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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02822-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02822-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con la pretensión dirigida a que se oculte la información relacionada con su proceso penal en las bases de datos de la Rama Judicial, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo. NEGAR el amparo solicitado frente a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. 8 Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00 Tercero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá. Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02822-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02822-00
Accionante: Lester Yamid Vásquez Vega
Accionado: Fiscalía General de la Nación y otros

Tema: Derechos al habeas data, buen nombre, dignidad humana y olvido.
Solicitud de eliminar, suprimir o anonimizar información
relacionada con proceso penal e inhabilidades. DECLARA
IMPROCEDENTE Y NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Lester Yamid Vásquez
Vega, en nombre propio, en contra de la Fiscalía General de la Nación, del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría
General de la República, del Juzgado Diecinueve de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, del Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá, del
Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al habeas data,
al buen nombre, a la dignidad humana y al derecho al olvido, que considera
vulnerados por las autoridades accionadas.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El actor narró que se adelantó en su contra proceso penal con radicado núm. 11001-
60-00-017-2016-14411, por el delito de acto sexual con menor de catorce (14) años.

Que el 9 de junio de 2017, el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá profirió sentencia condenatoria en su contra.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00

Que el 22 de enero de 2026, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Sincelejo emitió la Boleta de Libertad núm. 040, por pena cumplida.

Que a pesar de haber cumplido la condena y de estar inactivo el proceso en el
Sistema SPOA «la información del antecedente penal sigue siendo de acceso
público en los portales de la Fiscalía y la Rama Judicial».

Que la Procuraduría General de la Nación mantiene vigentes inhabilidades en su
contra hasta el año 2035, situación que imposibilita su reinserción social y acceder
al trabajo de manera formal.

Que «[l]a persistencia de estos datos en plataformas de consulta pública constituye
una vulneración al derecho al olvido, pues la sanción ya fue purgada y la información
ha perdido su relevancia social, convirtiéndose en un factor de discriminación, como
mi derecho al derecho al Habeas Data y Ley de Perdón y Olvido (sic)».

PRETENSIONES

Pide que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene i) a la
Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Diecinueve de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá que de manera inmediata actualicen su base de
datos, «procediendo a eliminar o bloquear del acceso público la información relativa
al proceso 110016000017201614411, por haberse cumplido la pena, por derecho
al habeas data»; y ii) a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría
General de la República que eliminen las anotaciones de inhabilidades que derivan
de una pena ya extinta.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 20 de abril de 2026, se admitió la acción y se ordenó notificar a las partes. El 29
de igual mes y año, se vinculó al Juzgado Doce Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
(CENDOJ) indicó que fungía como administrador funcional del portal web de la
Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación
de la información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias
de la Rama Judicial.

Precisó que en el caso que refiere el accionante correspondiente al expediente núm.
11001-60-00-017-2016-14411-00, las anotaciones que figuran en el sistema judicial
obedecen a los registros efectuados por el Juzgado Doce Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, en el marco de sus funciones jurisdiccionales.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00

Adujo que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 6 de agosto de 2025 1,
consideró que la publicidad de datos procesales en el portal web de la Rama Judicial
no es una actividad de reporte de conducta, sino una herramienta de gestión y
transparencia esencial a la administración de justicia.

Por lo anterior, manifestó que no resulta procedente endilgarle responsabilidad,
pues no adelantó el proceso judicial ni realizó el registro de las actuaciones.

El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, afirmó que la acción de tutela es
improcedente, ya que el actor no le ha solicitado el ocultamiento de la información
de la actuación en su contra.

Por otro lado, afirmó que verificó los anexos de la acción constitucional y las
anotaciones en la página web de la Rama Judicial y no encontró información sobre
la extinción de la sanción impuesta, por lo que mediante correo electrónico requirió
al actor para que allegue la «providencia que dispuso la terminación del proceso, a
efectos de contar con el insumo necesario para acceder a la solicitud de
ocultamiento».

El Juzgado Diecinueve de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá informó que el 7 de mayo de 2025 remitió copia de la actuación a los
juzgados homólogos de Sincelejo, Sucre, por cuanto el actor fue trasladado al centro
carcelario de esa municipalidad, por lo que desde ese momento perdió competencia
y desconoce la situación jurídica del accionante.

