Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ,
INCLUSO EN TUTELAS PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN LAS QUE SE CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE
PRESTACIONES PERIÓDICAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 14 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
1
En adelante SECCIÓN QUINTA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y al mínimo vital, los cuales estima vulnerados por
la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ2, al haber proferido la
providencia de 3 de julio de 2025 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2018-00690-01.
I.2.- Hechos
Indicó que laboró en propiedad desde el 1o. de diciembre de 1997
hasta el 31 de marzo de 2014 al servicio de la RAMA JUDICIAL
como secretario del JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE
FLORENCIA (CAQUETÁ).
Señaló que, para la entrada en vigor de la Ley 100 de 19933, contaba
con más de 15 años de servicio, por lo que era beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36. Asimismo, que, por
su calidad de funcionario judicial, le era aplicable lo establecido en el
artículo 6° del Decreto 546 de 19714, que prevé una pensión
2
En adelante TRIBUNAL.
3
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
4
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
equivalente al 75% de la asignación mensual al cumplir 55 años de
edad y 20 de servicio.
Resaltó que el 1o. de agosto de 2012 le solicitó a la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES5
(COLPENSIONES) el reconocimiento de su pensión de vejez, la cual
le fue reconocida mediante Resolución núm. GNR 11113 del 15 de
enero de 2014, condicionada a su retiro definitivo, que se produjo el
31 de marzo de ese año con la aceptación de su renuncia.
Manifestó que, durante el tiempo posterior a la solicitud, devengó
factores salariales adicionales que no fueron incluidos en la
liquidación, pues esta se basó en salarios de los años 2011 y 2012
para calcular el IBL, excluyendo lo percibido en el 2013 y hasta marzo
de 2014.
Afirmó que el 1o. de diciembre de 2015 solicitó la reliquidación
pensional, la cual fue negada mediante Resolución núm. GNR-55683
del 22 de febrero de 2016, con fundamento en la Circular Interna 16
de 2015, según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición se determina conforme a lo establecido en el artículo 21
5
En adelante COLPENSIONES.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
de la Ley 100 de 1993 cuando a 1° de abril de 1994 faltaren más de
10 años para pensionarse.
Indicó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación,
siendo resuelto este último de manera confirmatoria mediante la
Resolución núm. GNR 165742 de 7 de junio de 2016, por lo que
presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
FLORENCIA6, al cual le correspondió el número único de radicación
2018-00690-00, que mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021
negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación que
correspondió por reparto al TRIBUNAL que, en sentencia de 3 de
julio de 2025 revocó parcialmente lo resuelto por el a quo y, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó
la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta lo devengado en los
10 años anteriores al 31 de marzo de 2014.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al haber calculado el ingreso base de liquidación
6
En adelante JUZGADO.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
partiendo del promedio decenal previsto en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993 y no conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del
Decreto 546 de 1971, a través del régimen de transición.
Recalcó que el Decreto 546 de 1971 es una normativa especial que
regula de manera específica y diferenciada el régimen pensional de
los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, mientras
que la Ley 100 de 1993, y en particular su artículo 21, corresponde
a una disposición de carácter general que regula el sistema pensional
ordinario, por lo que el TRIBUNAL sin justificación constitucional
alguna optó por aplicar esta última en lugar de la especial que regula
expresamente el caso.
Señaló que si bien la sentencia del TRIBUNAL fue proferida el 3 de
julio de 2025, lo cierto era que hasta el 4 de marzo de 2026 tuvo
conocimiento cierto y concreto de la magnitud del perjuicio causado
y de la afectación en sus derechos fundamentales, pues en ella se
ordenó la reliquidación en términos abstractos y no se precisó el
impacto económico real sobre su mesada pensional, por lo que
considera que el término de inmediatez debe contabilizarse desde
esta última fecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
I.4.- Pretensiones
El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 3 de julio
de 2025 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, única y exclusivamente en lo que
respecta al método de cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL)
adoptado en dicha providencia, por constituir una violación directa
de los derechos fundamentales del accionante.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al
Tribunal Administrativo del Caquetá — Sala Primera de Decisión
proferir, dentro del término perentorio que el juez constitucional
señale, una nueva sentencia en la que calcule el Ingreso Base de
Liquidación de la pensión de vejez del señor Calderón Molina
aplicando de manera integral el artículo 6° del Decreto 546 de
1971, esto es, tomando como base la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio en la Rama Judicial,
con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
en dicho período, incluyendo la bonificación por servicios
prestados.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la
protección y amparo de mis derechos fundamentales. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO allegaron el link del expediente
digital correspondiente a cada una de las instancias ordinarias, no
obstante, no se pronunciaron frente a las pretensiones elevadas en
la presente acción de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
I.6.- Interviniente
I.6.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente el amparo
pretendido por no cumplir con los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, además, por no acreditarse la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 14 de mayo de 2026, la SECCIÓN QUINTA
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de la inmediatez, toda vez que entre la
notificación de la sentencia de segunda instancia cuestionada y la
instauración del presente amparo constitucional transcurrió un lapso
de 8 meses y 23 días, superándose así el plazo razonable de los seis
meses al que alude la jurisprudencia constitucional, sin que se
encuentre acreditada una situación válida que lo justifique.
