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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de amparo presentada por el señor Luis Eduardo Calderón Molina por no cumplir el requisito adjetivo de inmediatez. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02882-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

14 de mayo de 2026

Demandante: Luis Eduardo Calderón Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02882-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-00
Demandante: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, SALA PRIMERA
DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de la
acción por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el
artículo 13 de Acuerdo 0801 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 15 de abril de 2026, el señor Luis Eduardo Calderón Molina, por intermedio de
apoderado judicial, promovió solicitud de amparo en contra de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y a la «favorabilidad pensional».

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 3 de julio de 2025, que revocó la
proferida el 15 de diciembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia, que negó las pretensiones elevadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) identificado
con el radicado 18001-33-33-004-2018-00690-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Luis Eduardo Calderón Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02882-00

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de accionante al debido proceso,
a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la favorabilidad pensional,
vulnerados por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá
mediante la sentencia del 3 de julio de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 18001-33-33-004-2018-00690-00/01.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 3 de julio de 2025 proferida por
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, única y
exclusivamente en lo que respecta al método de cálculo del Ingreso Base de
Liquidación (IBL) adoptado en dicha providencia, por constituir una violación directa
de los derechos fundamentales del accionante.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Primera de Decisión proferir, dentro del término
perentorio que el juez constitucional señale, una nueva sentencia en la que calcule el
Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez del señor Calderón Molina
aplicando de manera integral el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, esto es, tomando
como base la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicio en la Rama Judicial, con inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados en dicho período, incluyendo la bonificación por servicios prestados.

CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y amparo de
mis derechos fundamentales.2

1.3. Hechos

Del expediente y del escrito de amparo presentado por el señor Luis Eduardo
Calderón Molina se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El accionante relató que laboró ininterrumpidamente en la Rama Judicial desde el 1°
de diciembre de 1977 hasta el 31 de marzo de 2014, y que se desempeñó en su
último cargo como secretario del Juzgado Segundo Civil Municipal de Florencia.
Indicó que, durante aproximadamente 36 años y 4 meses, efectuó cotizaciones para
pensión al sistema de seguridad social.

Expuso que, para la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15
años de servicio exclusivamente en la Rama Judicial, motivo por el cual era
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la referida ley,
en virtud del cual le resultaba aplicable el régimen pensional consagrado en el
artículo 6° del Decreto 546 de 1971, norma que consagra que, para los servidores
de la Rama Judicial, la pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivale al 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio.

Sostuvo que, el 1° de agosto de 2012, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento
y pago de su pensión de vejez, petición que le fue concedida mediante la
Resolución GNR 11113 del 15 de enero de 2014, conforme al régimen de transición
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Resaltó que, para la
liquidación, se tomó como IBL la suma de $4.465.991, correspondiente al promedio
de los factores salariales del último año de servicio y, al aplicar la tasa de reemplazo
del 75%, el valor de la mesada pensional resultó en $3.349.493, la cual fue
condicionada al retiro definitivo del servicio público.

2 Transcripción literal del texto original.

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Demandante: Luis Eduardo Calderón Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión
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Señaló que su retiro definitivo del cargo se hizo efectivo el 31 de marzo de 2014,
mediante la Resolución 004 del 5 de febrero de la misma anualidad, por medio de la
cual el Juzgado Segundo Civil Municipal de Florencia aceptó su renuncia. Relató
que, al haber seguido laborando con posterioridad al reconocimiento pensional,
devengó factores salariales adicionales que no fueron tenidos en cuenta en la
liquidación original.

Anotó que, según certificación de salarios, en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014, percibió los siguientes factores salariales:
sueldo básico, incremento del 2.5, prima de antigüedad, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima
de productividad, prima de vacaciones, vacaciones y prima de navidad, sin
embargo, en el acto de reconocimiento original, solo se tuvieron en cuenta los
factores salariales devengados en los años 2011 y 2012.

Adujo que, por lo anterior, el 1° de diciembre de 2015 presentó solicitud de
reliquidación de su pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 546 de 1971, el
artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, con
el propósito de que se tomaran como base los valores efectivamente percibidos en
su último año de servicio.

Puso de presente que, mediante la Resolución GNR-55683 del 22 de febrero de
2016, Colpensiones negó la solicitud de reliquidación, con fundamento en que la
pensión había sido liquidada conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que
los valores reconocidos se encontraban ajustados a derecho. Inconforme con esta
decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación,
los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones GNR-165742 del 7 de junio de
2016 y VPB-40604 del 27 de octubre de la misma anualidad, que confirmaron la
decisión.

