República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02870-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02870-00 (4435)
Accionante: Agencia de Periodismo Investigativo SAS
Accionados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: recurso de insistencia. Subtema
2: defecto por violación directa de la Constitución. Subtema 3: derecho a la intimidad.
Subtema 4: requisito de inmediatez.
Sentencia de Primera Instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por la Agencia de Periodismo Investigativo SAS contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otro.
1. Síntesis del Caso
El señor Norbey Quevedo Hernández, en su condición de representante de la Agencia
de Periodismo Investigativo SAS, presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de los derechos fundamentales de petición, al acceso a la información pública,
a la libertad de prensa y al control ciudadano, que consideró vulnerados por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de las providencias del 3
de diciembre de 2024 y del 29 de agosto de 2025, que negaron los recursos de
insistencia frente a las peticiones de información interpuestas el 16 y 18 de octubre de
2024.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02870-00 (4435)
Accionante: Agencia de Periodismo Investigativo SAS
Accionados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
2. La Agencia de Periodismo Investigativo SAS solicitó al INPEC, el 16 de octubre
de 20241, el nombre, identificación y fecha de las visitas que recibieron varios internos
durante su reclusión, con la finalidad de investigar un caso relacionado con dichas
personas. El 28 de octubre siguiente2, el jefe de la Oficina de Sistemas de la
Información de la entidad negó el acceso a la información requerida, por ser de
carácter reservada, con fundamento en los artículos 13 de la Ley 1581 de 2012 y 24,
numeral 3, de la Ley 1755 de 2015, y en que unos de los internos están recluidos en
centros que no son administrados por dicha entidad.
3. Posteriormente, la Agencia radicó recurso de insistencia el 13 de noviembre de
2024; sin embargo, remitido el expediente núm. 25000-23-41-000-2024-02002-00 al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sección Primera, Subsección C, dictó
providencia el 3 de diciembre de 20243 en la que declaró bien negado el acceso a la
información pedida.
4. Por otra parte, la Agencia de Periodismo Investigativo SAS solicitó al INPEC, el
18 de octubre de 20244, que indicara la relación de visitas que ha realizado el señor
Danilo Alfonso Rojas Betancourth en todos los establecimientos de reclusión del país
durante los últimos 10 años, así como los nombres de los respectivos reclusos, fechas
y relación entre estos. Lo anterior, para efectos de una investigación.
5. El INPEC negó el acceso a la información en oficio del 23 de octubre de 2024 5,
dado el carácter reservado de la misma, con sustento en el artículo 24 de la Ley 1755
de 2015. Luego, la Agencia radicó recurso de insistencia el 7 de noviembre siguiente;
no obstante, el recurso fue remitido para su trámite hasta el 20 de agosto de 2025.
6. Por último, bajo el radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01324-00, la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió providencia el 29 de agosto de 2025 6 en la que declaró bien denegado el
acceso a la información reclamada por la Agencia. Para ello, citó el numeral 3 del
artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 y el literal «a» del artículo 18 de la Ley 1712 de
2014 y la sentencia T-902 de 2014 de la Corte Constitucional relacionados con el
derecho a la intimidad.
7. Además, explicó que, en el asunto bajo estudio, la información que solicitó la
Agencia revela los datos íntimos de la vida en reclusión de personas privadas de la
libertad y de sus visitantes, de manera que no puede ser entregada. También expuso
que el fallo del 17 de octubre de 2024 que profirió esa Sala era distinto al caso concreto,
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02870-00, índice 2, certificado E8DCDAE2D4D96C21
BDDDB3E34A10F4AD D2A098E0650A5086 AFA2D1E59BC6081C, páginas 50 a 52.
2 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02870-00, índice 2, certificado E8DCDAE2D4D96C21
BDDDB3E34A10F4AD D2A098E0650A5086 AFA2D1E59BC6081C, páginas 54 a 56.
3 Samai, expediente núm. 25000-23-41-000-2024-02002-00, índice 4, certificado 72ED970A18016D51
EB1CF0C9099B915E 008035A438C14F84 BC44E3FE7FC8B4EE.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02870-00, índice 2, certificado E8DCDAE2D4D96C21
BDDDB3E34A10F4AD D2A098E0650A5086 AFA2D1E59BC6081C, páginas 19 a 21.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02870-00, índice 2, certificado E8DCDAE2D4D96C21
BDDDB3E34A10F4AD D2A098E0650A5086 AFA2D1E59BC6081C, páginas 23 a 24.
