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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02876-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02876-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Edward Alfonso Carreño Olarte contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02876-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

22 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02876-00
Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02876-00
Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela-carácter subsidiario del amparo. Mora judicial - Niega el amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Edward Alfonso Carreño Olarte
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Edward Alfonso Carreño Olarte, en nombre propio1, interpuso acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, a la dignidad humana y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Santander, con ocasión de la presunta mora judicial en la
que habría incurrido al no resolver las solicitudes presentadas por el accionante dentro
del proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 68001-23-33-000-
2016-01441-00, en las que requirió resolver el incidente de regulación de perjuicios y
la solicitud de información de cesión de derechos litigiosos.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 2:

2.1. El señor Edward Alfonso Carreño Olarte promovió demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se declarara a las demandadas

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Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97789954DE89F9C5 8F8C6AF202C2A6DD
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Ibídem

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

administrativa y patrimonialmente responsables por “la pérdida y/o extravío y/o
imposibilidad de usufructuar la tractomula de placas XVV-869” 3 de propiedad del
accionante.

2.2 El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Santander,
autoridad que, mediante sentencia de primera instancia del 26 de octubre de 2023,
accedió a las pretensiones de la demanda y declaró a la Nación-Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial responsable administrativa y
patrimonialmente a título de defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, por el daño antijurídico relativo a la pérdida de la posesión y tenencia del
vehículo de propiedad del señor Edward Alfonso Carreño Olarte. En consecuencia, la
condenó al reconocimiento y pago de los perjuicios a título de daño emergente por el
monto de $183.725.530,72 pesos y, respecto al concepto de lucro cesante, emitió una
condena en abstracto

2.3 El 25 de enero de 2024 el apoderado del señor Edward Alfonso Carreño Olarte
radicó memorial en el que solicitó al Tribunal Administrativo de Santander dar trámite
al incidente de regulación de perjuicios con el fin de que se emitiera una condena en
concreto contra la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y al pago de intereses moratorios de conformidad con lo consagrado en el
artículo 192 del CPACA.

2.4 Asimismo, el 10 de mayo de 2024, el señor Edward Alfonso Carreño Olarte, a
través de apoderado judicial, radicó un nuevo memorial en el que solicitó al tribunal
que aceptara la cesión de derechos litigiosos, derivada del contrato celebrado el 3 de
mayo de 2024 entre el señor Edward Carreño y Carmen Helena Mantilla Güiza, Juan
David Carreño y Mateo José Carreño.

2.5 Posteriormente, el 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
emitió un auto en el que ordenó a la secretaría del tribunal notificar a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga la sentencia de primera
instancia emitida el 26 de octubre de 2023, debido a que se evidenció que al realizar la
notificación de la providencia se incurrió en un error mecanográfico en la escritura del
correo electrónico que impidió que se surtiera la notificación en debida forma.

2.6 Seguido a ello, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Bucaramanga presentó recurso de apelación, el cual fue concedido a través de auto
emitido el 8 de agosto de 2024. Por lo anterior, el 6 de septiembre de 2024, el
expediente ingresó al Despacho por reparto al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B con el fin de que resolviera el recurso en cuestión.

2.7 No obstante, el 7 de octubre de 2024, la autoridad judicial ordenó devolver el
expediente al Tribunal Administrativo de Santander, debido a que advirtió que obraban
en el expediente dos solicitudes presentadas por el demandante los días 25 de enero

3
Índice 00108 aplicativo SAMAI del proceso ordinario de primera instancia, con certificado núm.
2F9354B83B370BC3 D8228943B547285B 4CF95DD4E677A88B 971E4414C2625EE0

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

de 2024 y 10 de mayo de 2024 que no habían sido respondidas por el Juez de Primera
Instancia. Por ende, al ser requerimientos presentados con anterioridad a la admisión
del recurso de apelación, ordenó devolver el expediente para que el Tribunal
Administrativo de Santander se pronunciara sobre las mismas.

2.8 A pesar de que el expediente ingresó nuevamente al Tribunal Administrativo de
Santander el 26 de enero de 2025, el accionante sostiene que hasta el momento de la
presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta de las solicitudes
presentadas en el mes de enero y mayo de 2024.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela4

3.1. La parte parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, dignidad humana e igualdad
y, como consecuencia de ello, que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander
resolver las solicitudes radicadas el 25 de enero y el 10 de mayo de 2024 dentro del
medio de control de reparación directa.

