Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02880-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02880-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02880-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-02880-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
18 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 18 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: ELIANA ISABEL BULA ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Contra sentencia de tutela. Defectos sustantivo y fáctico.
Improcedencia de la acción de tutela. Revisión ante la Corte
Constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Eliana Isabel Bula Ortiz contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Eliana Isabel Bula Ortiz pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 12
de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, que revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo en la
acción de tutela con radicado 11001-33-35-029-2025-00434-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a la
administración de justicia, los cuales han sido vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, mediante la sentencia de fecha doce (12) de marzo
de dos mil veintiséis (2026).
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de
la acción de tutela promovida por la señora Diana Vanessa Valencia Castillo.
ORDENAR que se mantenga incólumes los efectos jurídicos de la Resolución Nº. 1902 de 2025,
expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en tanto acto
administrativo en firme, amparado por la presunción de legalidad.
ORDENAR que cualquier controversia relacionada con la legalidad del acto administrativo mencionado
sea tramitada a través de los medios de control ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y no mediante la acción de tutela.
ORDENAR la protección de mi situación jurídica como tercera con interés directo, garantizando mi
permanencia en el cargo que actualmente desempeño en provisionalidad, mientras no exista decisión
judicial válida que disponga lo contrario.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la parte actora que la señora Diana Vanessa Valencia Castillo ganó el concurso
de méritos del proceso de selección 2242 de 2022 para proveer el cargo de profesional
universitario, código 2044, grado 10 de la Dirección Territorial Sur Occidente – sede Cali
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.
Que al DANE se le autorizó el uso de esa lista de elegibles para proveer nuevas vacantes
no ofertadas en el mencionado proceso de selección, por lo que, por medio de la
Resolución 0707 del 9 de junio de 2025, nombró a la señora Valencia Castillo en período
de prueba, pero en la Dirección Territorial Norte – sede San Andrés.
Que la señora Diana Vanessa aceptó el nombramiento el 21 de julio de 2025; sin
embargo, solicitó una prórroga de tres meses para posesionarse, debido a que residía en
la ciudad de Santiago de Cali.
Que el 25 de julio siguiente, el DANE aceptó la prórroga y le informó a la señora Valencia
Castillo que debía acreditar la tarjeta OCCRE para poder tomar posesión del cargo.
Que el 31 de julio de 2025, la señora Diana Vanessa solicitó a la oficina de control de
circulación y residencia del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina que le expidiera la tarjeta de residencia temporal para poder tomar
posesión del cargo y desempeñar sus funciones, que, sin embargo, la entidad denegó la
petición, al considerar que no reunía los requisitos del Decreto 2262 de 1991.
Que, por lo anterior, el 6 de octubre de 2025, la señora Valencia Castillo pidió al DANE
que le cambiara el lugar de trabajo, que, sin embargo, el 29 de octubre de 2025 la entidad
denegó esa petición.
El 26 de diciembre de 2025, a través de la Resolución 1902, el DANE derogó el
nombramiento en período de prueba efectuado a la señora Diana Vanessa por medio de
la Resolución 0707 del 9 de junio de 2025.
3.2. Actuación judicial
La señora Diana Vanessa Valencia Castillo promovió acción de tutela contra el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, la oficina de control de
circulación y residencia del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina – OCCRE y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para que se
ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y al
mérito.
La acción de tutela se adelantó bajo el radicado 11001-33-35-029-2025-00434-00 y
correspondió al Juzgado 29 Administrativo de Bogotá que, por sentencia del 26 de
noviembre de 2025, denegó las pretensiones al considerar que el DANE y la OCCRE no
vulneraron los derechos de la tutelante y que la CNSC no estaba legitimada en la causa
por pasiva.
Señaló que el DANE había realizado el nombramiento de la accionante de acuerdo con
las normas que gobernaban el respectivo concurso. Que el nombramiento de la
accionante en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
se había efectuado bajo el criterio de empleo equivalente y que en el concurso se había
establecido que para ejercer los cargos en el mencionado departamento se debía contar
con la tarjeta de residencia temporal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
Que el OCCRE no había transgredido los derechos de la accionante, porque le había
informado los requisitos para obtener la residencia, pero que no se había probado que la
señora Valencia Castillo adelantara los trámites correspondientes.
Que la CNSC no era la entidad encargada de nombrar ni de solicitar residencia temporal
a la señora Diana Vanessa.
Inconforme, la señora Valencia Castillo impugnó y manifestó que no se tuvo en cuenta
que no se presentó a un cargo ubicado en el departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Que, si el DANE había realizado su nombramiento, también
debió coadyuvar a la obtención del documento de residencia.
Que sí había radicado una solicitud ante la OCCRE de obtención de la tarjeta de
residencia temporal, que era un documento necesario para ejercer el cargo al que había
sido nombrada. Que sí había cumplido los requisitos para que se le expidiera la tarjeta
de residencia.
