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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02832-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02832-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la PARÁGRAFO. En aquellos organismos de tránsito que cuenten con más de una ayuda tecnológica, la sanción a la que hace referencia este artículo se determinará teniendo en cuenta únicamente aquellas ayudas tecnológicas que no cumplían con los criterios de seguridad vial para su instalación y operación." 14 Radicado: 11001-03-15-000-2026-02832-01 Accionante: Yolima Rosa López Canales Se confirma la decisión de primera instancia improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02832-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02832-01
Accionante: Yolima Rosa López Canales
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia del
7 de mayo de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción de cumplimiento con
radicado núm. 20001-23-33-000-2025-00734-01, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que había declarado improcedente la acción de
cumplimiento respecto de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, el
Concejo Municipal de Valledupar y la Superintendencia de Transporte. En su lugar,
rechazó la acción frente al Ministerio de Transporte por falta de renuencia, declaró
la cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y
declaró improcedentes las demás pretensiones por incumplir el requisito de
subsidiariedad. Se confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de abril de 2026, la señora Yolima Rosa López Canales presentó demanda
en ejercicio de la acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Improcedencia de la acción de cumplimiento /
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad / Rechaza por falta de constitución en renuencia y declara cosa
juzgada / Confirma / Improcedencia / Relevancia constitucional.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02832-01
Accionante: Yolima Rosa López Canales
Se confirma la decisión de primera instancia

acceso a la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio
de seguridad jurídica, con ocasión de la sentencia del 26 de febrero de 2026,
mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó la decisión de primera
instancia proferida el 11 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Cesar y, en su lugar, declaró la cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135 y
158A de la Ley 769 de 2002, así como la improcedencia de las demás pretensiones
formuladas dentro de la acción de cumplimiento instaurada contra la
Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Transporte del
municipio de Valledupar.

2. La accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):

(…) PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD
y a la SEGURIDAD JURÍDICA de EL ACCIONANTE (sic) y, por extensión, de la
colectividad afectada, los cuales fueron vulnerados por al Sección Quinta del
Consejo de Estado al proferir una providencia que desconoce el imperio de la
Constitución y la Ley.
SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS
JURÍDICOS la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro de la acción de cumplimiento con radicado (…), por configurar una Vía de
Hecho mediante un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente vinculante
de la Corte Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio Consejo
de Estado.
TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días,
profiera una NUEVA SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación deberá
acatar lo dispuesto en los Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo que la
Superintendencia de Transporte, según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley
769 de 2002, tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no
puede ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial.
CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar
cumplimiento estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo
3 de la Ley 1843 de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica
de los sistemas SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha
cumplido con su función de policía administrativa al permitir la operación de
dispositivos móviles y "cruce de datos" sin la debida señalización y validación
humana.
QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio
de su facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del
Código Nacional de Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la
REVOCATORIA OFICIOSA Y MASIVA de la totalidad de los comparendos
(aproximadamente 92.000) impuestos en Valledupar mediante prácticas prohibidas
(vehículos en movimiento y falta de plena identificación del infractor).
SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de
todos los efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y
procesos de cobro coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la
autoridad de tránsito de Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la
carga probatoria de identificar al conductor infractor, conforme a la Sentencia de
Unificación SU-011 de 2020.
SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió
en un Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender
aplicar fallos previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la aparición de normas

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Accionante: Yolima Rosa López Canales
Se confirma la decisión de primera instancia

de orden público posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que obligan a la
administración a actuar de oficio frente a la ilegalidad técnica.
OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE
ACUSACIONES (o autoridad competente), para que se investigue la
responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de la Superintendencia de
Transporte y se verifique si la actuación de los magistrados de la Sección Quinta se
apartó deliberadamente del bloque de constitucionalidad para favorecer intereses
de recaudo de un operador privado.
NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto
masivo sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA
PERMANENTE sobre el cumplimiento de este amparo mediante un incidente de
seguimiento, asegurando que la Superintendencia de Transporte no emita
respuestas administrativas ambiguas o vacuas que pretendan burlar la orden
judicial.
DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros recaudados
bajo este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo que el Estado no
puede lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos que han perdido su
fuerza ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA).(…)

