Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02847-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02847-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante GABRIEL TOBÍAS OYOLA MORENO
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental al debido proceso. La mora
judicial. Medio de control de simple nulidad. Solicitud de aclaración
contra el auto que fijó el litigio. Carencia de objeto por hecho
sobreviniente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de abril de 20261, el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
con ocasión a la presunta mora judicial en resolver la solicitud de aclaración
presentada contra el auto del 26 de septiembre de 2025 en el proceso de nulidad
simple con radicado 11001-03-25-000-2019-00993-00 (acumulado).
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se le solicita muy respetuosamente a su señoría, AMPARE el DERECHO FUNDAMENTAL
INVOCADO, el cual ha sido VULNERADO por el MAGISTRADO LUIS EDUARDO MESA NIEVES
DE LA SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO.
2. Se le solicita muy respetuosamente a su señoría, le ORDENE al MAGISTRADO LUIS
EDUARDO MESA NIEVES DE LA SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO, que RESUELVA la SOLICITUD DE ACLARACIÓN interpuesta, con el fin que
PRECISE LOS MOTIVOS por el cual OMITIÓ INCLUIR en la FIJACIÓN DEL LITIGIO, que
también era OBJETO DE CONTROVERSIA EL DETERMINAR SI LOS ACUERDOS
PARCIALMENTE DEMANDADOS VULNERARON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL
ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PORQUE CABE DESTACAR QUE ERAN
OBJETO DE LAS DEMANDAS ACUMULADAS Y SUS CONTESTACIONES.».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El 11 de diciembre de 2019, los señores Luis Carlos Carvajal Santos y otros,
ejercieron el medio de control de simple nulidad contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil, con la finalidad de que se declarara la nulidad del literal B
del artículo 28 y el artículo 30 del Acuerdo CNSC 20181000006056 del 24 de
septiembre de 2018.
1
Samai, índice 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Por reparto este proceso le correspondió en única instancia a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del magistrado
Gabriel Vabuena Hernández, con el radicado 11001-03-25-000-2019-00993-00.
La demanda fue admitida por auto del 19 de junio de 2020 y mediante
providencia del 26 de julio de 2021 se negó la medida cautelar solicitada.
2.2. El 16 de diciembre de 2019, el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno presentó
demanda en ejercicio del medio de control de simple nulidad contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil, pretendiendo la nulidad del «literal B del
artículo 28 y el artículo 30 (Prueba Físico Atlética) del Acuerdo No. CNSC 20181000006056
DEL 24 – 09 – 2018 – Distrito Capital por cuanto la Resolución 301 de 2018».
Por reparto este proceso le correspondió en única instancia a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, despacho del magistrado
Gabriel Vabuena Hernández, con el radicado 11001-03-25-000-2019-01050-00.
La demanda fue admitida mediante auto del 30 de noviembre de 2022 y
mediante providencia del 29 de abril de 2022 se negó la medida cautelar
solicitada.
2.3. Mediante providencia del 4 de noviembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado decretó la acumulación de la
demanda identificada con el radicado 11001-03-25-000-2019-01050-00 al
proceso 11001-03-25-000-2019-00993-00.
2.4. El 23 de junio de 2023, el despacho sustanciador declaró no probadas las
excepciones previas propuestas por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
vinculó a la Universidad Libre en calidad de tercero con interés y le corrió
traslado de la demanda.
2.5. El 6 de septiembre de 2023, la Universidad Libre contestó las demandas y
propuso excepciones. Dentro del término de traslado los demandantes se
opusieron a la prosperidad de éstas.
2.6. Con auto del 12 de septiembre de 2024, los demás integrantes de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvieron
declarar infundada la recusación propuesta por el señor Gabriel Tobías Oyola
Moreno contra el magistrado Luis Eduardo Mesa Nives.
