Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02872-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02872-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02872-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02872-01
Accionante: Rubiela Cortés Mosquera y otros1
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro2
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Desplazamiento forzado.
Caducidad / MODIFICA – Confirma improcedencia por falta de legitimación en la
causa por activa respecto de dos tutelantes y la modifica, para negar el amparo
constitucional reclamado frente a los demás actores
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 5 de junio de 2026 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 153 de abril de 2026 los señores Rubiela y Madeleine Cortés Mosquera; Jessica
Isleana y Karen Xiomara Santana Cortés; Darío Caicedo Cortés; Wilmer Andrés
Cortés; Angie Mildreth González Santana; Virginia Angulo Tenorio; Jhon Feiver
Angulo Ortega; y Nila Virginia, Jhon James, Tarcila, Nilson Evangelista, Luz Mery,
Carmen Alicia y Sandra Nubia Santana Angulo promovieron, a través de apoderada,
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, igualdad y protección reforzada de
las víctimas del conflicto armado y de las mujeres víctimas de violencia4.
1 Jessica Isleana y Karen Xiomara Santana Cortés; Madeleine Cortés Mosquera, Darío Caicedo Cortés, Wilmer
Andrés Cortés, Angie Mildreth González Santana, Virginia Angulo Tenorio, Jhon Feiver Angulo Ortega y Nila
Virginia, Jhon James, Tarcila, Nilson Evangelista, Luz Mery, Carmen Alicia y Sandra Nubia Santana Angulo.
2 Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Segunda de Decisión.
3 Pese a que se presentó el escrito de tutela el 14 de abril, lo cierto es que se hizo a las 05:11 p. m., es decir, por
fuera del horario judicial, razón por la cual se tiene por radicada al día hábil siguiente.
4 También invocó la protección del principio de prevalencia del derecho sustancial.
1
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Accionante: Rubiela Cortés Mosquera y otros
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2.
Solicitaron que se dejara sin efectos las sentencias de 23 de octubre de 2024 y
19 de septiembre de 2025, emitidas dentro del proceso de reparación directa5 que
instauraron, junto con el señor Pablo Emilio Santana Angulo (q. e. p. d.), contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional, con
el objeto de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la situación de
desplazamiento forzado que padecieron el 16 de agosto de 2002 en el municipio de
Currillo - Caquetá, por una amenaza proveniente del grupo paramilitar de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
3.
Mediante la providencia de 19 de septiembre de 20256, se confirmó la dictada el
23 de octubre de 2024, que declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control de reparación directa. Se analizó el asunto conforme a la naturaleza de
daño continuado del desplazamiento forzado y se determinó que existieron las
condiciones de seguridad para el retorno de la parte actora luego del proceso de
desmovilización de los paramilitares entre los años 2006 y 2007. Sin embargo, como
se trató de un desplazamiento que cesó con anterioridad a la sentencia SU-254 de
2013 de la Corte Constitucional, debe contarse el término desde la ejecutoria de esa
decisión.
4.
En esa medida, el término de caducidad transcurrió entre el 23 de mayo de 2013
y el 22 de mayo de 2015 y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 15
de abril de 2016, es decir, cuando ya había fenecido el plazo de los dos años
siguientes a la ejecutoria de la aludida sentencia constitucional. Además, se acreditó
que los demandantes conocieron de la supuesta participación de agentes del Estado
desde la causación del daño y no se observaron barreras de acceso a la
administración de justicia.
5.
La parte accionante sostuvo que se incurrió en defecto sustantivo. Se
interpretaron y se aplicaron de manera irrazonable las normas sobre caducidad, en
particular, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). No se tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del
desplazamiento forzado como un crimen de lesa humanidad y un daño de carácter
continuado. El término de caducidad en este tipo de casos debe contabilizarse desde
cuando se superan las condiciones que impiden el retorno a su lugar de origen o el
restablecimiento en otro sitio.
6.
En el proceso ordinario las entidades demandadas no demostraron que el Estado
hubiese adelantado una política social en Curillo para garantizar su retorno. Solo
hasta el 23 de noviembre de 2018 se creó el Pacto Municipal para la Transformación
del Municipio de Curillo, que pretendía crear escenarios aptos para el retorno de las
víctimas, esto es, dos años después de que instauraron la demanda de reparación
directa.
