Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02854-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02854-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02854-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por Graciela Mogollón Mogollón contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Oral de Cúcuta
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 14 de abril de 20261, Graciela Mogollón Mogollón, por conducto de apoderada judicial2,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander y por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta
con ocasión de las sentencias proferidas el 19 de febrero de 2026 y el 17 de abril de 2023,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 54001-33-33-003-2018-00240-00/01.
2. Hechos
El escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica 3:
2.1. La accionante manifiesta que por medio de la Resolución No. 001696 del 29 de junio
de 1984, fue vinculada al servicio seccional de Salud de Norte de Santander.
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Poder conferido a favor de Daniela Yessenia Suarez Cuvides, índice 00002 del aplicativo SAMAI certificado
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1C3E0E68BFDA2E5D.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
2.2. Mediante Resolución No. 02935 del 20 de noviembre de 2000, el Ministerio de Salud
reconoció a la Dirección Seccional de Salud de Norte de Santander la calidad de
beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud.
2.3. La demandante solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas
causadas con ocasión de la prestación de sus servicios desde el 29 de junio de 1984
hasta el 31 de julio de 2017; no obstante, mediante el Oficio núm. 509 del 9 de marzo de
2018, su petición fue negada.
2.4. Ante dicha negativa, la solicitante presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Departamental de Salud del
Norte de Santander-IDS, con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad del Oficio
núm. 0509 del 9 de marzo de 2018.
2.5. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Oral de Cúcuta bajo el radicado núm. 54001-33-33-003-2018-00240-00, autoridad que
mediante sentencia del 17 de abril de 2023 negó las pretensiones de la demanda al
considerar que desde su vinculación en el año 1984, la demandante estuvo afiliada al
sistema de liquidación y manejo de cesantías consagrado en el Decreto 3118 de 1968,
razón por la cual el régimen aplicable durante toda la relación laboral fue el anualizado y
no el retroactivo, circunstancia que, a su juicio, se corroboraba con la certificación
expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Humanos del Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander.
Adicionalmente, advirtió que no existían argumentos que permitieran concluir que el acto
administrativo demandado vulneraba los derechos de la actora, máxime cuando las
cesantías a las que tenía derecho fueron liquidadas y pagadas de manera anualizada.
2.6. Inconforme con la decisión, la solicitante presentó recurso de apelación alegando que
el régimen anualizado de cesantías para el sector público inició a partir del 31 de
diciembre de 1996, por lo que al estar vinculada desde el 1984 es beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías. Argumentó que el fallador de primera instancia encontró
probado que estaba cobijada por el régimen de cesantías con liquidación retroactiva, sin
embargo, las pretensiones de la demanda fueron denegadas al considerar que se
configuraba la figura del traslado tácito vulnerando así sus derechos.
2.7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 19 de
febrero de 2026 confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que la
demandante había aceptado de manera tácita su vinculación al régimen anualizado de
cesantías administrado y resaltó que en al proceso no se incorporó ninguna
manifestación expresa o inequívoca orientada a la aplicación del régimen retroactivo.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
mediante la sentencia del 23 de julio de 2025 y 17 de abril de 2023 respectivamente,
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado núm. 54001-33-33-003-2018-00240-00/01.
Como sustento de la solicitud de amparo, la accionante alegó la configuración de los
siguientes defectos:
3.2. Sustantivo. Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas desconocieron que a
la accionante le era aplicable el régimen de cesantías retroactivas previsto en el artículo 3
del Decreto 1582 de 1998, al concluir que operó un traslado tácito al régimen anualizado,
pese a que dicho cambio exige una manifestación expresa y voluntaria del servidor
público. En consecuencia, afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron la
normativa y la jurisprudencia aplicables en materia de traslado del régimen de cesantías.
Así mismo, señaló que la interpretación y alcance del artículo 3 del Decreto 1582 de 1998
fue desarrollada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 11 de febrero de 2016, proferida dentro del radicado núm. 08001-23-31-
000-2011-00752-01.
3.3. Fáctico. Indicó que las autoridades judiciales omitieron valorar adecuadamente el
material probatorio, en tanto reconocieron que en el expediente no obraba prueba de una
manifestación expresa de la accionante encaminada a acogerse al régimen anualizado;
sin embargo, concluyeron que operó un traslado tácito, figura que, a su juicio, no existe en
el ordenamiento jurídico colombiano.