Expuso que, el 11 de octubre de 2018, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declarara la nulidad de las
mencionadas resoluciones y que, en consecuencia, Colpensiones reajustara su
pensión teniendo como base el salario mensual más elevado percibido en el último
año de servicios, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales
devengados en dicho período.

Dicho proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo
de Florencia que, en sentencia del 15 de diciembre de 2021, negó las pretensiones
del medio de control. Lo anterior, al considerar que, si bien el accionante era
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
conformidad con la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de
2020 del Consejo de Estado, el IBL debía calcularse conforme al artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo cotizado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento y, en este sentido, concluyó que la decisión de
Colpensiones se ajustaba a derecho.

Inconforme con ello, el actor interpuso recurso de apelación en el cual reiteró que
Colpensiones no tuvo en cuenta la asignación básica mensual más alta devengada

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en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores salariales e
insistió en que la indexación de la pensión debía efectuarse a partir de marzo de
2014, con base en los salarios actualizados.

Este recurso fue resuelto por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Caquetá que, en fallo del 3 de julio de 2025, revocó parcialmente lo decidido por
el a quo y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de las resoluciones demandadas.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó la reliquidación de la prestación y tener
en cuenta la bonificación por servicios prestados, la fecha del retiro definitivo del
servicio y el promedio de lo devengado en los diez años anteriores a esta.

Narró el actor que, en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia,
Colpensiones expidió la Resolución SUB-79010 del 4 de marzo de 2026, mediante
la cual dio cumplimiento a lo ordenado y fijó la mesada pensional en $2.226.410 a
partir del 1 de abril de 2014, que, al actualizarla a la presente anualidad, resultó en
$4.261.172.

Apuntó que la reliquidación redujo formalmente su pensión respecto del valor
histórico que venía percibiendo desde el reconocimiento y puso de presente que, de
acuerdo con las certificaciones de nómina de pensionados expedidas por
Colpensiones el 6 de abril de 2026, para febrero recibió un valor pensional de
$6.410.663, mientras que, para marzo, en cumplimiento de lo ordenado, el monto
girado fue de $4.261.172.

Por último, manifestó que tiene 69 años y que depende exclusivamente de su
mesada pensional para sufragar sus gastos y los de su núcleo familiar, por lo que la
disminución en el valor pensional resulta en un ingreso insuficiente para garantizar
las condiciones dignas de subsistencia tanto para él como para su familia.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora argumentó que el amparo impetrado cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y, sobre
el presupuesto de inmediatez, explicó que, si bien la sentencia accionada fue
proferida el 3 de julio de 2025, se debe tener en consideración que en ella se
ordenó la reliquidación de la pensión en términos abstractos, por lo que el perjuicio
causado solo se materializó con la expedición de la Resolución SUB-79010 del 4 de
marzo de la presente anualidad, por medio de la cual Colpensiones dio
cumplimiento al fallo.

En este sentido, adujo que el término de inmediatez debe contabilizarse desde la
fecha en la que fue expedido el acto administrativo en mención, y no desde la
ejecutoria del proveído enjuiciado.

En cuanto a las causales específicas de procedibilidad, el actor expuso que se
vulneraron sus derechos fundamentales en virtud de que la decisión atacada
incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la constitución.

Sobre el primero, reiteró que es beneficiario del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como fue expresamente reconocido tanto

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por Colpensiones mediante la Resolución GNR-11113 de 2014 como por el a quo
del proceso ordinario, y puso de presente que dicha disposición legal consagra lo
siguiente:

(…) La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o
más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. (…)

Refirió que, para su caso, el régimen anterior corresponde al regulado en el Decreto
546 de 1971, que en su artículo 6° establece que el beneficiario tendrá derecho «a
una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación
mensual mas elevada que hubiere devengado en el ultimo año de servicio (…)».

Sin embargo, reprochó que la autoridad accionada hubiera dejado de aplicar la
disposición en cuestión para, en su lugar, ordenar la reliquidación de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, lo que resultó en que el IBL
hubiera sido calculado a partir del promedio de lo devengado en los últimos 10
años.