5 Expediente 18001-23-33-000-2017-00024-01.
6 La notificación se realizó a través de correo electrónico remitido el 15 de octubre de 2025, por lo que se entiende
surtida el 17 del mismo mes y año.
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7.
Tampoco se acreditó por la parte demandada que les hubiese notificado el acto
administrativo que declaraba la cesación del desplazamiento o que ellos retornaron
a Curillo, por ende, no podía edificarse sobre suposiciones una sentencia que
involucra crímenes de lesa humanidad. Contrario a ello, se probó que eran
propietarios de varios inmuebles y fincas que estaban ocupados por las AUC y que
fueron amenazados para que no regresaran a Curillo. Además, a la fecha de
presentación de la tutela no han retornado a ese municipio, pues no se les ha
garantizado el acceso a sus predios en las condiciones de seguridad necesarias para
esa zona del país.
8.
Agregó que no puede considerarse que el hecho de que en el año 2005 la
estructura paramilitar ya no se encontrara en esa zona y que el señor Pablo Emilio
Santana Angulo (q. e. p. d.) participara como víctima en el proceso penal, les permitía
radicarse nuevamente en Curillo y continuar sus actividades económicas y, además,
comprender per se que, ante la comisión de un delito, emergía la responsabilidad del
Estado.
9.
También se presentó desconocimiento del precedente. Se desatendió la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativa a la
imprescriptibilidad o la flexibilización de la caducidad para crímenes de lesa
humanidad, como el desplazamiento forzado. Situación que se agrava al aplicar una
postura restrictiva en forma retroactiva, contenida en la sentencia de unificación de
la Sección Tercera del Consejo de Estado de enero de 2020, lo que los sorprendió y
vulneró sus principios de buena fe y confianza legítima, por cuanto instauraron la
demanda ordinaria con antelación a ese fallo de unificación.
10.
La decisión de declarar la caducidad del medio de control pasó por alto que el 13
de febrero de 2019, en audiencia inicial surtida en primera instancia, conforme al
artículo 180 del CPACA, se había declarado no probado este medio exceptivo.
Determinación contra la cual la parte demandada no interpuso recurso alguno, por lo
que quedó ese asunto zanjado de manera definitiva y favorable a la parte
demandante, lo que impedía que se volviera a examinar ese aspecto.
11.
La autoridad judicial de primera instancia justificó la determinación de estudiar
nuevamente lo referente a la caducidad del medio de control, en que no se habían
obtenido la totalidad de los elementos probatorios. Sin embargo, no se evidencia que
se hubiere aportado documento diferente al adjuntado con la demanda y el aportado
daba cuenta de que solo hasta el 17 de febrero de 2011 fue asignada a la Fiscalía
16 Especializada Unidad Nacional de Fiscalías contra los delitos de desaparición y
desplazamiento forzado la investigación adelantada contra exmiembros de las AUC
por los delitos de desplazamiento forzado agravado, secuestro, hurto agravado y
calificado. Diligencias en las que (i) actúan como víctimas; (ii) el 27 de junio de 2013
se abrió formalmente la investigación contra Nohemy Becerra, alias La Raya, y se
ordenó su captura, la cual fue materializada el 13 de septiembre de ese año; (iii) el
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23 de enero de 2014 se realizó la diligencia de ampliación de la denuncia; y, (iv) el
12 de junio de 2014 se profirió resolución de acusación. Desde este momento
tuvieron conocimiento de la magnitud del daño y la posible atribución de
responsabilidad al Estado y, además, se dieron las condiciones de seguridad y
jurídicas para solicitar la inscripción en el registro de tierras despojadas y
abandonadas en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas en Ibagué.
12.
Adicional a ello, se fijó como fecha de inicio del cómputo de la caducidad a partir
del 23 de mayo de 2013, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013
de la Corte Constitucional, lo que desconoce la verdadera intención de ese
pronunciamiento constitucional, que no fue imponer un límite temporal para el
ejercicio de la acción judicial, sino darle la oportunidad a personas en condición de
desplazamiento forzado que no habían podido reclamar judicialmente hasta ese
momento sus derechos. Por ende, no puede aplicarse a quienes persistían en una
imposibilidad material de demandar, como ellos.
13.