6 Samai, expediente núm. 25000-23-41-000-2025-01324-00, índice 8, certificado 1364EE0A505EDA22
20052F74613A982D 32567135D4209C56 947A0230DEEF6080.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02870-00 (4435)
Accionante: Agencia de Periodismo Investigativo SAS
Accionados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
dado que en esa oportunidad el periodista pidió registro de visitas de servidores
públicos de las dependencias de la Contraloría General de la República que no
estaban privados de la libertad en centros de reclusión.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La Agencia de Periodismo Investigativo SAS formuló como pretensiones de la
tutela7 que se ampararan sus derechos fundamentales de petición, al acceso a la
información pública, a la libertad de prensa y al control ciudadano; y que se dejara sin
efectos las respuestas que otorgó el INPEC a las solicitudes del 16 y 18 de octubre de
2024, así como las providencias que resolvieron los recursos de insistencia. En
consecuencia, pidió lo siguiente:
Tercero: Ordenar al […] INPEC que, dentro del término que fije el despacho, realice un
nuevo análisis de las solicitudes presentadas, efectuando una ponderación
constitucional real y concreta entre el derecho a la intimidad y el derecho fundamental a
la información, la libertad de prensa y el control ciudadano, conforme a los principios de
máxima divulgación, proporcionalidad y mínima intervención.
Cuarto: Como consecuencia de la ponderación constitucional ordenada, disponer que el
INPEC entregue la información solicitada en los derechos de petición de fechas 16 y 18
de octubre de 2024, o en su defecto, que suministre la información de manera parcial,
anonimizada o disociada, de forma que se proteja la intimidad de las personas privadas
de la libertad sin sacrificar el derecho fundamental a la información de interés público.
Quinto: Ordenar al […] INPEC que adopte protocolos internos de ponderación
constitucional en materia de acceso a la información para solicitudes periodísticas,
garantizando que las reservas legales no sean aplicadas de manera automática,
mecánica o absoluta.
Sexto: Prevenir al […] INPEC para que en lo sucesivo se abstenga de imponer
restricciones absolutas al derecho fundamental de acceso a la información cuando se
trate de solicitudes periodísticas de evidente interés público8.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante sintetizó las
actuaciones que dieron lugar a las decisiones cuestionadas y afirmó que las solicitudes
no estaban orientadas a indagar sobre la vida íntima, familiar, médica o personal de
los privados de la libertad o de su situación jurídica, sino a verificar los accesos,
desplazamientos y actuaciones de un tercero visitante dentro de establecimientos
penitenciarios. Indicó que la información requerida era objetiva atinente a ingresos,
visitas y accesos a instalaciones públicas, y no datos sensibles de los internos.
10. Adujo que las respuestas del INPEC fueron abstractas, genéricas y carentes de
motivación, dado que no explicó de qué forma la información pedida afectaba el núcleo
esencial del derecho a la intimidad de los internos y no evaluó alternativas menos
lesivas como la entrega parcial de datos.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02870-00, índice 2, certificado E8DCDAE2D4D96C21
BDDDB3E34A10F4AD D2A098E0650A5086 AFA2D1E59BC6081C, páginas 1 a 18.
8 Se transcribe incluso con errores de texto.
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11. Cuestionó que el recurso de insistencia relacionado con la petición del 18 de
octubre de 2024 fuera remitido al Tribunal transcurridos más de 9 meses desde su
interposición, retardo que constituyó una vulneración autónoma y continuada del
derecho fundamental de petición por privar al tutelante de una respuesta oportuna y
eficaz.
12. En cuanto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, manifestó que en las
decisiones que profirió «no ponderó el derecho fundamental a la información y a la
libertad de prensa, ni valoró el interés público de la investigación periodística,
limitándose a reiterar de forma abstracta la protección de la intimidad de las personas
privadas de la libertad». Por las razones expuestas, agregó lo siguiente:
Décimo: Como consecuencia directa de las decisiones adoptadas por el INPEC y del
trámite tardío del recurso de insistencia, se me ha impedido acceder a información oficial
necesaria para el ejercicio de mi labor periodística, se ha obstaculizado una investigación
de interés público que continúa en curso y se ha vulnerado de manera actual,
permanente y continuada mi derecho fundamental de acceso a la información, la libertad
de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada. La afectación no cesó con la
decisión del Tribunal, pues la información sigue siendo negada y la investigación
continúa abierta, manteniéndose hasta hoy un bloqueo institucional que impide el
ejercicio pleno de mis derechos fundamentales9.