Por sentencia del 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, revocó la sentencia apelada para, en su lugar, amparar
el derecho al trabajo de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo; en consecuencia,
ordenó: i) al OCCRE que tramitara de nuevo la solicitud de tarjeta temporal de residencia
de la accionante y emitiera el correspondiente acto administrativo y, ii) al DANE que
tramitara la solicitud de posesión de la señora Valencia Castillo, previa expedición de la
tarjeta de residencia temporal.
Explicó que la decisión del OCCRE de no otorgar la tarjeta de residencia no estaba
ajustada a criterios de razonabilidad, debido a que esa entidad sí estaba facultada para
expedir ese documento de manera temporal, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto
2672 de 1991 y la situación particular de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que tiene un interés directo en lo resuelto en la
decisión cuestionada, debido a que ocupa en provisionalidad el cargo de profesional
universitario, código 2044, grado 10, de la dirección territorial norte – sede San Andrés
del DANE. Que la autoridad judicial demandada incurrió en:
Defecto sustantivo al desconocer la naturaleza, alcance y límites del control
constitucional de actos administrativos en firme. Dijo que para el momento en que se
dictó la sentencia acusada ya existía una decisión administrativa definitiva, contenida en
la Resolución 1902 del 26 de diciembre de 2025, en la que el DANE había derogado el
nombramiento en período de prueba de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo.
Que ese acto administrativo gozaba de presunción de legalidad y no había sido objeto de
suspensión o control judicial por el juez natural. Que la decisión del tribunal demandado
se había estructurado como si el vínculo jurídico derivado del nombramiento de la señora
Valencia Castillo aún estuviera vigente, con lo que dejaba sin efectos la Resolución 1902
del 26 de diciembre de 2025, sin declarar su nulidad, suspender sus efectos ni desvirtuar
su presunción de legalidad.
Que la autoridad judicial demandada realizó una labor que correspondía exclusivamente
al juez contencioso administrativo, al dejar sin efectos un acto administrativo en firme.
Que ese acto podía ser controvertido mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no a través de la acción de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
Que la acción de tutela no era un mecanismo sustitutivo de los medios de control
ordinarios. Que no se justificó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
un acto administrativo que se encontraba en firme.
Que se desconoció que el acceso a empleos públicos en el archipiélago no se regía
exclusivamente por el mérito, puesto que se debían cumplir las condiciones especiales
de residencia, circulación y arraigo, con lo que se desconoció el artículo 310 de la
Constitución y el Decreto 272 de 1991.
Que el régimen jurídico del archipiélago no solo implicaba requisitos formales de
residencia, sino también elementos culturales y lingüísticos, como el dominio del inglés y
el creole.
Defecto fáctico porque el tribunal demandado no tuvo en cuenta que la Resolución 1902
del 26 de diciembre de 2025 había extinguido la situación jurídica individual de la señora
Diana Vanessa.
Que, además, tampoco tuvo en consideración sus derechos como tercera interesada, al
ocupar en provisionalidad el cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10, de
la dirección territorial norte – sede San Andrés del DANE.
Que no se ponderó que la población raizal del archipiélago era sujeto de especial
protección constitucional, porque el régimen de control de residencia tenía como finalidad
la protección de su identidad cultural, social y ambiental.
5. Trámite procesal
Por auto del 20 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y en calidad de
terceros con interés, al juez 29 administrativo de Bogotá, a los directores del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y de la Comisión Nacional
del Servicio Civil – CNSC, al jefe de la oficina de control de circulación y residencia del
departamento archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina – OCCRE y a
la señora Diana Vanessa Valencia Castillo.
Adicionalmente, se denegó la medida provisional solicitada por la tutelante, relacionada
con que se suspendieran los efectos jurídicos de la sentencia cuestionada.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 23 de abril de
2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, ponente de la sentencia acusada, se limitó a realizar un recuento de las
actuaciones surtidas en el trámite de la acción de tutela sub examine.
El juez 29 administrativo de Bogotá solicitó que se denegaran las pretensiones de la
parte actora, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados,
y realizó un resumen de los fundamentos de las decisiones adoptadas en la acción de
tutela con radicado 11001-33-35-029-2025-00434-00/01.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE pidió que se
denegara el amparo solicitado, debido a que no existió vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora y porque no se acreditó ninguno de los requisitos
específicos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
de la acción de tutela contra providencia judicial. Adicionalmente, pidió su desvinculación
al estimar que no tenía legitimación en la causa por pasiva.
Dijo que la accionante solo presentaba discrepancias con lo resuelto por el tribunal
demandado, sin acreditar la ocurrencia de una vía de hecho ni satisfacer el requisito de
relevancia constitucional. Que la solicitud de amparo no podía utilizarse como un medio
de impugnación de la sentencia de tutela del 12 de marzo de 2026.
La Comisión Nacional de Servicio Civil -CNSC solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela, su falta de legitimación en la causa por pasiva y que se ordenara su
desvinculación o que se denegara el amparo deprecado.