B. Hechos

3. El 18 de noviembre de 2025, la señora Yolima Rosa López Canales presentó
acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte, el Concejo
Municipal de Valledupar, el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Tránsito y
Transporte del municipio de Valledupar, con el fin de obtener el acatamiento de los
artículos 1, 2, 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. También solicitó
la anulación de más de 71.000 comparendos impuestos con los vehículos de
fotodetección conocidos como "caza infractores", el retiro de los tres vehículos
utilizados y la imposición presencial de los comparendos.

4. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto a la
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar y de la
Superintendencia de Transporte, al encontrar que la demandante tenía a su alcance
otros medios ordinarios de defensa para lograr el cumplimiento del deber invocado,
y que lo pretendido implicaba una discusión de carácter subjetivo, ajena al objeto
de la acción de cumplimiento.

5. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de apelación, en el
que sostuvo que la acción sí era procedente, pues no buscaba anular un
comparendo individual, sino el acatamiento de las normas que regulan la legalidad
del sistema de fotodetección en Valledupar y, con ello, la anulación de las más de
71.000 órdenes de comparendo generadas por dicho sistema. Solicitó, además, que
se ordenara a la Secretaría de Tránsito dar cumplimiento inmediato a esas normas,
con garantía del debido proceso y de la identificación plena del infractor.

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Accionante: Yolima Rosa López Canales
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6. El 26 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó sentencia
en la que revocó la decisión apelada y, en su lugar, adoptó las siguientes decisiones:
(i) rechazó la acción respecto de los artículos 1 y 2 de la Ley 769 de 2002 y del
Ministerio de Transporte, por no encontrarse acreditada la constitución en renuencia
frente a esa entidad; (ii) declaró la cosa juzgada respecto de los artículos 129, 135
y 158A de la misma ley y del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020,
al encontrar identidad de objeto, causa y partes con el fallo del 10 de abril de 2025,
proferido dentro del expediente núm. 20001-23-33-000-2024-00029-01; y (iii)
declaró la improcedencia de la acción frente a las demás pretensiones, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al corresponder su estudio al juez
de lo contencioso administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.

C. Fundamentos de la vulneración

7. La accionante sostuvo que la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en
conexidad con el principio de seguridad jurídica, al incurrir en las siguientes
irregularidades:

7.1. Defecto sustantivo, por aplicación indebida de la cosa juzgada. La Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró la cosa juzgada respecto de los artículos 129,
135 y 158A de la Ley 769 de 2002, con fundamento en la sentencia del 10 de abril
de 2025, expediente núm. 20001-23-33-000-2024-00029-01; sin embargo, esa
decisión se produjo antes de que resultara exigible el mandato de revocatoria
oficiosa incorporado al artículo 158A por la Ley 2251 de 2022, de modo que la causa
jurídica invocada en el proceso de la referencia no coincide con la analizada en el
precedente.

7.2. Defecto sustantivo, por desconocimiento del deber de vigilancia de la
Superintendencia de Transporte, toda vez que la providencia atacada omitió la
integración del parágrafo 3 del artículo 32 de la Ley 769 de 2002 y del artículo 33 de

2 “Artículo 3. Autoridades de tránsito. Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de

tránsito, en su orden, las siguientes:
El Ministro de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital.
La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente
territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo.
Los Agentes de Tránsito y Transporte.
(…) PARÁGRAFO 3°. Las Autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que
constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y
Transporte. (…)”
3 “Artículo 3. Autoridad competente para la verificación del cumplimiento de los criterios técnicos. La
Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá como función:
Adelantar, de oficio o a petición de parte, acciones tendientes a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos
definidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, en el evento de encontrar
incumplimientos por parte de la autoridad de tránsito en dichos criterios podrá iniciar investigación

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la Ley 1843 de 20174, normas que atribuyen a la Superintendencia de Transporte la
función de vigilancia y control sobre los organismos de tránsito territoriales.

