Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02857-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
14 de mayo de 2026
Demandante: Universidad del Quindío
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2026-02857-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02857-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA
QUINTA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la
corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Luis Fernando Polanía Obando, en calidad de rector y representante
legal de la Universidad del Quindío presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, así como los
principios de legalidad y de autonomía universitaria.
La entidad accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
la sentencia del 12 de febrero de 2026 emitida por la mencionada autoridad
judicial en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 63001-33-33-001-2019-00273-00/01, que promovió
el señor José Antonio Rivera Zuluaga. En la referida providencia el tribunal
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Demandante: Universidad del Quindío
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
Rad: 11001-03-15-000-2026-02857-00
demandado revocó la sentencia de primera instancia que había denegado las
pretensiones de la demanda1 para, en su lugar, accederlas parcialmente.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
6.2. Que, como consecuencia de la vulneración a los derechos fundamentales
mencionados, se deje sin efectos [la] sentencia de segunda instancia del 12 de
febrero de 2016 proferida por la SALA QUINTA DE DECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINSTRATIVO DEL QUINDÍO, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado 63001-3333-001-2019-00273-01; en el
cual fungió como demandante el señor JOSÉ ANTONIO RIVERA ZULUAGA,
conforme fue esgrimido línea atrás.
6.3. Que se ordene a la SALA QUINTA DE DECISIÓN del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, que en el término que estime conveniente, se
sirva DICTAR NUEVA SENTENCIA que no desconozca los efectos ex nunc de la
sentencia C-006 de 1996.
6.4. Se adopten todas las demás decisiones y medidas que se consideren
necesarias para el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales al
debido proceso y educación de mi representada.
1.3. Hechos
La parte demandante sostuvo que el señor José Antonio Rivera Zuluaga
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Universidad del Quindío. Esto,
para que se declarara la nulidad del acto administrativo del 11 de septiembre
de 2019 emitido por dicha institución y, en consecuencia, se declarara la
existencia de la relación laboral con sustento en la prestación de servicios
como docente de la facultad de ingeniería desde 1991 a 2016. Además, para
que se pagara lo dejado de percibir y se efectuaran los respectivos aportes.
Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia
mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024 denegó las pretensiones de la
demanda ordinaria en mención, al considerar que la Corte Constitucional en la
sentencia C-006 de 1996 dispuso que esta no cobijaba a situaciones jurídicas
anteriores a ella y que sus efectos serían hacia el futuro a partir del «2 de
febrero de 1996 (sic)»; por lo que no aplicaba para el periodo reclamado por el
demandante estuvo vinculado como docente catedrático en la Universidad del
Quindío.
1
Dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia.
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Demandante: Universidad del Quindío
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
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Añadió que el demandante en cita presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, la cual revocó el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Quinta de Decisión mediante providencia del 12 de febrero de
2026. En consecuencia, el ad quem declaró la nulidad del acto acusado y,
declaró la existencia del contrato realidad entre la institución educativa y el
señor Rivera Zuluaga derivado de su vinculación como docente, durante los
períodos certificados. Asimismo, se ordenó el pago de los aportes para
pensión2 y denegó las demás pretensiones.
1.4. Sustento de la petición
La parte accionante manifestó con la providencia demandada se configuró un
«defecto sustantivo» y concurrentemente en un desconocimiento del
precedente porque es violatoria de los efectos ex nunc de la sentencia C-006
de 1996 de la Corte Constitucional, por medio de la cual se declaró la
inexequibilidad de apartes del inciso segundo del artículo 74 y del artículo 73
de la Ley 30 de 1992, en lo referente al régimen de los profesores catedráticos
y ocasionales de las universidades estatales. Específicamente, en la parte
resolutiva de dicho pronunciamiento, se decidió lo siguiente:
Declarar INEXEQUIBLES el aparte del inciso segundo del artículo 74 de la Ley
30 de 1992. "...y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos
últimos.", y el aparte del artículo 73 de la misma ley que dice:
"... son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de
prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
"Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades
distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de
estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato
podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de
incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.
"Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal
correspondiente.", (sic) por unidad normativa.
Esta sentencia rige a partir de su notificación, y por tanto no cobija las situaciones
jurídicas anteriores a ella.
