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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02841-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02841-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02841-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Gildardo Ruiz Rivera.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02841-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Gildardo Ruiz Rivera en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin
de que se declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual se
negó la adición del tiempo que estuvo privado de la libertad y, en
consecuencia, se ordene el reajuste de sus prestaciones sociales.

1.2. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, mediante
sentencia de 14 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda
al considerar que el señor Gildardo Ruiz Rivera no puede acceder a las
prerrogativas previstas en el parágrafo 1° del artículo 51 de la Ley 1820

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de 2016, debido a que el delito de homicidio agravado no se encuentra
dentro de los tipos penales cobijados por dicha disposición. Además,
recalcó que para el momento de aplicación de la norma ya ostentaba la
calidad de condenado desde el fallo de primera instancia proferido el 15
de septiembre de 2011, cuando la ley exige que el beneficiario esté
únicamente investigado. Asimismo, al asumir competencia la JEP en
2019, ya no se encontraba suspendido del servicio sino retirado
definitivamente de las Fuerzas Militares por condena penal, por lo que
tampoco cumplía el requisito de estar en servicio activo.

1.3. Inconforme con la decisión anterior el accionante presentó recurso
de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante decisión de
22 de octubre de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia por
considerar que con ocasión de la investigación penal adelantada contra
el señor Gildardo Ruiz Rivera, este fue suspendido del servicio en
distintos periodos en los cuales continuó percibiendo salarios, primas y
subsidios conforme al artículo 95 del Decreto 1790 de 2000, norma que
no definía si ese tiempo podía computarse para prestaciones sociales. Al
someterse voluntariamente a la JEP y obtener la libertad transitoria,
condicionada y anticipada prevista en el artículo 51 de la Ley 1820 de
2016, dicha disposición únicamente permite computar el tiempo de
privación de la libertad para efectos de la asignación de retiro y no para
las demás prestaciones sociales.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en “[…] una vía
de hecho que vulnera mis derechos al Debido Proceso (Art. 29), la Igualdad
(Art. 13) y la Seguridad Social, Mínimo Vital, Derecho al Trabajo y Estabilidad
Laboral (Art. 25, 48 y 53) […]”, al ignorar “[…] la existencia de las Leyes 1820
de 2016 y 1957 de 2019 (Artículo 51), la cual gozan de una jerarquía especial
por ser parte del bloque de constitucionalidad transicional, en ese orden, al

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negarme el cómputo de los 7 años, 2 meses y 7 días bajo el argumento de que
yo era "condenado" y no "investigado", es una distinción que la Corte
Constitucional, ya superó en la Sentencia C-007 de 2018, el espíritu de la ley
es que el tiempo de privación de la libertad de los agentes del Estado, por
hechos del conflicto, sea reconocido para efectos prestacionales una vez se
sometan a la JEP, sin importar la etapa procesal en la que se encontraban.
[…]”.

Recalcó que la autoridad accionada incurrió en desconocimiento del
precedente toda vez que se apartó de la “[…] sentencia del 7 de abril de 2011
MP. Luis Rafael Vergara Quintero, que se pronunció que cuando un miembro
de las Fuerzas Militares es suspendido, dicho tiempo debe contabilizarse para
efectos prestacionales, una vez sea retirado o separado del servicio, pues se
presume que el militar se encuentra activo y percibiendo parte de su salario
[…]” y de la sentencia proferida en el proceso 05001-23-33-000-2018-01499-
00 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cual conlleva a la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y seguridad
social.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Igualdad y a la Seguridad Social y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia del 02 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 76001-33-33-021-2021-
00153-01.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en un
término perentorio, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo en concordancia
con las consideraciones expuestas en esta providencia, relacionadas con
la aplicación de las leyes 1820 de 2016 y 1957 de 2019 y las que
correspondan jurisdiccionalmente, en lo atinente al reconocimiento y
liquidación de mi asignación de retiro por los aportes realizados a esta
prestación social. […]”.

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 20 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali manifestó que, dado
que la razón de inconformidad del accionante se contrae a que no se accedió
a las pretensiones de la demanda, se remitió en su defensa a los argumentos
expuestos en la sentencia de primera instancia que plasman los elementos y
razones de hecho y de derecho que llevaron a tomar la decisión, y adjuntó el
vínculo del expediente en Samai.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
el 14 de mayo de 2024 y el 2 de octubre de 2025 dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76001-33-33-021-
2021-00153-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”
[…] y mucho menos justifica […] “razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales” […].

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que las autoridades accionadas negaron las pretensiones de la demanda al
considerar que el señor Gildardo Ruiz Rivera no puede acceder a las
prerrogativas previstas en el parágrafo 1° del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016
pues dicha disposición únicamente permite computar el tiempo de privación de
la libertad para efectos de la asignación de retiro y no para las demás
prestaciones sociales.

Esta circunstancia se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto
por el juez natural de la causa judicial, como quiera que las autoridades
accionadas expusieron de manera coherente, razonada y fundamentada las
razones jurídicas por las cuales consideraron que no era procedente acceder a
lo pretendido en la demanda teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 51
de la Ley 1820 de 2016.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la conclusión adoptada
por las autoridades accionadas, lo cual no significa que las providencias
judiciales cuestionadas sean arbitrarias o caprichosas y mucho menos pueden
ser catalogadas como vulneradoras de derechos fundamentales.

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En este contexto, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con las decisiones adoptadas
por las autoridades accionadas como si este mecanismo se tratase de un
recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse
en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le
es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia
del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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