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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02817-00

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02817-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Luis Alfonso González Caballero, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02817-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Demandante: LUIS ALFONSO GONZÁLEZ CABALLERO
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN UNA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. SE
DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la sentencia que resolvió la impugnación en un proceso
de acción de cumplimiento relacionado con la imposición de comparendos mediante sistemas
de fotodetección en Valledupar. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional porque la controversia se orientó a reabrir un debate propio del juez natural sobre
la procedencia de la acción de cumplimiento, la subsidiariedad y la cosa juzgada.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por el señor Luis Alfonso González
Caballero en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 26 de febrero de
2026 en el proceso de acción de cumplimiento con radicación no. 20001-23-33-000-
2025-00712-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 14 de abril de 2026. (Índice 00001 del aplicativo
SAMAI)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

1) Promovió acción de cumplimiento en contra del Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio
de Valledupar y el Concejo Municipal de Valledupar, con el propósito de obtener el
acatamiento de diversas disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la
imposición de comparendos de tránsito mediante el uso de medios tecnológicos 2.

2) En dicha acción, solicitó, entre otras pretensiones: i) la anulación de las multas
sustentadas en detección mediante vehículos denominados “caza-infractores”,
incluidas aquellas que afirmó le habían sido impuestas ii) el retiro de dichos vehículos
y iii) que la imposición de comparendos se realizara de manera presencial para
garantizar la individualización de los presuntos infractores.

3) Como sustento de su demanda, alegó que en el municipio de Valledupar se estarían
imponiendo comparendos mediante dispositivos tecnológicos instalados en vehículos
en movimiento, sin la debida autorización y sin la intervención directa de un agente de
tránsito, lo cual, a su juicio, impedía la identificación del infractor y desconocía el
procedimiento legal aplicable.

4) Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró improcedente la acción por considerar que las pretensiones del actor no
estaban dirigidas al cumplimiento de un deber jurídico claro, expreso e inobjetable, sino
a controvertir la legalidad de los comparendos impuestos mediante los referidos
vehículos, controversia que debía tramitarse a través de los medios de control
ordinarios.

5) El demandante apeló esa decisión 3 y, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026,
la Sección Quinta del Consejo de Estado la revocó parcialmente y en lo pertinente: i)
declaró la improcedencia de la acción respecto de la solicitud de anulación de los
comparendos y la exigencia de que su imposición se realizara de manera presencial,
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, ante la posibilidad de acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) analizó la pretensión
relativa al artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y concluyó que no era susceptible de ser

2
En particular, el actor solicitó el acatamiento del artículo 6 de la Resolución no. 20203040011245 de
2020 y los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y el artículo
10 de la Ley 1437 de 2011.
3
De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, los fundamentos de la apelación se
centraron en reiterar la totalidad de cargos expuestos en la demanda inicial.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

exigida a través de la acción de cumplimiento, por cuanto dicha norma no contiene un
mandato concreto e inobjetable en los términos exigidos por la Ley 393 de 1997 y iii)
frente a la pretensión orientada al retiro de los vehículos “caza infractores” advirtió la
existencia de decisiones judiciales previas en las cuales ya se había analizado el
cumplimiento de las normas invocadas por el actor con identidad de objeto y causa,
por lo cual determinó que operaba la cosa juzgada.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor alegó que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto sustantivo,
un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente judicial, un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y una violación directa de la
Constitución, con fundamento en los mismos argumentos expuestos en la acción de
cumplimiento, referentes a la presunta ilegalidad del sistema de imposición de
comparendos mediante dispositivos tecnológicos, la falta de individualización del
infractor, la utilización de medios no autorizados y la consecuente necesidad de revocar
las sanciones impuestas en tales condiciones.