7.3. Defecto fáctico, por omisión en la valoración de la renuencia acreditada, en la
medida en que en el expediente consta el correo electrónico del 26 de septiembre
de 2025, mediante el cual la accionante constituyó en mora a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y a la Superintendencia de Transporte; sin
embargo, la Sección Quinta declaró la cosa juzgada sin valorar que ese
requerimiento comprendía el cumplimiento del artículo 158A en su versión vigente
tras la Ley 2251 de 2022.

7.4. Desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que las sentencias C-
038 de 2020 y C-321 de 2022 de la Corte Constitucional establecieron que la
utilización de medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito no
releva al Estado de la carga de identificar plenamente al infractor, precedente que
la providencia cuestionada desconoció al declarar la improcedencia de las
pretensiones orientadas a garantizar esa identificación.

7.5. Defecto orgánico y funcional, por la compulsa de copias contra quien actuó como
defensor. La providencia cuestionada ordenó remitir copias ante el Consejo Superior
de la Judicatura en su contra, lo que en criterio de la accionante constituye un ataque
directo al ejercicio de la defensa técnica y de la veeduría ciudadana, empleado como
herramienta de presión para silenciar la denuncia sobre la ilegalidad de los sistemas
SAST en Valledupar, en desconocimiento del derecho al libre ejercicio de la
profesión y del artículo 29 de la Constitución Política.

D. Trámite procesal

8. Mediante auto del 20 de abril de 2026 5 , el despacho ponente 6 de la Sección
Primera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, negó la medida
provisional y ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en
calidad de terceros al Municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte,
a la Superintendencia de Transporte, al Concejo Municipal de Valledupar, al
Ministerio de Transporte y al Tribunal Administrativo del Cesar.

E. Oposiciones e intervenciones

9. La Sección Quinta del Consejo de Estado7 solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, se deniegue el amparo, al no encontrarse
reunidas las condiciones para la procedencia excepcional de la tutela contra

correspondiente la cual podrá concluir con la suspensión de las ayudas tecnológicas hasta tanto cumplan los
criterios técnicos definidos”.
4 “Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos

y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”.
5 Índice 4 de Samai del expediente de primera instancia.
6 Magistrado Ponente: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
7 Índice 12 de Samai del expediente de primera instancia.

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providencias judiciales. Sostuvo que la accionante se limitó a reiterar los
argumentos que sirvieron de sustento a la acción de cumplimiento, sin acreditar los
requisitos especiales fijados por la Corte Constitucional para este tipo de acciones,
y reiteró que la improcedencia de la acción de cumplimiento se justificó en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que este medio es residual y
no principal, lo que presupone que no se cuente o haya contado con un medio
ordinario de defensa judicial.

10. El Ministerio de Transporte8 contestó que no le constan los hechos del escrito de
tutela y solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que las pretensiones no guardan relación con sus funciones y que las
transgresiones alegadas se predican de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Solicitó, además, que se declare la improcedencia de la acción, por no satisfacer el
requisito de relevancia constitucional y por pretender la protección de derechos
colectivos y la revocatoria de actos administrativos, para lo cual la accionante cuenta
con mecanismos distintos a la tutela.

11. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar9 señaló que no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales de la actora, en tanto la decisión
cuestionada se fundó en la valoración de los hechos y pruebas obrantes en el
procedimiento de la acción de cumplimiento.

12. El Concejo Municipal de Valledupar10 indicó que no era procedente su vinculación
a la acción de tutela, pues sus funciones, fijadas en el artículo 313 de la Constitución
Política, son de naturaleza político-administrativa y no comprenden la
administración de justicia, competencia que en el presente caso corresponde a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que es la autoridad accionada.

F. Decisión impugnada

13. Mediante sentencia del 7 de mayo de 202611, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la demanda de tutela por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

13.1. La accionante se limitó a reiterar los argumentos que fueron expuestos en el
trámite de la acción de cumplimiento, sin acreditar una vulneración de los derechos
fundamentales invocados que trascendiera el ámbito de la mera legalidad. Lo
anterior evidencia que pretende emplear el mecanismo de amparo como una
instancia adicional para reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del
asunto, en desconocimiento del carácter subsidiario y excepcional que gobierna la
tutela contra providencias judiciales.