2
Por los siguientes periodos: Del 22 de julio al 22 de diciembre de 1991; del 1 de febrero al 30
de mayo de 1992; del 01 de junio al 30 de junio de 1992; del 13 de julio al 12 de diciembre de
1992; del 1 de febrero al 6 de junio de 1993; del 21 de julio al 27 de noviembre de 1993; del 1
de febrero de 1994 al 4 de junio de 1994
Del 25 de julio al 18 de noviembre de 1994
Del 30 de enero al 26 de mayo de 1995
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Expuso que en el mencionado pronunciamiento se señaló de forma expresa
que esta regía a partir de su notificación y por tanto no cobijaba las situaciones
anteriores a ella; de modo que fijó el inicio de la obligación a partir del 18 de
enero de 1996, esto es, cuando fue notificada y, en tal sentido sus efectos no
podían retrotraerse a periodos anteriores.
Mencionó que el tribunal demandado desconoció la ratio decidendi sobre los
efectos temporales establecidos en la aludida decisión de constitucionalidad
pues la condenó al pago de los periodos comprendidos entre el 22 de julio de
1991 y el 26 de mayo de 1995, pese a que la Corte Constitucional excluyó de
manera expresa e inequívoca su ámbito de aplicación para tiempos previos.
Expuso que el mencionado fallo de constitucionalidad dejó claro que antes del
18 de enero de 1996, la legalidad vigente permitía y validaba la vinculación de
docentes sin el pago de dichas prestaciones, ya que tal situación jurídica se
encontraba amparada en la Ley 30 de 19923.
Destacó que la retroactividad que ordenó el tribunal acusado tampoco puede
ampararse en el principio de favorabilidad laboral del artículo 53 superior, pues
este mandato no faculta al juez para ignorar los efectos temporales de las
sentencias de constitucionalidad ni revivir expectativas de derecho que nunca
se consolidaron bajo el régimen anterior.
Advirtió que la favorabilidad opera sobre normas vigentes y aplicables al
momento de los hechos, no sobre declaraciones de inexequibilidad
prospectivas que el juzgador pretende convertir en retroactivas a través de una
«vía de hecho».
Aclaró que la conducta de la universidad durante los periodos de 1991 a 1995
se ajustaba estrictamente a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, norma que
gozaba de plena presunción de constitucionalidad hasta la fecha de la
sentencia que la declaró inexequible.
1.5. Trámite
Mediante auto del 20 de abril de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Quinta de Decisión.
A su vez, se dispuso la vinculación del juez Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y al señor José Antonio Rivera Zuluaga.
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"Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
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1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión
El magistrado ponente de la sentencia demandada se opuso a la prosperidad
de la solicitud de amparo, al considerar que no incurrió en ninguno de los
defectos específicos invocados por la parte actora, ni vulneró sus derechos
fundamentales.
Indicó que tampoco desconoció la legalidad o el mandato de la autonomía
universitaria, pues por efectos de esta última garantía, no es posible afectar los
derechos mínimos de un trabajador, que es la parte débil de la relación
contractual, que solo buscaba completar las cotizaciones necesarias al sistema
a fin de acceder a una pensión.
Refirió que, en segunda instancia del proceso ordinario, se encontró que, al
menos por el periodo reclamado, el demandante tenía derecho a ese
reconocimiento prestacional que se le había conculcado, y que afectaba su
derecho fundamental a la seguridad social.
Mencionó que en el fallo materia de tutela, el tribunal sí hizo alusión a
sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional y respondió los cargos que
hizo la universidad al respecto, por lo que, estimó que no podía predicarse su
desconocimiento.
Aclaró que los reconocimientos de aportes pensionales, desde el año 1996, ha
variado en el contexto jurídico, al punto que la referencia jurisprudencial actual,
treinta años después, es que no prescriben, se pueden reclamar en cualquier
tiempo, y constituyen un derecho mínimo constitucional que le asiste al
trabajador, en procura de garantizar su acceso al sistema pensional y con ello a
una vida digna en la cúspide de su vida.
1.6.2. José Antonio Rivera Zuluaga
Este vinculado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o
en su defecto, denegar lo pretendido y, consecuencialmente, que se mantenga
incólume la providencia acusada, puesto que dicha decisión se inscribe dentro
del margen legítimo de interpretación del derecho, se encuentra debidamente
motivada y responde a una línea jurisprudencial consolidada, lo cual excluye
cualquier posibilidad de intervención del juez constitucional.
Resaltó que aceptar la pretensión de la parte accionante implicaría
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desnaturalizar la acción de tutela, convertirla en una instancia adicional de
revisión y vulnerar los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y
cosa juzgada.
Señaló que la acción de tutela carece de sustento constitucional, en tanto no se
acreditó la vulneración de derecho fundamental alguno ni la configuración de
defecto específico en la providencia judicial cuestionada.