3.2. Sostuvo que la autoridad judicial incurrió en mora judicial, que le vulnera los
derechos fundamentales invocados, debido a que: (i) se incumplieron los términos
previstos en la ley para adelantar la actuación judicial, en tanto se superaron los plazos
establecidos en la Ley 1437 de 2011 para decidir los procesos en primera y segunda
instancia; (ii) no existe un motivo razonable que justifique la demora, pues, a su juicio,
aun cuando el tribunal accionado alegue congestión judicial, las solicitudes objeto de
estudio llevan más de un año radicadas; (iii) la tardanza es imputable a la omisión de la
autoridad judicial accionada en el cumplimiento de sus funciones; y (iv) ha transcurrido
más de un año desde que el expediente ingresó nuevamente al despacho del Tribunal
accionado, sin que se hubiera acreditado la existencia de una razón válida que
justificara la mora judicial.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 17 de abril de 2026 5, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; dispuso la vinculación, en calidad de terceros con interés,
a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la
Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; y se ofició al
Tribunal Administrativo de Santander, para que remitiera al trámite constitucional,
copia del expediente identificado con el radicado número 68001-23-33-000-2016-
01441-00/01.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

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Índice 00002 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97789954DE89F9C5 8F8C6AF202C2A6DD
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6F8AD1EC320C29CD 450C4200410AD24A.

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 sostuvo que no está
llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, en tanto esta entidad es un órgano técnico y administrativo que no tiene
injerencia en los procesos que están siendo llevados por jueces o magistrados.
Asimismo, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
presunta mora judicial alegada por el accionante recae exclusivamente en cabeza del
Tribunal Administrativo de Santander, quien actúa bajo los principios de autonomía e
independencia judicial.

Asimismo, aclaró que, en virtud de la desconcentración administrativa, la entidad que
ejerció la representación de la Nación-Rama Judicial fue la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga-Santander, por ende, esta es la entidad que
debió ser vinculada como tercero con interés en el presente asunto y no la entidad de
nivel central.

Igualmente, manifestó que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad
como causal de procedibilidad, debido a que el accionante cuenta con mecanismos
alternos para elevar su inconformidad, este es la solicitud de vigilancia administrativa,
contemplada en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 en concordancia
con el Acuerdo No. PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, el cual, a su juicio, es el
mecanismo idóneo para exigir el adecuado funcionamiento de la administración de
justicia y la expedición de providencias judiciales pendientes.

Por lo anterior, solicitó que se desvincule a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del presente proceso, se vincule a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga-Santander y se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela en lo que concierna a la entidad, al no existir vulneración de los derechos
fundamentales del actor.

4.3 El Tribunal Administrativo de Santander, allegó copia del expediente digital del
proceso ordinario7. Asimismo, la magistrada ponente8 rindió informe en el que solicitó
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto al proferir el
auto del 27 de abril de 2026 que corrió traslado de las solicitudes presentadas por el
accionante, se evidencia que se ha satisfecho las pretensiones presentadas por el
accionante.

Asimismo, expuso las razones por las cuales no se ha proferido respuesta a los
requerimientos del accionante. En tal sentido, explicó que el Despacho 002 del
Tribunal de Santander enfrenta una alta congestión judicial, debido a que tiene a su
cargo más de 600 expedientes en trámite.

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Índice 00011 del aplicativo SAMAI con certificado núm. DFD9EDD998F3875D 85871CD0CFD7942C
D08B6AB84897F098 1E406CDA98122004
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Índice 00012 del aplicativo SAMAI con certificado núm. F45B7EF3CE68D3F8 33609D3A182FD3F8
CF7CABE524CA258D 3C9016820549837A
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Índice 00016 del aplicativo SAMAI con certificado núm. E3E2039AD30455D4 DD2C0C7CB9F009CF
1514A513555BED32 82205ADD8026B439

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

Igualmente, resaltó que el equipo que tiene a su cargo el estudio de estos trámites está
compuesto por tan solo cinco personas, lo que representa un reto para enfrentar la
carga de trabajo. Además, precisó que durante el año 2024 y 2025 el Despacho debió
asumir el conocimiento de casos que implicaron un especial complejidad técnica,
probatoria y constitucional, así como otros que requirieron de un seguimiento continuo
por su naturaleza.

Partiendo de ese contexto, sostuvo que ha obrado con diligencia y celeridad en el
proceso, por ende, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la acción.

