Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02828-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02828-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02828-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02828-00 y acumulado (11001-03-15-
000-2026-02915-00)
Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de cumplimiento.
Relevancia constitucional.
Decisión: Declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Leonardo Andrés García Páez y
Marcos Francisco Figueroa Fonseca contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitudes de amparo
1. El 14 y 16 de abril de 2026, Leonardo Andrés García Páez y Marcos
Francisco Figueroa Fonseca, respectivamente, presentaron acción de tutela con el
fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad; así como el principio de seguridad
jurídica. En consecuencia, solicitaron dejar sin efectos las sentencias proferidas el
19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en las acciones
de cumplimiento con radicados 20001-23-33-000-2025-00700-01 y 20001-23-33-
000-2025-00694-01, para, en su lugar, emitir nuevas decisiones, en las que se
reconozca que la Superintendencia de Transporte, según el artículo 3 de la Ley
769 de 2002, «tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no
puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial».
2. Adicionalmente, peticionaron ordenar a la Superintendencia de Transporte
que i) inspeccione y verifique la validez técnica de los sistemas SAST en Valledupar
y ii) revoque de manera oficiosa la totalidad de los comparendos (aproximadamente
92.000) impuestos en Valledupar mediante prácticas prohibidas; y ordenar a la
Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la Superintendencia de Transporte la
devolución indexada de los dineros recaudados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02828-00 y acumulado
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Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
3. Por último, solicitaron remitir copias a la Procuraduría General de la Nación
y a la Comisión de Acusaciones para que investigue la responsabilidad disciplinaria
de los funcionarios de la Superintendencia de Transporte y se verifique si la
actuación de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado se
«apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer intereses
de recaudo de un operador privado».
4. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, los accionantes
manifestaron que la Superintendencia ha ignorado la obligación que le asiste de
vigilar los organismos de tránsito, específicamente el del municipio de Valledupar
«omitiendo la aplicación de los Artículos 1 al 9 de la Ley 153 de 1887 y la doctrinade
la integración normativa desarrollada en las Sentencias C-047/21, C-428/20 y T
284/25» y la «Ley 2251 de 2022 y el Decreto 2409 de 2018».
5. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-038 de 2020 estableció que el
propietario de un vehículo no puede ser sancionado automáticamente por
infracciones captadas por cámaras, a menos de que se demuestre su participación
personal; sin embargo, la Superintendencia mencionada «al validar los reportes de
multas sin la identificación plena del infractor, está incurriendo en un
desconocimiento directo del precedente constitucional vinculante».
6. El 12 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Valledupar ordenó a la Alcaldía de Valledupar suspender el procedimiento de foto
comparendos mediante patrullas móviles, por considerarlo irregular.
7. Instauraron, de forma separada, acción de cumplimiento 1 en contra del
Ministerio de Transporte, de la Superintendencia de Transporte, de la Secretaría de
Tránsito del municipio de Valledupar y del Concejo Municipal de Valledupar, para
que se acatara lo dispuesto en los artículos 1 numeral 5, 129, 135 y 158A de la Ley
769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; el artículo 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020 (compilado en el artículo 7.8.1.2. de la
Resolución 20223040045295 de 2022) y 10 de la Ley 1437 de 2011.
8. El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción, al considerar que las irregularidades alegadas respecto de
la imposición masiva de comparendos a través de vehículos de foto detección se
dirigían, en esencia, contra actuaciones administrativas de la Secretaría de Tránsito
y Transporte de Valledupar, lo cual excede el ámbito propio de la acción de
cumplimiento, dado que la validez y legalidad de estas debe examinarse a través
de los medios de control previstos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
9. Ambos actores formularon impugnación en contra de la anterior decisión. El
19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó
parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de rechazar la acción
de cumplimiento en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002, por no
1
Leonardo Andrés García Páez (Rad. 20001-23-33-000-2025-00700-00/01) y Marcos Francisco Figueroa Fonseca (Rad.
20001-23-33-000-2025-00694-00/01).
2
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haberse agotado el requisito de constitución en renuencia a la parte demandada,
dado a que en los escritos presentados el 25 y 26 de septiembre de 2025 no se
mencionaron las referidas disposiciones.
10. Además, declaró la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de los
artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, al concluir que
existía identidad de objeto, causa y partes con el proceso radicado con el número
20001-23-33-000-2025-00029-01, el cual fue resuelto mediante sentencia del 10 de
abril de 2025.
11. Finalmente, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción, frente
a las pretensiones de anulación de comparendos, imposición de los mismos de
manera presencial y aplicación del precedente (conforme al artículo 10 de la Ley
1437 de 2011), por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que
lo discutido escapa de la órbita de competencia del juez de cumplimiento, pues en
el fondo de la controversia se plantea una discusión de carácter subjetivo que debe
ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011.