8 Índice 11 de Samai del expediente de primera instancia.
9 Índice 14 de Samai del expediente de primera instancia.
10 Índice 16 de Samai del expediente de primera instancia.
11 Índice 18 de Samai del expediente de primera instancia.

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13.2. En cuanto al defecto sustantivo alegado por la aplicación extensiva de la cosa
juzgada, se constató que la providencia cuestionada ya había examinado dicho
aspecto, al verificar identidad de objeto, causa y partes con un asunto resuelto
previamente entre las mismas partes. De ello se concluyó que existía una decisión
de fondo, inmutable, vinculante y definitiva sobre el mismo asunto, sin que se
advirtiera arbitrariedad judicial alguna en tal determinación.

13.3. Aunque la accionante planteó que la autoridad accionada incurrió en un defecto
orgánico, fáctico y desconocimiento del precedente, al ordenar la compulsa de
copias contra el asesor jurídico, omitir la valoración probatoria sobre la renuencia
de la Superintendencia de Transporte a investigar y desatender lo dispuesto en las
sentencias C-038 de 2020 y C-321 de 2022, se constató que la providencia
cuestionada no ordenó la compulsa alegada, por lo que dicho cargo carecía de
sustento fáctico, y que los demás cuestionamientos tampoco evidenciaban
arbitrariedad judicial.

13.4. Respecto de la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Transporte, se negó su procedencia, comoquiera que a dicha entidad le asistía
interés jurídico para ser vinculada a la acción constitucional, en tanto fue parte
demandada dentro del medio de control de cumplimiento cuestionado.

14. En ese sentido, resolvió:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Transporte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

G. Impugnación

15. La parte accionante impugnó la sentencia del 7 de mayo de 202612 y solicitó
amparar los derechos fundamentales invocados, con fundamento en que:

15.1. La controversia planteada satisface el requisito de relevancia constitucional, en
la medida en que no se limita a un debate de mera legalidad, sino que involucra la
afectación de derechos fundamentales de un número indeterminado de ciudadanos,
derivada de la imposición de sanciones sin el cumplimiento de las garantías
mínimas del debido proceso.

12 Índice 22 de Samai del expediente de primera instancia.

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15.2. No se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, comoquiera que las decisiones
invocadas como antecedente se fundamentaron en la insuficiencia probatoria sobre
la existencia de sistemas de fotodetección, mientras que en el presente caso se
plantean hechos nuevos relacionados con la continuidad de la conducta
administrativa cuestionada, lo cual excluye la identidad de causa exigida para su
procedencia.

15.3. Sin perjuicio de lo anterior, se estructuraría una cosa juzgada aparente,
comoquiera que la providencia cuestionada omitió analizar la evolución fáctica y
normativa del asunto, en particular la expedición de la Ley 2251 de 2022, que
introdujo modificaciones sustanciales al régimen jurídico aplicable a los sistemas de
detección de infracciones de tránsito.

15.4. La providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental, comoquiera que interpretó de manera restrictiva la Ley 393 de 1997,
desconociendo la finalidad de la acción de cumplimiento como mecanismo de
control normativo; omitió valorar y decretar las pruebas necesarias para esclarecer
la existencia del sistema de imposición de comparendos; e incurrió en exceso ritual
manifiesto al privilegiar aspectos formales sobre el estudio material de la vulneración
alegada.

15.5. La autoridad judicial accionada desconoció las funciones de inspección,
vigilancia y control atribuidas a la Superintendencia de Transporte en los artículos 4
y 5 del Decreto 2409 de 2018, así como el mandato de revocatoria de comparendos
irregulares previsto en el artículo 158A de la Ley 769 de 2002.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por la señora Yolima Rosa López
Canales contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Sentido de la decisión

17. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues los argumentos de la
impugnante se limitan a reiterar su inconformidad con los fundamentos que
sustentaron la declaratoria de cosa juzgada y la improcedencia de la acción de
cumplimiento adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin evidenciar
una actuación arbitraria o carente de sustento que justifique la intervención del juez
constitucional.