2.7. Mediante providencia del 26 de septiembre de 2025, el despacho ponente
resolvió sanear el proceso para precisar que los actos demandados eran «los
artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-20181000006056 del 24 de septiembre de 2018; así como
los Acuerdos CNSC – 20181000007386 del 16 de noviembre de 2018 y CNSC –
20191000006646 del 4 de julio de 2019, que los aclararon y ajustaron»; prescindió de la
audiencia inicial y de pruebas por encontrarse acreditados los presupuestos
para proferir sentencia anticipada; incorporó como pruebas los documentos
aportados en la demanda, contestaciones, en el trámite de medida cautelar, la
oposición a las excepciones y los antecedentes administrativos de los actos
demandados; fijó el litigio; se requirió los documentos que la Comisión
Nacional del Servicio Civil mencionó aportar como prueba en la contestación,
se ordenó correr traslado de estos; se indicó que cumplidas las órdenes dadas
se corriera traslado por Secretaría para alegar de conclusión y para que el
Ministerio Público rindiera concepto y que el expediente pasaría al despacho
para fallo.
2.8. El 9 de octubre de 2025, el señor Gabriel Tobías Moreno y otros, presentó
memorial en el que solicitó la aclaración del auto del 26 de septiembre de 2025,
al considerar que la fijación del litigio que se realizó no abarcó de forma
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
adecuada el problema jurídico que se planteó en las demandas y en las
contestaciones de las demandas.
2.9. La parte actora afirmó que al momento de la radicación de esta acción
constitucional no se ha resuelto la solicitud de aclaración presentada contra el
auto del 26 de septiembre de 2025.
3. Fundamentos de la acción
El señor Gabriel Tobías Oyola Moreno consideró que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda
vez que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela no se ha resuelto la
solicitud de aclaración presentada contra el auto del 26 de septiembre de 2025, en
el cual se fijó el litigio.
Como fundamento de su acción citó el artículo 29 de la Constitución Política, y 285
del Código General del Proceso, y señaló que lo pretendido es que se «RESUELVA la
SOLICITUD DE ACLARACIÓN interpuesta, con el fin que PRECISE LOS MOTIVOS por el cual OMITIÓ
INCLUIR en la FIJACIÓN DEL LITIGIO, que también era OBJETO DE CONTROVERSIA EL DETERMINAR
SI LOS ACUERDOS PARCIALMENTE DEMANDADOS VULNERARON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL
ARTÍCULO 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PORQUE CABE DESTACAR QUE ERAN OBJETO DE
LAS DEMANDAS ACUMULADAS Y SUS CONTESTACIONES».
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 20 de abril de 2026, se admitió2 la acción de tutela interpuesta por
el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
En calidad de terceros con interés se vinculó a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, al Distrito de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad, Convivencia
y Justicia, a la Universidad Libre, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, al Ministerio Público y a los señores Ana Tulia Nieto Villamil,
Andrea Concepción del Carmen, Cuervo Chaves, Arconiris Sabogal
Rodríguez, Blanca Lydi Beltran Urrego, Carmen Rosario Banguera
Rivadeneira, Ceferino Cortes Moreno, Delfín Escobar García, Eduardo
Joaquín Rhenals Avilez, Enrique Olaya Jamaica, Jaime Humberto Sarmiento
Bonilla, Jonh Alexander López Acuña, Jonh Elver Acosta Pava, José Eduardo
Ramírez Reyes, Kevin Alexander Mora Gómez, Luis Carlos Carvajal Santos,
Marlly Catalina Franco Chaparro, Milly Andrea Estevez Breton Dueñas,
Orlando Vela Tribaldos, Pedro Elías Moreno González, Sandra Milena
Guzmán Cano, Wilson Carrillo Penagos y Wilson Emigdio Guerrero Ladino.
Se ofició al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, para que
rindiera informe del trámite que le ha dado al proceso con radicado 11001-03-
25-000-2019-00993-00 (acumulado) 11001-03-25-000-2019-01050-00, para que
indicara el turno en el que se encontraba el expediente, allegara prueba que
permitiera demostrar el trámite impartido, fijara un aviso para informar la
existencia del proceso, y se ordenó surtir las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,3 a través del
magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, rindió informe en el que manifestó que
en el medio de control 11001-03-25-000-2019-00993-00 se advirtió la posibilidad
de emitir sentencia anticipada por cumplir con los términos del artículo 182 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en adelante CPACA. Por ello, en el auto del 26 de septiembre de 2025 dispuso
la integración jurídica del debate, prescindir de la audiencia inicial prevista en
el artículo 180 del CPACA, resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas,
2
Samai, índice 4.
3
Samai, índice 9.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
fijó el litigio, y dispuso correr el traslado a las partes y al Ministerio Público
para presentar alegatos de conclusión y concepto.