12. Como fundamentos de derecho, los accionantes afirmaron que la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, al «declarar la
improcedencia sistemática de la acción de cumplimiento bajo los argumentos de
"temeridad" y "cosa juzgada" (…) cerrado (sic) la única vía constitucional efectiva
para obligar a las autoridades a acatar leyes de orden público»; además, «ignoró
que mientras la violación de la ley por parte de la administración municipal de
Valledupar y la omisión de la Superintendencia de Transporte continúen, el
ciudadano tiene el derecho y el deber constitucional de accionar, pues la cosa
juzgada no puede amparar ilegalidades administrativas permanentes».
13. Igualmente, manifestaron que la autoridad accionada por no aplicar el
parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 769 de 2002, norma rectora que establece de
manera taxativa que la Superintendencia de Transporte es la autoridad que ejerce
vigilancia y control de todos los organismos de tránsito; b) el Decreto 2409 de 2018
que faculta a la Superintendencia para inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación
de las normas de tránsito; c) el artículo 158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por
Ley 2251 de 2022), el cual establece sanciones para las autoridades de tránsito que
utilicen ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios de seguridad vial; d) el artículo
3 de la Ley 1843 de 2017, el cual define a la Superintendencia como la autoridad
competente para verificar de oficio o a petición de parte el cumplimiento de los
criterios técnicos de fotodetección, y e) falta de integración normativa de la Ley 153
de 1887 respecto de la Ley 2251 de 2022.
14. Indicaron que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico
por omitir valorar la renuencia de la Superintendencia de Transporte de iniciar las
investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017; y en defecto procedimental,
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Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
exceso ritual manifiesto, por aplicar de manera desproporcional la norma procesal,
lo cual «vacía de contenido la acción de cumplimiento y la convierte en un ritualismo
vacío que solo beneficia a la administración municipal incumplida y a la autoridad
nacional negligente, impidiendo la realización de la justicia material».
15. Señalaron que los proveídos acusados incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial, al no tenerse en cuenta las Sentencias C-038 de 2020 y C-321
de 2022, en las que se estableció que «la tecnología no releva al Estado de su carga
probatoria de identificar plenamente al infractor, conforme a los artículos 1, 129, 131
y 135 de la Ley 769 de 2002».
16. Finalmente, sostuvieron que se incurrió en defecto orgánico, porque la
autoridad ordenó «compulsar» copias ante el Consejo Superior de la Judicatura
contra el defensor y asesor técnico de la causa, situación «que constituye un ataque
directo al ejercicio legítimo de la defensa y la veeduría ciudadana, utilizando la
facultad sancionatoria como una herramienta de presión para silenciar la denuncia
técnica sobre la ilegalidad de los sistemas SAST en Valledupar».
Intervenciones2
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado afirmó que no se cumplió con el
requisito general de relevancia constitucional, dado que los accionantes se limitaron
a reiterar los mismos planteamientos que sustentaron la acción de cumplimiento,
sin cumplir con la obligación de demostrar alguno de los requisitos especiales
establecidos por la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela.
18. En ese sentido, estimó que lo pretendido es reabrir una controversia ya
resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en su calidad de órgano de
cierre en materia de acción de cumplimiento, sin cumplir con la carga mínima
requerida para un análisis de fondo. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo solicitado, al no haberse
cumplido las condiciones necesarias para la procedencia excepcional de la tutela.
19. La Superintendencia de Transporte manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, pues esa entidad no tiene la competencia para ejercer
control de legalidad sobre las decisiones autónomas e independientes adoptadas
por los entes territoriales y por la Rama Judicial del poder público, en ejercicio de
sus facultades legales y constitucionales. Por tanto, señaló que todas las
actuaciones y procedimientos que deban adelantarse sobre el particular se
efectuaran únicamente ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y
2
El 20 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela con radicado 2026-02828-00 promovida por Leonardo Andrés García
Páez en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se vinculó al Tribunal Administrativo del Cesar, la Nación -
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, al Municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y al Municipio
de Valledupar – Concejo Municipal de Valledupar; y se negó la medida provisional solicitada.
Al día siguiente, se admitió la solicitud de amparo con radicado 2026-02915-00 formulada por Marcos Francisco Figueroa
Fonseca; se negó la medida provisional y se ordenó acumular el proceso al expediente precitado, con el fin de que fueran
tramitadas y decididas en una misma providencia, por guardar identidad sustancial de hechos, pretensiones y autoridad
judicial accionada.
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(11001-03-15-000-2026-02915-00)
Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por ser las autoridades competentes para
conocer y pronunciarse de fondo sobre la presunta vulneración de los derechos
invocados.