De igual modo, se incurrió en violación directa de la Constitución, por omisión
de un enfoque de género y de protección reforzada a las víctimas, particularmente,
a las mujeres. Se ignoró la especial condición de vulnerabilidad de las accionantes,
Rubiela Cortés y sus hijas, caracterizada por su bajo nivel educativo, ser ajenas a
los trámites legales y su dependencia con Pablo Santana (fallecido el 10 de junio de
2024) para el impulso procesal.
B. Sentencia de primera instancia
14.
Mediante sentencia de 5 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción. Se determinó que el
juez ordinario de segunda instancia tuvo en cuenta la naturaleza de derechos
humanos del asunto y la condición de especial protección constitucional de la
población desplazada y aplicó, en debida forma, el precedente fijado en la sentencia
SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional. Por tanto, la inconformidad de la parte
actora revela un desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada en la decisión
judicial atacada.
15.
La autoridad judicial realizó un análisis integral sobre la procedencia de la
caducidad en el caso concreto, para lo cual se abordaron las circunstancias del
desplazamiento forzado, el momento en que cesó el daño continuado, las
condiciones materiales de acceso a la administración de justicia y el conocimiento
de la presunta participación de agentes estatales. En esa medida, la intención de la
parte accionante es que el juez constitucional sustituya el criterio jurídico adoptado
por el juez natural de la causa respecto del cómputo del término de caducidad del
medio de control de reparación directa, es decir, suscitar una instancia adicional al
proceso ordinario, pese a que las providencias acusadas estuvieron debidamente
motivadas, fueron razonables, respetaron los límites de la autonomía judicial y
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aplicaron correctamente el derecho sustancial. Por tanto, el asunto no supera el
presupuesto de relevancia constitucional.
16.
Por otra parte, no se aportó poder especial conferido por las señoras Luz Mery
Santana Angulo y Virginia Angulo Tenorio, motivo por el cual respecto de ellas no se
cumple el requisito de legitimación en la causa para por activa.
C. La impugnación
17.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia. Adujo que el
presente asunto sí tiene relevancia constitucional. Se redujo la controversia
constitucional a una simple discrepancia legal y desconoció que la discusión no versa
sobre cuál interpretación ordinaria es preferible, sino sobre la validez constitucional
de unas providencias que cerraron definitivamente el acceso a la reparación judicial
de víctimas de secuestro y desplazamiento forzado y que se fundamentaron en (i)
dar por terminada una situación de desplazamiento forzado con base en la
desmovilización formal del grupo armado causante de los hechos; (ii) inferir la
existencia de condiciones efectivas de seguridad para el retorno sin acreditar
materialmente que las víctimas podían regresar de manera voluntaria, digna y
segura; (iii) equiparar la realización de actuaciones administrativas, judiciales o de
disposición patrimonial con la superación de los obstáculos materiales derivados del
desplazamiento; (iv) aplicar reglas jurisprudenciales posteriores de manera
desfavorable, sin garantizar la adaptación procesal necesaria frente al cambio
jurisprudencial; (v) omitir el análisis diferencial de mujeres víctimas de secuestro,
desplazamiento y violencia en el marco del conflicto armado; y, (vi) cerrar
definitivamente el acceso a una decisión judicial de fondo sobre graves violaciones
de derechos humanos.
18.
En ese sentido, no se solicitó sustituir la valoración del juez natural de la causa,
sino verificar si la decisión sobre la caducidad, se apoyó en inferencias probatorias
carentes de suficiencia, desconoció hechos determinantes sobre la continuidad del
desplazamiento, aplicó de manera indebida las reglas sobre cesación del daño,
desatendió precedentes vinculantes, omitió el enfoque diferencial exigible y les
impuso una barrera desproporcionada para acceder a la justicia. Ello comporta la
realización de un juicio de validez constitucional.
19.
Reiteró la argumentación en los que soporta la configuración de defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, y
agregó (i) la ocurrencia de defecto fáctico, en razón a que la participación del señor
Pablo Emilio Santana Agudelo no demostraba condiciones seguras de retorno ni los
actos de disposición sobre algunos bienes acreditaban el fin del desplazamiento y
no se individualizó la situación de cada accionante; (ii) la desatención a los principios
pro actione y pro damnato, en cuanto a la aplicación de las reglas de caducidad, al
existir, como mínimo, una duda sobre la fecha real de cesación del desplazamiento;
y, (iii) la configuración de defecto procedimental por alteración de una decisión
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adoptada en la audiencia inicial.
20.