Explicó que la interpretación del tribunal produjo un resultado irrazonable y contrario
a la finalidad de la norma, que no es otra que la de salvaguardar las expectativas
legítimas de quienes, estando próximos a adquirir su derecho pensional bajo
regímenes más favorables, se hubieran visto afectados por la aplicación del sistema
actual.

Esto, puesto que además de ordenar el cálculo del IBL de conformidad con el
promedio de los salarios percibidos en los últimos 10 años, también dispuso
aplicarle a dicho monto la tasa de reemplazo del 75%, que está consagrada en el
Decreto 546 de 1971, lo que arrojó un monto pensional significativamente inferior al
que ya le había sido reconocido. Al respecto, mencionó que «la pensión resultante
no corresponde a ninguno de los dos regímenes en su integridad, sino a una
construcción híbrida que termina siendo más perjudicial que cualquiera de ellos
considerado de manera completa»

Igualmente sostuvo que, en virtud del principio de especialidad, lo procedente en su
caso era dar aplicación al Decreto 546 de 1971, por ser la norma especial que
regula de manera específica y diferenciada el régimen pensional de los servidores
de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Por otra parte, con respecto a la presunta violación directa de la Constitución, alegó
que la decisión objeto de tutela vulneró el principio de favorabilidad pensional
establecido en el artículo 53 de la Carta Magna al adoptar la postura que generó el
resultado más gravoso sin ofrecer una justificación suficiente para ello.

De la misma forma, adujo que contravino el principio de progresividad y prohibición
de regresividad estipulado en los artículos 48 y 93 de la Carta, puesto que el tribunal
omitió considerar el impacto concreto de la decisión sobre el monto pensional que
venía recibiendo, y esto conllevó al quebranto del derecho fundamental al mínimo
vital, en atención a que tiene 69 años y depende de manera exclusiva de su pensión

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para sufragar los gastos de subsistencia propios y de su núcleo familiar.

Por último, manifestó que la situación expuesta lo colocó en una situación de
desigualdad respecto de aquellos pensionados cuyos regímenes especiales
anteriores definen el IBL con base en el promedio de salarios devengados en el
último año de servicio, y cuya pensión fue reconocida y liquidada de acuerdo con
dicho criterio.

1.5. Trámite e intervenciones

Mediante auto del 22 de abril de 2026, se admitió la demanda y, en consecuencia,
se ordenó la notificación de los magistrados que integran la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.

A su vez, se dispuso la vinculación del juez quinto administrativo del Circuito Judicial
de Florencia y al presidente de Colpensiones como terceros con interés en las
resultas del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia

Por medio de comunicación allegada el 23 de abril de 2026, se remitió el enlace del
expediente digital del proceso que dio origen al fallo cuestionado. Sin embargo, no
se emitió pronunciamiento sobre la acción de amparo.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Caquetá

Mediante oficio enviado el 23 de abril de 2026, se allegó el expediente del medio de
control dentro del cual se profirió la providencia enjuiciada, no obstante, no se
manifestó acerca de las pretensiones del mecanismo constitucional.

1.5.3. Colpensiones

En intervención presentada el 27 de abril de 2026, la directora de acciones
constitucionales de la entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
de tutela o, en su defecto, se denieguen las pretensiones incoadas.

Lo anterior, con fundamento en que, por un lado, no se cumplen los requisitos de
procedibilidad que permitan revocar una decisión judicial por medio de tutela y, por
otro, no se acreditó violación alguna a los derechos fundamentales invocados.

Anotó que, en todo caso, acceder a las peticiones del accionante implicaría invadir la
órbita del juez ordinario, lo cual excede las competencias del fallador de tutela y
vulnera el principio de cosa juzgada.

Por último, puso de presente que, en todo caso, el representante legal de la entidad
carece de las competencias para acceder a las pretensiones del amparo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo
previsto en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la «favorabilidad pensional» del
señor Luis Eduardo Calderón Molina, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de
julio de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 18001-33-33-004-2018-00690-00/01, que revocó el fallo
del 15 de diciembre de 2021 dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia, que negó las pretensiones de la demanda.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el

3 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que
se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden
efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto
del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación
del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión
y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe
incoarse en un plazo razonable4, el cual debe ser ponderado por el juez en cada
caso, pues, de lo contrario, se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual, inmediato
y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta sala ha declarado la improcedencia de las acciones
de tutela contra providencias judiciales después de haber transcurrido un lapso
considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, sin que medien razones suficientes que
justifiquen el retardo. De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
439 del 13 de julio de 2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de
procedibilidad adjetiva lo siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Rad. 11001-03-15-000-2008-01018-01.