20. El Concejo Municipal de Valledupar 3 sostuvo que los cargos formulados
están dirigidos contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Superintendencia
de Transporte y la «operación del sistema de foto detección y cruce de datos en
Valledupar»; sin embargo, no se individualizó una actuación concreta de esa
corporación que constituyera la fuente inmediata de la presunta vulneración de
derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente trámite, ante la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.
21. El Tribunal Administrativo del Cesar indicó que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora, por cuanto la decisión cuestionada se fundó en la
valoración de los hechos y pruebas que obraban en el proceso. Adicionalmente,
remitió los enlaces de los expedientes con radicados 20001-23-33-000-2025-00700-
01 y 20001-23-33-000-2025-00694-01.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
22. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
23. Antes de plantear el problema jurídico que aquí se desarrollará, la Sala
aclara que no desvinculará a la Superintendencia de Transporte ni al Concejo
Municipal de Valledupar, comoquiera que aquellos fueron vinculados al presente
trámite por intervenir, en calidad de demandados, de las acciones de cumplimiento
en las cuales se profirieron las decisiones que hoy se cuestionan.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de relevancia
constitucional, si las sentencias emitidas el 19 de febrero de 2026 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrieron en las causales específicas de
procedibilidad invocadas por la parte accionante.
3
Al respecto, se aclara que este informe únicamente fue rendido en la acción de tutela con radicado 2026-02828-00.
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Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La Sala declarará improcedente la acción de tutela, por no haberse
acreditado el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional,
conforme a las razones que a continuación se exponen:
26. Los accionantes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, los cuales
estimaron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir las
sentencias del 19 de febrero de 2026. En su criterio, en las referidas providencias
se incurrió en defecto sustantivo, al (i) declarar de forma sistemática la
improcedencia de la acción de cumplimiento por «temeridad» y «cosa juzgada», con
lo cual habría cerrado la única vía efectiva para exigir el cumplimiento de leyes de
orden público; y (ii) no aplicarse el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 769 de 2002,
el Decreto 2409 de 2018; el artículo 158A de la Ley 769 de 2002 (adicionado por
Ley 2251 de 2022); el artículo 3 de la Ley 1843 de 2017 y la Ley 153 de 1887.
27. Pues bien, previo a un análisis de fondo sobre el anterior desacuerdo y los
relativos al defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y orgánico, se
precisa que la exigencia de relevancia constitucional impone cumplir con unos
requisitos mínimos de argumentación y explicación. En este sentido, quien interpone
la solicitud de amparo tiene la carga de exponer de forma razonada los hechos que,
según su criterio, dieron lugar a la vulneración de derechos fundamentales,
identificar cuáles derechos resultaron comprometidos y especificar claramente el
defecto o la causal que haría procedente la acción, en caso de comprobarse.
28. Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional indicó que la exigencia
general mencionada cumple cuatro finalidades principales; a saber: (i) el respeto
por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e
independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal.4
29. Así, al revisar el contenido de las sentencias que aquí se reprochan se
observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que se configuró
el fenómeno de la cosa juzgada, respecto de la pretensión de cumplimiento dirigida
4
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-215 de 2022, identificó los siguientes criterios para
determinar si un asunto goza de importancia constitucional: (i) que la discusión involucre algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una meramente legal
y/o económica; (iii) que la acción de tutela exponga argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial
afectó de manera grave un derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que la parte actora alegue la violación al
debido proceso, a la administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a
un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la
«existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»; y (iv) el análisis contra decisiones de las altas
cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales, ya que estas, al ser tribunales de cierre, son a quienes les corresponde «la
unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las
diferentes áreas del ordenamiento jurídico».
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Demandantes: Leonardo Andrés García Páez y otro
a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y a la Superintendencia de
Transporte, relacionada con los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002,
así como el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 del Ministerio
de Transporte. Lo anterior, por cuanto esa misma autoridad judicial ya había
resuelto en segunda instancia, mediante sentencia del 10 de abril de 2025, la acción
de cumplimiento identificada con radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, la cual
guardaba identidad de objeto, causa y partes demandadas, dado que las normas
cuyo cumplimiento se solicitaba eran las mismas y la demanda se sustentaba en un
supuesto fáctico y jurídico similar.
30. Adicionalmente, la Sección accionada rechazó las acciones de
cumplimiento, en torno del artículo 1 y 2 de la Ley 769 de 2002, porque el accionante
no constituyó en renuencia a la parte pasiva, por cuanto no mencionó estas
disposiciones en las pretensiones del escrito radicado el 25 de septiembre de 2025.