Por otro lado, adujo que aportaba los poderes de las señoras Luz Mery Santana
Angulo y Virginia Angulo Tenorio, para que fueran valorados en aplicación de los
principios de informalidad, eficacia, prevalencia del derecho sustancial y acceso
efectivo a la justicia.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
21.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.
E. Análisis del caso concreto8
22.
La Sala anticipa que confirmará la improcedencia relacionada con la falta de
legitimación en la causa por activa de dos de las tutelantes y la modificará, para en
su lugar, negar el amparo reclamado, por las razones que se exponen a
continuación.
(i) Legitimación en la causa por activa
23.
En el sub lite la abogada Vanessa Castillo Velásquez presentó la solicitud de
amparo manifestando actuar como apoderada de la parte accionante. Sin embargo,
solamente aportó el poder conferido por la señora Rubiela Cortés Mosquera, motivo
por el cual el juez de primera instancia, mediante auto admisorio de 20 de abril de
2026, la requirió para que aportara la totalidad de los poderes a ella conferidos.
24.
En cumplimiento de lo anterior, la profesional del derecho aportó a estas
diligencias los mandatos de Jessica Isleana y Karen Xiomara Santana Cortés;
Madeleine Cortés Mosquera, Darío Caicedo Cortés, Wilmer Andrés Cortés, Angie
Mildreth González Santana, Jhon Feiver Angulo Ortega y Nila Virginia, Jhon James,
Tarcila, Nilson Evangelista, Carmen Alicia y Sandra Nubia Santana Angulo, pero
omitió adjuntar los de Virginia Angulo Tenorio y Luz Mery Santana Angulo.
25.
Con base en la documentación aportada, el a quo -en sentencia de 5 de junio de
2026-, además de declarar la improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional, declaró la falta de legitimación en la causa por activa en cuanto a las
señoras Virginia Angulo Tenorio y Luz Mery Santana Angulo.
7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8 La Sala circunscribirá al fallo dictado el 19 de septiembre de 2025, por ser el que zanjó de manera definitiva el
litigio.
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26.
Contra dicha decisión judicial la parte actora presentó impugnación, escrito en el
que, entre otras consideraciones, adujo que aportaba los poderes faltantes, con el
fin de que fueran valorados en sede de impugnación. No obstante, pese a haberlo
enunciado en dicho memorial, no se evidencia que los hubiere adosado.
27.
Bajo el anterior panorama se colige que la abogada omitió su deber de aportar los
poderes especiales que le fueron requeridos. Omisión que le impide a la Sala en esta
instancia habilitar el apoderamiento judicial respecto de las señoras Virginia Angulo
Tenorio y Luz Mery Santana Angulo.
28.
En ese sentido, si bien es cierto que la informalidad es una de las notas
características de la acción de tutela, cuyo fundamento estriba precisamente en la
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos
requisitos mínimos de procedencia, que surgen de su naturaleza jurídica y de los
elementos especiales que la componen.
29.
Así las cosas, como lo anotó el juez constitucional de primera instancia, respecto
de las señoras Virginia Angulo Tenorio y Luz Mery Santana Angulo no se cumplió la
exigencia de legitimación en la causa por activa.
(ii) Relevancia constitucional
30.
Previo a determinar si el presente asunto reviste o no de relevancia constitucional,
cabe anotar que, aunque en la solicitud de amparo se hizo referencia a la
configuración de defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución, lo cierto es que también se incluyeron reproches que
comportaban los defectos fáctico y procedimental, lo cual fue precisado de ese modo
en el escrito de impugnación, razón por la cual, se examinará conforme a esas
causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.
31.
Precisado lo anterior, se pone de presente que la Sala difiere de lo determinado
por el a quo, en cuanto a la falta de relevancia constitucional, en razón a que los
cuestionamientos expuestos sí trascienden al ámbito constitucional. Se enmarcan en
unas presuntas falencias que conllevaron que se declarara la caducidad del medio
de control incoado, sin aparentemente efectuar una adecuada interpretación
normativa, probatoria y jurisprudencial, lo que le impidió a la parte demandante
obtener la reparación de los perjuicios causados por el desplazamiento forzado que
sufrieron. Por esa razón y porque se cumplieron los demás presupuestos generales
de procedencia de la tutela contra providencia judicial 9 , se examinará si en el
presente asunto se configuran las causales específicas de procedibilidad de la tutela
9 No existe otro mecanismo judicial para decidir sobre los reproches expuestos; se cumple el requisito de
inmediatez; los accionantes identifican de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración
como el derecho; y no se controvierte una sentencia de tutela u otra providencia respecto de la cual esta acción
sea absolutamente improcedente.
