Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02831-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02831-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02831-00
Demandante ÓSCAR MAURICIO NOREÑA OSPINA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Medio de control de
reparación directa. Auto que rechazó demanda de reparación directa
por encontrar probada la caducidad del medio de control. Defecto
fáctico y por violación directa de la Constitución. Requisito general de
procedibilidad: relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Óscar Mauricio Noreña Ospina, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de abril de 20261, el señor Óscar Mauricio Noreña Ospina, quien actúa a través
de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al haber dictado los autos del 6 de febrero de
2025, mediante el cual se rechazó la demanda de reparación directa 73001-33-33-
005-2024-00199-00; del 13 de noviembre de 2025, que confirmó la decisión de
rechazo y del 5 de febrero de 2026, con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo
resuelto por el Superior.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en
consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado 5
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 6 de febrero de 2025, y el auto proferido por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 13 de noviembre de 2025, en el proceso de
REPARACIÓN DIRECTA de ÓSCAR MAURICIO NOREÑA OSPINA, radicado No. 73001-
33-33-005-2024-00199-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo,
proferidas por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de acuerdo
con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de que no se
vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.»
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Samai, índice 2.
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Demandante: Óscar Mauricio Noreña Ospina
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Óscar Mauricio Noreña Ospina permaneció detenido en las
instalaciones de la estación de Policía del Guamo Tolima, desde el 23 de
noviembre de 2021 hasta el día 21 de febrero de 2022.
2.2. La parte actora aseguró que una vez recobró la libertad se enteró de que
«presuntamente había sufrido estado de hacinamiento, pero para confirmarlo era necesario
presentar un derecho de petición ante el Departamento de Policía Tolima, con el fin de
corroborar si había padecido de hacinamiento».
2.3. Señaló que el 12 de febrero de 2024 presentó una solicitud en la que pidió que
se le informara cuál era la capacidad total con la que contaba la estación de
Policía del Guamo Tolima para albergar detenidos y si en dichas instalaciones
existía hacinamiento carcelario.
2.4. El 22 de marzo de 2024, el Departamento de Policía del Tolima, estación de
Policía del Guamo dio respuesta a la petición mediante informe GS-2024-
051453-DISPRO-ESTPO-13.0 en el que manifestó: «que tales instalaciones
cuentan con 2 Salas Temporales de privación de la libertad, con una capacidad para 8 PPL,
indicando un porcentaje de hacinamiento de más del 100 %». Fecha a partir de la cual
el accionante afirma que conoció que «padeció estado de hacinamiento durante el
tiempo que permaneció privado de la libertad».
2.5. El 16 de febrero de 2024, el actor presentó solicitud de audiencia de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos
Administrativos de la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró
fallida, y el 19 de abril de 2024 se expidió la constancia, lo que «suspendió el
término de caducidad del medio de control durante el lapso señalado».
2.6. El 19 de abril de 2024, el señor Óscar Mauricio Noreña Ospina presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Fiscalía General
de la Nación; Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho; Ministerio de
Defensa, Policía Nacional; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC;
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC; el Departamento del
Tolima; y el Municipio del Guamo, con la finalidad de que se declarara la
responsabilidad por las condiciones de hacinamiento «sufridas desde el día 23 de
noviembre de 2021 hasta el día 21 de febrero de 2022, mientras permaneció detenido en las
instalaciones de la Estación de policía de Guamo».
Esta demanda fue radicada bajo el 73001-33-33-005-2024-00199-00,
correspondiéndole su conocimiento en primera instancia al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué.
2.7. El 6 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Ibagué dictó auto en el que rechazó la demanda al considerar que había
operado la caducidad del medio de control, en razón a que el demandante tuvo
conocimiento de la situación de hacinamiento a la que presuntamente fue
sometido desde el 23 de noviembre de 2021, de ahí que solo tenía hasta el 24
de noviembre de 2023 para interponer el medio de control. Contra esta
decisión la parte demandante presentó recurso de apelación.