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J. El requisito de relevancia constitucional

18. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra
providencias judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger
los derechos fundamentales13. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la decisión cuestionada14, con el fin de impedir “que el mecanismo
de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley
que dieron origen a la controversia judicial”.

19. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra
providencia judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir
el debate del proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte
Constitucional estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente
relevancia constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez
constitucional se involucre en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones15.

20. En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser
trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política
o para la determinación del alcance de un derecho fundamental;

ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela
como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente
legales y la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales;

iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017,

M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas
Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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21. Para la Corte Constitucional17, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

22. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”18.

K. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

23. La accionante afirma que la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente al declarar la
cosa juzgada respecto de algunas pretensiones y la improcedencia frente a las
demás, dentro de la acción de cumplimiento que promovió con el fin de obtener la
anulación de los comparendos impuestos mediante los vehículos «caza
infractores» en Valledupar, el retiro de dichos vehículos y la imposición presencial
de las sanciones de tránsito.

24. No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la
interposición de la demanda de tutela que ocupa la atención de la Sala se dirigen
de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos,
analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación presentado en contra
de la sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
del Cesar.

25. En el recurso de apelación, la parte demandante planteó los mismos
argumentos que ahora presenta en sede constitucional. En concreto, que la acción
de cumplimiento tenía naturaleza general y colectiva y no perseguía la anulación
de comparendos individuales; que la normativa invocada exige la identificación
plena del infractor y la presencialidad del agente de tránsito; que el requerimiento
del 26 de septiembre de 2025 configuró la renuencia administrativa de la
Secretaría de Tránsito y de la Superintendencia de Transporte; y que la operación
del sistema de fotodetección sin autorización de esta última constituyó una
extralimitación de funciones. Puntualmente, indicó:

(…) II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
1. Error en la interpretación de la acción de cumplimiento

17 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Yolima Rosa López Canales
Se confirma la decisión de primera instancia

El Tribunal consideró que debía acudirse al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, como si se tratara de la anulación de comparendos
individuales. Esta interpretación desconoce la naturaleza general y colectiva de la
acción de cumplimiento, regulada en el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393
de 1997.
La acción de cumplimiento no busca la nulidad de actos particulares, sino la
ejecución de normas generales de orden público que regulan la legalidad de los
sistemas de fotodetección en el municipio de Valledupar.
2. Precedente constitucional y contencioso aplicable
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la acción de
cumplimiento es procedente para exigir la aplicación de normas generales:
• Sentencias C-1194 de 2001, C-157 de 1998, C-1038 de 2002, C-157 de 2002, C-
038 de 2020 y C-321 de 2022: establecen que el proceso contravencional debe
respetar el debido proceso y la imputación personal de la infracción.
• Sentencias T-289 de 2024 y T-130 de 2024: reafirman que las acciones de
cumplimiento son procedentes para garantizar normas de orden público.
• Consejo de Estado, Sentencia 00303 de 2018: exige la presencialidad del agente
de tránsito en la imposición de comparendos.
• Tutelas STP649-2017 y T-051 de 2016: prohíben la responsabilidad objetiva en
materia contravencional.
Estos precedentes han declarado ilegales los comparendos de fotomultas
cuando no está plenamente identificado el presunto infractor, y han reconocido
la procedencia de la acción de cumplimiento para exigir la aplicación de normas
como el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito (comparendo presencial)
y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020.
3. Perjuicio grave e inminente
La acción de cumplimiento busca evitar un perjuicio grave e inminente derivado
de la expedición de más de 71.000 comparendos ilegales en Valledupar,
generados por sistemas de foto detección que no cumplen los requisitos legales
establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, donde actualmente miles
de persona en Valledupar la secretaria de tránsito y el municipio de Valledupar,
vienen embargando las cuentas de nequi, y de Bancolombia a los presuntos
infractores para obligarlo a realizar los mandamientos de pago, así mismo a cada
momento le envían mesa saje de texto a su celulares amenazándole que le van a
embargas sus cuentas bancarias, y amiles le pagar los comparendo o hacer
mandamiento de pago para poder hacer los traspaso, los conductores de motos y
vehículos no tienen tranquilidad, los trabajadores no duerme bien pensando que le
ban a embargar sus sueldo , debido que les pagan a través de cuenta.
No cuento con otro mecanismo judicial rápido, eficaz y procedente para lograr la
materialización de este deber legal:
• La acción de tutela no es procedente, porque no se trata de la protección de
derechos fundamentales individuales.
• La acción de nulidad y restablecimiento del derecho tampoco procede, porque
no solicito la nulidad de comparendos personales (no tengo infracciones de tránsito),
sino el cumplimiento de normas generales de orden público.
(…)
TERCERO señor consejo de estado si es procedente esta acción de cumplimiento.
El Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento
bajo el argumento de que debía acudirse al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Esta interpretación desconoce el artículo 87 de la
Constitución Política y la Ley 393 de 1997, que consagran la acción de
cumplimiento como mecanismo autónomo para exigir la aplicación de normas
generales de orden público.
En este caso:
• No se busca la anulación de un comparendo individual.
• Se exige la revocatoria de más de 71.000 comparendos impuestos de forma
automática, mediante vehículos “caza infractores”, sin identificación plena del