Expuso que la demanda constitucional no cumple los presupuestos de la
relevancia constitucional y subsidiariedad puesto que la pretensión de la parte
accionante se contrae, en esencia, a reabrir un debate jurídico ya resuelto por
el juez natural, lo cual resulta abiertamente incompatible con la naturaleza
excepcional y restrictiva de la tutela contra providencias judiciales.
Estimó que la acción de tutela desconoce un pilar estructural del Estado de
Derecho como lo es la autonomía judicial. Esto, pues pretender que el juez
constitucional sustituya la interpretación razonada del juez natural comporta
una indebida intromisión en la órbita funcional de la jurisdicción contencioso-
administrativa y rompe el equilibrio entre jurisdicciones.
Refirió que el tribunal demandado consideró expresamente la sentencia C-006
de 1996, explicó su alcance, delimitó sus efectos temporales y la integró dentro
de un análisis más amplio; por lo que, a su juicio, la inconformidad de la parte
accionante no obedece a un desconocimiento del precedente, sino a la
circunstancia de que el juez natural no acogió la interpretación que le resultaba
favorable.
Advirtió que la autoridad judicial acusada no solo reconoció expresamente el
carácter ex nunc de dicha decisión de constitucionalidad, sino que estructuró su
razonamiento a partir de un enfoque sistemático, en el cual integró
armónicamente el precedente constitucional con la evolución jurisprudencial del
Consejo de Estado en materia de «contrato realidad».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela,
según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 4, así como en
el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.
4
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Quinta de Decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, así como los principios de legalidad y de autonomía universitaria de la
parte actora con ocasión de la sentencia del 12 de febrero de 2026 emitida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 63001-33-33-001-2019-00273-00/01, que promovió el señor José
Antonio Rivera Zuluaga. En la referida providencia el tribunal demandado
revocó la decisión de primera instancia que había denegado las pretensiones
de la demanda6 para, en su lugar, accederlas parcialmente.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
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Dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia.
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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente …». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
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cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto
tri unal constitucional consideró ue la tutela implica un juicio de alidez no
una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben
tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 12
de febrero de 2026 emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Quinta de Decisión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 63001-33-33-001-2019-00273-00/01, el
cual promovió el señor José Antonio Rivera Zuluaga, providencia con la que se
revocó la sentencia de primera instancia que había denegado las pretensiones
de la demanda para, en su lugar, accederlas parcialmente.
En criterio de la accionante, la decisión reprochada incurrió en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente porque la autoridad judicial
demandada aplicó de manera indebida la sentencia C-006 de 1996 de la Corte
Constitucional, en la cual se decidió lo siguiente:
Declarar INEXEQUIBLES el aparte del inciso segundo del artículo 74 de la Ley
30 de 1992. "...y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos
últimos.", y el aparte del artículo 73 de la misma ley que dice:
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"... son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de
prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
"Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades
distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de
estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato
podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de
incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.
"Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal
correspondiente.", (sic) por unidad normativa.
Esta sentencia rige a partir de su notificación, y por tanto no cobija las situaciones
jurídicas anteriores a ella.
…
Lo anterior, por cuanto, para la entidad accionante, el tribunal demandado
desconoció la ratio decidendi sobre los efectos temporales establecidos en la
aludida sentencia de constitucionalidad pues la condenó al pago de los
períodos comprendidos entre el 22 de julio de 1991 y el 26 de mayo de 1995,
pese a que la Corte Constitucional excluyó de manera expresa e inequívoca su
ámbito de aplicación para periodos previos.
De manera que, para la parte actora en el proceso ordinario, pese a que se
reconoció que el señor Rivera Zuluaga laboró hora cátedra al servicio de la
universidad en mención entre 1991 y 1995, este no tenía derecho al
reconocimiento de los aportes pensionales al sistema pensional, derivado de
una temporalidad prevista en los efectos ex nunc de la sentencia de C-06 de
1996 de la Corte Constitucional.
Así las cosas, se encuentra que las razones señaladas por la entidad
accionante radican en la inconformidad con la decisión acusada, esto, por no
ajustarse al sentido de la sentencia del 12 de febrero de 2026, con la que el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión revocó la decisión
de primera instancia para, en su lugar, declarar la nulidad del acto acusado,
declarar la existencia del contrato realidad entre la institución educativa y el
señor José Antonio Rivera Zuluaga y, consecuencia, ordenar el pago de los
aportes para pensión de la siguiente manera:
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO al pago de los aportes al
sistema integral de seguridad social en pensiones, durante todo el tiempo
servido bajo la relación laboral, tomando como base el valor mensual de los
contratos suscritos.
