Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02839-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02839-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02839-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02839-01
Demandante: José Fernando Mina Angulo
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad en el medio de
control de reparación directa por hacinamiento carcelario /
Violación directa de la constitución política y desconocimiento del
precedente judicial
Decisión: Confirmar la decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. La Sala decide la impugnación interpuesta por José Fernando Mina Angulo,
en contra de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negó la solicitud de amparo de
la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
2. José Fernando Mina Angulo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 25 de junio y el 28 de noviembre de 2025 por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente, en el medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 76109-33-33-001-2024-00163-00/01.
3. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
3.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Rama Judicial y otros, con la finalidad de que se les declarara
1 Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua
2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: José Fernando Mina Angulo
responsables por los perjuicios ocasionados por las condiciones de hacinamiento en
que se encontraba mientras estuvo detenido en las instalaciones del centro de
detención transitorio Marte de Buenaventura, desde el 6 de enero de 2021 hasta el 9
de junio de 2022.
3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura en
providencia del 25 de junio de 2025 declaró acreditada la excepción de la caducidad,
ya que tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento desde el momento en que
ingresó al centro de detención transitorio Marte (7 de enero de 2021), por lo que
contaba hasta el 7 de enero de 2023, para interponerlo, lo cual no ocurrió. En contra
de esta decisión interpuso recurso de apelación.
3.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 28 de
noviembre de 2025 confirmó la decisión del a quo bajo similares argumentos, pues
las circunstancias de hacinamiento que padeció en el centro de detención transitorio
Marte de Buenaventura configuraron un daño de ejecución instantánea, más no
continuado.
3.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, protegidos tanto por la
Carta como por los instrumentos internacionales2. Asimismo, en relación con el
hacinamiento carcelario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos3, determinó
que el Estado es responsable de la violación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, debido a que los detenidos padecen condiciones de reclusión
calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3.5. Por otra parte, la Corte Constitucional4 ha privilegiado el derecho de acceso a
la administración de justicia al analizar el cómputo del término de caducidad del medio
de control de reparación directa. En el mismo sentido, el Consejo de Estado5 ha
precisado que, cuando la ocurrencia del daño no coincide con su conocimiento o se
está ante un daño continuado cuya producción se prolonga en el tiempo, dicho
término debe contabilizarse desde el momento en que la víctima conoce su existencia
o adquiere certeza sobre la consolidación del perjuicio, en la medida en que este
continúa produciéndose mientras persistan sus efectos.
2 Al respecto citó: i) la Declaración Universal de Derechos Humanos; ii) el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3 Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C No. 241, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras.
4 Al respecto citó: T-342 de 2016, T-334, T-238 de julio 4 de 2023, SU-241 de junio 20 de 2024, T004
de 2025.
5 Al respecto citó: sentencia del 30 de enero de 2025, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia
25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867), CP: Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 9 de
diciembre de 2013 Sección Tercera - Subsección A, radicación 50001-23-31-000-2012-00196-01;
sentencia del 1 de marzo de 2018 Sección Tercera - Subsección A, C.P. María Adriana Marín,
Sentencia 68001-23-31-000-2010-00605-01(49396); sentencia del 2 de marzo de 2023 Sección
Segunda - Subsección A, 11001031500020220133502.
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Demandante: José Fernando Mina Angulo
3.6. Asimismo, correspondía aplicar los principios pro damato, pro homine y pro
actione, los cuales imponen privilegiar las disposiciones constitucionales sobre
interpretaciones restrictivas o exigencias meramente formales, especialmente
cuando están comprometidos derechos fundamentales. Esta exigencia cobra mayor
relevancia cuando la controversia tiene origen en omisiones atribuibles al Estado que
ocasionaron afectaciones continuadas, como el hacinamiento carcelario, y la persona
no contaba con condiciones reales para comprender, desde el inicio de su reclusión,
el alcance jurídico de la vulneración sufrida.
1.1.1. Pretensiones
4. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante
y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 1 Administrativo del Circuito de Buenaventura el 25 de junio de 2025, y el auto
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 28 de noviembre de 2025,
en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de JOSÉ FERNANDO MINA ANGULO,
radicado No. 76109-33-33- 001-2024-00163-00, así como también las actuaciones
posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 1 Administrativo del Circuito de
Buenaventura.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir decisión de reemplazo,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
5. La Policía Nacional6 solicitó que se declarara improcedente la petición de
amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte demandante, pues las garantías fundamentales fueron materializadas al
interior de las diferentes etapas procesales, comoquiera que, de acuerdo con los
presupuestos fijados en la jurisprudencia, la caducidad sí debía computarse a partir
del 7 de enero de 2021, ya que las condiciones inherentes al hacinamiento son
ostensiblemente notorias, por lo que contaba hasta el 7 de enero de 2023 para
presentar la demanda, y solo lo hizo hasta el 12 de julio de 2024.
6. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 7 requirió que se declarara
improcedente, o en su defecto, se negara la petición de amparo por no acreditar los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad exigidos para la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales. Máxime, cuando la verdadera
intención del demandante era reabrir por vía de tutela una controversia que ya había
sido discutida y decidida dentro del medio de control de reparación directa, pese a
6 Ver índice 10 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«13RECIBEMEMORIAL_gs2026011592segen(.pdf) NroActua 10».
7 Ver índice 11 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «14_MemorialWeb_Alegatos-
038642026JOSEFE(.pdf) NroActua 11».
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Demandante: José Fernando Mina Angulo
haber contado con oportunidades procesales para ejercer su derecho de defensa y
exponer sus argumentos.
7. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios8 requirió su
desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por
pasiva al no tener competencia para dejar sin efectos la sentencia cuestionada por el
demandante.
8. El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de
Buenaventura9 pretendió que se negara la solicitud de amparo, por cuanto las
decisiones cuestionadas se ajustaron plenamente al ordenamiento jurídico y al
material probatorio obrante en el expediente, por lo que tampoco se acreditó la
configuración de los defectos endilgados.
9. La Fiscalía General de la Nación10 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva ya que no existe relación de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por
el demandante con ocasión de las actuaciones de las autoridades judiciales objeto
de reproche en el escrito de tutela.
10. El Distrito Especial de Buenaventura11 requirió su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva por no existir
vulneración de derechos fundamentales atribuible a su actuación, o en su defecto,
que se negara al no acreditarse la existencia de un defecto en las providencias
judiciales cuestionadas.
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca12 solicitó que se negara la
petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
alegados, así como tampoco se configuró el requisito de relevancia constitucional ni
se acreditó defecto alguno que justificara la intervención excepcional del juez
constitucional. Máxime, cuando el escrito se limitó a enunciar de manera abstracta
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sin
demostrar en qué forma específica las providencias acusadas los comprometieron.
12. El Ministerio de Justicia y del Derecho13 pretendió que se declarara
improcedente la solicitud de tutela por incumplimiento de los requisitos excepcionales
8
Ver índice 12 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «15_MemorialWeb_Respuesta-
No02839JOSEFERNAN(.pdf) NroActua 12».
9
Ver índice 14 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«22_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-20262839Contestacio(.pdf) NroActua 14».
10
Ver índice 15 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «24_MemorialWeb_Respuesta-
RespuestaAccionde(.pdf) NroActua 15».
11
Ver índice 16 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «25_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTAACCIONDE(.pdf) NroActua 16».
12
Ver índice 17 de Samai de primera instancia. Archivo denominado
«27RECIBEMEMORIAL_Memorial_Contestaciontutela20(.pdf) NroActua 17».
13 Ver índice 18 de Samai, en actuación denominada «28_MemorialWeb_Alegatos-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 18».
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de procedibilidad establecidos para controvertir providencias judiciales, o en su
defecto, se negara ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el demandante. Asimismo, su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto no es la entidad competente ni tuvo injerencia en los
hechos que dieron origen a la presente petición de amparo.
13. El departamento del Valle del Cauca14 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte demandante. Asimismo, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones por cuanto no tiene ninguna relación con los hechos
expuestos en el escrito de tutela, pues no hace parte del Consejo Superior de Política
Criminal en Colombia, ni tiene la facultad para disponer de la custodia y el traslado
de los imputados que se encuentren en los llamados centros de detención transitoria.
1.3. Sentencia de primera instancia15
14. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 14
de mayo de 2026 negó la solicitud de amparo, al considerar que no se configuró
ningún defecto que habilitara excepcionalmente la procedencia de la solicitud de
tutela contra providencias judiciales, y, en consecuencia, tampoco la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por el demandante, pues el análisis de la
autoridad judicial demandada no resultó arbitrario, caprichoso, irrazonable o
desproporcionado, por el contrario, la providencia cuestionada expuso de manera
clara las razones jurídicas y fácticas que sustentaron la contabilización del término
de caducidad.
15. Lo anterior, por cuanto se analizaron las circunstancias particulares del caso,
la naturaleza del daño alegado, el momento en que el demandante tuvo conocimiento
de las condiciones de hacinamiento y explicó por qué consideró que la afectación
correspondía a un daño de ejecución instantánea y no a uno continuado.