La Procuraduría General de la Nación mencionó que la División de Registro de
Sanciones y Causales de Inhabilidad de la entidad, mediante Oficio del 23 de abril
de 2026, señaló lo siguiente: i) el actor registra una anotación con ocasión del
Proceso Penal núm. 2016-14411-00; ii) 17 de febrero del año en curso, el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo reportó sobre
la extinción de la sanción penal; iii) al consultar el certificado de antecedentes
disciplinarios del actor se encuentra que tiene una inhabilidad para contratar, la cual
«se extenderá por 5 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que
impuso la pena, es decir, será visible hasta el 16 de mayo de 2028»; y iv) el Registro
SIRI núm. 201437266 genera de manera automática la inhabilidad para
desempeñar cargos públicos prevista en el numeral 1.°, del artículo 42 de la Ley
1952 de 2019, que se verá reflejada en el certificado hasta el 16 de mayo 2035.

Precisó que su función consiste exclusivamente en reflejar y publicitar las decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales o administrativas competentes; de ahí que,
mientras no exista una orden expresa y válida de la autoridad competente que
disponga la modificación, supresión o exclusión de un registro, la Procuraduría
carece de competencia para alterar su contenido.

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado STC12103-2025, magistrada ponente Martha

Patricia Guzmán Álvarez

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00

Además, resaltó que la Corte Constitucional ha sostenido que la extinción de la pena
no deja sin efectos la inhabilidad automática, la cual debe permanecer en el registro
del destinatario por el término expresamente previsto en la ley.

El Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento
en que no encontró registro de causa penal alguna tramitada o actualmente en curso
en ese despacho en contra del señor Lester Yamid Vásquez Vega.

Sostuvo que el proceso penal con radicado núm. 11001-60-00-017-2016-14411-00
fue conocido y adelantado por el Juzgado Doce Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación expresó que la información que reposa en la
base de datos SPOA no constituye antecedentes penales y tiene unos fines muy
diferentes a la publicidad o permitir el acceso a terceros, por lo que no se contempla
la obligación legal de eliminar, ocultar o anonimizar dichos datos, por el
cumplimiento de la pena impuesta.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, manifestó que conoció
del recurso extraordinario de casación, que promovió el apoderado del actor, contra
la sentencia condenatoria del 30 de enero de 2019, a través de la cual la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena por el delito de acto sexual
abusivo con menor de catorce años 14 años, proferida en primera instancia por el
Juzgado 12 Penal del Circuito de la misma ciudad.

Adujo que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar que se supriman
sus datos de los registros o anotaciones en los sistemas misionales, entre otros, de
la Rama judicial y la Fiscalía, por extinción de la pena, ya que el actor cuenta con
otros mecanismos para lograr lo pretendido.

El Juzgado Doce Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
y la Contraloría General de la República guardaron silencio.

Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) Antecedentes, anotaciones
penales y derecho al olvido y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00

2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Antecedentes, anotaciones penales y derecho al olvido

El artículo 248 de la Constitución establece que únicamente las condenas proferidas
en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes
penales y contravenciones.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la información relativa a los antecedentes,
de un lado, constituye datos personales, dado que asocia una situación con una
persona natural determinada y, de otro, tiene la connotación de dato negativo, al ser
perjudicial, socialmente reprobada o sencillamente desfavorable.

Por lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido el derecho al olvido o el
principio de caducidad del dato negativo y ha establecido que tiene distintas facetas:
a) la facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la
base de datos la información personal respectiva y b) la supresión de la información
que está sometida a circulación, caso en el cual la información se suprime solo
parcialmente y se mantiene la posibilidad de conservarla, bajo un escenario
restringido2.

El derecho al olvido se ha determinado principalmente respecto de la base de datos
crediticias y financieras, en ese sentido la Ley Estatutaria 1266 de 2008 señala el
tiempo máximo que puede permanecer un dato negativo en un banco de
información, pero también se ha previsto respecto a actuaciones penales.

