. Así, solicitó:
“1. ORDENAR a la Secretaría General de la
Corporación la unificación inmediata de toda la
documentación registrada bajo el radicado ficticio
3012 para que sea acumulada, tramitada y valorada
conjuntamente dentro de la Tutela 2808.
2. ABSTENERSE de proferir cualquier decisión de
archivo o rechazo por separado bajo el radicado
3012, pues este fue creado de manera unilateral por
el sistema informático de la corporación y no por
voluntad del accionante”16. (Resaltado original del
texto).
Solicitó la acumulación de la presente tutela con la
identificada con el radicado 2026-03312-00 y con las Índice 32, certificado C1CEC0E14C553AF8
pérdidas de investidura que cursan en esta 02C7B426C630F632 CC54F77CBB07CDF7
Corporación. Así mismo, informó como un hecho 506BD0A6EDACA15C.
nuevo que radicó una nueva demanda tuitiva ante la
Corte Suprema de Justicia con el radicado 11001-02-
04-000-2026-01614-00.
Informó sobre el “desalojo forzado en el
apartamento” 704 de la Calle 22 No. 9-35 de Bogotá, Índices 33, certificado DC8F9A850B7570FA
lo que, en su concepto, constituye “hecho 0F3262C902EB3045 392243DF275D803F
sobreviniente”. En consecuencia, solicitó: 36BBF90D1C0FB923 y 38.
“1. ORDENAR a la Inspección de Policía y a los
terceros intervinientes la SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS de la diligencia de desalojo del 9 de junio
de 2026 y, en consecuencia, disponer la
RESTITUCIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA del
inmueble a favor del suscrito y de mi hijo LUIS
16
Folio 2, ibid.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
FERNANDO CASTRO, en aras de salvaguardar sus
derechos fundamentales a la vida digna, salud y
vivienda, mientras se dicta fallo de fondo.
2. REQUERIR al Juzgado 18 Civil del Circuito para
que informe de inmediato el estado de la apelación
del 10 de noviembre de 2025.
3. Ordenar al Alcalde Local de Santa Fe, la
devolución de los electrodomésticos, muebles y
enseres que fueron retirados arbitrariamente por la
alcaldía.”
Manifestó que el expediente 11001-03-15-000-2026-
03012-00 es distinto al radicado 2026-03312-00. Índice 43.
Igualmente, aportó copia del oficio 20265330532211
del 17 de junio de 2026, emitido por la Alcaldía Local
de Santa Fe.
5.8. Mediante auto del 4 de junio de 202617, esta oficina judicial requirió: (i) a la
Secretaría General del Consejo de Estado para que, dentro del término de dos (2)
días, informara el radicado de las acciones de tutela interpuestas por Luis Alfredo
Castro Barón y allegara el correspondiente expediente o habilitara su acceso en
SAMAI. Adicionalmente, remitiera copia, física o digital, del expediente de tutela
11001-03-15-000-2026-03012-00; (ii) a la Secretaría General de la Corte Suprema
de Justicia para que, dentro del término de dos (2) días, informara el radicado de
las acciones de tutela interpuestas por Luis Alfredo Castro Barón ante dicha
Corporación, allegara las correspondientes demandas de tutela, indicara las fechas
de notificación de los respectivos autos admisorios y certificara el estado de cada
uno de los procesos que llegara a referenciar. Adicionalmente, remitiera copia, física
o digital, del expediente de tutela 11001-02-04-000-2026-01614-00; y (iii) al Juzgado
Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá para que, dentro del término de dos (2)
días, informara el radicado de todas las acciones de tutela promovidas por el actor
de las que tuviera conocimiento.
5.9. El Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá18 señaló que en un inicio
tuvo conocimiento del proceso ordinario iniciado por el José Álvaro Fandiño
Sánchez en contra de los señores Luis Alfredo Castro Barón y Luis Fernando Castro
Barajas, el cual se registró con el radicado 11001400300320130114801.
Posteriormente, se remitió físicamente al Juzgado Octavo Civil Del Circuito De
Descongestión de Bogotá D.C., el 4 de septiembre de 2015.
