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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02850-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02850-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Gustavo Rueda Luque, por las razones aquí señaladas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 15. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-02850-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

5 de junio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó
parcialmente la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de una acción de
cumplimiento, cuyo objetivo era anular, por irregulares, cerca de 71.000 foto comparendos.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Gustavo Rueda Luque
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 14 de abril de 2026, Gustavo Rueda Luque presentó una acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica con ocasión de la
Sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la autoridad judicial
accionada en el marco proceso de acción de cumplimiento No. 20001-23-
33-000-2025-00731-01.

2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se
transcribe):

“PRIMERA: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a la IGUALDAD y a la SEGURIDAD
JURÍDICA de EL ACCIONANTE y, por extensión, de la colectividad afectada, los

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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cuales fueron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado al proferir una
providencia que desconoce el imperio de la Constitución y la Ley.

SEGUNDA: Que se DECLARE LA NULIDAD Y SE DEJE SIN EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la
acción de cumplimiento con radicado [Insertar Radicado], por configurar una Vía
de Hecho mediante un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
vinculante de la Corte Constitucional (Sentencias C-038/20 y C-321/22) y del propio
Consejo de Estado.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días, profiera una
NUEVA SENTENCIA DE FONDO. En dicho fallo, la corporación deberá acatar lo
dispuesto en los Artículos 10 y 102 del CPACA, reconociendo que la
Superintendencia de Transporte, según el Artículo 3 (Parágrafo 3) de la Ley 769 de
2002, tiene una obligación imperativa, clara y exigible de vigilancia que no puede
ser eludida bajo el pretexto de autonomía territorial.

CUARTA: Que se ORDENE a la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE dar cumplimiento
estricto y efectivo al Artículo 4 del Decreto 2409 de 2018 y al Artículo 3 de la Ley 1843
de 2017, procediendo a inspeccionar y verificar la validez técnica de los sistemas
SAST en Valledupar. Se debe declarar que la entidad no ha cumplido con su función
de policía administrativa al permitir la operación de dispositivos móviles y "cruce de
datos" sin la debida señalización y validación humana.

QUINTA: Que se ORDENE a la Superintendencia de Transporte que, en ejercicio de
su facultad de autoridad de cierre y en cumplimiento del Artículo 158A del Código
Nacional de Tránsito (adicionado por Ley 2251 de 2022), disponga la REVOCATORIA
OFICIOSA Y MASIVA de la totalidad de los comparendos (aproximadamente 92.000)
impuestos en Valledupar mediante prácticas prohibidas (vehículos en movimiento y
falta de plena identificación del infractor).

SEXTA: Que se ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL E INMEDIATA de todos los
efectos administrativos, reportes en las plataformas SIMIT y RUNT, y procesos de cobro
coactivo derivados de estas fotomultas ilegales, hasta que la autoridad de tránsito
de Valledupar demuestre, caso por caso, que cumplió con la carga probatoria de
identificar al conductor infractor, conforme a la Sentencia de Unificación SU-011 de
2020.

SÉPTIMA: Que se DECLARE que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en
un Exceso Ritual Manifiesto y en una Cosa Juzgada Aparente, al pretender aplicar
fallos previos sobre situaciones fácticas nuevas y ante la aparición de normas de
orden público posteriores (como la Ley 2251 de 2022) que obligan a la
administración a actuar de oficio frente a la ilegalidad técnica.

OCTAVA: Que se COMPULSEN COPIAS con carácter urgente a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y a la COMISIÓN DE ACUSACIONES (o autoridad
competente), para que se investigue la responsabilidad disciplinaria de los
funcionarios de la Superintendencia de Transporte y se verifique si la actuación de
los magistrados de la Sección Quinta se apartó deliberadamente del bloque de
constitucionalidad para favorecer intereses de recaudo de un operador privado.

NOVENA: Que el Juez de Tutela, dada la gravedad de la omisión y el impacto
masivo sobre el patrimonio de los ciudadanos, mantenga la VIGILANCIA
PERMANENTE sobre el cumplimiento de este amparo mediante un incidente de
seguimiento, asegurando que la Superintendencia de Transporte no emita
respuestas administrativas ambiguas o vacuas que pretendan burlar la orden
judicial.