16. Si bien el demandante alegó el desconocimiento de varias providencias
judiciales, lo cierto es que dichas decisiones no constituyen precedente vinculante en
los términos planteados, pues no fijaron una regla jurisprudencial unificada y
obligatoria sobre la materia, y otras, resolvieron supuestos fácticos distintos a los
discutidos en la presente solicitud de tutela. Máxime, cuando se limitó a transcribir
apartes de distintas providencias judiciales, sin identificar de manera concreta la regla
o subregla jurisprudencial presuntamente desatendida por el tribunal.
17. Asimismo, aunque alegó el desconocimiento de los principios pro damato, pro
homine y pro actione, lo cierto es que no se evidencia que se hubiese incurrido en
14 Veríndice 20 de Samai, en actuación denominada «31_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 20».
15 Ver índice 23 de Samai, en actuación denominada
«35Sentencia_INTERLOCUT_00211001031500020260(.pdf) NroActua 23».
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una interpretación restrictiva o meramente formalista del asunto, pues no existe una
postura unificada por parte del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo respecto de la contabilización del término de caducidad en los medios
de control de reparación directa relacionados con afectaciones derivadas del
hacinamiento carcelario.
1.4. Escrito de impugnación16
18. José Fernando Mina Angulo impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió
en los argumentos expuestos en la solicitud de tutela, en especial, lo relativo a la
vulneración de sus derechos fundamentales por el desconocimiento de la naturaleza
continuada del daño de cara al precedente de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado. Por cuanto, se inobservó los principios pro homine, pro actione y pro
damato, al avalar una interpretación restrictiva de la caducidad que fijó el
conocimiento del daño desde el primer día de reclusión en un centro de detención
transitoria.
2. Consideraciones
19. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200017 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201918, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
20. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado19 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema20. Al respecto señaló lo
siguiente:
16 Ver índice 29 de Samai en el expediente de primera instancia, en actuación denominada
«RECIBEMEMORIAL_Memorial_apelacionjosefernand(.pdf) NroActua 29».
17 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
18 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
21. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
22. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo21, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
23. Ahora bien, la Corte Constitucional22 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
24. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos23,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
23 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales24.
25. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
26. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de
José Fernando Mina Angulo con ocasión de la providencia del 28 de noviembre de
2025, mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control de
reparación directa por haber operado el fenómeno de la caducidad, con la que
incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente judicial y en violación
directa de la Constitución Política?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
27. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
28. En este punto, la Sala aclara que, si bien el demandante no indicó de manera
expresa a cuáles defectos hacía referencia, lo cierto es que, de conformidad con los
argumentos expuestos, se entiende que se refirió al desconocimiento del precedente
y a la violación directa de la Constitución Política. Razón por la cual, el análisis se
circunscribirá al estudio de la presunta configuración de estos.
2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
29. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
30. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
24 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
31. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
32. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Violación directa de la Constitución Política
33. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de
las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
34. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de
la Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual
puede configurarse por dos hipótesis:
35. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
36. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales
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2.5.4. Sobre el caso concreto
37. José Fernando Mina Angulo acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
providencia proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual confirmó la decisión de rechazar el medio de control
de reparación directa que interpuso, al encontrar configurado el fenómeno jurídico de
la caducidad.
38. Lo anterior, según insistió en su escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en violación directa de la Constitución Política al desconocer sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En ese
contexto, sostuvo que correspondía aplicar los principios pro damato, pro homine y
pro actione, los cuales exigen privilegiar las disposiciones constitucionales frente a
interpretaciones restrictivas o formalismos procesales, en especial cuando están
comprometidas garantías fundamentales. Agregó que esta interpretación adquiere
especial relevancia cuando la controversia surge de omisiones imputables al Estado
que generan afectaciones continuadas, como el hacinamiento carcelario, y la persona
privada de la libertad no dispone de condiciones materiales para comprender, desde
el comienzo de su reclusión, el alcance jurídico de la lesión padecida.
39. En desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 la cual
ha privilegiado el derecho de acceso a la administración de justicia al analizar el
cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa. En el
mismo sentido, del Consejo de Estado26, el cual ha precisado que, cuando la
ocurrencia del daño no coincide con su conocimiento o se está ante un daño
continuado cuya producción se prolonga en el tiempo, dicho término debe
contabilizarse desde el momento en que la víctima conoce su existencia o adquiere
certeza sobre la consolidación del perjuicio, en la medida en que este continúa
produciéndose mientras persistan sus efectos.