13. Por otra parte, argumentó que el requisito de inmediatez fue superado porque la
vulneración se proyecta de manera continuada hasta la actualidad, y que no cuenta
con otros mecanismos de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos
fundamentales. Sostuvo que el Tribunal equiparó de manera errada la intimidad de las
personas privadas de la libertad con la información relacionada con los accesos,
desplazamientos y actuaciones de terceros visitantes.
14. Destacó que, de acuerdo con la Corte Constitucional, sentencias T-414 de 1992
y T-260 de 2012, la información reservada debe incidir de manera directa y sustancial
con la esfera personal y privada de la persona. Consideró que la distinción entre
información íntima y datos de «carácter administrativo» no constituían apreciaciones
subjetivas.
15. Invocó el principio de proporcionalidad y los derechos a la libertad de prensa y a
la información para el ejercicio del periodismo investigativo y citó jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2.3. Trámite procesal
16. El asunto correspondió al Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, autoridad que, luego de admitir la acción, profirió sentencia
el 6 de febrero de 2026 en la que negó el amparo. Contra esta decisión fue interpuesto
recurso de impugnación. En segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del
9 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Accionante: Agencia de Periodismo Investigativo SAS
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Distrito Judicial de Bogotá emitió providencia el 13 de abril de 2026 en el que declaró
la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado en
atención a las reglas de reparto.
17. En esta corporación, el despacho ponente dictó auto el 21 de abril de 2026 en el
que admitió la demanda, ordenó la notificación a las partes, tuvo como pruebas los
documentos aportados con la tutela y suspendió los términos del trámite constitucional.
2.4. Intervenciones
18. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario manifestó que la parte accionante
incurrió en temeridad porque el asunto ya fue discutido ante el Juzgado Cuarenta Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien profirió sentencia el 6 de
febrero de 2026. Alegó que la tutela resultaba improcedente por no superar el requisito
de subsidiariedad y que la solicitud de amparo no podía convertirse en una tercera
instancia para reabrir debates jurídicos ya resueltos por el juez natural.
19. Reiteró los argumentos según los cuales la información solicitada está amparada
por reserva constitucional y legal, pues de lo contrario afectaría a las personas privadas
de la libertad y a sus visitantes. Agregó que no vulneró derechos fundamentales y pidió
que se decretara la temeridad, por cosa juzgada, y que se declarara la improcedencia
de la tutela o, en su defecto, que se negara.
20. La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca refirió que el falló de única instancia del 29 de agosto de 2025 que
declaró bien negado el acceso a la información solicitada contiene las razones de
hecho y de derecho que lo sustentan. Requirió que se declarara improcedente la tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por la Agencia de Periodismo Investigativo SAS contra
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa de la Agencia de Periodismo Investigativo
SAS se encuentra acreditada porque fue la solicitante en los trámites de insistencia en
los que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus
derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y de la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
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Accionante: Agencia de Periodismo Investigativo SAS
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Administrativo de Cundinamarca, debido a que fueron las autoridades que negaron,
en sede administrativa y judicial, respectivamente, la solicitud de información requerida
en los escritos del 16 y 18 de octubre de 2024.
3.3. Cuestiones preliminares
24. En el escrito de amparo, la parte accionante controvirtió las decisiones emitidas
en los trámites de las solicitudes radicadas el 16 y el 18 de octubre de 2024 ante el
INPEC, relacionadas con, respectivamente, las visitas recibidas por unas personas
privadas de la libertad y las visitas efectuadas por el señor Danilo Alfonso Rojas
Betancourth a centros penitenciarios en el país durante los últimos diez años.
25. Dado que el INPEC negó las referidas peticiones de información por ser de
carácter reservada y que fueron interpuestos recursos de insistencia, la Subsección C
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió, en su
orden, las providencias del 3 de diciembre de 2024 y del 29 de agosto de 2025, en las
que declaró bien negadas las solicitudes.