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Accionante: Yolima Rosa López Canales
Se confirma la decisión de primera instancia

infractor, sin autorización legal y en contravención del Código Nacional de Tránsito.
• La acción es colectiva, pues afecta a todos los conductores del municipio de
Valledupar y protege derechos constitucionales como el debido proceso, la
presunción de inocencia y la legalidad administrativa.
(…)
III. Configuración de la renuencia administrativa
El requerimiento previo del 26 de septiembre de 2025 dirigido a la Secretaría de
Tránsito y a la Superintendencia de Transporte no fue respondido en los términos
legales, configurando la renuencia administrativa exigida por la Ley 393 de 1997.
La jurisprudencia ha establecido que el silencio frente a un requerimiento válido
habilita la acción de cumplimiento:
• C-010 de 2001: El silencio frente a un requerimiento válido configura renuencia
administrativa.
• C-651 de 2003 y SU-387 de 2022: La administración debe actuar con celeridad y
eficacia; el silencio es inadmisible.
• Consejo de Estado, Sentencia 00219 de 2018: Basta la falta de respuesta para
configurar renuencia.
IV. Extracción de funciones y violación del principio de legalidad
Desde 2024 hasta septiembre de 2025, la Secretaría de Tránsito de Valledupar
impuso más de 75.000 comparendos mediante vehículos de fotodetección, sin
contar con autorización legal de la Superintendencia de Transporte ni de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, en contravía de los artículos 1 y 2 de la Ley 1843 de
2017.
Esto configura:
• Extralimitación de funciones.
• Violación del principio de legalidad y del debido proceso administrativo (art.
29 C.P.).
• Desconocimiento del procedimiento establecido en el numeral 1 del artículo 135
del Código Nacional de Tránsito, que exige la presencialidad del agente y la
identificación plena del infractor (…).

26. Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la providencia del 26 de
febrero de 2026, en la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la
decisión del Tribunal Administrativo del Cesar y resolvió, entre otras
determinaciones, rechazar la acción de cumplimiento respecto de los artículos 119
y 220 de la Ley 769 de 200221 y del Ministerio de Transporte, al no encontrarse

19 “Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio

nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas,
agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías
privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de
tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de
los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común
del espacio público.
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e
inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este
código.
Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el
cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización”.
20 “Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las

siguientes definiciones:
(…) Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento,
que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los
vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho
(…)”.
21 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

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acreditado el requisito de constitución en renuencia previsto en el artículo 822 de la
Ley 393 de 199723, en la medida en que el requerimiento previo enviado por la
accionante no fue remitido a esa entidad ni contenía una exigencia clara de
cumplimiento frente a dichas disposiciones.

27. Asimismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la cosa juzgada en
relación con el cumplimiento de los artículos 12924, 13525 y 158A26 de la Ley 769

22 “Artículo 8. Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad

que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza
de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
También procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de Ley y Actos Administrativos, lo cual no
excluirá el ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho”.
23 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
24 “Artículo 129. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones

prevista s en este código, a través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de
conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente
que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario
deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al
conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que
rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación, en caso de no concurrir
se impondrá la sanción al propietario registrado del vehículo”.
25 “Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el

procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará
al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.
Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta
por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
la infracción.
La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el
conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de
tránsito firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.
El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional, así
como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si
así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite.
El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo
haya suscrito por éste.
PARÁGRAFO 1. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella
encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so
pena de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del
comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
PARÁGRAFO 2. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o
privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas”.
26 “Artículo 158 A. Incumplimiento de criterios de seguridad vial para la instalación y operación de ayudas

tecnológicas. Las autoridades de tránsito serán sancionadas con multa equivalente al doble del valor recaudado
por concepto de las multas impuestas en los procesos sancionatorios derivados de las infracciones detectadas
con ayudas tecnológicas, en aquellos casos en que se utilicen dichas ayudas, sin el cumplimiento de los criterios
de seguridad vial para su instalación y operación establecidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial en cumplimiento de la Ley 1843 de 2017.
Todas aquellas multas impuestas durante el periodo en el cual no se contó con la autorización, deberán ser
revocadas de forma oficiosa por parte de la autoridad de tránsito y sin necesidad de la autorización expresa del
afectado, dentro de un término que, en ningún caso, podrá superar los 30 días hábiles siguientes a la fecha en
la cual haya quedado en firme la decisión que para el efecto haya proferido la Superintendencia de Transporte.
Los recursos provenientes de la multa prevista en el presente artículo entrarán a formar parte del presupuesto
de la Superintendencia de Transporte.

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Se confirma la decisión de primera instancia

de 2002 y del artículo 6 de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020, al
haberse establecido identidad de objeto, causa y partes con lo resuelto en
sentencia previa y ejecutoriada proferida por esa misma Sección el 10 de abril de
2025 dentro del proceso con radicado núm. 20001-23-33-000-2024-00029-01, y
declaró la improcedencia de las demás pretensiones, por tratarse de un debate de
carácter subjetivo cuyo conocimiento correspondía al juez de lo contencioso
administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

28. En esos términos, resulta claro para la Sala que los reparos formulados por vía
de tutela ya fueron objeto de pronunciamiento dentro del trámite ordinario, en la
medida en que la controversia relativa a la naturaleza general o particular de la
acción de cumplimiento, a la configuración de la renuencia administrativa y a la
procedencia de acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho fue expresamente planteada por la propia accionante en el recurso de
apelación y decidida por la Sección Quinta en la providencia cuestionada.

29. En este orden de ideas, la accionante no puede pretender reabrir, por vía de
tutela, un debate que ya fue planteado y resuelto dentro del trámite ordinario.
Admitir lo contrario supondría convertir la acción de tutela en una instancia
adicional a las ya surtidas dentro de la acción de cumplimiento, en contradicción
con el carácter subsidiario y excepcional que este mecanismo tiene frente a
decisiones judiciales.

30. Lo anterior evidencia que los reparos formulados no configuran ningún defecto
susceptible de control por vía de tutela, sino que ponen de presente una mera
inconformidad de la accionante con el resultado del proceso ordinario.

31. La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es de carácter
residual y no puede emplearse para desconocer la autonomía e independencia
judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Este mecanismo
constituye un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada. En consecuencia, se declarará improcedente el amparo
constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 7 de mayo de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la

PARÁGRAFO. En aquellos organismos de tránsito que cuenten con más de una ayuda tecnológica, la sanción
a la que hace referencia este artículo se determinará teniendo en cuenta únicamente aquellas ayudas
tecnológicas que no cumplían con los criterios de seguridad vial para su instalación y operación."

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Accionante: Yolima Rosa López Canales
Se confirma la decisión de primera instancia

improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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