3.4. Violación directa a la Constitución. Manifestó que las providencias cuestionadas
vulneraron los artículos 29, 53 y 83 de la Constitución Política, relativos al debido proceso,
la irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales, el principio de favorabilidad y la
buena fe. Añadió que las decisiones acusadas desconocieron la doctrina del respeto por
el acto propio, al modificar arbitrariamente una situación jurídica consolidada, lo que, en
su criterio, configuró una violación directa de la Constitución.
3.5. Desconocimiento del precedente. Si bien la accionante no invocó expresamente el
desconocimiento del precedente como cargo individual, del análisis del escrito de tutela
se evidencia que argumentó que las sentencias cuestionadas desconocieron la sentencia
de la Corte Constitucional C-428 de 1997 y el “precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección “b”
Consejero Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio
de dos mil nueve (2009). Radicación número: 25000-23-25-000-2004-90333-01(0393-06)
actor: Helvert Vega Hernández Demandado: Municipio de la Palma, la sentencia de la
Corte Constitucional No. C-428 de 1997”.
4. Trámite de tutela e intervenciones
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
4.1. Mediante auto del 15 de abril de 20264, el despacho de la Magistrada Ponente
admitió la acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta y el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander; vinculó como terceros interesados al
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander-IDS, a la Nación–Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al departamento Norte de Santander, además reconoció
personería a la doctora Daniela Yessenia Suárez Cuvides y requirió a las autoridades
judiciales mencionadas que remitieran el expediente identificado con el radicado núm.
54001-33-33-003-2018-00240- 00/01.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander 5, solicitó que se denieguen las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no existió vulneración alguna de los
derechos fundamentales de la accionante.
Argumentó que las decisiones proferidas dentro del proceso ordinario fueron adoptadas
con fundamento en la normativa y la jurisprudencia vigentes en materia de cesantías
retroactivas. Asimismo, señaló que, de conformidad con los elementos probatorios
allegados al expediente, la señora Mogollón Mogollón ingresó al sector salud el 11 de julio
de 1984 y, durante toda su vinculación laboral, le fue aplicado el régimen anualizado de
cesantías.
4.3. La Gobernación de Norte de Santander6, alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados.
Adicionalmente, alegó que la acción debería ser declarada improcedente en
consideración a la inexistencia de una conducta respecto la cual se pueda hacer un juicio
de vulnerabilidad de los derechos fundamentales.
4.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta, el Instituto
Departamental de Salud – IDS y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a haber
sido notificados en debida forma7, guardaron silencio dentro del presente trámite.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
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8FC46CB8552FDE2D.
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D688DF4DF68BC816.
7
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en razón a que
Graciela Mogollón Mogollón es la titular de los derechos fundamentales que afirma fueron
vulnerados en su condición de demandante dentro del proceso promovido en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
núm. 54001-33-33-003-2018-00240-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva, puesto que el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Oral de Cúcuta fueron las autoridades judiciales que profirieron las decisiones
que, según la accionante, vulneraron sus derechos fundamentales.
Aunque la parte actora interpuso la solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta, esta
Sala solo analizará la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el tribunal en tanto
fue la providencia que puso fin al proceso ordinario.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 8 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 9 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto10.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional, a saber: a) defecto
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”12.
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 13.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el asunto bajo examen, la accionante cuestiona las providencias judiciales objeto
de censura al considerar que en ellas se configuraron: i) un defecto sustantivo, en la
medida en que las autoridades judiciales accionadas se apartaron, presuntamente, de la
aplicación del artículo 3 del Decreto 1582 de 1998; ii) un defecto fáctico, por cuanto las
autoridades judiciales accionadas desatendieron que dentro del proceso no se acreditó
que la señora Graciela Mogollón Mogollón hubiese manifestado de manera expresa su
voluntad de cambiar de régimen de cesantías; iii) la vulneración de los artículos 29, 53 y
83 de la Constitución Política, relativos al debido proceso, la irrenunciabilidad de los
derechos mínimos laborales, el principio de favorabilidad y la buena fe; y iv) el
desconocimiento del precedente judicial contenido, específicamente, en la sentencia
proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso con radicado núm. 25000-23-25-
000-2004-90333-01.
5.2. En ese contexto, resulta pertinente traer a colación las consideraciones expuestas
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en la sentencia del 19 de febrero de
13
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
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2026, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, hoy accionante, contra la sentencia del 17 de abril de 2023, proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta, que negó las pretensiones de
la demanda.