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Demandante: Óscar Mauricio Noreña Ospina
2.8. El mencionado recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima,
el cual, con providencia del 13 de noviembre de 2025, dispuso confirmar el
auto cuestionado, por medio de la cual se rechazó la demanda por haber
operado la caducidad al considerar que el señor Noreña Ospina conoció las
condiciones de hacinamiento desde el momento en el cual fue ingresado lo
cual ocurrió el 23 de noviembre de 2021.
3. Fundamentos de la acción
El señor Óscar Mauricio Noreña Ospina, en su escrito de tutela y de subsanación,
acusó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, pues las autoridades accionadas incurrieron en un
defecto fáctico y por violación directa de la Constitución al haber dictado los autos
del 6 de febrero de 2025, mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio
de control de reparación directa 73001-33-33-005-2024-00199-00, del 13 de
noviembre de 2025, por medio del cual se confirmó la decisión de rechazo y del 5
de febrero de 2026, con el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dictado.
Señaló que en este caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues: (i) esta
acción tiene relevancia constitucional dado que «se trata del desconocimiento del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y derecho a la igualdad»; (ii) se agotaron
todos los medios de defensa judicial ya que se interpuso los recursos que legal y
constitucionalmente están permitidos; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez
toda vez que, «la interposición de la acción constitucional se encuentra dentro de los parámetros
temporales establecidos por el honorable Consejo de Estado».
(iv) se trata de una irregularidad procesal que no le permitió al accionante acceder
a la administración de justicia; (v) identificó los hechos que dieron lugar a la
vulneración de los derechos fundamentales pues en los recursos interpuestos la
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, y (vi) precisó que
las providencias cuestionadas no fueron dictadas dentro del trámite de una acción
de tutela, sino que esta acción va dirigida contra los «fallos (sic) de primera y segunda
instancia de un proceso ordinario de carácter contencioso administrativo».
Como fundamento de sus planteamientos mencionó los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política y las sentencias T-1341 de 2001, T-068 de 2005 y T-954 de
2006 de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental al debido proceso y
mencionó los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Explicó el funcionamiento de la caducidad en el medio de control de reparación
directa por daño continuado, como sustento citó las siguientes sentencias de la
Sección Tercera del Consejo de Estado: «25000-23-41-000-2014-01569-01(AG) de junio 26
de 2015», «Sentencia 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867) de enero 30 de 2013», «Sentencia
70001-23-33-000-2014-00186-01(AG) de octubre 3 de 2019», «radicación 50001-23-31-000-2012-
00196-01(48152) de diciembre 9 de 2013 y « Sentencia 68001-23-31-000-2010-00605-01(49396)
de marzo 1 de 2018»; la sentencia de la Sección Segunda: «1001031500020220133502 de
marzo 2 de 2023»; y las sentencias de la Corte Constitucional T-342 de 2016, T-238
de 2023 y SU-241 de 2024.
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Respecto a los defectos especiales afirmó que las autoridades accionadas al dictar
las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto fáctico y por violación
directa de la Constitución, por las siguientes razones:
3.1. Defecto fáctico: Explicó que existen varias posturas para contabilizar el
término de caducidad para interponer el medio de control de reparación
directa: (i) una restrictiva en la cual se determina que el hacinamiento se
conoció desde el primer día de la detención, es decir que el detenido desde el
primer instante «debe conocer de absolutamente todos los derechos que en su
circunstancia de hacinamiento le son vulnerados». Sin embargo, esta postura no es del
todo acertada pues el detenido se va enterando de la vulneración de sus
derechos con el paso del tiempo.
La otra postura (ii) señala que el término de caducidad empieza a
contabilizarse de dos maneras, la primera desde que el detenido descubre su
estado de hacinamiento (lo que puede suceder luego de ingresar al centro de
detención) y, la segunda indicar que la caducidad empieza a correr a partir del
momento en el que cesa el hacinamiento de quien está privado de la libertad,
como ocurrió en este caso. Al respecto aseguró que no existe jurisprudencia
de unificación al respecto.