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de defectos sustantivo, fáctico y procedimental, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
32.
Los accionantes aducen que se incurrió en defecto sustantivo porque no se
interpretó de manera correcta el artículo 164 del CPACA, al no tener en cuenta la
naturaleza jurídica del desplazamiento forzado como un crimen de lesa humanidad
y un daño de carácter continuado.
33.
El artículo 164 del CPACA regula la oportunidad para presentar la demanda ante
la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual estipula que “[c]uando se pretenda
la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.
34.
Ahora bien, aunque la autoridad judicial accionada no se haya referido
puntualmente a la citada normativa, acudió a la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 del Consejo de Estado, en la que se consolidó el criterio respecto de
la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de delitos
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que
incluía a los asuntos relacionados con el desplazamiento forzado.
35.
Asimismo, el juez natural invocó el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, en el que se
consagra que “la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se
logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de
origen o en las zonas de reasentamiento”. También consideró que el desplazamiento
forzado es un daño continuado, por lo que el término de caducidad deberá
computarse a partir del cumplimiento de las aludidas condiciones de cesación del
flagelo.
36.
Con base en lo citado, no se evidencia en qué sentido se desconoció el carácter
de crimen de lesa humanidad del desplazamiento forzado y la alegada naturaleza de
daño continuado, en razón a que, tras citar jurisprudencia y normativa específica
sobre la materia, la autoridad judicial coincidió con los demandantes en la calificación
del daño como continuado. Distinto es que no se le haya dado a esas circunstancias
el alcance defendido por la parte actora para definir el litigio, lo que no comporta
defecto sustantivo, sino que, por el contrario, denota una imposición de tipo
hermenéutico, para lo cual no fue instituida esta acción de tutela, máxime cuando no
se evidencia algún tipo de irregularidad en la aplicación normativa, pues la acogida
regula el asunto materia de controversia.
37.
La parte demandante sostiene que se configuró defecto fáctico, en razón a que la
decisión judicial acusada se fundamentó en suposiciones. Nunca se demostró que
se hubiere garantizado su retorno a Curillo. Se tuvo por sentado que el hecho de que
8
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el grupo paramilitar que ocasionó su desplazamiento se hubiere desmovilizado entre
los años 2006 y 2007 y que el señor Pablo Emilio Santana Angulo participara como
víctima en el proceso penal, garantizaba su regreso al municipio. Ello, sin tener en
cuenta que solo hasta el 12 de junio de 2014, cuando se profirió resolución de
acusación contra esas personas al margen de la ley, tuvieron conocimiento de la
posible responsabilidad del Estado en el ilícito.
38.
Contrario a lo aducido por la parte actora, no se observa que la decisión judicial
se haya adoptado con base en suposiciones, en atención a que el juez natural de la
causa hizo alusión a los testimonios de los señores María Nelcy Ortega (quien vivía
en la casa contigua a la de la familia Santana Cortés en el 2002), Jhon Feiver Angulo
(trabajador del supermercado de los demandante) y Manuel Gómez García (quien
realizaba trabajos ocasionales en el supermercado). En dichas declaraciones se
indicó que el grupo al margen de la ley se fue del municipio en los años 2006 a 2007.
39.
La autoridad judicial accionada señaló que el proceso de desmovilización de los
paramilitares fue de amplio conocimiento nacional. Hecho que se evidencia en el
documento denominado “Dossier frente sur Andaquíes”, elaborado por la Fiscalía
General de la Nación, en el que se anotó que “el 15 de febrero de 2006 el frente Sur
Andaquíes del BCB se desmovilizó en la Inspección de Liberia, Municipio de
Valparaíso del Departamento del Caquetá”.
40.
Además, también se probó que el 1º de octubre de 2005 el señor Pablo Emilio
Santana solicitó a la Defensoría del Pueblo ser asistido por un abogado, de acuerdo
con la Ley 975 de 2005. En el proceso de justicia y paz realizó diferentes gestiones
ante la Fiscalía, por lo menos desde el 200810, a partir de las cuales debió conocer
que existían las condiciones de seguridad para el retorno.
41.