En particular, el Tribunal sintetizó los argumentos del recurso de apelación formulado por
la hoy accionante en los siguientes términos:
“La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia,
señalando como motivos de inconformidad, los siguientes: Alega que la Juez de
instancia desconoció que la demandante es una empleada del orden
Departamental vinculada desde el año 1984, es decir, el 31 de diciembre de 1996
antes de la fecha en que entró a regir el régimen anualizado de cesantías para el
sector público, por ende, esta disfruta del régimen retroactivo de cesantías con
anterioridad a dicha fecha. Aunado a lo anterior, sostuvo que aun cuando se
encontraba acreditado que la actora efectivamente está cobijada por el régimen
de cesantías con liquidación retroactiva, el A quo le negó su derecho dando
aplicación a un traslado tácito que ni la ley ni la jurisprudencia prevén, toda vez
que, según la sentencia del 9 de julio de 2009, del Consejo de Estado, tal figura no
resulta procedente para modificar el régimen aplicable, tratándose del mismo
asunto.”14
De lo anterior, como primera conclusión, la Sala advierte que los argumentos expuestos
en sede de apelación dentro del proceso ordinario fueron sustancialmente reproducidos
en la presente acción de tutela. En efecto, el núcleo de la controversia continúa centrado
en la determinación del régimen de cesantías aplicable, el cual, según sostiene la parte
actora, corresponde al retroactivo, en razón a que nunca manifestó de manera expresa su
voluntad de acogerse al régimen anualizado.
Ahora bien, en consonancia con la línea argumentativa desarrollada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, se observa que, para resolver el recurso de
apelación, dicha autoridad judicial abordó: i) el régimen de cesantías aplicable a los
servidores públicos del sector salud vinculados con posterioridad a la expedición de la
Ley 10 de 1990; y ii) la determinación, en el caso concreto, del régimen efectivamente
aplicado durante la vinculación laboral de la accionante con el Instituto Departamental de
Salud.
Con fundamento en dichos referentes normativos y jurisprudenciales, así como en el
material probatorio que estimó pertinente, el Tribunal precisó el problema jurídico que
debía resolver en los siguientes términos:
“¿Hay lugar a confirmar la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 por el
Juzgado Quinto (5°) Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda, o si, por el contrario, debe revocarse
dicha decisión y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda en
el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas
causadas desde el 29 de junio de 1984 al 31 de julio de 2017?”15.
14
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C6BF15436D1ED36D.
15
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2500FC8EA83E95C1.
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Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
En ese orden, el Tribunal analizó los decretos que desde el año 1945 fijaron el auxilio de
cesantías, y advirtió que existen dos regímenes de cesantías, las retroactivas que son
reconocidas a aquellos que se vincularon hasta el 30 de diciembre de 1996 y las
anualizadas para aquellos que se vincularon con posterioridad al 31 de diciembre del
1996.
En particular, señaló que:
“Ahora, en cuanto a los empleados del sector de salud del orden territorial, se
advierte que el régimen de cesantías que les resulta aplicable es definido por la
fecha de vinculación, de modo que, si dicha vinculación ocurrió antes de la entrada
en vigencia de la Ley 10 de 1990 se rigen por lo dispuesto en el artículo 17 (letra a)
de la Ley 6ª. de 1945 y los artículos 1º. del Decreto 2767 de 1945, 1°. de la Ley 65 de
1946 y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947, que constituía la regla general para los
empleados del orden territorial, en tanto que para los del nivel nacional, después de
la expedición del Decreto ley 3118 de 1968, lo era la afiliación al Fondo Nacional del
Ahorro, incluso aquellos pertenecientes al sector salud.
Por consiguiente, el auxilio de las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, que se hayan vinculado
antes del 10 de enero de 1990 fecha de entrada en vigor de la Ley 10 de 1990,
reiterada en la Ley 100 de 1993, se liquida con el régimen de retroactividad, es
decir, con base en el último salario devengado al momento de la desvinculación de
la entidad o de la liquidación parcial de cesantías según cada caso. (…).”16
Con fundamento en el análisis previamente expuesto, el Tribunal precisó las conclusiones
de su decisión en los siguientes términos:
“En este orden de ideas y afectos de resolver el problema jurídico que ocupa la
atención de la Sala, importa precisar que, de acuerdo con las pruebas que obran
en el plenario la señora Graciela Mogollón Mogollón fue vinculada al Instituto de
Salud Departamental de Norte de Santander el 11 de julio de 1984 hasta el 31 de
julio de 2017, desempeñándose como empleada del orden departamental.
Igualmente está probado que durante la relación laboral la entidad demandada
reportó y giró las cesantías de la demandante bajo el sistema anualizado,
circunstancia corroborada mediante los extractos expedidos el Fondo Nacional del
Ahorro, en los que consta los reportes anuales de cesantías y los retiros parciales
efectuados por la demandante en distintas oportunidades.