En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta
frente a dicho juzgado, pues el proceso al que hace alusión el accionante no cursa
actualmente en ese despacho.
17
Índice 35 de SAMAI, certificado 26A316CF51DAD2A9 D45713889F43B530 CF78511755289D17 A97E52CF54062105.
18
Índice 45 de SAMAI, certificado DB727C15D3CFE3FC EA9B1036BAA4EE9C 6CB2AEAA32FEEADE191B67617778681C.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.10. A través de auto del 15 de julio de 2026 19, el despacho ponente requirió: (i)
por segunda vez, al Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá, para que,
dentro del término de dos (2) días, rindiera el informe requerido en el auto del 4 de
junio de 2026; (ii) a las Secretarías de las Salas de Casación Laboral y Penal de la
Corte Suprema de Justicia, para que permitieran el acceso a los enlaces de los
expedientes relacionados en los índices 46 y 52 de SAMAI, respectivamente; y (iii) al
accionante para que aportara copia de la constancia de radicación de la solicitud
elevada al Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá, mediante la cual
pretendía obtener copia de los actos de nombramiento de once jueces que han
ejercido, durante los últimos dos (2) años, como titulares de ese despacho y del
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá.
5.11. La Corte Suprema de Justicia20 allegó copia de los expedientes de acciones
de tutela presentadas por el hoy accionante ante esa Corporación.
5.12. El accionante, mediante memorial21, remitió copia de un escrito cuyo contenido
es la solicitud elevada ante el Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá.
Igualmente, allegó copia de la respuesta22 emitida por ese juzgado.
5.13. El Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá23 informó el radicado
de todas las acciones de tutela conocidas por ese despacho, promovidas por el
señor Luis Alfredo Castro Barón.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Luis
Alfredo Castro Barón, en nombre propio y como agente oficioso de Luis Fernando
Castro Barajas, en contra de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara
de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Ciento
Catorce Penal Municipal de Bogotá, de conformidad con lo establecido en los
19
Índice 58 de SAMAI, certificado C13EDD22F94ACE8E 793940191639EBA3 D5A8B95EE0F145FD 22B8AC9CF63DFF39.
20
Índices 63 y 65 de SAMAI.
21
Índice 68 de SAMAI, certificado F0B1BAA5373380F8 2DFD70AE46A37E6E E47EAEEC696677D9 99014AADEB08E6FF.
22
Índice 68 de SAMAI, certificado 3AA2D478E787DB29 FC81BA566197A5BE 976C4C7586A59854 B7F875C2A73CAF27.
23
Índice 69 de SAMAI, certificado 75A50FFCC09A16BA 653A2E9A50E2A995 ED4F1F5CC529CB86 83C98A5FFBE4C7E5.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
2.1. El actor señala que el Consejo Superior de la Judicatura no ha dado respuesta
a una solicitud por él elevada con el fin de obtener copia de los actos de
nombramiento de once jueces que han ejercido, durante los últimos 2 años, como
titulares de los Juzgados Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y Dieciocho
Civil Municipal de Bogotá.
Sin embargo, está acreditado que el actor dirigió su solicitud24 al Juzgado Ciento
Catorce Penal Municipal de Bogotá el 9 de diciembre de 2025 a través de correo
electrónico25. De esta manera, no se puede atribuir al Consejo Superior de la
Judicatura ninguna actuación u omisión que haya vulnerado las garantías
constitucionales del tutelante.
Por lo anterior, se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva en el
presente asunto.
2.2. El actor solicitó la acumulación de la presente tutela con la identificada con el
radicado 11001-03-15-000-2026-03312-00 y con los procesos de pérdida de
investidura que, según afirmó, cursan en esta Corporación26.
Al respecto, la Sala advierte que el accionante presentó una primera demanda de
tutela ante el Consejo de Estado el 29 de abril de 2026, la cual fue repartida a la
Sección Primera bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-03312-00. En dicha acción
se tuvo como autoridades accionadas a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado
Dieciocho Civil Municipal de Bogotá. Posteriormente, mediante auto del 25 de mayo
de 2026, la Sección Primera, con fundamento en los numerales 5 y 11 del artículo
2.2.3.1.2.14 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, remitió el expediente a la
oficina de reparto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá27.