26. Pues bien, en atención a lo descrito, la Sala aclara que estudiará la posible
vulneración de derechos fundamentales causada con las providencias del 3 de
diciembre de 2024 y del 29 de agosto de 2025, por cuanto fueron esas decisiones las
que finalizaron los trámites de las solicitudes de información. Además, el cumplimiento
de requisitos será analizado de forma autónoma, por cuanto se trata de peticiones
diferentes.
27. Por otra parte, la Sala advierte que, en la medida en que el escrito de tutela no
hace referencia a una indebida valoración de pruebas, la inaplicación o indebida
interpretación normativa, el desconocimiento del precedente, una irregularidad
procesal o a un error inducido, sino que discute la vulneración del derecho fundamental
a la información por dar la condición de reserva a los datos solicitados el 16 y el 18 de
octubre de 2024, se analizará la posible configuración de un defecto por violación
directa de la Constitución.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional11.
29. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que hayan agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional14 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
33. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en las decisiones
cuestionadas se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidieran providencias ajustadas a derecho.
34. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó los trámites previstos por el
legislador para obtener la información.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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35. En cuanto al requisito de inmediatez, al tener en cuenta que el escrito de amparo
fue interpuesto el 26 de enero de 2026, la Sala lo encuentra satisfecho frente a los
reparos dirigidos a cuestionar la providencia del 29 de agosto de 2025, que decidió el
recurso de insistencia de la petición del 18 de octubre de 2024, pues no transcurrió un
término superior a seis meses entre ambas actuaciones, plazo previsto por la
jurisprudencia constitucional15 y del Consejo de Estado16 como razonable.
36. Cuestión distinta ocurre respecto de los reparos dirigidos a controvertir la
providencia del 3 de diciembre de 2024, que resolvió el recurso de insistencia de la
petición del 16 de octubre de 2024, dado que la acción fue interpuesta el 26 de enero
de 2026, es decir, por fuera de dicho plazo de 6 meses.
37. Ahora bien, no es de recibo el argumento de que la vulneración de derechos es
continua en el tiempo, por cuanto con la notificación de la providencia del 3 de
diciembre de 2024 finalizó la discusión ante el juez natural sobre la condición de
reserva de la información requerida con la petición del 16 de octubre de 2024.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de una acción de tutela,
sino que se dictó dentro de un trámite de un recurso de insistencia.
39. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los reproches formulados contra la
providencia del 29 de agosto de 2025 y, en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problemas jurídicos
40. La Sala debe determinar si ¿la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales de petición, al acceso a la información pública, a la libertad de prensa
y al control ciudadano de la parte tutelante? Para ello, será necesario establecer si ¿la
providencia del 29 de agosto de 2025 incurrió en el defecto de violación directa de la
Constitución? En concreto, se deberá resolver si ¿la información requerida en el escrito
del 18 de octubre de 2024 tiene la condición de ser reservada por pertenecer a la
intimidad de personas privadas de la libertad?
41. Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; y ii) el caso
concreto.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.5.1. Violación directa de la Constitución
42. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual, la Carta Política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»17.
43. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo, sin embargo, en sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200518. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:
a) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional.
b) Se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata.
c) Los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
d) Si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales19.
44. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el artículo
4 superior que antepone de manera preferente la aplicación de los postulados de la
Carta Política, sus reglas, principios y valores.
3.6. Caso concreto
45. La Agencia de Periodismo Investigativo SAS solicitó al INPEC, el 18 de octubre
de 2024, lo siguiente:
1. Se informe a cuantos, y cuáles establecimientos de reclusión penitenciarios asistió el
señor Danilo Alfonso Rojas Betancourth, […], en calidad de visitante dentro de los
últimos 10 años.
2. De acuerdo con la anterior relación de visitas, solicito se informe a qué reclusos visitó,
en calidad de qué los visitó, las fechas y horas en las qué realizó las visitas.
46. El INPEC negó la petición en oficio del 23 de octubre de 2024, dado el carácter
reservado de la misma. La Agencia radicó recurso de insistencia el 7 de noviembre
siguiente y la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
17 Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02870-00 (4435)
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Accionados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Cundinamarca profirió providencia el 29 de agosto de 2025 en la que declaró bien
negado el acceso a la información reclamada, con fundamento en los artículos 24,
numeral 3, de la Ley 1755 de 2015 y 18 de la Ley 1712 de 2014.