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hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues
es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional5.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de
procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el
tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o
constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el derecho de
acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela6.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la protección
inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la autoridad judicial está
obligada a tomar en cuenta el tiempo que transcurre entre el hecho generador de la
violación de los derechos presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo
anterior en virtud de que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la
medida que se reclama no se requiere con prontitud.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razonas
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(…) i)[E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y
es actual.7

2.5. Caso concreto

En el caso que ocupa a la sala, se constató que el accionante interpuso acción de
tutela el 15 de abril de 2026 contra la sentencia proferida el 3 de julio de 2025 por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.

Ahora, en relación con el requisito de inmediatez, cabe anotar que, para esta
sección, dicho requisito se entiende acreditado cuando el interesado ejerce el
mecanismo constitucional dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del
fallo reprochado.

En tal sentido, se debe contabilizar el plazo de seis meses desde el día hábil
siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, que da lugar a la
petición de protección y la presentación de esta, y cuando el término es excesivo, se
declara la improcedencia.

5 Al respecto, consultar, entre otras, la providencia SU-961 de 1999.
6 Sentencia T-135 de 2015.
7 Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.

9

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Demandante: Luis Eduardo Calderón Molina
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02882-00

De conformidad con lo anterior, en el caso objeto de estudio se observa que: i) la
sentencia censurada fue proferida el 3 de julio de 20258 por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá; ii) se notificó por correo electrónico
el 16 de julio siguiente9, quedó ejecutoriada el 23 del mismo mes y año, y iii) el
presente mecanismo se radicó el 15 de abril de 202610, esto es, transcurridos más
de 6 meses, término que, para la sala, no resulta razonable.

Ahora bien, la parte accionante aduce que debe contarse la inmediatez a partir de la
expedición de la Resolución SUB-79010 del 4 de marzo de la presente anualidad, en
virtud de que, antes de ello, no era posible dimensionar con exactitud la magnitud
del perjuicio causado ni evaluar en términos patrimoniales concretos la afectación de
sus derechos fundamentales, pues el alcance real de la providencia cuestionada
solo podía conocerse una vez Colpensiones procediera a ejecutarla mediante el
correspondiente acto administrativo de cumplimiento.

Sin embargo, considera esta sección que los argumentos con los cuales se pretende
justificar la presentación tardía de la tutela no se ajustan a los escenarios que la
Corte Constitucional estableció para que se flexibilice este requisito.

Al tratarse de un amparo contra providencia judicial, lo cierto es que la presunta
vulneración se materializó desde su ejecutoria y, en tal sentido, es este el momento
a partir del cual se debe realizar el análisis del requisito de inmediatez, pues aceptar
la postura planteada por el actor implicaría una afectación de principios como el de
seguridad jurídica y cosa juzgada.

Al hacer un análisis del escrito, se evidencia que el actor puso de presente su edad y
sus circunstancias económicas particulares, sin embargo, no logró demostrar la
existencia de condiciones excepcionales que permitan a esta sala justificar el
análisis de la demanda constitucional fuera del término considerado razonable por la
jurisprudencia, y no acreditó imposibilidad alguna para interponerla oportunamente.

Por lo tanto, para la sala no son admisibles los argumentos presentados por el actor
para superar el requisito de inmediatez, dado que no se enmarcan en alguna de las
situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como justificación, es decir,
que (i) se encuentre en una situación que lo ubique en estado de vulnerabilidad
(indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; y (iv) la vulneración de
sus derechos ha sido permanente en el tiempo.

Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por tanto, el juicio sobre el
requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser estricto, máxime
cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus

8 Visualizar en Samai, expediente 18001-33-33-004-2018-00690-00/01, índice 26.
9 Visualizar en Samai, expediente 18001-33-33-004-2018-00690-00/01, índice 28.
10 Visualizar en Samai, índice 2.

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Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02882-00

derechos, por lo que se impone al interesado que lo haga en un plazo pertinente,
salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante,
lo cual no se acredita en el presente caso.

Así las cosas, la sala declarará la improcedencia de la tutela impetrada por el señor
Luis Eduardo Calderón Molina contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá por no satisfacer el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de amparo presentada por el
señor Luis Eduardo Calderón Molina por no cumplir el requisito adjetivo de
inmediatez.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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