4.4 El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional 9 señaló que no es la
entidad llamada a responder por las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto,
manifestó que, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política y la Ley
489 de 1998, las autoridades solo pueden realizar las funciones que la ley les
encomiende y entre estas no se encuentra la facultad de emitir decisiones judiciales.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander es la autoridad a la
que se endilga la presunta demora procesal y la vulneración del derecho fundamental
de petición del accionante, por cuanto los requerimientos respecto a los cuales el
accionante no ha tenido respuesta se radicaron ante dicha autoridad.

Igualmente, aclaró que el Tribunal Administrativo de Santander no hace parte de la
estructura orgánica de la institución policial y, por ende, no es una entidad vinculada ni
dependiente de la Policía Nacional. Además, señaló que las pretensiones del
accionante no se encuentran encaminadas a reprochar la acción u omisión de la
Policía Nacional.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se desvincule a la Policía Nacional del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

4.5 La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga-
Santander10 solicitó ser desvinculada del proceso por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto no es la autoridad llamada a responder por los hechos
alegados.

En concordancia con lo anterior, sostuvo que, la Dirección Ejecutiva es un órgano
técnico, administrativo y financiero, y no un superior jerárquico de los jueces, por ende,
no ostenta la facultad de emitir órdenes a los magistrados ni impulsar asuntos
judiciales. Además, señaló que, al fungir como parte demandada en el proceso de
reparación directa, no es viable solicitar que esta entidad responda por la demora en la
emisión de respuesta por parte del Tribunal Administrativo de Santander.

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Índice 00014 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 7331ACF9CB8D7D0F 6577FF864D7E7D4E
331275CFE041FEBB 390C4E3AA08D82F7
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Índice 00017 del aplicativo SAMAI con certificado núm. 0C2D5002E1862CEF 26538AAAE295C571
9B2A54DC91990A31 A12D492EF16333E3

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

Asimismo, sostuvo que las pretensiones presentadas por el accionante no son
susceptibles de control en sede de tutela, por cuando pretende incidir en las funciones
jurisdiccionales que le corresponden al juez que conoce del proceso ordinario, por
ende, consideró que la acción no cumple el requisito de procedibilidad de
subsidiariedad.

Igualmente, consideró que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente el estudio de la acción de tutela, en tanto no se evidencia la
existencia de una prueba que refleje la intensidad del daño que se podría generar al
accionante. Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela y se desvincule a la entidad del presente proceso.

al ser una de las partes demandadas en el marco del proceso de reparación directa
promovido por el accionante, se rompería el equilibrio procesal y la autonomía judicial
si se permitiera que esta entidad gestionara la celeridad de las decisiones judiciales.

4.6 La Fiscalía General de la Nación guardó silencio pese a ser debidamente
notificada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Edward
Alfonso Carreño Olarte al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actúa como demandante en el trámite del medio de control de reparación
directa identificado con el radicado núm. 68001-23-33-000-2016-01441-00.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander por cuanto tiene a su cargo el proceso mencionado y la
parte accionante le atribuye la vulneración de sus derechos por la presunta mora para
expedir la respuesta a las solicitudes presentadas.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice la autoridad judicial
accionada vulneró las garantías fundamentales de la parte actora con ocasión de la
mora judicial alegada en el trámite del proceso de reparación directa.

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley11.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4.1. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone
que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Así mismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 12 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo
en la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución,
[p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta
de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo
del proceso sea irrazonable”13. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los
funcionarios judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la
mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide
el cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no

11
Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y contenido que el
Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial en él contemplada, además
de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la protección concreta e inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, siempre que estos se vean afectados o amenazados
por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos
de hecho contemplados en la ley”.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
13
Ibidem.

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vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia14.

Adicional, la jurisprudencia constitucional15 ha identificado unos supuestos en los
cuales puede presentarse mora judicial aun cuando el funcionario haya actuado con
diligencia. Entre estos se encuentran: i) cuando la complejidad del asunto impide
observar estrictamente los términos previstos por el legislador; ii) cuando concurren
problemas estructurales que generan congestión judicial y una excesiva carga laboral;
y iii) cuando se acreditan circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe
una justificación debidamente acreditada que explique la mora 16. Lo anterior implica
que, aun cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del
derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un
plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo válido que justifique el
retraso, conforme al concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 17.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que negará el amparo solicitado, por las razones que se exponen a
continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se advierte que la parte actora sostiene que el
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una mora judicial injustificada, con la
consecuente vulneración de sus derechos fundamentales, al no haber proferido
respuesta a las solicitudes presentadas por el accionante el 25 de enero de 2024 y el
10 de mayo de 2024 en el marco del proceso de reparación directa identificado con el
radicado núm. 68001-23-33-000-2016-01441-00.