Indicó que, con posterioridad, la parte demandante, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de
Bogotá y la Universidad Libre presentaron alegatos de conclusión. Luego, la
Secretaría de la Sección pasó el expediente para fallo el 19 de marzo de 2026.
Resaltó que la Secretaría cumplió con el traslado ordenado en el numeral
sexto del auto del 26 de septiembre de 2025, en donde se había ordenado:
«correr el respectivo traslado a las partes junto con todas las pruebas decretadas e
incorporadas en esta providencia, por el término de tres (3) días, de acuerdo con lo prescrito
en el artículo 110 del CGP», lo que se evidencia en el índice 118 y 119 de Samai.
Mencionó que, la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión sin
mencionar que se encontraba pendiente resolver la solicitud de aclaración de
la fijación del litigio, por lo que se entiende saneado ese aspecto al no
encontrarse enlistado como una causal de nulidad de las consagradas en el
artículo 133 del Código General del Proceso.
Añadió que en el mencionado proceso se dictó sentencia en la que se
analizaron los cargos de nulidad invocados por los actores en las «contestaciones
de la demanda y las pruebas recaudadas, es decir, que el litigio se resolvió en forma completa
y congruente». En este orden de ideas aseguró que se garantizó el derecho de
contradicción y defensa de las partes, en consecuencia, solicitó se negara esta
acción.
4.3. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor
de Bogotá4 solicitó que se declarara improcedente esta acción de tutela, en
razón a que, esa autoridad no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, más aún cuando considera que en su caso existe falta de
legitimación por pasiva.
Destacó que las providencias judiciales cuestionadas fueron proferidas por el
juez competente, por lo que, no le es dable a esa autoridad alterar, modificar
o interpretar el alcance de las decisiones judiciales. Añadió que, el hoy
accionante presentó sus alegatos de conclusión en término sin que se
registrara oposición alguna solicitando la nulidad o saneamiento de la
actuación, de ahí que el despacho sustanciador dictó sentencia el 19 de marzo
de 2026, decisión que fue notificada el 20 de abril de 2026. Por último, solicitó
su desvinculación del proceso.
4.4. La Universidad Libre5 manifestó que carece de legitimación en la causa y
solicita su desvinculación, pues esta acción se dirige contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado por la presunta vulneración al
debido proceso derivada de la omisión en resolver una solicitud de aclaración
presentada contra el auto interlocutorio que fijó el litigio. Como motivos para
sustentar su postura mencionó que no tiene competencia para resolver la
solicitud de aclaración y tampoco tiene capacidad decisoria para fijar el litigio.
4.5. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá6 señaló que carece de competencia para intervenir en este
trámite constitucional al no haber sido vinculado como accionado o tercero con
interés, lo que demuestra que no integra el contradictorio ni ostenta
legitimación. Por consiguiente, mencionó que remitiría la notificación para que
fuera redireccionada a las entidades correspondientes.
4
Samai, índice 11.
5
Samai, índice 12.
6
Samai, índice 14.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
4.6. La Comisión Nacional del Servicio Civil, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, el Ministerio Público y los señores Ana Tulia Nieto
Villamil, Andrea Concepción del Carmen, Cuervo Chaves, Arconiris Sabogal
Rodríguez, Blanca Lydi Beltran Urrego, Carmen Rosario Banguera
Rivadeneira, Ceferino Cortes Moreno, Delfín Escobar García, Eduardo
Joaquín Rhenals Avilez, Enrique Olaya Jamaica, Jaime Humberto Sarmiento
Bonilla, Jonh Alexander López Acuña, Jonh Elver Acosta Pava, José Eduardo
Ramírez Reyes, Kevin Alexander Mora Gómez, Luis Carlos Carvajal Santos,
Marlly Catalina Franco Chaparro, Milly Andrea Estevez Breton Dueñas,
Orlando Vela Tribaldos, Pedro Elías Moreno González, Sandra Milena
Guzmán Cano, Wilson Carrillo Penagos y Wilson Emigdio Guerrero Ladino,
guardaron silencio a pesar de haber sido notificados en debida forma7.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa. Legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional9 ha señalado que la
legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal
que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta
resulte demostrada.