47. Pues bien, la primera norma mencionada dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la
Constitución Política o la ley, y en especial:
[…]
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en
las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de
personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la
historia clínica.
48. Por su parte, el literal a del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 prevé que:
ARTÍCULO 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o
jurídicas. Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser
rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere
causar un daño a los siguientes derechos:
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la
condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la
Ley 1437 de 2011.
[…]
PARÁGRAFO. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse
cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la revelación de sus datos
personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como
parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable.
49. De las normas expuestas, se observa que la información y documentos de las
personas que involucren datos sobre su privacidad e intimidad, que estén incluidas en
hojas de vida e historia laboral, entre otros, de bases entidades públicas, serán
reservados y, por lo tanto, su acceso será negado toda vez que podría causar un daño
al derecho a la intimidad.
50. Ahora bien, el derecho a la intimidad está protegido en el artículo 15 de la
Constitución, el cual el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. Además, los
artículos 18 y 33 ibidem indican que nadie está obligado a revelar sus convicciones o
a auto incriminarse o declarar contra sus familiares, respectivamente; el 42, que la
intimidad familiar es inviolable; y el 74, el secreto profesional, entre otras disposiciones.
51. La Corte Constitucional, desde su inicio, ha manifestado que la garantía a la
intimidad busca que no trasciendan a la esfera pública circunstancias que legal y
moralmente una persona «quiere conservar bajo la absoluta reserva y completo
silencio»20. Este derecho, está orientado a:
20 Corte Constitucional, sentencia T-603 de 1992.
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[G]arantizarles a las personas una esfera de privacidad en su vida personal y
familiar. Esta queda al margen de las intervenciones arbitrarias del Estado o de
terceros. En consecuencia, comprende la protección frente a la divulgación no
autorizada de los asuntos que conciernen al ámbito de privacidad. Se trata de
una facultad para exigirle a los demás el respeto pleno por un ámbito exclusivo
que solamente incumbe al individuo. Ese espacio opera como un resguardo de
las posesiones privadas, de los propios gustos y de las conductas o actitudes
personalísimas que una persona no está dispuesta a exhibir. La Sala Plena de la
Corte Constitucional ha indicado que el derecho a la intimidad le confiere a cada
persona la legitimación exclusiva para permitir la divulgación de datos
concernientes a su vida privada
52. El alto tribunal constitucional ha establecido que el derecho a la intimidad tiene
una dimensión individual que se vulnera por la intromisión en aspectos que la persona
se ha reservado, la divulgación de hechos privados y la presentación de información
falsa; y una dimensión relacional o de proyección social que supone la existencia y
goce de una órbita reservada para cada persona, que está exenta del poder del Estado
o la sociedad, que permite el desarrollo de una vida personal, espiritual y cultural21.
53. En el presente asunto, la Sala encuentra que los datos que la Agencia tutelante
pidió al INPEC, además de que trata sobre actuaciones realizadas por el señor Danilo
Alfonso Rojas Betancourth, lo cierto es que implica necesariamente entregar
información de personas privadas de la libertad sobre la fecha y hora de visitas en que
han recibido al mencionado señor, si ello ha ocurrido, y la relación entre estos.
54. Al respecto, la Corte Constitucional explicó en un caso que involucró las visitas
recibidas por una persona privada de la libertad, lo siguiente:
Aun cuando desde una perspectiva general le asiste razón al actor en que su solicitud
se circunscribe a la relación de visitas y no a la generalidad de los datos que se incluyen
en la hoja de vida de un recluso, no deja de ser cierto que al tratarse de una información
que tiene relación directa con la privacidad del señor Suárez Mira, es preciso verificar si
frente a la misma cabe alguna de las hipótesis de reserva consagradas en el
ordenamiento jurídico.
En efecto, dicho listado que en términos abstractos es un documento público, pues se
trata de una información que es almacenada, transformada y controla-da por una
autoridad pública como lo es el INPEC, contiene información que involucra la intimidad
del señor Suárez Mira, en la medida en que a través de él se reflejan las visitas de las
cuales ha sido objeto, cuyo conocimiento y control permite inferir los vínculos personales,
familiares y sociales en que se ha desenvuelto su vida en reclusión y ha podido mantener
relaciones interpersonales, en cuyo acceso no subyace –en principio– un interés general,
sino un interés de dominio particular, circunscrito a la construcción de un entorno social
y familiar ajeno a la lógica de una exhibición pública que impida el desarrollo de actitudes
o conductas personalísimas en el ámbito de la privación de la libertad, como lo son, por
ejemplo, mantener relaciones íntimas o personales.