Señaló que no era la entidad llamada a cumplir las pretensiones de la parte actora. Que
la tutelante contaba con mecanismos ante la jurisdicción contencioso administrativo para
pedir la protección de los derechos fundamentales reclamados. Que la señora Bula Ortiz
participó en el concurso de méritos para proveer el cargo de profesional universitario,
código 2044, grado 10 del DANE, pero que no alcanzó el puntaje mínimo aprobatorio.
El jefe de la oficina de control de circulación y residencia del departamento
archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina – OCCRE y a la señora
Diana Vanessa Valencia Castillo no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional1 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia del 12 de marzo de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
en la acción de tutela con radicado 11001-33-35-029-2025-00434-00/01.
Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE y la
Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC solicitaron su desvinculación, al estimar que
no tenían legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de terceros con interés, porque fueron vinculadas a la acción de tutela sub
examine. En consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Eliana Isabel Bula Ortiz para dejar sin efectos la sentencia del 12 de marzo de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
que revocó la decisión de primera instancia, para, en su lugar, amparar los derechos
1 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
fundamentales de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo en la acción de tutela con
radicado 11001-33-35-029-2025-00434-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no se ha
culminado el trámite de revisión ante la Corte Constitucional y porque, en todo caso, los
argumentos de la parte actora no están dirigidos a evidenciar que la decisión cuestionada
fue producto de una situación de fraude.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela y, (ii) el análisis del caso
concreto.
3. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
En sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es que no procede la
acción de tutela cuando la sentencia ha sido proferida por esa Corporación, sea por su
Sala Plena o por sus Salas de Revisión, caso en el cual solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias y deberá promoverse ante ella.
Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela procede de manera excepcional «cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en
la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera
de texto) .
Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en tutelas, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedibilidad de
esa acción contra providencias judiciales, como es que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial.
La Corte puntualizó que, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste, por ejemplo, en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
En sentencia T-313 de 2018, la Corte Constitucional precisó que, en observancia a los
lineamientos de la sentencia SU-627 de 2015, si la acción de tutela se dirige contra
ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo, sería procedente “frente a
actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela que se hubieran realizado antes o después de
proferir el fallo”.
Con posterioridad, la Corte Constitucional en sentencia SU-387 de 2022, reiteró la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias proferidas en el trámite
posterior a la sentencia de tutela; ese caso se trató de una acción de tutela presentada
en contra de un auto que rechazó la impugnación de la decisión de primera instancia y
contra el auto que decidió no reponer ese auto.
4. Análisis del caso concreto
En el presente asunto, la señora Eliana Isabel Bula Ortiz cuestiona el fallo de segunda
instancia de 12 de marzo de 2026, dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la acción de tutela con radicado
11001-33-35-029-2025-00434-00/01.
Ahora, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, expuestos en el acápite
anterior, la Sala constatará si el fallo de tutela cuestionado fue objeto de revisión ante la
mencionada Corte.
De la revisión del sistema de gestión judicial SAMAI de la acción de tutela con radicado
11001-33-35-029-2025-00434-00/01, la Sala encontró que el 6 de abril de 2026, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, remitió las
diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Sin embargo, consultada la página web de la Corte Constitucional, la Sala observa que
el trámite de revisión no ha culminado, tal como se ve a continuación:
Por lo tanto, en los términos de la jurisprudencia antes mencionada, la solicitud de amparo
resulta improcedente.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora afirma que no se debieron
amparar los derechos fundamentales de la señora Diana Vanessa Valencia Castillo,
debido a que contaba con un acto administrativo que había definido su situación jurídica,
que era susceptible de control judicial ante el juez contencioso administrativo.
No obstante, esos argumentos no son propios de una situación de fraude. De modo que
la acción de tutela tampoco cumple el requisito general de relevancia constitucional en la
medida en que no satisface la carga argumentativa que se exige para quien pretende la
revocatoria de sentencias de tutela.
La Corte Constitucional2 ha señalado que <<el fraude en las actuaciones procesales se
presenta en aquellos eventos en los que las partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o
2 Sentencia T-023 del 13 de febrero de 2023
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
dolosos y con ello afectan los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la
administración de justicia>>.
Los argumentos propuestos por la parte actora no se dirigen a demostrar una actuación
dolosa o extremadamente negligente por parte del juez de tutela.
Finalmente, con relación al argumento de la parte actora relacionado con que en el trámite
de la acción de tutela sub examine no se tuvo en cuenta que le asistía interés directo, la
Sala advierte que no satisface el requisito de subsidiariedad, debido a que contaba con
otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos invocados, como lo era
promover un incidente de nulidad.
Los Decretos 2591 y 2067 de 1991 no contemplan causales de nulidad aplicables al
trámite de acciones de tutela ni disponen reglas especiales que regulen el trámite
incidental de nulidad en sede de revisión.
No obstante, la Corte Constitucional3 ha precisado que respecto de las acciones de tutela
resultan aplicables las causales y el trámite de nulidades previsto en el Código General
del Proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas – DANE y la Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC.
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
3 Sentencia T-661 del 5 de septiembre de 2014
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02880-00
Demandante: Eliana Isabel Bula Ortiz
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.