5.2. No obstante, la Sala observa que, a partir de la revisión de las actuaciones
procesales surtidas en el asunto de la referencia, conforme a lo registrado en el
aplicativo SAMAI18, si bien el expediente ingresó al despacho el 26 de febrero de 2025

14
Ibidem.
15
Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
16
SU-179 de 2021.
17
Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento
objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para
ello ha acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo
razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la
complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los
intereses que se debaten en el trámite.”
18
En el proceso ordinario de primera instancia identificado con radicado núm. 68001-23-33-000-2016-
01441-00

8

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

para responder las solicitudes presentadas por el accionante, se evidencia que, con
posterioridad a esta fecha se han presentado nuevas circunstancias procesales.

Tal como lo refiere el Tribunal Administrativo de Santander, el 27 de abril de 2026 dictó
auto en el que ordenó correr traslado a la parte demandada para que se pronuncie
acerca de las solicitudes presentadas por el señor Edward Alfonso Carreño Olarte los
días 25 de enero de 2024 y el 10 de mayo de 2024, en las que solicitó que se tramite el
incidente de reparación de perjuicios y se otorgue una respuesta respecto a la cesión
de derechos litigiosos efectuada por el accionante.

Asimismo, la Sala advierte que al revisar la plataforma SAMAI del proceso ordinario,
se evidencia que el 7 de mayo de 2026 la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga – Santander, en cumplimiento del auto del 27
de abril de 2026, emitió concepto respecto a las solicitudes allegadas por el
accionante. De esta forma, la entidad sostuvo que la sentencia de primera instancia
proferida el 26 de octubre de 2023 no se encuentra ejecutoriada, en tanto el recurso de
apelación fue concedido en efecto suspensivo por el Tribunal Administrativo de
Santander el 9 de agosto de 2024 y, por ello, no es viable iniciar ni tramitar un incidente
de regulación de perjuicios.

Al respecto, señaló que el artículo 193 del CPACA establece que:

“Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que
deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la
notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso” 19.
(Resaltado en el texto original)

En consonancia, sostuvo que el artículo 209 del CPACA sostiene en su numeral 4 que
se tramitarán a través de incidente la liquidación de condenas en abstracto y,
adicionalmente, el artículo 210 del CPACA, numeral 4, dispone que los incidentes que
se promuevan después de proferida la sentencia con la cual se termine el proceso,
serán resueltos por el juez tras la práctica de las pruebas que estime necesarias.

Por lo anterior, al estimar que la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 no se
encuentra ejecutoriada, afirmó que no es viable efectuar un pronunciamiento respecto
al incidente de reparación de perjuicios.

Igualmente, por otro lado, sostuvo que rechaza la cesión de derechos litigiosos, en el
entendido de que se hace referencia a la figura de dación de pago, diferente a la
señalada por la parte accionante.

Así las cosas, la Sala advierte que, al observar el trámite que se ha surtido en el marco
del proceso de reparación directa, se evidencia que el proceso se encuentra activo en

19
Índice 00155 del aplicativo SAMAI del proceso ordinario de primera instancia con certificado núm.
5FEEBC86C4BEA110 8EB1EC1B9F8E8F10 3B3BA7B4DF634DD7 7E22296E6460F23D

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Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

este momento con el fin de emitir respuesta de fondo a las solicitudes presentadas por
el señor Edward Alfonso Carreño.

Asimismo, se constata que, habiendo obtenido la intervención por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga –
Santander, el Tribunal Administrativo de Santander puede brindar una respuesta de
fondo a los requerimientos sobre los que versa la presente acción de tutela, por ende,
no se constata una inactividad del aparato judicial que vulnere los derechos
fundamentales del accionante.

5.3 Asimismo, la autoridad judicial accionada rindió un informe sobre el trámite
impartido al asunto con el propósito de evidenciar las novedades que han tenido lugar
durante su tramitación.