Explicó que ante ese panorama el operador judicial debe dar aplicación al
principio pro damnato, que consiste en «permite que la demanda se admita sin
perjuicio de que el juez en momento procesal posterior y previo análisis del material probatorio,
vuelva sobre el punto y decida sobre el mismo» y al principio pro actione, el cual señala
que «ante dudas razonables sobre la procedencia del amparo o sobre la interpretación del
alcance de los requisitos formales, el juez privilegie la protección efectiva de los derechos
fundamentales por encima de formalismos procedimentales», esta aplicación no con la
finalidad de que se acceda a las pretensiones de la demanda, sino que se
estudie y examine de fondo el medio de control, garantizando así el derecho
al acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, en razón a que no es adecuado que el juez contencioso
administrativo «sin prueba objetiva alguna» determine sin previa valoración
probatoria que el detenido conocía su estado de hacinamiento desde el
momento en que ingresó al sitio de reclusión.
Aseguró que las autoridades accionadas no sustentaron de manera objetiva
para rechazar la demanda, por lo que esto se convirtió «en una decisión subjetiva
que no tuvo asidero en la realidad» solo en la mente o criterio del juez contencioso
administrativo.
3.2. Defecto por violación directa de la Constitución: Manifestó que se
configura en este caso pues los accionados rechazaron de plano la demanda
sin tener en cuenta la aplicación de los principios pro damnato y pro actione,
desconociendo los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso al dar prioridad a lo formal en detrimento de lo
sustancial.
Puso de presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado es pacífica al considerar que los mencionados principios
no son de uso facultativo sino de obligatorio cumplimiento que buscan
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«preservar el espíritu de la Carta», en especial si estas herramientas representan a
nuestro Estado Social de Derecho.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 20 de abril de 20262, el despacho sustanciador requirió a
la parte actora para que explicara de qué manera se configuraba en este caso
uno o varios de los requisitos o defectos especiales de los que adolecen las
decisiones que se cuestionan para que proceda la acción de tutela, conforme
a lo establecido en la sentencia C-590 de 2005.
4.2. En providencia del 12 de mayo de 20263, el despacho ponente admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Mauricio Noreña Ospina, quien
actúa a través de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del
Tolima y el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué.
Se ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué para que autorizara el
acceso al expediente 73001-33-33-005-2024-00199-00 aplicando la nueva
funcionalidad de Samai; se reconoció personería a la abogada Diana Patricia
Álvarez Ramírez para actuar en representación del accionante; y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué4 allegó enlace de
consulta en SharePoint del expediente 73001-33-33-005-2024-00199-00 y
adjuntó las piezas procesales.
4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima5 rindió informe en el que realizó un
recuento del trámite que se le impartió al expediente 73001-33-33-005-2024-
00199-00.
Indicó que conoció en segunda instancia del recurso de apelación que
presentó el apoderado del señor Óscar Mauricio Noreña Ospina contra el auto
que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control, allí explicó que el señor Noreña tuvo
conocimiento de las condiciones de hacinamiento desde el mismo momento
en el que ingresó a las instalaciones policiales del Guamo el 23 de noviembre
de 2021, luego el plazo para ejercer el medio de control vencía el 24 de
noviembre de 2023.
Dijo que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la
ley, luego la jurisprudencia es un criterio auxiliar conforme al artículo 230 de la
Constitución, mencionó en qué consiste el derecho al debido proceso, e
identificó las causales generales y especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial.
Adujo que esa Corporación dio cumplimiento a todas las actuaciones que se
requirieron en el trámite ordinario, sin vulnerar el derecho al debido proceso
del accionante, pues se le garantizó su defensa y contradicción. Y destacó que
la decisión que se adoptó se fundó en las pruebas aportadas y en los
2
Samai, índice 4.