En el presente asunto, el accionante cuestiona la presunta mora en la que estaría
incurriendo la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al no
haber resuelto aun la solicitud de aclaración presentada contra el auto del 26 de
septiembre de 2025 en el proceso de nulidad simple con radicado 11001-03-25-000-
2019-00993-00 (acumulado).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor
de Bogotá y la Universidad Libre señalaron que carecían de legitimación en la causa
por pasiva, porque las pretensiones de la demanda de tutela iban dirigidas en contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. No obstante, la vinculación
de esas autoridades no fue como parte demandada, sino en calidad de terceros
con interés, porque fungieron como parte pasiva del proceso objeto de tutela. En
consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
7
Samai, índice 7 y 10.
8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
9
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Gabriel Tobías Oyola
Moreno con ocasión a la presunta mora judicial en la que habría incurrido esta
autoridad al no haber resuelto la solicitud de aclaración presentada contra el auto
del 26 de septiembre de 2025 en el proceso de nulidad simple con radicado 11001-
03-25-000-2019-00993-00 (acumulado).
4. La mora judicial injustificada
4.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y
al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona tiene
derecho a «un debido proceso público sin dilaciones injustificadas».
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: «(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora»10.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sólo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.
4.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia11. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.
Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde valorar en cada caso, si la
conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. Por lo tanto, en el evento en que exista una
justificación que explique la tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar
del juez no existirá mora judicial injustificada y en consecuencia no se habrán
vulnerado los derechos fundamentales de quien acudió a la justicia12.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que «la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega».
10
Corte Constitucional. Sentencia T-297 de 2006.
11
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
5. De la carencia actual de objeto
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende,
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser. Cualquier
pronunciamiento al respecto carecería de fundamento.
Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como
carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado13; (ii) daño
consumado14 y (iii) situación sobreviniente15.
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-
494 de 1993, precisó lo siguiente:
«[...] la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
Recientemente, la Corte Constitucional ha descrito la carencia actual de objeto
por hecho sobreviniente, de la siguiente forma:
«Situación sobreviniente. Esta hipótesis se presenta en aquellos eventos en los cuales cualquier
otra circunstancia implique que, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío. La Corte ha indicado que ello ocurre,
por ejemplo, cuando “(i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada-
ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir
alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente
pierde interés en el objeto original de la litis”. Al igual que en el hecho superado, ante la
configuración de una situación sobreviviente el juez constitucional puede adoptar un
pronunciamiento, orientado a evitar la configuración de daños en el futuro o para realizar pedagogía
constitucional»16
13
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
14
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
15
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
6. Análisis del caso concreto
El accionante planteó la posible vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, con ocasión a la presunta mora judicial en la que estaría incurriendo la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al no haber resuelto
aún la solicitud de aclaración presentada contra el auto del 26 de septiembre de
2025 en el proceso de nulidad simple con radicado 11001-03-25-000-2019-00993-00
(acumulado).
De la revisión del expediente y de los informes rendidos por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y por la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es posible advertir que al
medio de control de nulidad 11001-03-25-000-2019-00993-00 (acumulado) se le ha
dado el siguiente trámite en única instancia17:
Actuación adelantada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Fecha de actuación Consejo de Estado
11001-03-25-000-2019-00993-00 (acumulado)
19 de junio de 2020 Auto admite demanda (11001-03-25-000-2019-00993-00) (Samai, índice 3)
26 de julio de 2021 Auto niega medidas cautelares (Samai, índice 46)
Auto decreta la acumulación del proceso 11001-03-25-000-2019-01050-00 al
4 de noviembre de 2022
radicado 11001-03-25-000-2019-00993-00. (Samai, índice 53)
Auto resuelve excepciones, y vincula a la Universidad Libre como tercero
23 de junio de 2023
(Samai, índice 61)
Auto declara infundada recusación propuesta por el señor Gabriel Tobías
12 de septiembre de 2024 Oyola Moreno contra el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. (Samai, índice
84)
Despacho sustanciador dicta auto en el que resuelve no acumular el proceso
11001-33-35-021-2021-00077-00, proveniente del Juzgado 67 Administrativo
8 de agosto de 2025
de Bogotá, al expediente 11001-03-25-000-2019-00993-00. (Samai, índice
97)
Auto decide excepciones previas. Fija litigio. Decide sobre pruebas.