Del citado material probatorio la autoridad judicial concluyó que “los paramilitares
que los expulsaron se fueron de Curillo al someterse a la Ley de Justicia y Paz,
instancia en que confesaron los hechos, y que, desde ese momento, existieron las
condiciones de seguridad para su retorno”. Circunstancia de la que tenía
conocimiento uno de los demandantes.
42.
Para la Sala la anterior conclusión no comporta algún tipo de suposición, por el
contrario, está soportada en elementos probatorios que reposaban en el plenario.
43.
En todo caso, el cómputo para determinar la oportunidad en la presentación de la
demanda de reparación directa no se contabilizó desde la mencionada
desmovilización ni intervención en el proceso de justicia y paz, sino desde el 23 de
mayo de 2013, en razón a la aplicación de la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional.
10 Momento en el que concurrió mediante apoderado judicial y presentó ante la Fiscalía un oficio que denominó
“narración de los hechos”. Posteriormente, en octubre de 2010, tanto él como la señora Rubiela Cortés Mosqueta,
completaron el formato de Entrevista FP J-14.
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44.
Ahora bien, en cuanto a que solo conocieron de la posible participación de agentes
del Estado desde el 12 de junio de 2014, fecha en la que se profirió resolución de
acusación contra los miembros del grupo paramilitar que causó el desplazamiento,
la autoridad judicial anotó que ello no correspondía a la realidad.
45.
Lo anterior, al señalar que “los tres declarantes en el proceso fueron consistentes
en afirmar que, para los habitantes de Curillo, era claro que los paramilitares
operaban con autorización de la Policía y que esta entidad no actuó pese a conocer
que Pablo Emilio Santana y Rubiela Cortés Mosquera estaban secuestrados. Lo
mismo consta en las declaraciones de Yenny María Córdoba y Ricardo Bravo Trujillo,
presentadas en la investigación adelantada por la Fiscalía Primera para Asuntos
Humanitarios. Todas las versiones coincidieron en señalar al comandante de Policía
de la época de Curillo, de apellido Zuleta, como colaborador del grupo al margen de
la ley. Esto concuerda, además, con la declaración rendida el 7 de marzo de 2012,
por Martín Alonso Hoyos, en calidad de postulado en Justicia y Paz, en la que afirmó
que la ‘Policía estuvo cerca del lugar de los hechos’, que ‘no participó’ pero que
‘posiblemente sí sabían’. Que, incluso, le dijo a ‘alias peruano (…) vaya cuadrarse
con la policía’. Por tanto, no puede considerarse que los demandantes conocieron
con posterioridad del involucramiento de agentes del Estado en el desplazamiento
forzado”.
46.
En ese sentido, se evidencia que la autoridad judicial desvirtuó, con base en las
pruebas obrantes en el proceso ordinario, la tesis que pregona la parte actora sobre
el conocimiento de responsabilidad del Estado en el desplazamiento forzado del que
fueron víctimas y sobre la que insiste en estas diligencias constitucionales sin
desestimar los elementos de convicción que conllevaron al juez natural de la causa
a adoptar esa determinación en ese aspecto.
47.
Por lo expuesto, para la Sala las conclusiones a la que arribó la autoridad judicial
accionada no comportan arbitrariedad ni capricho alguno, como tampoco evidencian
alguna contradicción o desatención a los postulados de la sana crítica, por el
contrario, tiene su soporte en el material probatorio que obra en el plenario. Distinto
es que los demandantes no las compartan al resultarles desfavorables.
48.
Por otra parte, los accionantes indican que se constituyó defecto procedimental,
en razón a que lo referente a la excepción de la caducidad del medio de control había
sido zanjada en audiencia inicial celebrada el 13 de febrero de 2019, por lo que no
debía reabrirse ese debate, máxime cuando no se contó con nuevo material
probatorio.
49.
Para la Sala la anterior circunstancia no constituye la afectación constitucional
invocada, en la medida en que el juez ordinario de primera instancia explicó que al
momento de decidir la excepción de caducidad en la referida audiencia inicial no se
encontraban reunidos la totalidad de los elementos probatorios y, además, dicha
institución procesal es de orden público y puede ser declarada en cualquier momento
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de oficio cuando exista prueba de su configuración. Ello, en razón a que esa decisión
no hizo tránsito a cosas juzgada, para que fuera revestida del carácter de definitiva.
50.