3
Samai, índice 10.
4
Samai, índice 16.
5
Samai, índice 19.
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precedentes vigentes, por lo que solicitó que se declarara improcedente esta
acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.
De superar dicho examen, se estudiará si el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en un defecto
fáctico y por violación directa de la Constitución al proferir los autos del 6 de febrero
de 2025, mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio de control de
reparación directa 73001-33-33-005-2024-00199-00, del 13 de noviembre de 2025, por
medio del cual se confirmó la decisión de rechazo y del 5 de febrero de 2026, con
el cual se ordenó obedecer y cumplir lo dictado.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
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argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial, implica un
conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son varios los aspectos
que se estudian a fin de definir si un asunto es de relevancia constitucional.
Entre esos elementos, se requiere que la acción constitucional no se esté
empleando como una instancia adicional para reabrir o prolongar el mismo debate
ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con una carga argumentativa
suficiente; que no se trate de una discusión eminentemente legal o de contenido
económico que no comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para
proponer nuevos argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones
de la decisión judicial cuestionada, entre otras condiciones.
5. Análisis del caso concreto
5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta en el proceso
ordinario pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de
tutela, guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia. Como se analizará a continuación.
5.2. De la revisión del expediente, esta Sala advierte que el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué, mediante auto del 6 de febrero de 2025, dispuso
rechazar la demanda del medio de control de reparación directa 73001-33-33-
005-2024-00199-00 conforme al numeral 1° del artículo 169 y literal i del numeral
2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Como fundamento de su decisión explicó que el Consejo de Estado se ha
pronunciado frente a la institución de la caducidad, (sentencia del 23 de
septiembre de 2010. Exp. 47001-23-31-000-2003-00376-01), indicando que esta
ocurre por la inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo
permitido para hacerlo; y que esta misma Corporación en lo que respecta a la
declaratoria de responsabilidad del Estado con ocasión al hacinamiento ha
señalado que «se debe de contar desde que el interno tuvo conocimiento de la situación de
hacinamiento».
Así pues, realizó la valoración de las pruebas aportadas al plenario para
determinar que conforme al oficio GS-2024-051453-DISPO-ESTPO-13.0 de
fecha del 22 de marzo de 2024 proferido por la comandante (E) de la Policía
Metropolitana de Guamo, se advertía que el porcentaje de hacinamiento en las
instalaciones de esa estación era del «87%», a su vez, en el oficio 158-
EPCGUM-DIR del 6 de febrero de 2023 proferido por el INPEC se hace
referencia a que la capacidad de esa estación es de 100 personas. Esto en los
siguientes términos:
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Demandante: Óscar Mauricio Noreña Ospina
«Dicho lo anterior, dentro del caso sub examine, mediante oficio No. GS-2024-051453-
DISPO-ESTPO-13.0 de fecha del 22 de marzo de 2024, al proferido por la
subintendente Mariana Herrera Ortiz - comandante (E) de la Policía Metropolitana de
Guamo (fls. 99 a 103 del archivo 3), se denota el porcentaje de hacinamiento en las
salas de privación de la libertad de las instalaciones de la estación de policía del Guamo,
el cual es de 87%; porcentaje que se discriminaba para el año 2021 en un total de 252
personas privadas de la libertad entre los meses de enero a diciembre de la anualidad
descrita (fls. 100 a 101 ibidem), así mismo se debe mencionar que, en oficio No.158-
EPCGUM-DIR del 6 de febrero de 2023 proferido por el INPEC, se da cuenta que el
establecimiento penitenciario y carcelario del Guamo cuenta con una capacidad real
de 100 personas (fl.107 del archivo 3), circunstancia entonces que permite vislumbrar
que el establecimiento carcelario ya tenía para el año 2021 un porcentaje de
hacinamiento superior al estimado.