DÉCIMA: Que se ORDENE a la Secretaría de Tránsito de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte la devolución indexada de los dineros recaudados
bajo este esquema de Responsabilidad Objetiva, reconociendo que el Estado no

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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puede lucrarse de cobros fundamentados en procedimientos que han perdido su
fuerza ejecutoria por vía del Decaimiento (Art. 91 CPACA).”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) El 26 de septiembre de 2025, Gustavo Rueda Luque presentó una
solicitud ante la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y la Superintendencia de Transporte, con ocasión de una
presunta operación irregular de vehículos llamados “caza infractores”. El
escrito tuvo como objeto exigir el cumplimiento del artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la Resolución
20223040045295 de 2022, artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002,
adicionado por la Ley 2251 de 2022, y del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011,
referentes a la imposición de multas de tránsito y la competencia de la
Superintendencia de Transporte para revocarlas.

5. El accionante manifestó que dicha solicitud estaba fundamentada en
el bloque de constitucionalidad, en especial los artículos 8, 9, 22, 24 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional (Sentencias C-038 de 2020, C-321 de 2022, T - 51
de 2016) y de la Corte Suprema de Justicia (STP649 de 2017), que exigen la
imputación personal de la infracción, la responsabilidad individual y la
presencialidad del agente de tránsito.

6. 2) El 11 de noviembre de 2025, el accionante presentó demanda, en
ejercicio de la acción de cumplimiento, contra la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar y la Superintendencia de Transporte con el
objetivo de que acataran lo dispuesto en los artículos 1 numeral 5, 129, 135
y 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de
2022; el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, compilado en
el artículo 7.8.1.2. de la Resolución 20223040045295 de 2022, y el artículo 10
de la Ley 1437 de 2011.

7. 3) Le correspondió, por reparto en primera instancia, al Tribunal
Administrativo de Cesar, el cual, mediante Sentencia de 11 de diciembre de
2025, declaró improcedente la acción de cumplimiento. Señaló que la
verdadera intención del demandante era cuestionar la legalidad de los foto
comparendos y las multas impuestas por las autoridades de tránsito de
Valledupar y, en esa medida, la acción de cumplimiento no era el medio
de control idóneo para dicha reclamación, dado su carácter subsidiario y
residual.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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8. 4) La anterior decisión fue impugnada por la parte actora. En dicho
recurso manifestó que no pretendía la nulidad de los foto comparendo ni las
multas impuestas de manera individual, sino exigir el cumplimiento de
normas generales relacionadas con la legalidad de los sistemas de foto
detección utilizados en Valledupar. En tal sentido, afirmó que más de 71.000
foto comparendos habían sido impuestos mediante vehículos denominados
“caza infractores”, sin cumplir los requisitos legales de identificación del
presunto infractor, presencia de agentes de tránsito y observancia del
debido proceso. Asimismo, alegó la configuración de la renuencia
administrativa por la falta de respuesta a los requerimientos previos dirigidos
a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y a la
Superintendencia de Transporte. En esa medida, solicitó revocar la decisión
impugnada, declarar procedente la acción de cumplimiento y ordenar la
aplicación de las disposiciones que, a su juicio, obligaban a suspender dicha
práctica y a revocar los foto comparendos presuntamente impuestos en
contravención de la normativa de tránsito.

9. 5) El 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado
decidió revocar parcialmente la decisión de primera instancia y, en su lugar,
rechazó la acción respecto del artículo 1 numeral 5 de la Ley 769 de 2002,
declaró la cosa juzgada frente a los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769
de 2002 y 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 y declaró la
improcedencia de cara a las pretensiones de anulación de foto
comparendos, imposición de estos de manera presencial y aplicación del
precedente conforme con el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

10. La Corporación observó que, antes de presentar la acción de
cumplimiento, el actor debía requerir a las autoridades para que cumplieran
esa norma específica (constituirlas en renuencia). Sin embargo, al revisar el
requerimiento previo de 26 de septiembre de 2025, encontró que el actor
solo solicitó el cumplimiento de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de
2002, del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011, pero no mencionó el artículo 1 numeral 5 de la
Ley 769 de 2002. Por ello, concluyó que faltaba un requisito de
procedibilidad y, en consecuencia, la demanda debía ser rechazada frente
a esa disposición.

11. Respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y del
artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, la Sala declaró la cosa
juzgada, tras advertir que en la Sentencia de 10 de abril de 2025, proferida
en otra acción de cumplimiento2, se discutieron esencialmente las mismas
normas enunciadas, los mismos hechos relacionados con los vehículos

2 Expediente con radicado No. 20001-23-33-000-2024-00029-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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denominados "caza infractores" y se formularon pretensiones prácticamente
idénticas, como retirar dichos vehículos y exigir que los comparendos se
impusieran de manera presencial, de manera que ya había resuelto de
fondo esa controversia y no podía volver sobre ella.

12. Frente a la solicitud de anular más de 71.000 foto comparendos y
ordenar la aplicación de determinados precedentes judiciales, consideró
que dichas pretensiones no buscaban realmente el cumplimiento de una
norma clara y exigible, sino cuestionar la legalidad de actuaciones
administrativas concretas y de actos sancionatorios, lo cual debía tramitarse
mediante otros mecanismos judiciales, especialmente el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, el actor no demostró
la existencia de un perjuicio grave e inminente que permitiera excepcionar
el requisito de subsidiariedad de la acción de cumplimiento. Por esa razón,
dichas pretensiones fueron declaradas improcedentes.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
sentencia enjuiciada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y de
desconocimiento del precedente.

14. Frente al defecto sustantivo, expuso que en dicha decisión se
desconocieron los artículos 158A y 3 de la Ley 769 de 2002 los cuales
establecían las sanciones para las autoridades de tránsito que utilizaran
ayudas tecnológicas sin cumplir los criterios de seguridad vial y la
competencia de la Superintendencia de Transporte como autoridad de
vigilancia y control de todos los organismos de tránsito.

15. Expuso que no se analizaron de fondo los argumentos sobre la falta de
integración normativa de la Ley 153 de 1887 respecto de la Ley 2251 de 2022,
en tanto se limitó a citar sentencias previas, proferidas por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, pero omitió explicar por qué una ley posterior de
orden público que ordenaba revocatorias oficiosas no generaba una nueva
obligación de cumplimiento.

16. Aunado a lo anterior, consideró que se redujo un mecanismo de
participación a una figura retórica carente de eficacia jurídica, por un
formalismo procesal restrictivo, como lo fue declarar improcedente la
acción por no ser el mecanismo idóneo para alegar sus pretensiones y
declarar la cosa juzgada.

17. De cara al defecto fáctico, advirtió que se omitió valorar la renuencia
de la Superintendencia de Transporte a iniciar las investigaciones ordenadas
por la Ley 1843 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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18. Indicó que se desconocieron las Sentencias C-038 de 2020 y C-321 de
2022 que establecieron que la tecnología no relevaba al Estado de su carga
probatoria de identificar plenamente al infractor, conforme con los Artículos
1, 129, 131 y 135 de la Ley 769 de 2002.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

19. La Sección Quinta del Consejo de Estado4 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Señaló que la controversia carecía de
relevancia constitucional, toda vez que el accionante no cumplió con la
carga argumentativa exigida para controvertir providencias judiciales y
pretendía utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un
debate jurídico ya resuelto.