Prescinde de audiencia inicial y de pruebas. Ordena que, ejecutoriadas las
26 de septiembre de 2025 decisiones, sin necesidad de nuevo auto, se corra traslado para alegar de
conclusión y para que el Ministerio Público rinda concepto. (Samai, índice
103)
Se notificó electrónicamente el auto del 26 de septiembre de 2025. (Samai,
8 de octubre de 2025
índice 106)
Gabriel Tobías Oyola Moreno presenta solicitud de aclaración del auto del 26
9 de octubre de 2025
de septiembre de 2025 (Samai, índice 108)
Apoderado de la Universidad Libre presenta alegatos de conclusión. (Samai,
22 de octubre de 2025
índice 110)
El señor Gabriel Oyola Moreno presentó alegatos de conclusión (Samai,
22 de octubre de 2025
índice 111)
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia presentó alegatos de
27 de octubre de 2025
conclusión (Samai, índice 114)
La CNSC allega las pruebas mencionadas en la contestación de la demanda
29 de octubre de 2025
(Samai, índice 115)
7 de noviembre de 2025 La CNSC presentó alegatos de conclusión. (Samai, índice 116)
13 de noviembre de 2025 Traslado de documentos (Samai, índice 117)
13 de noviembre de 2025 Traslado de documentos (Samai, índice 118)
Se corre por Secretaría traslado a las partes para alegar de conclusión por el
25 de noviembre de 2025 término de 10 días y al Ministerio Público para rendir concepto (Samai, índice
119)
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia presentó alegatos de
28 de noviembre de 2025
conclusión (Samai, índice 121)
El señor Gabriel Oyola Moreno presentó alegatos de conclusión (Samai,
9 de diciembre de 2025
índice 122)
16
Al respecto ver, entre otras, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-200 de 2022, T-107 de 2022, SU-552
de 2019, T-025 de 2019, T-319 de 2017, T-200 de 2013.
17
Dada la extensión del expediente se procede a referenciar las actuaciones más relevantes en el mencionado expediente.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
Actuación adelantada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Fecha de actuación Consejo de Estado
11001-03-25-000-2019-00993-00 (acumulado)
El señor Gabriel Oyola Moreno presentó alegatos de conclusión (Samai,
9 de diciembre de 2025
índice 123)
El señor Gabriel Oyola Moreno presentó alegatos de conclusión (Samai,
9 de diciembre de 2025
índice 124)
El señor Gabriel Oyola Moreno presentó alegatos de conclusión (Samai,
9 de diciembre de 2025
índice 125)
12 de diciembre de 2025 Pasó al despacho (Samai, índice 126)
19 de marzo de 2026 Sentencia de única instancia (Samai, índice 127)
El señor Gabriel Tobías Oyola Moreno presentó solicitud al despacho
preguntando «Por qué su despacho DESCONOCIÓ LOS TÉRMINOS
17 de abril de 2026
PROCESALES establecidos en el AUTO INTERLOCUTORIO NOTIFICADO
el 08 DE OCTUBRE DE 2025» (Samai, índice 130)
20 de abril de 2026 Se notifica electrónicamente la sentencia. (Samai, índice 131)
Gabriel Tobías Oyola Moreno presentó solicitud de aclaración de la sentencia.
27 de abril de 2026
(Samai, índice 136)
30 de abril de 2026 Pasa el expediente al despacho. (Samai, índice 141)
Ahora bien, en el auto del 26 de septiembre de 2025 el despacho ponente dispuso:
(i) sanear el proceso en el sentido de precisar que en ese medio de control los actos
demandados eran «los artículos 28 y 30 del Acuerdo CNSC-20181000006056 del 24 de
septiembre de 2018; así como los Acuerdos CNSC – 20181000007386 del 16 de noviembre de 2018
y CNSC – 20191000006646 del 4 de julio de 2019, que los aclararon y ajustaron»; (ii) se
prescindió de la audiencia inicial y de pruebas por encontrarse acreditados los
presupuestos contenidos en el numeral 1 del artículo182 del CPACA; (iii) se
incorporó como pruebas los documentos aportados con las demandas, sus
contestaciones, con las medidas cautelares, con las excepciones y en los
antecedentes administrativos de los actos demandados; (iv) se fijó el litigio; (v) se
requirió a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que aportara los documentos
que se mencionó en el acápite de pruebas de la contestación de la demanda, de lo
cual la Secretaría de la Sección Segunda debía correr traslado a las partes; (vi) se
indicó que ejecutoriadas las anteriores órdenes y sin necesidad de auto la
Secretaría de la Sección Segunda debía correr traslado por el término de 10 días a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto; (vii) y se estableció que «Una vez cumplido lo anterior, el
expediente deberá ingresar al despacho para dictar sentencia anticipada en los términos del artículo
182A del CPACA» . Providencia que fue notificada electrónicamente el 8 de octubre de
2025 (Samai, índice 106). Por lo que, dentro del término de ejecutoria de esa
providencia las partes podían haber solicitado la aclaración, como en efecto lo hizo
el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno.