Por consiguiente, se tiene que si bien la señora Graciela Mogollón Mogollón
ingresó al sector salud el 11 de julio de 1984, esto es, antes de 1990, circunstancia
que en principio podría llevar a considerar aplicable el régimen retroactivo de
cesantías, lo cierto es que durante el tiempo de su vinculación laboral se le aplicó
el régimen anualizado, efectuándose el pago de dicha prestación al Fondo
Nacional del Ahorro.
Sumado a lo anterior, se reitera que se encuentra probado que la señora Graciela
Mogollón Mogollón, a lo largo de la vinculación laboral con el IDS en diversas
oportunidades, efectuó retiros parciales de sus cesantías y realizó abonos a un
crédito hipotecario, circunstancia que evidencia que tenía conocimiento de que el
régimen aplicable a sus cesantías era el anualizado. Igualmente, no se advierte
prueba alguna que permita acreditar que la demandante hubiese solicitado la
aplicación del régimen retroactivo de cesantías, o manifestara inconformidad
frente a la forma de liquidación de la prestación.
16
Ibid.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
De modo que, aun cuando en el plenario no obre manifestación expresa de la
parte de la demandante donde expresara su voluntad de haberse acogido al
régimen anualizado, el hecho de realizar retiros parciales de sus cesantías
directamente del Fondo Nacional del Ahorro, permiten inferir que en efecto
conocía de su vinculación al Fondo Nacional del Ahorro.
En este punto, huelga precisar que en sentencia del 4 de noviembre de 2021,
emitida por el H. Consejo de Estado, indicó17:
“Aunado a lo descrito previamente, es preciso poner de presente que la
demandante tenía pleno conocimiento de que sus cesantías le eran
consignadas de manera anualizada en el Fondo Nacional del Ahorro, pues ¿de
qué otra forma se podría explicar que anualmente se realizara un abono a un
crédito hipotecario? El argumento descrito en el recurso de apelación, con el
que se indica que “el error de la administración no puede ser imputado a la
demandante pues no posee conocimientos de derecho” carece de sustento, en
primer lugar porque es claro que se benefició de manera continua de esa
liquidación anual de cesantías y en segundo lugar porque no existe
prueba que lleve a demostrar su inconformidad respecto de la forma en
como le estaban siendo liquidadas las cesantías y el fondo responsable
de su administración, además, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa
(artículo 9º del Código Civil).”
(…)
Como conclusión de todo lo anterior, esta Sala considera que no es posible
acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto las cesantías a que tiene
derecho la señora Rosa Delia Ortiz Mora por todo el periodo laborado en una
entidad del sector salud, le fueron liquidadas y canceladas de manera
anualizada, circunstancia que beneficio a la demandante y respecto de la cual
no presentó ninguna reclamación de carácter administrativa, ni se opuso
durante los casi 30 años laborados.
(…)
Así las cosas, estima la Sala que, aunque no se haya expresado de manera
directa por parte de la demandante su intención de acogerse al régimen
anualizado, el hecho de estar afiliada por tantos años al Fondo Nacional
del Ahorro, en el cual se aplica el sistema de cesantías anualizadas, que
haya realizado retiros parciales de sus cesantías del citado Fondo y los
haya utilizado para abonar a un crédito hipotecario, permite deducir que
estaba al tanto de su vínculo con dicho fondo, y en ningún momento
presentó inconformidad con dicha situación durante los años de
vinculación. Por lo tanto, se entiende que la demandante aceptó y se sometió
a las normativas y disposiciones que lo regulan.
Por lo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que, en el presente caso, no
hay argumentos contundentes para determinar que, el acto administrativo
demandado, haya sido expedido de manera ilegal y vulnere los derechos
laborales de la accionante, por tanto, se entienden bien denegadas las
pretensiones de la demanda, confirmando así la decisión de primera instancia”
En virtud de lo anterior, se tiene que a partir del material probatorio obrante en el
expediente y del análisis normativo y jurisprudencial efectuado, la Sala encuentra
que la demandante aceptó de manera tácita su vinculación al régimen anualizado
de cesantías administrado por el Fondo Nacional del Ahorro, sin que obre prueba
que permita inferir una manifestación expresa o inequívoca orientada a la aplicación
del régimen retroactivo, por ende, resultó acertada la decisión del A quo de negar
las pretensiones de la demanda.