21 Corte Constitucional, sentencia T-280 de 2022.
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Visto lo anterior, al igual que lo expuso el Tribunal demandado, la Corte observa que el
listado de las personas que han visitado el lugar de reclusión del señor Suárez Mira,
cabe en la denominación de documento clasificado como reservado, conforme a lo
dispuesto en el citado numeral 4 del artículo 24 del CPACA, en el que a pesar de que se
incluye a manera de ejemplo cierta información que se origina como consecuencia de la
existencia de relaciones laborales, como ocurre con la “historia laboral” o “los
expedientes pensionales”, su órbita de protección envuelve en general la privacidad e
intimidad de las personas, respecto de cualquier otro tipo de registros de personal que
obren en archivos públicos, como sucede con las “hojas de vida” o la “historia clínica”.
Por ello, en criterio de esta Sala de Revisión, le asiste razón al Tribunal demandado para
negar al actor el suministro de la información solicitada, pues el hecho de entregar la
relación de las visitas que ha tenido un recluso a un tercero, constituiría una intromisión
en su vida privada, toda vez que su difusión permitiría inferir aspectos de su conducta
conyugal, familiar y social que hacen parte de su intimidad, los cuales no tienen por qué
trascender al dominio público, al constituir una órbita exclusiva que le permite al interno
poder mantener relaciones personales, más allá del hecho de estar privado de la libertad.
Si este tipo de información fuese de carácter público, sin lugar a dudas se podría
comprometer el núcleo esencial del derecho a la intimidad del interno, pues éste no
podría desarrollar una vida personal ajena al conocimiento de terceros que soliciten la
entrega de dicha relación de visitas. Lo anterior, obviamente, sin perjuicio del acceso
previsto a cargo de determinadas autoridades públicas con sujeción a las formalidades
previstas en la ley.
55. De todo lo expuesto, la Sala considera que la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en un defecto por
violación directa de la Constitución, en la medida en que, en efecto, como se concluyó
en la providencia del 29 de agosto de 2025, entregar a un tercero información de la
fecha y hora en que una persona privada de la libertad recibe una visita y la relación
existente con el que asiste al establecimiento penitenciario, infringe el derecho a la
intimidad de estos.
56. En este sentido, cabe destacar que la difusión, especialmente de la prensa que
tiene mayor expansión, de la relación de visitas que recibe una persona privada de la
libertad, constituye una intromisión en su vida privada, pues permite inferir aspectos
de su relacionamiento conyugal, familiar y social que hacen parte de su intimidad y su
órbita exclusiva.
57. En este punto, es necesario reiterar que, si bien la información solicitada fue de
las visitas que ha efectuado el señor Danilo Alfonso Rojas Betancourth a personas
privadas de la libertad, conceder esa petición implica directamente entregar datos
sensibles de dichas personas.
58. En cuanto al argumento de que la Agencia de Periodismo Investigativo SAS está
ejerciendo su derecho a la libertad de prensa, es preciso recordar que esa garantía no
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es absoluta y que encuentra límites precisamente en los derechos a la intimidad, a la
honra, al buen nombre e imagen22.
59. Así las cosas, se concluye que la providencia del 29 de agosto de 2025 proferida
por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante,
por cuanto no era posible acceder a la solicitud del 18 de octubre de 2024 porque se
trató de información con carácter de reserva.
4. Conclusión
60. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección declarará la
improcedencia de la tutela interpuesta contra la providencia del 3 de diciembre de
2024, por no superar el requisito de inmediatez; y negará las pretensiones de amparo
en relación con la decisión del 29 de agosto de 2025.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la república de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar improcedente la solicitud de la tutela interpuesta por la Agencia de
Periodismo Investigativo SAS para cuestionar la providencia del 3 de diciembre de
2024 proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Negar el amparo solicitado por la Agencia de Periodismo Investigativo SAS,
en relación con los cargos orientados a controvertir la providencia del 29 de agosto de
2025 proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, por los motivos expuestos en esta sentencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no
es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
22 Corte Constitucional, sentencia T-063 de 2024.
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Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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