24
Índice 68 de SAMAI, certificado F0B1BAA5373380F8 2DFD70AE46A37E6E E47EAEEC696677D9 99014AADEB08E6FF.
25
Índice 68 de SAMAI, certificado 58296CD1CEFA644A 4AB62F95429DC9E8 85A58A92484A99DA 85D751C5107CBDDC.
26
Índice 32 de SAMAI, certificado C1CEC0E14C553AF8 02C7B426C630F632 CC54F77CBB07CDF7 506BD0A6EDACA15C.
27
Archivo denominado “097 Recibe memorial […]”, subcarpeta “Principal”, carpeta “3) 11001-03-15-000-2026-03312-00 […]”,
visible a índice 47 de SAMAI, certificado BC01D9360703F7D3 237BB054EBDEC8D3 14BD29D822F7AD01
EE0E2C15BC5F13ED.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Examinado el contenido de ambos trámites constitucionales, la Sala advierte que
no existe identidad entre las partes, los hechos que sustentan las solicitudes de
amparo ni las pretensiones formuladas, razón por la cual no se configuran los
presupuestos que permitan disponer su acumulación. En consecuencia, se negará
la solicitud de acumulación respecto del expediente 11001-03-15-000-2026-03312-
00.
Por otra parte, no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la
solicitud de acumulación con los procesos de pérdida de investidura que, según el
actor, cursan en esta Corporación. Ello, por cuanto tales actuaciones no hacen parte
del objeto del presente trámite constitucional ni fueron incorporadas como asunto
materia de controversia. En efecto, tal como se precisó en el auto del 7 de mayo de
202628, no fueron admitidas pretensiones relacionadas con procesos de pérdida de
investidura, de modo que no existe actuación alguna de esa naturaleza respecto de
la cual resulte procedente analizar una eventual acumulación.
Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de acumulación respecto de la acción de
tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2026-03312-00. Asimismo, se
abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de acumulación con
los procesos de pérdida de investidura que, según el actor, cursan en esta
Corporación, toda vez que dichas actuaciones no hacen parte del objeto del
presente trámite constitucional, en los términos expuestos.
3. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
4. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad frente al
Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
28
Índice 10 de SAMAI, certificado 9ECBFF3C804B0406 D17A363AB3DBE67B 770B83DB0905A655 CEABA4F56E90E8BC.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros mecanismos, estos
no son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales, o ii)
cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable29. En el primer
caso, la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.
Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
4.2. En el sub examine, si bien el accionante manifiesta que el Consejo Superior de
la Judicatura se negó a entregarle los actos de nombramiento de once jueces que
han ejercido, durante los últimos dos (2) años, como titulares del Juzgado Ciento
Catorce Penal Municipal de Bogotá y del Juzgado Dieciocho Civil Municipal de
Bogotá, lo cual le ha impedido conocer si los funcionarios actuaron como juez
natural, lo cierto es que, del material probatorio que reposa en el expediente de esta
acción de tutela, la Sala advierte que el accionante dirigió su solicitud30 al Juzgado
Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá el 9 de diciembre de 2025, a través de
correo electrónico31.
En aquel escrito solicitó, entre otras cosas, expresamente lo siguiente:
“[…] Igualmente solicito copia simple o auténtica (según disponibilidad) de los actos
administrativos de nombramiento o posesión de los siguientes jueces que han ejercido
funciones en el Juzgado 33 Penal Municipal de Bogotá: Juez(a) 1: ADRIANA MARIA
CAÑON SANCHEZ Juez(a) 2: CESAR ARMANDO PARRA RODRIGUEZ Juez(a) 3:
ADRIANAMARIA CAÑON SANCHEZ Juez(a) 4: AIDA LUZ GARCIA BENITEZ Juez 5:
FRANCISO MARTIN JUEZ 6: ADRIANA MARIA CAÑON SANCHEZ
“De todos los jueces que han ejercido funciones en el despacho durante los últimos 11
años, a partir del 8 de julio del año 2014.”32
La Sala observa que si bien el accionante en el escrito de tutela señala que solicitó
los actos de nombramiento de once jueces que han ejercido, durante los últimos 2
años, como titulares del Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y
29
Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
30
Índice 68 de SAMAI, certificado F0B1BAA5373380F8 2DFD70AE46A37E6E E47EAEEC696677D9 99014AADEB08E6FF.