20. Indicó que los reproches formulados frente al presunto defecto
sustantivo reflejaban una simple inconformidad con la interpretación jurídica
adoptada en la sentencia enjuiciada, sin demostrar una vulneración
concreta de derechos fundamentales. Asimismo, sostuvo que el cargo por
desconocimiento del precedente carecía de sustento suficiente, pues el
actor se limitó a citar providencias sin identificar la regla o subregla aplicable
y, presuntamente, desconocida. Agregó que la decisión cuestionada se
fundamentó en la falta de acreditación del requisito de constitución en
renuencia por parte de la Superintendencia de Transporte, la
improcedencia de algunas de las pretensiones formuladas y la
configuración de la cosa juzgada. En consecuencia, afirmó que no se
evidenciaba arbitrariedad judicial ni afectación de las garantías
fundamentales del accionante. De manera subsidiaria, solicitó negar el
amparo en caso de que se estimaran superados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela.

21. El Tribunal Administrativo de Cesar, la Superintendencia de Transporte
y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte5, a pesar
de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

3 Mediante Auto de 20 de abril de 2026, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como

demandada a la Sección Quinta del Consejo de Estado y vinculó al Tribunal Administrativo de Cesar, a la
Superintendencia de Transporte y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito, como terceros con interés
en el asunto.
4 Índice 13 del aplicativo Samai.
5 Índice 7 del aplicativo Samai.

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Decisión: Declara improcedente
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2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse:

23. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional6.

24. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto7; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario8 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.

25. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

6 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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26. Lo anterior recobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la
providencia atacada fue expedida por una Alta Corte, eventos en los
cuales el análisis de procedibilidad debe ser mucho más riguroso en orden
a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces arbitraria e
ilegítima11.

27. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada.

28. La Sala evidenció que la parte actora reiteró los mismos argumentos
que expuso en el proceso objeto de controversia, concretamente, en el
recurso de impugnación que formuló contra la Sentencia de 11 de
diciembre de 202512, esto es, que se debía disponer el retiro de los vehículos

11 Corte Constitucional, Sentencia SU - 573 de 2019.
12 Señor Juez Constitucional, esta acción de cumplimiento sí es procedente, conforme al artículo 87 de la
Constitución Política y a la Ley 393 de 1997, por cuanto se dirige a exigir el cumplimiento de normas generales de
orden público, no de actos administrativos particulares. no se busca la anulación de un comparendo específico,
sino la revocatoria de más de 71.000 comparendos impuestos de forma automática, con una pistolita dentro de
un vehículo de tránsito llamado caza infractores , sin identificar quien lo venia manejando , un vehículo fantasma
que esta prohibido a las autoridades de tránsito circularlo para hacer comparendo y haciendo huzo de un sistema
automático desplazado el comparendo manual presencia para que se identifique plenamente al conductor (
articulo 1numeral 4, 129, y 135 numeral 1 código de tránsito ley de orden artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020, compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, artículo 7.8.1.2, numeral D), sin autorización legal,
sin identificación del infractor, y en contravención del Código Nacional de Tránsito. Esta acción tiene un alcance
colectivo, pues afecta a todos los conductores del municipio de Valledupar, y se fundamenta en la protección
de derechos constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad administrativa.
(…)
Conclusión: La presente acción de cumplimiento no busca la revisión de actos particulares, sino el cumplimiento
de normas generales que han sido desconocidas por las autoridades accionadas. Su naturaleza colectiva y su
fundamento en normas de obligatorio cumplimiento la hacen plenamente procedente, conforme a la
Constitución, la ley y la jurisprudencia reiterada de las altas cortes.
El Tribunal consideró que debía acudirse al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como si
se tratara de la anulación de comparendos individuales. Esta interpretación desconoce la naturaleza general y
colectiva de la acción de cumplimiento, regulada en el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997.
La acción de cumplimiento no busca la nulidad de actos particulares, sino la ejecución de normas generales de
orden público que regulan la legalidad de los sistemas de fotodetección en el municipio de Valledupar.
(…)
La acción de cumplimiento busca evitar un perjuicio grave e inminente derivado de la expedición de más de
71.000 comparendos ilegales en Valledupar, generados por sistemas de foto detección que no cumplen los
requisitos legales establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, donde actualmente miles de persona
en Valledupar la secretaria de transito y el municipio de Valledupar, vienen embargando las cuentas de nequi, y
de Bancolombia a los presuntos infractores para obligarlo a realizar los mandamientos de pago, asi mismo a cada
momento le envían mesa saje de texto a su celulares amenazándole que le van a embargas sus cuentas
bancarias(…)
Configuración de la renuencia administrativa El requerimiento previo del 26 de septiembre de 2025 dirigido a la
Secretaría de Tránsito y a la Superintendencia de Transporte no fue respondido en los términos legales,
configurando la renuencia administrativa exigida por la Ley 393 de 1997.
(…)
La omisión del Superintendente configura una violación directa al artículo 158A del Código Nacional de Tránsito y
una posible infracción al régimen de conflicto de intereses.
(…)
En consecuencia, el Consejo de Estado debe revocar la decisión del Tribunal y ordenar el cumplimiento inmediato
de las normas superiores que regulan la legalidad de los sistemas de fotodetección en Valledupar.
(…)