Por consiguiente, aunque la autoridad judicial había concluido, previo a dictar
sentencia, que no se había configurado el fenómeno de la caducidad, la estudió
nuevamente al tener el material probatorio en su totalidad, lo cual no implica algún
tipo de alteración de tipo procedimental, sino que materializa su facultad para decidir
el asunto conforme a las pruebas recolectadas y a la normativa y la jurisprudencia
aplicables.
51.
Por otro lado, los tutelantes señalan que se presentó desconocimiento del
precedente, pues se desatendió la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional relativa a la imprescriptibilidad o la flexibilización de la caducidad para
crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no se evidencia ni tampoco se explica
de qué manera se configuró tal desatención, máxime cuando la autoridad accionada
aplicó la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.
52.
En cuanto a la indebida aplicación de esa sentencia de unificación del Consejo de
Estado, por cuanto fue emitida de manera posterior a la presentación de la demanda,
se tiene que en este pronunciamiento se consolidó el criterio 11 en torno a la
aplicación del término de 2 años para la configuración de la caducidad en eventos
que involucren graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, en tanto la regla de imprescriptibilidad solo era aplicable en juicios
penales cuando se desconocía al presunto autor de la conducta delictiva. En esa
medida, fijó las siguientes reglas de unificación: (i) la regla de caducidad del literal i)
de numeral 2 del artículo 164 del CPACA es aplicable a las demandas de reparación
directa en las cuales se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado por
hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad; (ii) por ende, en principio, el
término de caducidad debe contarse a partir de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, aunque de forma excepcional pueda computarse desde el
momento en que la parte actora advierta sobre la participación del Estado en la
causación del daño, atendiendo a la regla del conocimiento prevista en la norma
referida. Con fundamento en lo anterior, precisó que (iii) esta excepción solo sería
procedente cuando el demandante pruebe que, con posterioridad a la ocurrencia de
la acción causante del daño, tuvo conocimiento de la participación del Estado en su
causación, bien sea por acción o por omisión. Si no logra probar lo anterior, se debe
dar aplicación a la regla de la ocurrencia del daño; (iv) finalmente, resaltó que era
posible inaplicar totalmente la regla de caducidad cuando los accionantes prueben
que existieron situaciones o circunstancias que obstaculizaron materialmente el
ejercicio de su derecho al acceso a la administración de justicia.
11 En razón a que antes de la expedición de esa providencia existían dos posturas: la primera, sostenía que el
juzgamiento de la responsabilidad Estatal para este tipo de actos o situaciones no estaba sujeto a un plazo
extintivo y, a contrario sensu, la segunda postura estimaba que así se estuviera ante hechos relacionados con
delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, era necesario aplicar las reglas generales
de la caducidad del medio de control de reparación directa.
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53. En lo relativo a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, esta
Subsección ha precisado, de conformidad con las reglas establecidas por el Consejo
de Estado12 y la Corte Constitucional13, por regla general, los cambios
jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos; por ende, se aplican a todos los
casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.
54.
Por lo anterior, en múltiples fallos de tutela14, esta Corporación ha señalado que
los funcionarios judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al
momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha
servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en
aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por
no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia15.
55.
Por consiguiente, no se advierte la configuración de desconocimiento del
precedente, por el contrario, se atendieron los parámetros esbozados en la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 de esta Corporación, la cual constituye el
criterio vinculante y vigente sobre la materia.
56.
Al respecto, cabe agregar que el citado pronunciamiento de unificación determinó
la viabilidad de inaplicar totalmente la regla de caducidad en el evento de que los
accionantes acreditaran la existencia de situaciones o circunstancias que
obstaculizaron materialmente el ejercicio de su derecho al acceso a la administración
de justicia, lo cual no se comprobó en las diligencias ordinarias, máxime cuando ello
pudo haber sido planteado en el recurso de apelación contra el fallo ordinario de
primera instancia, dado que este se soportó en dicha providencia, sin embargo, sus
inconformidades giraron en torno a los argumentos esbozados en precedencia.
12 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A,
auto del 30 de julio de 2021, Rad.: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés Rad.: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
13 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea
Meneses Mosquera.
14 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-
2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de
mayo de 2021, Rad.11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B;
(iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.
15 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de conformidad con
lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió
en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la
regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando
la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado
23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de
Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración,
a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes
Corrales).
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57.