17
Consejo de Estado – Sección Segunda- Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández Radicado:
54001- 23-33-000-2016-00392-01 (0004-2019) de fecha 4 de noviembre de 2021.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
Así las cosas, la Sala estima que los argumentos presentados por la parte
recurrente no tienen la validez jurídica suficiente para revocar la sentencia apelada
y, por ende, se deberá confirmar la providencia de primer grado proferida por el
Juzgado Quinto (5°) Administrativo Oral de Cúcuta, mediante el cual negaron las
pretensiones de la presente demanda.
5.3. En ese sentido, la Sala advierte que, en sede ordinaria, se analizó la existencia de
ambos regímenes de cesantías y se determinó cuál resultaba aplicable a partir de las
pruebas incorporadas al expediente. Así, la Sala infiere que el Tribunal partió del análisis
del momento de vinculación de la accionante al sector salud para establecer el régimen
correspondiente. No obstante, resaltó que, aun en el evento de haber ingresado con
anterioridad a 1990, no le resultaba aplicable el régimen retroactivo, por cuanto: i) durante
toda la relación laboral se le aplicó el régimen anualizado y se efectuaron los respectivos
aportes al Fondo Nacional del Ahorro; ii) en varias oportunidades, la señora Graciela
Mogollón Mogollón realizó retiros parciales de cesantías y efectuó abonos a un crédito
hipotecario, circunstancia que evidenciaba su conocimiento acerca de la aplicación del
régimen anualizado; y iii) si bien no obraba prueba alguna que acreditara que la
accionante hubiese solicitado expresamente la aplicación del régimen retroactivo, el
hecho de haber efectuado retiros parciales de cesantías directamente del Fondo Nacional
del Ahorro permitía inferir que conocía su vinculación a dicho fondo.
En ese contexto, la Sala estima que la parte actora pretende imponer su propia
interpretación frente a las consideraciones desarrolladas por la autoridad judicial
accionada y reabrir el debate surtido en sede contencioso-administrativa.
A partir de lo anterior, la Sala concluye que el debate planteado fue debidamente
examinado por el juez competente, sin que se advierta que la decisión haya sido
adoptada de manera arbitraria o caprichosa, ni que carezca de sustento fáctico o jurídico.
Tampoco se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora
durante el trámite del proceso ordinario.
5.4. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que
no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude
a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir
tal vulneración18.
5.5. La Sala advierte que no se acreditó la configuración de un defecto sustantivo, de
hecho el cargo no satisface el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte
accionante no demostró que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en una
interpretación abiertamente irrazonable del ordenamiento jurídico. En efecto, sus
planteamientos se limitan a cuestionar la decisión adoptada en sede ordinaria, bajo el
argumento de que se inaplicó el artículo 3 del Decreto 1582 del 05 de agosto de 1998. Sin
18
Sentencia SU215 de 2022.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
embargo, se resalta que la providencia acusada estudió dicha norma y las demás
aplicables al caso concreto, y de forma sustentada, arribó a una conclusión desfavorable
al accionante.
5.6. De igual forma, el defecto fáctico alegado no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto la parte accionante no demostró la omisión, indebida valoración o
desconocimiento de pruebas relevantes por parte de la autoridad judicial. En efecto, sus
argumentos se reducen a afirmaciones genéricas sobre la valoración probatoria arbitraria
al presuntamente inferir el consentimiento tácito de la demandante del cambio de régimen
de retroactividad a anualidad aún cuando no se encontraba prueba de ello. Ahora bien,
del estudio de la sentencia cuestionada se resalta que el tribunal accionado realizó un
estudio juicioso y detallado de las pruebas incorporadas al expediente para arribar a la
decisión.
5.7. Respecto del presunto desconocimiento del precedente es importante aclarar que si
bien el accionante menciona la sentencia 19 del 23 de julio de 2009 no realiza un análisis
metodológico y comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos
fallos, así como la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí
cuestionada. Adicionalmente el fallo cuestionado expone el precedente judicial aplicable
al caso y transcribe apartes de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de
noviembre de 2021 dentro del radicado núm. 54001-23-33-000-2016-00392-01; por lo
que no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
5.8. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que la accionante ni siquiera presentó los
reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar de que invocó la
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, su
argumentación se limitó a reproducir los reproches elevados en el recurso de apelación
presentados en el marco del proceso ordinario.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta, sin
esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.9. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
19
Radicación número: 25000-23-25-000-2004-90333-01(0393-06) actor: Helvert Vega Hernández Demandado:
Municipio de la Palma.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02854-00
Accionante: Graciela Mogollón Mogollón
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada20, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 21.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Graciela
Mogollón Mogollón contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Oral de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
AOB
20
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
21
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
13
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