La Corte Constitucional 3 ha señalado que no todos los datos que se consignan en
virtud de un proceso penal constituyen antecedentes, sino que también pueden ser
anotaciones o registros, los cuales se refieren a la información sobre el desarrollo
de las actuaciones penales, por ejemplo, el estado procesal y la autoridad
competente a cargo de la actuación.

También ha indicado que el derecho al olvido debe predicarse con mayor razón
respecto de las anotaciones judiciales que se formulen en los procesos penales que
no alcanzan a constituir antecedentes penales y que cumplen una función
instrumental al proceso.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-355 de 2022, le ordenó al
Consejo Superior de la Judicatura – Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)

2 En este sentido, véase, entre otras, la SU-458 de 2012.
3 Sentencia T 398 de 2023

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reglamentar de forma específica, clara y completa las condiciones en que se deben
realizar las publicaciones en el portal web de la Rama Judicial y actualizar la
normativa a las nuevas necesidades de publicación en la página.

En cumplimiento de la decisión citada el Consejo Superior de la Judicatura- Centro
de Documentación Judicial -CENDOJ- emitió la Circular CDJC23-1 del 12 de mayo
de 2023, donde se establecen las condiciones de publicación de contenidos en el
portal web de la Rama Judicial, para proteger el derecho a la intimidad personal y
familiar de las personas.

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-398 de 2023, consideró que de acuerdo
con los lineamientos contemplados en la circular citada, es claro que son los
administradores secundarios de la información 4 quienes deben «cumplir las
obligaciones legales respecto del tratamiento de los datos, el ciclo de vida de la
información, los procedimientos internos para el tratamiento de estos»; sin embargo,
resaltó que «no hay ningún lineamiento en la Circular que señale cuál es la duración
de tal ciclo de vida de la información, que permita materializar el principio de
caducidad que rige el derecho fundamental al habeas data. Tampoco se establecen
lineamientos diferenciados según la especialidad jurídica, en particular, en
consideración a las particularidades en materia penal».

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Lester Yamid Vásquez Vega considera que i) la Fiscalía
General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Diecinueve
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Juzgado Catorce
Penal del Circuito de Bogotá, el Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá, el
Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, le violan los derechos
fundamentales al habeas data, al buen nombre, a la dignidad humana y al derecho
al olvido, por no eliminar, ocultar o anonimizar la información relativa al proceso
penal con radicado 11001-60-00-017-2016-14411-00; y ii) la Procuraduría General
de la Nación y la Contraloría General de la República le transgreden las mismas
garantías mencionadas, por mantener vigentes inhabilidades en su contra hasta el
año 2035, pese a que ya se cumplió la pena impuesta.

Inicialmente, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Catorce Penal del Circuito de Bogotá, ya que esta autoridad no tuvo conocimiento
ni adelantó el Proceso Penal núm. 2016-14411-00, del cual se desprende la
violación de derechos que invoca el actor.

Precisado lo anterior, se advierte que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal,
en el informe que rindió, indicó que el actor en ningún momento ha solicitado al
despacho el ocultamiento de la información de la actuación seguida en su contra;
que al revisar las anotaciones en la página web y los anexos de la tutela no

4 Son los juzgados los encargados de alimentar el sistema con la información y verificar la procedencia del

ocultamiento de la información.

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encuentra información sobre la extinción de la sanción impuesta, razón por la cual
requirió al señor Vásquez a fin de que «allegue los correspondientes soportes de
los que disponga para verificar cuál es la situación del condenado y si hay lugar a
ocultar la información con relación al proceso con radicado
11001600001720161441101».

Teniendo en cuenta lo expuesto y las pruebas obrantes en el expediente, la Sala
encuentra que el actor a la fecha no ha solicitado directamente ante el Tribunal
referido ni ante las autoridades judiciales que conocieron el proceso penal lo
pretendido a través de esta acción, esto es, el ocultamiento o supresión de los
registros del proceso seguido en su contra, por lo que no resulta procedente
pronunciarse sobre el particular.

Además, el Tribunal requirió al actor para que allegue los soportes relacionados con
el estado de la pena que le fue impuesta, lo que evidencia que, debido a dicho
requerimiento, se encuentra en trámite la pretensión de ocultar la información del
proceso penal ya citado.