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“caza infractores”, la anulación de los comparendos impuestos mediante
estos mecanismos y la imposición de obligaciones a las autoridades para
garantizar que las sanciones de tránsito se realicen conforme con el debido
proceso y al principio de responsabilidad subjetiva, con lo cual, a su juicio,
no debía declararse improcedente la acción de cumplimiento sino
realizarse un pronunciamiento de fondo en el asunto.

29. Tales planteamientos fueron objeto de pronunciamiento en la
providencia enjuiciada, en la cual, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó parcialmente la decisión del tribunal y resolvió rechazar
parcialmente la acción por falta de acreditación del requisito de
constitución en renuencia frente a algunas normas, declaró improcedente
la pretensión de cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, así
como la de anular multas por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
y declaró la existencia de cosa juzgada respecto de varias pretensiones
relacionadas con el retiro de los vehículos.

30. En esa medida, se advierte que la parte buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizarla como una instancia adicional. Debe precisarse que tales
argumentos fueron abordados y resueltos por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en los siguientes términos (se trascribe):

“12. En este caso está probado que, mediante la presente acción, el
demandante pretende que se les ordene a las autoridades accionadas el
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 numeral 5, 129, 135 y 158A de la
Ley 769 de 2002, el artículo 6 de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 y 10
de la Ley 1437 de 2011. 13. No obstante, se constató que, el 26 de septiembre
de 2025, le solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y a la Superintendencia de Transporte el acatamiento de lo
dispuesto en los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002; 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011. 14. En ese
sentido, para la Sala resulta evidente que, respecto al artículo 1 numeral 5 de la
Ley 769 de 2002, no se agotó el requisito de constitución en renuencia, lo cual
impide que el juez constitucional estudie el fondo de sus pretensiones, con miras
a que se atienda lo establecido en los preceptos citados. Contrario ocurre
frente a los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, el artículo 6 de la
Resolución No. 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011, pues, en
efecto, el accionante sí solicitó el cumplimiento de las mencionadas
disposiciones en el escrito remitido.

Sobre la cosa juzgada y temeridad • La cosa juzgada solo opera cuando hay identidad de partes, objeto y causa.
Aquí, aunque hay similitud temática, cada acción busca el cumplimiento de normas generales frente a una
omisión persistente. • La Corte Constitucional (SU-070 de 2025) ha señalado que la reiteración de acciones frente
a incumplimientos continuados no configura temeridad, sino ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia.
Conclusión: Este argumento carece de sustento, pues la omisión es permanente y afecta derechos colectivos.
(…)
El Consejo de Estado admite que el artículo 135 de la Ley 769/2002 y el artículo 6 de la Resolución
20203040011245/2020 son mandatos imperativos. • Sin embargo, niega su aplicación por considerar que hay cosa
juzgada y que la pretensión principal era anular multas. • Tu acción no busca derechos subjetivos ni la nulidad de
comparendos individuales, sino la protección del interés colectivo frente a una práctica sistemática que vulnera
el debido proceso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