Al respecto, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes expuso que asumió la
titularidad del Despacho No.02 a partir del 8 de agosto de 2023 y desde entonces ha
realizado un impulso diligente y continuo a todos los procesos a su cargo. Sin
embargo, pese a ello, el Despacho presenta una alta congestión judicial al tener un
inventario a su cargo superior a 600 expedientes en trámite y contar con un equipo de
trabajo de tan solo 5 personas.

Igualmente, precisó que durante el año 2024 y 2025 el Despacho enfrentó una carga
extraordinaria, por cuanto debió adelantar procesos de carácter electoral y de pérdida
de investidura, los cuales refiere que ostentan una naturaleza perentoria y preferente,
además de una especial complejidad técnica, probatoria y constitucional. Además,
señaló que “este tipo de procesos exige la la reasignación temporal de esfuerzos
jurisdiccionales con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de los términos
previstos en la Ley 1437 de 2011 y en el régimen especial aplicable a las acciones
electorales y de pérdida de investidura”20.

Adicionalmente, expuso que el Despacho tiene a su cargo la verificación del
cumplimiento de decisiones judiciales que representan una especial trascendencia
regional y nacional, tal como el proceso de “la pavimentación del corredor vial que de
Curos conduce a Málaga cuyo seguimiento exige la evaluación periódica de informes
técnicos, presupuestales y de avance físico, dada la magnitud de la obra, el número
de entidades intervinientes y el impacto social sobre las comunidades beneficiarias”21.

Además, sostuvo que tiene a su cargo el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia
T-361 de 2017 que exige el seguimiento continuo de actuaciones administrativas, de
participación ciudadana y de cumplimiento de estándares ambientales y
procedimentales.

20
Índice 00016 del aplicativo SAMAI con certificado núm. E3E2039AD30455D4 DD2C0C7CB9F009CF
1514A513555BED32 82205ADD8026B439
21
Ibidem.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02876-00
Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

Lo anterior permite evidenciar el alto nivel de congestión judicial en el que se ha
encontrado el Despacho 002 del Tribunal Administrativo de Santander, a lo cual se
suma la complejidad de múltiples casos que exigen un seguimiento continuo a cargo
de un equipo que no está compuesto por un alto número de personal. Por ende, se
advierte que la demora en brindar respuesta a las solicitudes presentadas por el
accionante atiende a razones justificadas por la alta congestión a cargo del Tribunal
accionado.

Así las cosas, en atención a las razones recién expuestas, resulta razonable que el
Tribunal Administrativo de Santander no haya proferido aún la respuesta a las
solicitudes presentadas por el señor Edward Alfonso Carreño Olarte dentro del
proceso de la referencia. No obstante, se constata que se han adelantado las acciones
pertinentes para dar respuesta a los requerimientos, en tanto ya se obtuvo respuesta
por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga – Santander.

5.4. A partir de lo expuesto, la Subsección concluye que no se encuentra acreditada
una mora judicial injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Santander en la
emisión de respuesta a las solicitudes presentadas el 25 de enero de 2024 y el 10 de
mayo de 2024. En efecto, la ausencia de decisión no obedece a una conducta
negligente, sino a factores objetivos debidamente demostrados, tales como la carga
excesiva de trabajo y la alta congestión judicial.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el expediente reingresó al Despacho del
magistrado sustanciador el 26 de enero de 2025 para la emisión de respuesta a las
solicitudes presentadas por el accionante, que el 27 de abril de 2026 se corrió traslado
de la solicitud realizada por el accionante a las partes del proceso y que el 7 de mayo
de 2026 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
– Santander, intervino con el fin de sentar su posición sobre la solicitud, la sala
considera que el término transcurrido hasta la fecha no puede calificarse como
irrazonable.

5.5. En todo caso, el lapso transcurrido desde el ingreso del proceso al Despacho para
fallo no resulta contrario a los postulados constitucionales, particularmente si se
considera la carga laboral que afrontan las autoridades judiciales de la jurisdicción
contencioso-administrativa a nivel nacional. Asimismo, la sola inobservancia de los
términos judiciales no configura, por sí misma, una vulneración del debido proceso,
salvo que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable22, circunstancia que no
se presenta en el sub examine.

Así las cosas, la Sala considera que la actuación expuesta por el accionante como
constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales no está
acreditada, en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

22
Sentencias T- 1154 de 2001 y T-1249 de 2004.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02876-00
Accionante: Edward Alfonso Carreño Olarte

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela interpuesta por Edward Alfonso Carreño
Olarte contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

MCMM

12

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