40. En este punto, se recuerda que el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
en cuanto a la caducidad del medio de control de reparación directa, dispuso:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
25 Al respecto citó: T-388 de 2013, T-861 de 2013.
26 Al respecto citó: (i) Sección Tercera, Subsección A, fallo de tutela del 5 de mayo de 2025, radicación
11001-03-15-000-2025-01176-00; (ii) Sección Tercera, Subsección A, fallo de tutela del 19 de mayo
de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-02071-00; (iii) Sección Tercera, Subsección A, fallo de
tutela del 1 de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-02792-00; y (iv) Sección Tercera,
Subsección A, fallo de tutela del 1 de julio de 2025, radicación 11001-03-15-000-2025-03031-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02839-01
Demandante: José Fernando Mina Angulo
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […].
41. Con fundamento en la normativa expuesta, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en lo referente a la responsabilidad estatal en casos de hacinamiento
carcelario, de cara al precedente judicial sentado por el máximo órgano de lo
contencioso-administrativo respecto al momento en que debe empezar a contarse el
término en estos casos, consideró:
«[…] El Consejo de Estado27 ha establecido que, aunque un daño se prolongue en el
tiempo después del hecho generador, esto no posterga indefinidamente el término de
caducidad de la acción de reparación directa, ya que la norma no contempla tal supuesto.
El término debe computarse desde el día siguiente al hecho, omisión u operación
administrativa que causó el perjuicio, sin esperar a que el daño se concrete
completamente, pues de lo contrario se confundirían los hechos con sus secuelas. Sin
embargo, existe una excepción importante basada en el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.): cuando la parte demandante tuvo
conocimiento del daño con posterioridad a su ocurrencia, el conteo de la caducidad inicia
desde la fecha en que conoció efectivamente el perjuicio, pues una interpretación contraria
vulneraría los derechos fundamentales y el derecho de acción, considerando que lo
desconocido solo existe para el sujeto cuando lo advierte o se hace manifiesto.
[…]
Finalmente, el Consejo de Estado sostuvo respecto de la caducidad del medio de control
en asuntos de hacinamiento carcelario que: “aunque los efectos perduren en el tiempo, el
conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta
dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño…”.28
[…]
En este caso, la parte demandante solicitó la declaratoria de responsabilidad
administrativa por perjuicios derivados del hacinamiento carcelario del 253% padecido
entre el 6 de enero de 2021 y el 9 de junio de 2022 en el centro de detención transitorio
Marte de Buenaventura. La juez de primera instancia declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control al computar el término desde el 7 de enero de 2021 (día
siguiente al ingreso), concluyendo que la demanda presentada el 16 de julio de 2024
excedió el plazo de dos años. La parte demandante apeló la decisión al considerar que el
término debió contarse desde el 9 de junio de 2022 cuando cesó el daño continuado, o
subsidiariamente desde el 28 de febrero de 2023 cuando tuvo conocimiento cierto del
hacinamiento, invocando la naturaleza de tracto sucesivo del daño.
Ahora bien, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el momento inicial para el cómputo
del término de caducidad en asuntos de hacinamiento carcelario, que aunque los efectos
perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde
que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo
conocimiento del daño, pues las condiciones inherentes al hacinamiento son
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, consejera
Ponente Dra. María Adriana Marín, radicación número 25000-23-26-000-2009-00508-01(46706).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C. P.
Guillermo Sánchez Luque; Sentencia del 6 de diciembre de 2022, Radicación número: 05001-23-31-
000-2002-04829 01(47148) Acto: William Alberto Molina Sánchez y otros, Demandado: Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y otro, Referencia: Medio de control de reparación directa
Caducidad aplicable en asuntos de hacinamiento carcelario.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02839-01
Demandante: José Fernando Mina Angulo
ostensiblemente notorias y afectan sustancialmente la cotidianidad de quienes lo
padecen.
El apelante sostuvo que el daño causado por hacinamiento carcelario constituye un daño
de tracto sucesivo y/o continuado, apartándose del precedente jurisprudencial del Consejo
de Estado. La Sala considera que las circunstancias de hacinamiento que padeció el
demandante en el centro de detención transitorio Marte de Buenaventura, Valle del Cauca,
configuran un daño de ejecución instantánea, independientemente de que genere efectos
en el tiempo, razón por la cual la Sala no comparte los argumentos expuestos por el
apelante, pues no se configura en el caso objeto de estudio un daño continuado, ya que
este se estructura cuando sus consecuencias negativas se conocen con el transcurso del
tiempo y con posterioridad al hecho generador.