Con lo anterior, igualmente se avizora que el señor Oscar Mauricio Noreña Ospina se
encontraba bajo la custodia en las instalaciones policiales del Guamo desde fecha del
23 de noviembre de 2023 (sic), conforme se denota en oficio GS-2022-128587-DETOL
del 28 de octubre de 2022 (fl. 69 del archivo 3)».
De ahí que concluyera que el señor Óscar Mauricio Noreña Ospina conocía
de la circunstancia de hacinamiento de ese establecimiento desde la fecha de
su ingreso (23 de noviembre de 2021), hacinamiento que superaba el cupo de
100 personas que se tenía, luego el conteo del término de caducidad para
incoar el medio de control de reparación directa se debe realizar desde el
«conocimiento de las condiciones del establecimiento carcelario» teniendo así como
fecha límite para presentar la demanda el 24 de noviembre de 2023, sin
embargo la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 16 de
febrero de 2024 cuando ya había caducidad del medio de control.
Añadió como fundamento la providencia del 28 de noviembre de 2024 dictada
por el Tribunal Administrativo del Tolima en donde en un caso similar se
mencionó que «el señor […] tuvo conocimiento de las condiciones públicas de hacinamiento
en las que se encontraba la Permanente Central de Ibagué- Tolima desde el momento en que
fue ingresado».
5.3. Contra la anterior decisión la apoderada del accionante presentó recurso de
apelación10 argumentando que, en su caso se dio un daño continuado o de
carácter sucesivo, por lo que no podía tenerse como término para el conteo de
la caducidad «el momento de la detención del directo afectado en la Estación de Policía de
Guamo» pues el daño se prolongó durante los meses que estuvo recluido, dado
que los perjuicios se causaron «desde sus capturas hasta el día en el que fue removido
de la permanente», postura que es respaldada en la sentencia del 26 de junio de
2015 «radicación número: 25000-23-41-000-2014-01569- 01(AG)» en la cual se hizo
referencia a la caducidad en el medio de control de reparación directa por daño
continuado, y en sentencia «del 18 de octubre de 2007[…] Exp: AG2001-00029».
Por lo anterior estimó que el término de caducidad debía contabilizarse desde
que el señor Noreña fue removido de las instalaciones de la estación de Policía
de Guamo y no en el momento de su detención.
Aseguró que se presentó una vulneración de los derechos fundamentales y de
los derechos humanos al considerar que desde el primer día de reclusión la
persona «entienda y vivencie en su compleja integridad ese estado de hacinamiento».
Mencionó las sentencias T-153 de 1998 y SU-122 de 2022 para plantear el
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Samai, índice 16.
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estado de cosas inconstitucional que se dio en el asunto del hacinamiento
carcelario.