La Sección Quinta del Consejo de Estado avaló la imposibilidad de examinar de fondo
las irregularidades denunciadas en la imposición de comparendos mediante sistemas
de fotodetección con fundamento en los principios de subsidiariedad y cosa juzgada, a
pesar de que, en su criterio, existían normas claras que imponían a las autoridades
deberes concretos de actuación.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado dentro de la acción de cumplimiento con radicado [Insertar Radicado]
(sic), por configurar una Vía de Hecho mediante un defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional
(Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo de Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15)
días, profiera una NUEVA SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la
corporación deberá acatar lo dispuesto en los Artículos 10 y 102 del CPACA,
reconociendo que la Superintendencia de Transporte, según el Artículo 3
(Parágrafo 3) de la Ley 769 de 2002, tiene una obligación imperativa, clara y
exigible de vigilancia que no puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

territorial. (...)”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto del 15 de abril de 20264 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y se
vinculó al superintendente de Transporte, al secretario de Tránsito y Transporte de
Valledupar y al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Cesar, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

La autoridad demandada y las vinculadas no presentaron un informe de respuesta a
pesar de estar debidamente notificadas 5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mec anismo transitorio

4
Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
5
Índice 00013 del aplicativo SAMAI.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 26 de febrero de 2026, mediante la cual se resolvió la
impugnación dentro de la acción de cumplimiento promovida por el actor y, en lo
pertinente, se declaró la improcedencia de la pretensión orientada a la anulación de
comparendos por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y la existencia de cosa
juzgada respecto de otras pretensiones relacionadas con el retiro de los denominados
vehículos “caza infractores” y el cumplimiento de normas en materia de tránsito.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que les
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 6, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal7”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

6
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales 8”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales 9”.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Idem.

8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos c asos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en ejercicio de esa función, y cualquier intento
dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe
ser contenido.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’
en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios 10” (negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

10
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la parte actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la
conclusión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del
26 de febrero de 2026.

2) En el presente asunto, si bien la parte demandante invocó la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la
providencia cuestionada, lo cierto es que la sustentación de tales cargos se limitó a
reiterar su inconformidad con la decisión judicial adversa a sus intereses, en tanto
insiste en la presunta ilegalidad del sistema de imposición de comparendos mediante
dispositivos tecnológicos, la falta de individualización del infractor, la utilización de
medios no autorizados y la consecuente necesidad de revocar las sanciones
impuestas en tales condiciones.

3) No obstante, tales aspectos fueron objeto de análisis en la providencia que aquí se
cuestiona, en la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado explicó las razones por
las cuales las pretensiones del actor resultaban improcedentes en sede de acción de
cumplimiento, por considerar que el debate planteado excedía el ámbito propio de
dicho mecanismo constitucional:

"2.5.1 De la anulación de las multas de tránsito y la presencialidad en el
trámite de imposición de aquellas.

Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar. Al respecto, se recuerda que esta acción no es de
carácter declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e inobjetables,
es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.

Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la
controversia plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser
conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA
contra los actos administrativos sancionatorios.

Lo dicho, puesto que, en el aludido medio de control, quienes han visto
afectados sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad
de cuestionar los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo
que coincide con lo aquí pretendido por la parte actora. (...)

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia frente
a la pretensión plasmada en el numeral tercero del escrito de demanda, la
cual, en síntesis, busca plantear la anulación de los comparendos impuestos,
aduciendo posibles irregularidades en su trámite. Nuevamente, se tiene que
dicha finalidad escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues se
reprocharía la legalidad de la actuación de la administración, lo cual impone
acudir al medio de control correspondiente (...).

2.5.2. Retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos
(...).

Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente
20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar
resolvió en segunda instancia una demanda presentada en contra de la
Alcaldía de Valledupar, para que se le ordenara acatar lo dispuesto en el
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo 2.º, numeral
1, de la ley 1843 del 2017 y, en consecuencia, se dispusiera el retiro de los
vehículos «caza infractores» por las calles de Valledupar.

Al resolver la controversia, la autoridad judicial advirtió que la acción de
cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento
de las regulaciones normativas señaladas por el actor como incumplidas por
el ente territorial, por cuanto contienen un mandato legal que al ser de orden
público resulta obligatorio.

Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la
instalación y operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el
vehículo «caza infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara para
detectar las presuntas infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento.
Bajo tales consideraciones, negó las pretensiones de la demanda.

Adicionalmente, en aras de reforzar el argumento adverso a las pretensiones
de la demanda, frente a la norma en cuestión, basta precisar que dicho
artículo se contrae en establecer donde es posible su ubicación, indicando
una serie de excepciones al respecto. Lo anterior, en criterio de la Sala, no
apareja un mandato imperativo e inobjetable.”. (archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4) Así mismo, la autoridad judicial demandada analizó la pretensión relativa al retiro de
los vehículos denominados “caza infractores” y concluyó que, respecto de ese punto,
se configuraba el fenómeno de la cosa juzgada por existir decisiones judiciales previas
que ya habían resuelto de fondo la misma controversia, en los siguientes términos:

“Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada en torno a la petitoria de cumplimiento del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 por parte de la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, con las precisiones ya
realizadas a propósito de la identidad de partes. Esto es, ya existe una
decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de
Valledupar está incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si por ello,
se le debía ordenar que retire sus patrullas institucionales (...).