Frente al argumento del actor relacionado con la contabilización del
término a partir de la expedición de la Resolución SUB-79010 de 4
de marzo de 2026, suscrita por COLPENSIONES, por cuanto, a su
juicio, antes de esta no le era posible dimensionar con exactitud la
magnitud del perjuicio causado ni evaluar en términos patrimoniales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
concretos la afectación de sus derechos fundamentales, advirtió que
los seis meses que la jurisprudencia ha entendido como razonable
para la presentación de una acción de tutela contra una providencia
judicial toma como punto de partida la ejecutoria de la decisión, que
para el presente caso fue el 23 de julio de 2025.
Asimismo, señaló que el actor puso de presente su edad y sus
circunstancias económicas particulares para justificar la presentación
tardía; sin embargo, no logró demostrar la existencia de condiciones
excepcionales que permitieran justificar el análisis de una demanda
presentada fuera del término considerado razonable por la
jurisprudencia, además que no acreditó imposibilidad alguna para
hacer uso de ella oportunamente.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales invocados
como violados.
Señaló que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
el requisito de inmediatez no es un término de caducidad sino una
exigencia de razonabilidad que debe evaluarse en función de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
circunstancias concretas del caso, que el juez debe realizar un
examen sustantivo y no meramente aritmético del cumplimiento de
la misma, ponderando el contexto en que se desenvuelve la persona,
el momento en que la afectación adquirió contornos ciertos y
verificables, la condición de vulnerabilidad del accionante, la
naturaleza del derecho fundamental comprometido y si la afectación
tiene carácter continuado o se agotó en un solo acto.
Para el efecto, sostuvo que fue únicamente con la expedición de la
resolución SUB-79010 de 4 de marzo de 2026 y, posteriormente, con
la certificación de nómina de pensionado de 6 de abril de 2026 que
tuvo certeza de la afectación a la que se enfrentaría, pues el
TRIBUNAL: “[…] en ningún apartado la sentencia indicó: (i) cuál
sería el monto resultante de esa reliquidación; (ii) qué impacto
patrimonial concreto tendría sobre la mesada que el accionante venía
percibiendo desde 2014; (iii) si la reliquidación implicaría un
incremento, mantenimiento o reducción del valor pensional; ni (iv)
si Colpensiones, al ejecutar dicha sentencia, intentaría cobrar al
pensionado supuestos pagos en exceso por más de diez años […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por
el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00690-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y al mínimo vital, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al haber
calculado el ingreso base de liquidación partiendo del promedio
decenal previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y no
conforme a lo establecido en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971,
a través del régimen de transición.
Señaló que si bien la sentencia del TRIBUNAL fue proferida el 3 de
julio de 2025, lo cierto era que hasta el 4 de marzo de 2026 tuvo
conocimiento cierto y concreto de la magnitud del perjuicio causado
y de la afectación en sus derechos fundamentales, pues en ella se
ordenó la reliquidación en términos abstractos y no se precisó el
impacto económico real sobre su mesada pensional, por lo que
considera que el término de inmediatez debe contabilizarse desde
esta última fecha.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 14 de mayo de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la inmediatez.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en
primera instancia, afirmando que conforme a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, el requisito de la inmediatez no es un término
de caducidad sino una exigencia de razonabilidad que debe evaluarse
en función de las circunstancias concretas del caso y, en el suyo,
debe flexibilizarse por cuanto su situación es desfavorable, continua
y actual, pues recibe mes a mes una mesada inferior a la que debería
percibir.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos invocados e incurrió en el defecto alegado.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se
controvierten providencias judiciales
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”7.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la acción de tutela.
7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo9:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 10, la
providencia de segunda instancia de 3 de julio de 2025, aquí
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=180013333004201800
10
690011800123
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
cuestionada, fue notificada vía correo electrónico el 16 de ese mes y
año, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201111, se entiende debidamente notificada el 18
siguiente.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 15 de abril de 202612, esto es,
transcurridos más de 8 meses, superando así el término de 6 meses
que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para
impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin
que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la
parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la
solicitud de amparo.
En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el
término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante
circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se
trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los
derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de
11
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12
Conforme consta en el índice 2 del expediente 00, obrante en el aplicativo SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en
sentencia T-374 de 18 de mayo de 201213, al referirse a la
inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de
prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:
“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).
Cabe señalar que, con fundamento en la mencionada sentencia de
la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,
13
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1°. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias
judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones
periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]
siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,
se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual
deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre
que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que
sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta14
[…]”.
En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,
esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una
vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,
la Sala señaló:
“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.
Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes:
“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.
No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.
[…]
Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laboral vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).
Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el
presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como
quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
del medio de protección constitucional se deje sin efecto la
providencia de 3 de julio de 2025 y, en consecuencia, se ordene la
reliquidación de su pensión de vejez.
En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad
manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta
Sección en sentencia de 28 de mayo de 201515, a través de la cual
unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que
deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez
en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a
la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:
“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”
Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]
Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.
Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.
Al respecto, se advierte que el actor no demostró que se encontrara
en un estado de debilidad manifiesta, pues los argumentos que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
expone para justificar la tardanza no se enmarcan en alguno de los
supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término razonable
establecido. Máxime, cuando está demostrado que aquel devenga
mensualmente la pensión de vejez.
En efecto, la Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar que
las razones aducidas por el actor no justifican la inactividad o
tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, toda vez que
en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el
término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha
en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a
su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados, que en este
caso es la providencia de 3 de julio de 2025, por lo que no es dable
como lo pretende el actor tener en cuenta el acto administrativo que
trae a colación para efectos de permeabilizar el conteo del requisito
de la inmediatez.
Aunado a lo anterior, se destaca que en la sentencia SU-354 de
201716, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del
requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia
judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los
16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,
dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba
en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor
por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.