En este asunto, al momento del ingreso al centro de detención, el porcentaje de
hacinamiento era elevado (209%16), constituyendo un hecho notorio que no admite
discusión, máxime cuando el propio demandante acepta haber conocido las pésimas
condiciones existentes.
Por lo anterior, la Sala considera que, en el presente asunto, el actor tuvo conocimiento
del daño desde el día siguiente a su ingreso al centro de detención, desde el 7 de enero
de 2021, venciendo el término para demandar el 7 de enero de 2023. La solicitud de
conciliación prejudicial fue radicada de forma posterior, el 27 de mayo de 2024, cuando el
término ya había expirado; posteriormente se expidió la constancia de no conciliación el 9
de julio de 2024 y se presentó la demanda el 12 de julio de 2024, fecha en la cual el medio
de control ya estaba caducado.
Por último, se pone de presente que esta Corporación y Sala (Dr. Fernando Augusto
García Muñoz), en un caso similar al ahora estudiado se pronunció en igual sentido en
sentencia de 31 de octubre de 2025, radicado No. 76109-33-33-001-2024-00157-01, por
tanto, la Sala acogiendo en su integridad el precedente horizontal en la materia y los
argumentos aquí expuestos, confirmará la sentencia apelada. […]» [sic].
42. Como se observa, la autoridad judicial demandada acató lo dispuesto en el
CPACA, a efectos de declarar probada la excepción de caducidad de cara con las
circunstancias que rodeaban la situación particular de José Fernando Mina Angulo,
en concordancia con la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado que determina
que, en los casos en que se persigue la responsabilidad del Estado con ocasión del
hacinamiento padecido en un centro penitenciario y carcelario, se debe tener en
cuenta la fecha en que se produce la conducta dañosa o en que el demandante tuvo
conocimiento del daño, es decir, desestimó la tesis de que el hacinamiento alegado
generaba un daño continuado.
43. A juicio de la Sala, resulta ajustado a derecho que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca contara el término de caducidad a partir del día siguiente del
ingreso del demandante al centro de detención transitorio Marte de Buenaventura (7
de enero de 2021), por lo que tenía hasta el 7 de enero de 2023 para acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, no obstante, solo presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial el 27 de mayo de 2024, cuando ya había finiquitado el
lapso legal para ello.
44. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la normativa y
jurisprudencia aplicable al caso, de conformidad con las circunstancias en las que se
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02839-01
Demandante: José Fernando Mina Angulo
encontraba José Fernando Mina Angulo, diferente es, que no se le otorgara la entidad
ni el alcance por él pretendido, pues, independientemente de que los efectos del daño
perduraran durante determinado tiempo, el demandante conoció de las condiciones
de hacinamiento alegadas desde que ingresó al centro de reclusión.
45. Por otra parte, aunque los principios pro damato, pro homine y pro actione
orientan la interpretación de las normas procesales en favor de la protección efectiva
de los derechos fundamentales, ello no implica que puedan desconocerse las reglas
legales y de orden público que regulan el fenómeno de la caducidad ni extender, por
esa sola circunstancia, el término previsto por el legislador para el ejercicio del medio
de control de reparación directa. Pues, aunque las consecuencias de la afectación se
prolonguen durante el tiempo de reclusión, ello no transforma el daño en uno de
carácter continuado para efectos del cómputo.
46. Además, en cuanto al desconocimiento del precedente endilgado, si bien el
demandante se limitó a transcribir apartes de los pronunciamientos sin mayor
argumentación, lo cierto es que, frente a aquellos que fueron expuestos también en
el escrito inicial, se observa que ninguno constituye precedente aplicable y de
obligatorio acatamiento, por varias razones, a saber:
46.1. Respecto a las providencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera es pertinente precisar que no existe una posición unificada en cuanto a la
caducidad del medio de control de reparación directa en eventos en los que se alega
el daño antijurídico por hacinamiento carcelario, de manera que el juez de tutela no
tiene competencia para unificar tal criterio y tampoco para definir la tesis que debe
prevalecer.
46.1. En cuanto a los pronunciamientos del máximo órgano de lo constitucionales
debe precisarse que aquellos fueron proferidos dentro de expedientes
constitucionales, razón por la cual, sus efectos son inter-partes y no puede
pretenderse que se extiendan a la generalidad.
47. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
48. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02839-01
Demandante: José Fernando Mina Angulo
49. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y, por lo tanto, no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
50. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la
decisión del a quo, mediante la cual, negó el amparo de los derechos fundamentales
de José Fernando Mina Angulo en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y otro.
51. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual, negó el amparo de los
derechos fundamentales de José Fernando Mina Angulo, en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
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Demandante: José Fernando Mina Angulo
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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