Las órdenes dadas en el auto del 26 de septiembre de 2025 fueron cumplidas por
la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado entre el 29 de
septiembre de 2025 (Samai, índice 104) al 12 de diciembre de 2025 (Samai, índice
125), término en el cual se realizó el traslado de las pruebas y el traslado para alegar
de conclusión y rendir concepto, sin que se hubiera pasado previamente el
expediente al despacho al existir solicitud de aclaración. Por lo que, el proceso
ingresó nuevamente al despacho el 12 de diciembre de 2025 con un informe
elaborado por la Secretaría en el que se describió las actuaciones adelantadas y
los memoriales recibidos durante ese plazo, dentro de los que se encontraban
mencionados los alegatos de conclusión, memoriales varios y una anotación en los
siguientes términos (Samai, índice 126): «Memorial presentado por la parte demandante,
Gabriel Tobías Oyola Moreno, allegando solicitud de aclaración de providencia, constancia visible a
índice 108.».
Si bien lo cuestionado por el actor en esta acción es la posible mora judicial en la
que habría podido incurrir la autoridad accionada al no haber resuelto la solicitud de
aclaración del auto que fijó el litigio en el proceso de simple nulidad, lo cierto es que
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
a pesar de que ya existe sentencia en el proceso en mención, en efecto no
seadvierte que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
hubiera resuelto la solicitud de aclaración contra el auto del 26 de septiembre de
2026 previo a dictar fallo.
Al respecto se debe indicar que el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno al presentar
sus alegatos de conclusión no mencionó que estaba pendiente de resolver la
solicitud de aclaración, a pesar de que los alegatos de conclusión corresponden a
la etapa procesal previa a dictar fallo, por lo que, se entendería que esa irregularidad
fue subsanada si no fue impugnada oportunamente, conforme al parágrafo del
artículo 133 del Código General del Proceso.
Adicional a lo anterior, el 19 de marzo de 2026 la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia de única instancia en el medio de
control de simple nulidad. Se destaca que esta decisión no había sido notificada
para la fecha en la que el señor Gabriel Tobías Oyola Moreno presentó la acción de
tutela de la referencia (14 de abril de 2026), pues la notificación electrónica de la
sentencia se dio el 20 de abril de 2026.
Sin embargo, fue el 14 de abril de 2026 cuando el actor presentó la acción de tutela
de la referencia por considerar que existía mora en el trámite del medio de control
para resolver su solicitud de aclaración, y durante la admisión y notificación de este
mecanismo constitucional se dictó la sentencia de única instancia en el proceso
ordinario, sin que previamente se hubiera resuelto la solicitud de aclaración.
De ahí que, es claro que en el trámite de esta acción de tutela el mismo el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, resolvió de fondo el medio de control
de nulidad con radicado 11001-03-25-000-2019-00993-00 (acumulado) superando así
cualquier situación que se considerara vulneradora, pues precisamente el actor
pretendía con esta acción que no se demorara más el trámite del proceso. En virtud
de lo anterior, resultaría inocuo cualquier pronunciamiento u orden de esta Sala
frente a las pretensiones que planteó el señor Oyola, pues ya se dictó sentencia en
el proceso de única instancia.
En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por haberse
materializado una situación sobreviniente. Esto sin perjuicio del trámite que se está
surtiendo para resolver la solicitud de aclaración de la sentencia de única instancia
presentada por el tutelante el 27 de abril de 2026, conforme el registro de
actuaciones de Samai.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Libre.
2. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente en relación
con las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Gabriel
Tobías Oyola Moreno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02847-00
Demandante: Gabriel Tobías Oyola Moreno
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.