Y reafirmó que en este caso se está en presencia de un daño continuado que
se prolongó desde el 23 de noviembre de 2021 y hasta el 21 de febrero de
2022, día en el cual el actor recobró su libertad. Esto en los siguientes
términos:
«No se comparte lo anterior, comoquiera que el caso objeto de estudio presentó un daño
continuado o de carácter sucesivo, por ello no debe tenerse en cuenta el momento de la
detención del directo afectado en la Estación de Policía de Guamo, por cuanto el daño se
prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo recluido en dicha estación,
ocasionando perjuicios en el tiempo. En efecto, desde sus capturas hasta el día en el que fue
removido de la permanente, padeció perjuicios a causa del hacinamiento carcelario. […]
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, para el caso en discusión, corresponde a la
vulneración de derechos fundamentales y derechos humanos, como lo tiene entendido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en
la Permanente Central, el cual se extendió en el tiempo para el privado de la libertad OSCAR
MAURICIO NOREÑA OSPINA, desde el día 23 de noviembre de 2.021 hasta el día 21 de
febrero de 2.022, es decir, por más de 3 meses y 2 días, prolongándose el daño, que no dejó
de existir hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la
referencia la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por
fuera de la órbita procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Estación de Policía
del Guamo (Tol.), día en el que cesaron los perjuicios por causa del hacinamiento.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que es contrario a la sana lógica concluir que desde
el primer día de la privación de la libertad los detenidos entiendan y vivencien en su compleja
integridad ese estado de hacinamiento, puesto que la vulneración de derechos humanos y
fundamentales se van conculcando de manera paulatina en el tiempo, verbi gratia, su acceso
al debido proceso o a la administración de justicia, el trato digno, la posibilidad de descontar
tiempo de detención ya por trabajo ya por estudio, derecho a visitas conyugales, aspectos que
son físicamente imposibles de determinar desde el mismo primer día.» (Sic a toda la cita)
5.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 13 de noviembre de
2025 resolvió confirmar la decisión de rechazo de la demanda con fundamento
en los siguientes argumentos:
Manifestó que la controversia recaía en determinar en qué momento debía
iniciar a contabilizarse el término de caducidad, si desde que cesó el daño o
desde cuando se tuvo conocimiento de este. Para ello señaló que conforme a
la ley y a la jurisprudencia por regla general la demanda de reparación directa
debe ser presentada dentro de los dos años contados a partir del hecho que
originó el daño, sin embargo, cuando el daño no se genera o no se hace visible
concomitante con el hecho no se puede contabilizar el término de caducidad
como se mencionó «en tanto que para ese momento, a la víctima no se le habría generado
o no tendría conocimiento el menoscabo cuya resarcimiento le interesaría demandar».
Añadió que la providencia del Consejo de Estado del 27 de agosto de 2020
(Exp. 25000-23-26-000-2009-00508-01) señaló que el término para contar la
caducidad no puede extenderse indefinidamente, por lo que, se debe tomar
como punto de partida «el acaecimiento del hecho o el conocimiento que tuvo el
perjudicado del daño».
Adujo que la sentencia del 6 de diciembre de 2022 (expediente 05001-23-31-000-
2002-04829-01), en la cual se trató el tema de la reparación directa y el
hacinamiento carcelario con CCA, pero que resultaba aplicable, para ello
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mencionó que: «Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde
la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño», de igual forma mencionó la
sentencia del 5 de octubre de 2023 (expediente 11001-03-15-000-2023-02769-
01), para puntualizar que:
«A partir de las anteriores circunstancias fácticas, la Corporación judicial accionada efectuó
una valoración de los pronunciamientos realizados por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en materia de caducidad del medio de control de reparación directa; concluyendo que
son dos los momentos desde los que se puede iniciar el conteo del término de caducidad de
dos años de dicho medio de control: i) el primero hace referencia al momento exacto de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, es decir desde el momento en que
sucede el evento que da origen al daño y ii) el segundo, desde el momento en que el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño, ya que puede ocurrir situaciones en
las que la parte demandante solo tuvo conocimiento de los efectos dañosos de una situación
con el transcurso del tiempo. […]
Así las cosas, es claro que a juicio de la autoridad judicial accionada el término de caducidad
no puede quedar sometido (sic) la cesación del daño, teniendo en cuenta que el hecho dañoso
ya era de conocimiento del accionante, además la norma aplicable al caso no hace distinción
entre los tipos de daño, por lo que en aquellos casos en los que se pretende derivar
responsabilidad del Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho
de que los efectos del daño se extiendan después de su consolidación, no puede evitar que
el término de caducidad inicie a correr, pues si ello fuera así la acción perduraría en el tiempo.
