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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01 Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02882-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ,
INCLUSO EN TUTELAS PROMOVIDAS CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN LAS QUE SE CONTROVIERTEN ASUNTOS SOBRE
PRESTACIONES PERIÓDICAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
SEGURIDAD SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 14 de mayo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la

solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

1
En adelante SECCIÓN QUINTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02882-01
Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social y al mínimo vital, los cuales estima vulnerados por

la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ2, al haber proferido la

providencia de 3 de julio de 2025 dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2018-00690-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró en propiedad desde el 1o. de diciembre de 1997

hasta el 31 de marzo de 2014 al servicio de la RAMA JUDICIAL

como secretario del JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE

FLORENCIA (CAQUETÁ).

Señaló que, para la entrada en vigor de la Ley 100 de 19933, contaba

con más de 15 años de servicio, por lo que era beneficiario del

régimen de transición previsto en el artículo 36. Asimismo, que, por

su calidad de funcionario judicial, le era aplicable lo establecido en el

artículo 6° del Decreto 546 de 19714, que prevé una pensión

2
En adelante TRIBUNAL.
3
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
4
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares

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3

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Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA

equivalente al 75% de la asignación mensual al cumplir 55 años de

edad y 20 de servicio.

Resaltó que el 1o. de agosto de 2012 le solicitó a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES5

(COLPENSIONES) el reconocimiento de su pensión de vejez, la cual

le fue reconocida mediante Resolución núm. GNR 11113 del 15 de

enero de 2014, condicionada a su retiro definitivo, que se produjo el

31 de marzo de ese año con la aceptación de su renuncia.

Manifestó que, durante el tiempo posterior a la solicitud, devengó

factores salariales adicionales que no fueron incluidos en la

liquidación, pues esta se basó en salarios de los años 2011 y 2012

para calcular el IBL, excluyendo lo percibido en el 2013 y hasta marzo

de 2014.

Afirmó que el 1o. de diciembre de 2015 solicitó la reliquidación

pensional, la cual fue negada mediante Resolución núm. GNR-55683

del 22 de febrero de 2016, con fundamento en la Circular Interna 16

de 2015, según la cual el IBL de los beneficiarios del régimen de

transición se determina conforme a lo establecido en el artículo 21

5
En adelante COLPENSIONES.

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de la Ley 100 de 1993 cuando a 1° de abril de 1994 faltaren más de

10 años para pensionarse.

Indicó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación,

siendo resuelto este último de manera confirmatoria mediante la

Resolución núm. GNR 165742 de 7 de junio de 2016, por lo que

presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

ante el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

FLORENCIA6, al cual le correspondió el número único de radicación

2018-00690-00, que mediante sentencia de 15 de diciembre de 2021

negó las pretensiones de la demanda.

Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación que

correspondió por reparto al TRIBUNAL que, en sentencia de 3 de

julio de 2025 revocó parcialmente lo resuelto por el a quo y, en

consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó

la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta lo devengado en los

10 años anteriores al 31 de marzo de 2014.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo al haber calculado el ingreso base de liquidación

6
En adelante JUZGADO.

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partiendo del promedio decenal previsto en el artículo 21 de la Ley

100 de 1993 y no conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del

Decreto 546 de 1971, a través del régimen de transición.

Recalcó que el Decreto 546 de 1971 es una normativa especial que

regula de manera específica y diferenciada el régimen pensional de

los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, mientras

que la Ley 100 de 1993, y en particular su artículo 21, corresponde

a una disposición de carácter general que regula el sistema pensional

ordinario, por lo que el TRIBUNAL sin justificación constitucional

alguna optó por aplicar esta última en lugar de la especial que regula

expresamente el caso.

Señaló que si bien la sentencia del TRIBUNAL fue proferida el 3 de

julio de 2025, lo cierto era que hasta el 4 de marzo de 2026 tuvo

conocimiento cierto y concreto de la magnitud del perjuicio causado

y de la afectación en sus derechos fundamentales, pues en ella se

ordenó la reliquidación en términos abstractos y no se precisó el

impacto económico real sobre su mesada pensional, por lo que

considera que el término de inmediatez debe contabilizarse desde

esta última fecha.

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I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 3 de julio
de 2025 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, única y exclusivamente en lo que
respecta al método de cálculo del Ingreso Base de Liquidación (IBL)
adoptado en dicha providencia, por constituir una violación directa
de los derechos fundamentales del accionante.

TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE al
Tribunal Administrativo del Caquetá — Sala Primera de Decisión
proferir, dentro del término perentorio que el juez constitucional
señale, una nueva sentencia en la que calcule el Ingreso Base de
Liquidación de la pensión de vejez del señor Calderón Molina
aplicando de manera integral el artículo 6° del Decreto 546 de
1971, esto es, tomando como base la asignación mensual más
elevada devengada en el último año de servicio en la Rama Judicial,
con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
en dicho período, incluyendo la bonificación por servicios
prestados.

CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la
protección y amparo de mis derechos fundamentales. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y el JUZGADO allegaron el link del expediente

digital correspondiente a cada una de las instancias ordinarias, no

obstante, no se pronunciaron frente a las pretensiones elevadas en

la presente acción de tutela.

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I.6.- Interviniente

I.6.1.- COLPENSIONES solicitó declarar improcedente el amparo

pretendido por no cumplir con los requisitos de procedibilidad de la

acción de tutela, además, por no acreditarse la vulneración de los

derechos fundamentales alegados.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 14 de mayo de 2026, la SECCIÓN QUINTA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no

cumplir con el requisito de la inmediatez, toda vez que entre la

notificación de la sentencia de segunda instancia cuestionada y la

instauración del presente amparo constitucional transcurrió un lapso

de 8 meses y 23 días, superándose así el plazo razonable de los seis

meses al que alude la jurisprudencia constitucional, sin que se

encuentre acreditada una situación válida que lo justifique.

Frente al argumento del actor relacionado con la contabilización del

término a partir de la expedición de la Resolución SUB-79010 de 4

de marzo de 2026, suscrita por COLPENSIONES, por cuanto, a su

juicio, antes de esta no le era posible dimensionar con exactitud la

magnitud del perjuicio causado ni evaluar en términos patrimoniales

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concretos la afectación de sus derechos fundamentales, advirtió que

los seis meses que la jurisprudencia ha entendido como razonable

para la presentación de una acción de tutela contra una providencia

judicial toma como punto de partida la ejecutoria de la decisión, que

para el presente caso fue el 23 de julio de 2025.

Asimismo, señaló que el actor puso de presente su edad y sus

circunstancias económicas particulares para justificar la presentación

tardía; sin embargo, no logró demostrar la existencia de condiciones

excepcionales que permitieran justificar el análisis de una demanda

presentada fuera del término considerado razonable por la

jurisprudencia, además que no acreditó imposibilidad alguna para

hacer uso de ella oportunamente.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales invocados

como violados.

Señaló que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,

el requisito de inmediatez no es un término de caducidad sino una

exigencia de razonabilidad que debe evaluarse en función de las

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circunstancias concretas del caso, que el juez debe realizar un

examen sustantivo y no meramente aritmético del cumplimiento de

la misma, ponderando el contexto en que se desenvuelve la persona,

el momento en que la afectación adquirió contornos ciertos y

verificables, la condición de vulnerabilidad del accionante, la

naturaleza del derecho fundamental comprometido y si la afectación

tiene carácter continuado o se agotó en un solo acto.

Para el efecto, sostuvo que fue únicamente con la expedición de la

resolución SUB-79010 de 4 de marzo de 2026 y, posteriormente, con

la certificación de nómina de pensionado de 6 de abril de 2026 que

tuvo certeza de la afectación a la que se enfrentaría, pues el

TRIBUNAL: “[…] en ningún apartado la sentencia indicó: (i) cuál

sería el monto resultante de esa reliquidación; (ii) qué impacto

patrimonial concreto tendría sobre la mesada que el accionante venía

percibiendo desde 2014; (iii) si la reliquidación implicaría un

incremento, mantenimiento o reducción del valor pensional; ni (iv)

si Colpensiones, al ejecutar dicha sentencia, intentaría cobrar al

pensionado supuestos pagos en exceso por más de diez años […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por

el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2018-00690-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social y al mínimo vital, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al haber

calculado el ingreso base de liquidación partiendo del promedio

decenal previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y no

conforme a lo establecido en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971,

a través del régimen de transición.

Señaló que si bien la sentencia del TRIBUNAL fue proferida el 3 de

julio de 2025, lo cierto era que hasta el 4 de marzo de 2026 tuvo

conocimiento cierto y concreto de la magnitud del perjuicio causado

y de la afectación en sus derechos fundamentales, pues en ella se

ordenó la reliquidación en términos abstractos y no se precisó el

impacto económico real sobre su mesada pensional, por lo que

considera que el término de inmediatez debe contabilizarse desde

esta última fecha.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 14 de mayo de

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2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el

requisito de la inmediatez.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en

primera instancia, afirmando que conforme a la jurisprudencia de la

Corte Constitucional, el requisito de la inmediatez no es un término

de caducidad sino una exigencia de razonabilidad que debe evaluarse

en función de las circunstancias concretas del caso y, en el suyo,

debe flexibilizarse por cuanto su situación es desfavorable, continua

y actual, pues recibe mes a mes una mesada inferior a la que debería

percibir.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos invocados e incurrió en el defecto alegado.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

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Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la inmediatez.