15. En ese sentido, se tendrá por acreditada la constitución en renuencia en
relación con los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002, 6 de la
Resolución No. 20203040011245 de 2020 y 10 de la Ley 1437 de 2011., ante la
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar y la
Superintendencia de Transporte.
(…)
20. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025,
esta Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente con
radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, cuyo escrito inicial guarda identidad
con el de la presente acción constitucional (…)
25. En vista de esta decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, de los
artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
(…)
26. Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió
de fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas
normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar
el retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos
legales en la interposición de sanciones (…)

27. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto,
causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril
de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso. 28. Lo anterior permite
corroborar la triple identidad a la que hace referencia el fenómeno de la cosa
juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que se
resolvió si la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la
Superintendencia está incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados
como desatendidos en la presente acción. 29. En otras palabras, para la Sala
es claro que hay una decisión inmutable, vinculante y definitiva que resolvió el
mismo objeto (…)

30. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa juzgada
respecto de artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución
No. 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
(…)
34. En relación con la primera pretensión, se advierte que la controversia escapa
del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un
debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal sentido, se
advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito de
procedencia de subsidiariedad.
(…)
el fondo de la controversia plantea una discusión de carácter subjetivo que
debe ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011
(…)
38. Por otra parte, frente a las pretensiones restantes que tienen que ver con el
retiro de los vehículos «caza infractores» y la imposición de comparendos de
manera presencial por considerar que se incurrió en irregularidades en el
procedimiento, se advierte que tampoco se cumple con el requisito de
subsidiariedad ya que dicha finalidad escapa a la órbita del juez de
cumplimiento, pues se reprocharía la legalidad de la actuación de la
administración, lo cual impone acudir al medio de control correspondiente.
(…)
40. Aunado a ello, la Sala advierte que el accionante también solicitó el
obedecimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. En la demanda se plantea
que su finalidad es que el extremo pasivo de aplicabilidad al precedente

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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judicial. Al respecto, si bien se invocó una disposición legal, lo cierto es que se
busca el obedecimiento de decisiones judiciales, asunto que escapa al objeto
de este medio de control y por ende en relación con dicho precepto la acción
se torna improcedente.”

31. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez de la acción de cumplimiento, el cual puso de presente
las razones por las cuales consideró que debía confirmar parcialmente la
decisión de primera instancia que declaró improcedente la demanda, en
tanto el accionante utilizó indebidamente la acción de cumplimiento para
cuestionar la legalidad de comparendos, asunto que debía resolverse por
los medios ordinarios; además, advirtió que de conformidad con su propio
precedente varias pretensiones ya habían sido decididas (cosa juzgada) y
que algunas normas invocadas no contenían deberes claros exigibles por
esta vía.

32. Se aclara que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía
acción de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional13.

33. Por otra parte, la Sala no emitirá pronunciamiento respecto de las
pretensiones cuarta a décima, debido a que las entidades frente a las
cuales se dirigieron tales solicitudes no fueron accionadas ni se les atribuyó,
concretamente, ninguna acción u omisión vulneradora de derechos
fundamentales, sino que la acción constitucional se dirigió, exclusivamente,
contra la decisión proferida por la Sección Quinta de esta corporación
dentro de la acción de cumplimiento No. 2025-00731-01, razón por la cual el
análisis debe circunscribirse a ello y no a impartir órdenes autónomas que no
fueron sustentadas y frente a autoridades administrativas que, se reitera, no
fueron accionadas.

34. Además, las medidas pretendidas en dichas solicitudes constituyen,
en realidad, eventuales consecuencias materiales de lo debatido en la
acción de cumplimiento, motivo por el cual no corresponde al juez de tutela

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02850-00
Demandantes: Gustavo Rueda Luque
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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pronunciarse directamente sobre tales aspectos, so pena de desbordar el
objeto y alcance excepcional de este mecanismo constitucional14.

2.2. Conclusiones

35. La Sala declarará improcedente la acción de tutela al no cumplirse
el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Gustavo Rueda Luque, por las razones aquí señaladas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 15.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 En un caso anterior, la Sala se pronunció en el mismo sentido. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

B, Sentencia de 7 de mayo de 2026, radicado No. 11001-03-15-000-2026-02856-00.
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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