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas
restantes y demás entidades accionadas, esta Sección profirió sentencia el
10 de abril de 202517 en la cual resolvió una acción de cumplimiento al

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

interior de la que se solicitó el acatamiento de los artículos 18 de la Ley 2251
de 2022, 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769
de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte (...).

En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la
configuración de la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida
a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia
accionada, del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley
1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los literales
a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte (...)”.
(archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)

5) De igual forma, la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que la acción de
cumplimiento no resulta procedente para exigir el acatamiento del artículo 10 de la Ley
1437 de 2011, en tanto ello implicaría pretender el cumplimiento de decisiones
judiciales, lo cual desborda el ámbito de dicho mecanismo:

“2.7. Del cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 (...).

Al respecto, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda
persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo
dispone el artículo 87 constitucional.

Así las cosas, el referido artículo 10 de la Ley 1437, del cual pretende el actor
la aplicación vía cumplimiento de las decisiones proferidas al interior de
procesos, no satisface el requisito de procedencia de que trata el artículo 1.°
de la Ley 393 de 1997, pues el mecanismo constitucional solo fue consagrado
para lograr el obedecimiento de la ley o de actos administrativos, más no de
decisiones judiciales.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice
00002 del aplicativo SAMAI)

6) De ese modo, la autoridad judicial demandada expuso de manera expresa y
razonada los fundamentos que justificaban la decisión adoptada, incluso frente a los
mismos argumentos que hoy reproduce el actor en sede de tutela, lo cual evidencia
que la presente acción se orienta a replantear un debate propio del juez natural y de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que se advierta la formulación de
un problema autónomo de naturaleza constitucional.

7) Así entonces, los argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación
grave, específica y desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se
limitan a insistir en la supuesta ilegalidad del sistema de imposición de comparendos y
en la necesidad de revocar las sanciones impuestas, planteamientos que corresponden
al ámbito propio del control de legalidad de los actos administrativos y no al de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

8) En efecto, la inconformidad central del actor se orienta a obtener un nuevo examen
sobre la validez jurídica de los comparendos y de los procedimientos administrativos
de tránsito, así como a que el juez constitucional reabra una discusión ya analizada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, pretensión que corresponde al campo de la
legalidad y del debate ordinario, no al de la configuración de un problema constitucional
autónomo.

9) En otras palabras, el debate planteado no se estructura como la denuncia de una
ruptura protuberante del debido proceso, sino como un desacuerdo con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó respecto de la naturaleza de la
acción de cumplimiento, la subsidiariedad del mecanismo y la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada.

10) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos fijados
por la jurisprudencia, sino que lo que en realidad se pretende es que el juez de tutela
sustituya el criterio de la autoridad judicial demandada en un asunto propio de su
competencia.

11) De igual manera, la Sala advierte que, aunque el actor mencionó la existencia de
un defecto fáctico, de un desconocimiento del precedente, de un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto y de una violación directa de la Constitución, no desarrolló
una argumentación autónoma que permitiera estructurar dichos cargos, limitándose a
reiterar los planteamientos expuestos en la acción de cumplimiento.

12) En esas condiciones, la referencia a tales defectos se reduce a una enunciación
general, carente de la carga argumentativa mínima exigida para estructurar un
cuestionamiento constitucional autónomo frente a la providencia judicial cuestionada,
lo cual refuerza la conclusión según la cual la acción de tutela no plantea un problema
de relevancia constitucional.

13) En conclusión, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por cuanto el interés del actor
es emplear la acción de tutela como una instancia adicional para cuestionar las razones
que tuvo en cuenta el juez natural para adoptar su decisión, con el único fin de mostrar

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-02817-00
Actor: Luis Alfonso González Caballero
Acción de tutela

su desacuerdo con esa determinación, proceder que resulta ajeno a la naturaleza de
este mecanismo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Luis Alfonso González
Caballero, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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