31
Índice 68 de SAMAI, certificado 58296CD1CEFA644A 4AB62F95429DC9E8 85A58A92484A99DA 85D751C5107CBDDC.
32
Índice 68 de SAMAI, certificado F0B1BAA5373380F8 2DFD70AE46A37E6E E47EAEEC696677D9 99014AADEB08E6FF.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
también de aquellos del Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá, lo cierto es
que la solicitud transcrita líneas atrás denota que únicamente pretendió obtener
copia de los nombramientos de los titulares del primer juzgado (antes Juzgado
Treinta y Tres).
Dicho lo anterior, el Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá, mediante
oficio del 0848 del 9 de diciembre de 202533, contestó la referida solicitud, entre
otras cosas, en los siguientes términos:
“[…] Finalmente, en lo que respecta a la expedición de copia de los actos administrativos
de nombramiento de los jueces que han ejercido funciones en el Juzgado 114 (antes 33)
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, me permito precisar lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1° de la
Ley 1755 de 2015 […]
Así las cosas, le informo que los actos administrativos mediante los cuales fueron
nombrados los jueces que han ejercido sus funciones en este despacho durante los
últimos once (11) años —esto es, desde el 8 de julio de 2014— se encuentran sometidos
a reserva legal, conforme el numeral tercero de la norma en cita, atendiendo a que
contienen información relacionada con la vida privada, intimidad y datos personales de
los funcionarios que ostentaron tal calidad, elementos que reposan en sus respectivas
hojas de vida e historias laborales, los cuales están amparados por los derechos
fundamentales a la intimidad, privacidad y protección de datos personales. En tal sentido,
su divulgación únicamente procede frente al titular de la información, su apoderado o
persona autorizada con facultad expresa, conforme a lo previsto en los artículos 24 y 25
de la Ley 1755 de 2015 y las reglas del hábeas data.
Adicionalmente, resulta pertinente aclarar que, revisados los registros de este despacho,
no obra antecedente alguno que indique que un funcionario identificado como “Francisco
Martín” haya ejercido como juez en este despacho.
En consecuencia, y dado que usted no ostenta la calidad de titular de los datos
solicitados, ni acredita representación o autorización expresa para acceder a información
de carácter personal y reservado, no es jurídicamente posible atender de manera
positiva su petición.”34
4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, por las siguientes consideraciones:
En efecto, se observa que las razones expuestas por el Juzgado Ciento Catorce
Penal Municipal de Bogotá, mediante oficio 0848 del 9 de diciembre de 2025, para
negar la expedición de copias de los actos administrativos de nombramiento de los
jueces que han ejercido funciones en el Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Bogotá, se sustentaron en el carácter reservado
que, a juicio de dicha autoridad, revestían tales documentos.
33
Índice 68 de SAMAI, certificado 3AA2D478E787DB29 FC81BA566197A5BE 976C4C7586A59854 B7F875C2A73CAF27.
34
Índice 68 de SAMAI, certificado 3AA2D478E787DB29 FC81BA566197A5BE 976C4C7586A59854 B7F875C2A73CAF27.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Frente a esa determinación, el hoy accionante contaba con un mecanismo
específico para controvertir la negativa de acceso a la información. En efecto, de
conformidad con el artículo 26 del CPACA, cuando una autoridad niega la entrega de
documentos o información invocando su carácter reservado, el interesado puede
interponer recurso de insistencia, el cual debe formularse por escrito y sustentarse
en la diligencia de notificación o dentro de los 10 días siguientes a ella, para que se
determine si la reserva invocada resulta o no procedente.