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Demandante: Universidad del Quindío
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión
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Parágrafo único. El ente universitario accionado está obligado a efectuar los
aportes a seguridad social en pensión, ante la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES, para los siguientes períodos:
Del 22 de julio al 22 de diciembre de 1991
Del 1 de febrero al 30 de mayo de 1992
Del 01 de junio al 30 de junio de 1992
Del 13 de julio al 12 de diciembre de 1992
Del 1 de febrero al 6 de junio de 1993
Del 21 de julio al 27 de noviembre de 1993
Del 1 de febrero de 1994 al 4 de junio de 1994
Del 25 de julio al 18 de noviembre de 1994
Del 30 de enero al 26 de mayo de 1995
De igual forma, se encuentra que el tribunal cuestionado en la decisión
consideró que, por el periodo reclamado, el demandante tenía derecho a ese
reconocimiento prestacional que se le había vulnerado y que afectaba su
derecho fundamental a la seguridad social. Para arribar a tal conclusión, hizo
referencia a las consideraciones de la sentencia C-006 de 1996 para concluir lo
siguiente:
5.7 La Sentencia C 66 (sic) de 1996 – referenciada por la primera instancia
–, resalta que los docentes catedráticos y ocasionales, cumplen las mismas
funciones que un docente de planta:
….
5.8 En la referida providencia, fue clara y enfática la guardiana de la
Constitución en establecer:
“estos profesores de cátedra tienen tam ién una relación la oral
subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio,
igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo
o los llamados ocasionales a ue se refiere el artículo 74…
…
5.10 Bajo el contexto indicado, la vinculación del docente universitario hora
cátedra o tiempo completo por contrato o resolución, se asimila al docente en
carrera, dadas las funciones que debe desarrollar.
…
7 Restaría por analizar el tercer cuestionamiento - debió aplicase la
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Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío,
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Rad: 11001-03-15-000-2026-02857-00
Sentencia C66 (sic) de 1996 para el mes de diciembre de 2013 y para el período
22 de julio de 1991 al 28 de diciembre de 1992-, argumento que está relacionado
con la pretensión de restablecimiento del derecho. Para resolver lo pertinente, es
necesario indicar:
7.1 A partir de la prueba documental, se puede establecer: i) Entre las
partes en efecto se suscribieron una serie contratos, en calidad de docente
universitario; ii) El accionante estaba afiliado al sistema general de seguridad
social en pensiones, a través de COLPENSIONES y iii) Quién efectuó los pagos
y/o aportes fue la UNIVERSIDAD así…
…
7.2 Tal como puede evidenciarse, los aportes en pensiones al sistema
general de seguridad social, correspondientes al demandante, para los períodos
referidos, fueron asumidos, pagados y/o cancelados por la accionada
UNIVERSIDAD y no de manera directa por el accionante, motivo por el cual no
hay lugar a acceder a tal pretensión.
7.3 Conforme a la Certificación 201900796, expedida el 7 de junio de 2019
por la UNIVERSIDAD, relacionada en el numeral 1.1 de este acápite el
demandante además estuvo vinculado, como docente catedrático, durante los
períodos académicos 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995.
7.4 Cotejados tales períodos con el reporte de semanas cotizadas en
pensiones, correspondientes al señor RIVERA ZULUAGA, se evidencia que
COLPENSIONES certificó aportes, inclusive, para los años 1982 a 1990, pero no
hay registro de los períodos en cita, lo cual quiere decir que no se efectuaron y,
en ese orden, atendiendo la imprescriptibilidad frente a los aportes para pensión,
es ia le acceder a ello, atendiendo ue “no aplica el fenómeno prescripti o
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional… pero aclarando ue “Lo anterior, no implica la
imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de
aportes hechos por el trabajador como contratista…
Por lo expuesto, se encuentra que se trata de un simpe desacuerdo con lo
resuelto en el proceso ordinario, lo cual no justifica la intervención del juez
constitucional en el caso concreto pues analizó la aplicación de la sentencia C-
006 de 1996 para determinar la naturaleza de la relación laboral subyacente
entre la universidad actora y el señor Rivera Zuluaga y, consecuencialmente
ordenar a título de restablecimiento del derecho el pago de los aportes en
mención.
Así las cosas, no se presenta un debate iusfundamental que amerite invadir el
ámbito del juez natural y, por consiguiente, no se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional.
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En tal medida, es necesario destacar que la acción de tutela contra
providencias judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para
traer a colación el análisis de la sentencia acusada, sino que es un medio
excepcionalísimo a través del cual se revalúan las decisiones que recaen en la
arbitrariedad, al sopesar los principios rectores de la autoridad judicial.
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante no desarrolló planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento de orden
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la
Universidad del Quindío, por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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