Igualmente, se advierte que, aunque en las pretensiones el actor también solicitó
que se ordene a la Fiscalía General de la Nación la actualización de sus bases de
datos, tampoco se observa que haya efectuado alguna solicitud directamente ante
aquella, por lo cual tampoco resulta procedente analizar dicha situación.

Frente a la petición de eliminar, ocultar o anonimizar las inhabilidades que tiene
vigentes, con ocasión del proceso penal, la Procuraduría General de la Nación
indicó que tiene dos (2) inhabilidades vigentes, estas son:

Inhabilidad Fecha de inicio Fecha de
finalización
Para contratar con el Estado Ley 80 de 1993 art 8, 17 de mayo de 2023 16 de mayo de 2028
núm. 1 lite. D.
Para desempeñar cargos públicos Ley 1952 de 17 de mayo de 2023 16 de mayo de 2035
2019 art 42

Al respecto, en la Sentencia T-239 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que el
cumplimiento de la sanción impuesta en el proceso penal no extingue por sí misma
la inhabilidad, pues el término de duración de esta fue establecido por el legislador
y es independiente del vencimiento de la otra, veamos:

«Efectos de la extinción de las penas por prescripción en la aplicación de la
inhabilidad. La aplicación de la inhabilidad sub examine está sujeta a los
supuestos objetivos previstos por la ley, que no a la declaratoria judicial de
extinción de las penas impuestas por el juez penal. Esto es así, por tres razones.
De un lado, como se resaltó en el párr. 28, el Legislador es competente para,
entre otros, disponer el término de duración de las inhabilidades. En concreto,
la inhabilidad prevista por el artículo 38.1 de la Ley 734 de 2002 disponía su
aplicación por el término de 10 años, a partir de la ejecutoria del fallo, con
independencia de la duración de la pena o de su extinción. De otro lado, el
hecho objetivo que genera la inhabilidad es “haber sido condenado a pena

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privativa de la libertad mayor de cuatro años”, que no ser destinatario de una
sanción vigente impuesta por el juez penal. Por esta razón, del cumplimiento
de las penas o de la extinción de las mismas no se sigue la desaparición
del supuesto objetivo en que el Legislador fundó la aplicación de la
inhabilidad. Por último, su naturaleza de inhabilidad requisito excluye del
supuesto objetivo para su aplicación las consideraciones propias de la
expresión del poder sancionatorio del Estado. Lo anterior, en la medida en que,
como se señaló en el párr. 32, esta inhabilidad tiene enfoque preventivo, que
no sancionatorio, relacionado con la garantía de los principios de la
administración pública». (negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, el reporte de las inhabilidades, en este caso, en el certificado de
antecedentes de la Procuraduría General de la Nación no le vulnera al actor los
derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre, a la dignidad humana y
al derecho al olvido, pues dicha publicidad tiene una duración en el tiempo y dichas
inhabilidades constituyen restricciones legales, para acceder a cargos públicos o
contratar con el Estado, que el legislador ha impuesto, a fin de garantizar la
transparencia, la moralidad, la imparcialidad y la eficiencia en la administración
pública.

De igual forma, no se advierte que en las inhabilidades antes citadas se haya
superado el tiempo de su vigencia, motivo por el cual no hay lugar a ordenar que se
suprima o se elimine dicha información.

De otro lado, no se evidencia que el actor se encuentre reportado como responsable
fiscal, por parte de la Contraloría General de la República.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela en relación con la
pretensión dirigida a que se oculte la información relacionada con su proceso penal
en las bases de datos de la Rama Judicial; se negará el amparo frente a la
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República; y se
declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Catorce Penal
del Circuito de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con la
pretensión dirigida a que se oculte la información relacionada con su proceso penal
en las bases de datos de la Rama Judicial, conforme a las consideraciones
expuestas.

Segundo. NEGAR el amparo solicitado frente a la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloría General de la República.

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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0282 2 -00

Tercero. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Catorce Penal del Circuito de Bogotá.

Cuarto. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

9

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