Resulta importante destacar que no se advierte la necesidad de que se generara
un escenario procesal adicional para actualizar los argumentos de defensa, de cara
a la sentencia de unificación, pues la sentencia de primera instancia fue proferida en
2024, por lo que el recurso de apelación era idóneo para ese propósito.
58.
En lo que atañe al fallo SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, aunque la
parte alega su inaplicación, porque este versa sobre asuntos en los que había
cesado la situación de desplazamiento, ello, a su juicio, no se avenía a su caso, dado
que ellos aún no han retornado a su lugar de origen. Sin embargo, dicha presunta
inaplicación jurisprudencial parte de un supuesto fáctico que fue desvirtuado por el
juez natural de la causa, al estimar que las condiciones para su retorno acaecieron
entre 2006 y 2007. En esa medida, el referido pronunciamiento judicial sí regulaba
su situación y, por tanto, debía aplicarse.
59.
Por último, la parte actora argumenta que se configuró la causal de violación
directa de la Constitución, en razón a que no se aplicó un enfoque de género y de
protección reforzada a las víctimas. No obstante, pese a que dichos enfoques deben
ser aplicados no se evidencia que el relacionado con la protección reforzada a las
víctimas se hubiere omitido por parte de la autoridad judicial. Contrario a ello, se
observa en la providencia acusada que se señaló que “Es cierto que la población
desplazada es un sujeto de especial protección constitucional debido a su condición
de vulnerabilidad. Que ello, a su vez, puede constituirse, una vez cesado el daño, en
una condición que imposibilite o dificulte el acceso a la administración de justicia. No
obstante, en el caso concreto está demostrado que Pablo Emilio Santana y Rubiela
Cortés pudieron vender algunos de sus bienes tras abandonar el municipio y
mantener el dominio sobre otros que continuaron explotando económicamente. En
ese sentido, no observa la Sala un impedimento material para demandar una vez
existieron las condiciones de seguridad para regresar a Curillo”.
60.
Por tanto, el hecho de estar en condición de desplazamiento no implicaba una
flexibilización automática frente a la caducidad, en razón a que para ello se debía
demostrar la imposibilidad de acudir a la administración de justicia, lo que no se
planteó en sede ordinaria.
61.
En lo relativo a la aplicación del enfoque de género, se advierte que este no fue
expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia, lo que imposibilitó a la autoridad accionada efectuar algún
pronunciamiento sobre el particular. Sin perjuicio de ello, aún bajo una perspectiva
de género, la situación en la que lo fundamenta lo constituye el hecho de involucrar
mujeres en el asunto, pero no se hace referencia a qué circunstancia concreta,
derivada de su condición de mujer, les impidió, de algún modo, acceder a la
administración de justicia oportunamente, máxime cuando la señora Rubiela Cortés
Mosquera participó junto con el señor Pablo Emilio Santana en el proceso de justicia
y paz, y este falleció solo hasta el año 2024, es decir, luego de haber instaurado la
respectiva demanda ordinaria.
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62.
Con fundamento en lo planteado, se concluye que el hecho de que el juez natural
de la causa no haya zanjado el litigio como lo pretendía la parte tutelante, no
involucra la afectación constitucional alegada ni la habilita para que acuda a este
mecanismo judicial para imponer su tesis.
63.
Por tanto, más allá de la configuración de alguna causal específica de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, lo que se observa es que la
parte actora pretende imponer la tesis que defiende y que considera correcta sobre
la aplicación del fenómeno de la caducidad en el medio de control que promovió, sin
desvirtuar desde la óptica constitucional que la acogida por el juez natural del asunto
constituye la afectación constitucional que alega, máxime cuando se pretende dejar
sin efectos una providencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta
indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal
envergadura que atente de manera abierta con la Carta Política.
64.
Así las cosas, no se configuraron los defectos sustantivo, fáctico y procedimental,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
65.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, en el sentido de
confirmar la improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa respecto
de dos tutelantes y negar el amparo constitucional frente a los demás actores, al no
configurarse las causales específicas de procedibilidad estudiadas en precedencia.
66.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 5 de junio de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, que declaró improcedente
la acción de tutela, para confirmar la improcedencia respecto de la falta de
legitimación en la causa por activa de las señoras Luz Mery Santana Angulo y
Virginia Angulo Tenorio y negar el amparo constitucional reclamado de los demás
actores, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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