Sin embargo, de las pruebas allegadas al trámite constitucional no se advierte que
el accionante hubiera hecho uso de dicho mecanismo dentro de la oportunidad
legalmente prevista, pese a que conoció de manera expresa las razones por las
cuales la autoridad judicial negó la información solicitada. Así, en lugar de acudir al
medio de defensa dispuesto específicamente por el legislador para controvertir una
decisión de esta naturaleza, optó directamente por promover la presente acción de
tutela.
En esas condiciones, la Sala considera que la controversia planteada podía ser
sometida al mecanismo previsto en el artículo 26 del CPACA, sin que se haya
acreditado alguna circunstancia que permita concluir que este resultaba ineficaz o
que su utilización comportara la configuración de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención excepcional del juez constitucional. Por el contrario, el
actuar del accionante evidencia que pretende emplear la acción de tutela para suplir
la falta de ejercicio oportuno del mecanismo ordinario de defensa que tenía a su
alcance, circunstancia que desconoce el carácter subsidiario de este medio de
protección.
Por consiguiente, al no haberse acreditado la utilización del mecanismo
específicamente previsto para controvertir la reserva alegada por la autoridad
accionada, la Sala concluye que no se encuentra satisfecho el requisito general de
subsidiariedad y, por tanto, no resulta procedente emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4.4. Por otro lado, el actor también considera vulnerados los derechos
fundamentales invocados por parte del Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de
Bogotá al ordenar el desalojo del apartamento 704, ubicado en la calle 22 # 9-35,
decisión que, en su concepto, desconoció los procesos reivindicatorios previos,
14
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
resueltos por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, dentro del
proceso de radicado 11001-14-10-30-20-2013-01148-01. A partir de ello, pretende
que mediante la acción de tutela se ordene suspender cualquier diligencia de
desalojo o lanzamiento hasta tanto se determine cuál es el juez natural competente
y se establezca la legalidad de las actuaciones judiciales cuestionadas.
Sin embargo, dicha pretensión evidencia que la controversia planteada por el
accionante trasciende el ámbito propio de la acción de tutela, pues supone
determinar, en primer lugar, la autoridad judicial competente para conocer de la
controversia relacionada con el inmueble y, en segundo término, establecer los
efectos y alcance de las decisiones adoptadas dentro de los procesos judiciales
que, según afirma, antecedieron a la actuación cuestionada. Tales asuntos deben
ser planteados y definidos ante el juez natural competente y dentro del proceso
judicial correspondiente, mediante los mecanismos procesales previstos por el
ordenamiento jurídico para controvertir las actuaciones y decisiones allí adoptadas.
Así, no corresponde al juez constitucional, por vía de tutela, sustituir al funcionario
judicial competente ni desplazar los cauces procesales ordinarios establecidos para
discutir la procedencia de una orden de desalojo o lanzamiento.
En ese sentido, el accionante debe acudir ante el juez natural que tenga a su cargo
el proceso correspondiente y formular allí las solicitudes, excepciones o
mecanismos de defensa que estime pertinentes, pues es en ese escenario donde
podrá controvertir la orden de desalojo, poner de presente la existencia de los
procesos reivindicatorios que invoca y solicitar, de ser procedente, la suspensión de
la diligencia cuestionada.
Por consiguiente, al existir un escenario judicial idóneo para plantear y resolver la
controversia propuesta, y al no advertirse, con los elementos allegados a esta
actuación, una circunstancia que permita desplazar excepcionalmente al juez
natural mediante la acción de tutela, la Sala concluye que tampoco se encuentra
satisfecho el requisito de subsidiariedad respecto de este aspecto de la solicitud de
amparo.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
4.5. Ahora, en lo que corresponde al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte
su acaecimiento35.
En tal sentido, la afectación alegada no reúne las características de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, permiten configurar un perjuicio irremediable. Por el contrario, las
actuaciones desplegadas por el accionante evidencian que pretende acudir a la
acción de tutela para suplir la falta de gestión oportuna de los mecanismos
ordinarios a su disposición. En consecuencia, la intervención del juez constitucional
resulta improcedente, en atención al carácter subsidiario y residual del amparo.
5. Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez frente a la
Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes
5.1. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201436, especificó que la inmediatez es una condición que permite
concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si se
interpuso en un periodo razonable, para cuyo efecto fijó como regla general “un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso”37.
Sin embargo, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo transcurrido
entre la firmeza de la providencia acusada y el momento en que fue interpuesta la
solicitud de amparo, cuando este sea mayor al de 6 meses, la jurisprudencia
constitucional ha insistido en que en cada caso concreto se evalúe este
presupuesto, a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela.
El examen de los 6 meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis que determinan cuándo se está ante una situación excepcional
que permite no ceñirse de forma estricta al referido término:
“…que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
35
Ha señalado la Corte Constitucional que en la valoración del perjuicio irremediable se exige que este sea (i) cierto, en el
entendido de que exista plena certeza y convicción de la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una alta
probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura hipotética o percepción del solicitante; y (iii)
inminente, de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, por lo que no se trata de una mera expectativa. Ver Corte
Constitucional, sentencia T-425 de 2019.
36
Expediente 2012-02201.
37
Consejo de Estado, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual”38.
5.2. El actor alega que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes incurrió en un fraude al proferir el auto inhibitorio del 4 de junio de
2019, frente a una denuncia por él radicada. Asimismo, denunció que la notificación
que recibió el 16 de diciembre de 2019 también fue fraudulenta. Lo anterior, debido
a que estimó que esa no fue la fecha real en que se emitió la providencia, sino que
se le impuso una data anterior para encubrir una falta de investigación por la
desaparición forzada de Abel de Jesús Barahona Castro, pues la fecha correcta
correspondía al 26 de agosto de 2019.
Pues bien, pese a la falta de claridad de los argumentos del actor frente al referido
reproche, la Sala observa que pretende cuestionar la actuación, dentro del
expediente 4793, de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes del 4 de junio de 2019. Sin embargo, la acción de tutela se interpuso
el 13 de abril de 202639, esto es, transcurridos más de 5 años desde el auto
censurado. Así las cosas, se impone concluir que la solicitud de amparo tuvo lugar
fuera del plazo jurisprudencialmente dispuesto.
5.3. Por su parte, la Sala observa que no se demostró alguna circunstancia que
impidiera al actor acudir al mecanismo constitucional en la oportunidad
jurisprudencialmente señalada y que justificara su inactividad, de forma que
tampoco se puede entender que existe una afectación grave y urgente de sus
prerrogativas fundamentales, ni un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
solicitud de amparo y la violación alegada.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
“Específicamente en lo que tiene que ver con la inmediatez como requisito general de
procedencia, cabe insistir en que se trata de una exigencia de acuerdo con la cual la
acción debe ser instaurada oportunamente, en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. La vocación de la tutela es la de servir como
instrumento para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la actuación u omisión de una autoridad
38
Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158
de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
39
Índice 2 de SAMAI, certificado 90A3783755B6700E 6B027B58D97551C1 8AE99DF7FF0167DE 85C40BEA3DF2E3B6.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
pública. Para que ello sea viable, es imperativo que las personas hagan uso de la acción
con la misma presteza con la que la jurisdicción constitucional debe atenderla.”40
En consecuencia, el presupuesto de inmediatez en este aspecto, como se expuso,
no se encuentra superado y hace que la acción constitucional resulte improcedente.
6. En suma, en el sub lite, el presupuesto de subsidiariedad, como se indicó, no se
encuentra satisfecho frente al Juzgado Ciento Catorce Penal Municipal de Bogotá y
tampoco el requisito de inmediatez respecto a la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representante, lo que hace que la acción constitucional
resulte improcedente.
7. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de acumulación a este expediente de tutela de la
acción constitucional 11001-03-15-000-2026-03312-00, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
40
Corte Constitucional, sentencia T-189-09.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02808-00
Accionante: Luis Alfredo Castro Barón y otro
Accionado: Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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