Por tanto, el cumplimiento de la condena del accionante en el centro no modifica el inicio del
momento a partir del cual se debe surtir el conteo de la caducidad. […]
En ese orden de ideas, atendiendo los lineamientos de la jurisprudencia transcrita, se
encuentra que contrario a lo afirmado por la parte demandante, no es procedente tomar como
punto de partida para el cómputo del término de caducidad la fecha en que el […] recobró la
libertad, teniendo en cuenta que como ha quedado probado, tuvo conocimiento del daño en
una fecha anterior.» (Sic a toda la cita)
Concluyendo que el señor Noreña Ospina «tuvo conocimiento de las condiciones
públicas de hacinamiento en las que se encontraba en las Instalaciones Policiales del Guamo
– Tolima desde el momento en el que fue ingresado», es decir desde el 23 de noviembre
de 2021, por lo que al presentar la solicitud de conciliación extrajudicial el 16
de febrero de 2024 se había superado el término de los 2 años.
5.5. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde la
presunta configuración de un defecto fáctico y por violación directa de la
Constitución.
Indicó que existen varias posturas para contabilizar el término de caducidad
para interponer el medio de control de reparación directa, de un lado, una
restrictiva en la cual se determina que el hacinamiento se conoció desde el
primer día de la detención, es decir que el detenido desde el primer instante
«debe conocer de absolutamente todos los derechos que en su circunstancia de
hacinamiento le son vulnerados», postura que no es del todo acertada pues el
detenido se va enterando de la vulneración de sus derechos con el paso del
tiempo; y la que considera acertada, que radica en contabilizar el término de
caducidad desde que el detenido descubre su estado de hacinamiento o a
partir del momento en el que cesa el hacinamiento de quien está privado de la
libertad.
Explicó que frente a este caso el operador judicial debe dar aplicación al
principio pro damnato y al principio pro actione, esta aplicación no con la
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finalidad de que se acceda a las pretensiones de la demanda, sino que se
estudie y examine de fondo el medio de control, garantizando así el derecho
al acceso a la administración de justicia. Pues no es adecuado que el juez
contencioso administrativo «sin prueba objetiva alguna» determine sin previa
valoración probatoria que el detenido conocía su estado de hacinamiento
desde el momento en que ingresó al sitio de reclusión.
Puso de presente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado es pacífica al considerar que los mencionados principios
no son de uso facultativo sino de obligatorio cumplimiento que buscan
«preservar el espíritu de la Carta».
5.6. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
como una instancia adicional lo que no permite que se supere el requisito
general de la relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción
aun cuando no son idénticos a los que el señor Noreña Ospina planteó en el
recurso de apelación contra el auto que rechazó el medio de control, buscan
reabrir el debate judicial pues pretende cuestionar la forma en la que se
contabilizó el término de la caducidad, para que se tuviera la demanda como
presentada en término, reiterando que se trata de un daño continuado cuyo
conteo debía iniciar una vez cesó el daño, es decir cuando el actor recobró la
libertad (21 de febrero de 2022).
Aspecto que de antemano supone para la Sala que el asunto versa sobre una
situación que resultó desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner
de presente su inconformidad con la decisión.
Si bien el actor alega la configuración de un defecto fáctico y por violación
directa a la Constitución, lo cierto es que estos requisitos específicos se
invocan con el propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos
en el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima.
En todo caso, la Sala observa que el pronunciamiento en el que el accionante
funda los defectos especiales sí fue tenido en cuenta en el auto de segunda
instancia objetado, en donde el Tribunal citando un pronunciamiento del
Consejo de Estado indicó que «Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo,
el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta
dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño», postura que
le sirvió de fundamento para la decisión que se adoptó. De manera que, es
posible concluir que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, como jueces de la causa, ya
resolvieron los planteamientos del accionante dentro del trámite ordinario
73001-33-33-005-2024-00199-00.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe « a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales»11.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
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6. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela, dado
que se probó que con esta se buscaba volver sobre un asunto que ya había sido
resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control 73001-33-33-005-2024-
00199-00, finalidad para la cual no está instituida esta acción constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo solicitada por el señor
Óscar Mauricio Noreña Ospina, por las razones expuestas en la motivación
precedente.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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