31. Finalmente, declaró improcedentes dichas acciones, frente a las
pretensiones de anulación de comparendos, imposición de los mismos de manera
presencial, por no cumplirse con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera
que no se buscaba el acatamiento de normas, sino cuestionar la legalidad de actos
administrativos sancionatorios, por lo que el asunto debía tramitarse a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho u otros mecanismos del
proceso administrativo, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Además,
consideró que las solicitudes relacionadas con el retiro de vehículos, cambio en el
procedimiento de imposición de comparendos y aplicación de precedentes
judiciales, escapan de la órbita del juez de cumplimiento, ya que implicaría
controvertir actuaciones administrativas o exigir el acatamiento de decisiones
judiciales.
32. Ahora bien, se repara en que el análisis de la Sección Quinta de esta
corporación, dentro de las acciones de cumplimiento, se centró en examinar el
acatamiento de los artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado
por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011; sin que los actores hayan
discutido la inobservancia de las disposiciones que hoy cuestiona en esta sede de
amparo. Adicionalmente, si bien es cierto que la parte actora expresó su desacuerdo
frente a la configuración de la cosa juzgada, también lo es que no expuso ningún
argumento para desvirtuar los elementos para su configuración.
33. Adicionalmente, frente a los cargos relativos a la inobservancia de las
Sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte Constitucional que tratan
sobre la imposición de comparendos y los requisitos que se deben cumplir para ello
y la ausencia de valoración de la renuencia de la Superintendencia de iniciar las
investigaciones ordenadas por la Ley 1843 de 2017, se advierte que estas no
buscan cuestionar las Sentencias del 19 de febrero de 2026, sino insistir en la
discusión planteada en los procesos de cumplimientos.
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34. Finalmente, en cuanto al defecto orgánico alegado, se aclara que este se
estructura cuando el funcionario judicial que dicta la providencia carece de
competencia, supuesto que no encaja en el reparo que hoy exponen los actores. En
todo caso, se precisa que en las providencias censuradas no se ordenó remitir
copias al Consejo Superior de la Judicatura contra el defensor y asesor técnico de
la causa.
35. Así las cosas, se advierte que los argumentos expuestos por los
accionantes evidencian la intención de convertir la acción de tutela en un
mecanismo orientado a replantear discusiones de estricta legalidad ya definidas en
sede ordinaria, particularmente respecto de la valoración de los presupuestos de
procedencia de la acción de cumplimiento, la configuración de la cosa juzgada y la
interpretación de las normas invocadas. Sin embargo, la acción constitucional no
constituye una instancia adicional destinada a reabrir debates ya resueltos por el
juez competente ni a sustituir la valoración jurídica efectuada por la autoridad judicial
accionada.
36. Tampoco se observa que los accionantes hubieran demostrado una
afectación iusfundamental que habilite la intervención del juez constitucional, pues
las afirmaciones relativas al supuesto desconocimiento de precedentes judiciales o
la indebida valoración probatoria carecen de desarrollo argumentativo suficiente y
no permiten establecer un nexo concreto entre la providencia censurada y la
alegada vulneración de derechos fundamentales.
37. Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuenta que las providencias que
resolvieron las acciones de cumplimiento fueron proferidas por el máximo órgano
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, como se dijo en líneas
atrás, el examen debe ser más restrictivo, pues debe acreditarse la existencia de
una irregularidad que desconozca abiertamente mandatos constitucionales y que,
por ende, requiera la imperiosa intervención del juez constitucional.
38. En ese sentido, se advierte que entrar a analizar el fondo del asunto
implicaría invadir la autonomía e independencia de la autoridad judicial accionada,
facultades que se encuentran protegidas por los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, por lo que tratándose de tutela contra providencias judiciales
subsiste una carga mínima de argumentación en cabeza de la parte actora,
consistente en identificar de manera clara y específica el defecto atribuido a la
decisión cuestionada y su incidencia directa en la vulneración de derechos
fundamentales, exigencia que no se satisface en el presente asunto, pues, se
insiste, los accionantes no explicaron de forma concreta por qué las decisiones
adoptadas desconocen el contenido y alcance de los derechos fundamentales cuya
protección reclaman.
39. Así las cosas, se concluye que la discusión planteada por la parte actora no
demuestra la existencia de una controversia de orden constitucional, sino que
reflejan únicamente la inconformidad de los actores con el análisis jurídico realizado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de los procesos de
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cumplimiento. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela
formulada por Leonardo Andrés García Páez y Marcos Francisco Figueroa Fonseca
en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por no haberse superado el
requisito de procedibilidad aquí estudiado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por
Leonardo Andrés García Páez y Marcos Francisco Figueroa Fonseca contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO. NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Superintendencia de Transporte y el Concejo Municipal de Valledupar.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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