Requisito general de procedencia de la inmediatez cuando se

controvierten providencias judiciales

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”7.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la acción de tutela.

7
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 8:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo9:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

8
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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Actor: LUIS EDUARDO CALDERÓN MOLINA

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la

controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 10, la

providencia de segunda instancia de 3 de julio de 2025, aquí

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=180013333004201800
10

690011800123

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cuestionada, fue notificada vía correo electrónico el 16 de ese mes y

año, por lo que en aplicación del artículo 203 de la Ley 1437 de 18

de enero de 201111, se entiende debidamente notificada el 18

siguiente.

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 15 de abril de 202612, esto es,

transcurridos más de 8 meses, superando así el término de 6 meses

que ha sido estimado por la jurisprudencia como razonable para

impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial, sin

que se hubiesen presentado razones válidas para la inactividad de la

parte actora o que justifiquen la tardanza en la presentación de la

solicitud de amparo.

En este punto, se resalta que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación, en la precitada sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, estableció como razonable el

término de 6 meses, sin perjuicio de que el mismo pueda variar ante

circunstancias especiales, como ocurre, entre otras, cuando se

trata de prestaciones periódicas, en aras de proteger los

derechos al “mínimo vital, la dignidad, la salud y la vida de

11
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12
Conforme consta en el índice 2 del expediente 00, obrante en el aplicativo SAMAI.

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sujetos de especial protección constitucional”. En el mismo

sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en

sentencia T-374 de 18 de mayo de 201213, al referirse a la

inaplicación del requisito de inmediatez cuando se trata de

prestaciones periódicas de carácter vitalicio, así:

“[…] La jurisprudencia constitucional también ha dado un alcance
específico al requisito de inmediatez en la interposición de la
acción de tutela en este tipo de casos. Si bien a lo largo de sus
pronunciamientos la Corte Constitucional ha exigido, como regla
general, que entre el hecho que supuestamente da lugar a la
violación o amenaza de derechos fundamentales y la
interposición de la acción de tutela medie un término razonable,
el contenido mismo del requisito de inmediatez varía
cuando se trata de una prestación periódica que, como las
mesadas pensionales, se vincula directamente al ejercicio
de los derechos fundamentales al mínimo vital, la
dignidad, la salud y la vida de sujetos de especial
protección constitucional. En suma, dado el carácter
periódico y la particular importancia de las mesadas
pensionales para el ejercicio de los derechos más básicos
de los pensionados, la Corte ha considerado que la
actualización continua de los perjuicios presentes y
sustantivos derivados de la falta de indexación de la
mesada resta relevancia al requisito de inmediatez en la
presentación de la tutela. En otras palabras, como la
afectación de los derechos fundamentales por la pérdida de poder
adquisitivo de las pensiones se renueva mes a mes y día a día,
en forma presente, las personas afectadas en su mínimo vital por
esta situación pueden recurrir a la acción de tutela, cumpliendo
eso sí con unas reglas que hacen admisible el que se haya
prolongado en el tiempo la presentación de la acción [...]”
(Resaltado fuera de texto).

Cabe señalar que, con fundamento en la mencionada sentencia de

la Corte Constitucional y la jurisprudencia de esta Sección,

13
Corte Constitucional, Sentencia T–315 de 1°. de abril de 2005, M.P. Ponente Jaime Córdoba
Triviño

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relacionada con acciones de tutelas promovidas contra providencias

judiciales en las que se controvirtieron asuntos sobre prestaciones

periódicas, como ocurre en el caso sub lite, la Sala concluyó que “[…]

siempre que se trate de una acción de tutela contra

providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas,

se realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos

generales de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual

deberá efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre

que la vulneración de los derechos permanezca, esto es, que

sea continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea

muy antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que

el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta14

[…]”.

En lo que respecta al primer requisito mencionado en precedencia,

esto es, que se trate de una prestación periódica y, de contera, una

vulneración continua y actual, en sentencia de 30 de julio de 2015 8,

la Sala señaló:

“[…] La Sección Segunda de esta Corporación se ha pronunciado
de manera reiterada y uniforme con relación a qué debe
entenderse por prestaciones periódicas.

Así, en proveído de 1° de octubre de 20149, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró lo siguiente:

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo
de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 11001-03- 15-000-2013-02423-01.

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“No es de recibo la tesis planteada por el recurrente, según la
cual el tema que aquí se discute corresponde a la reclamación de
prestaciones periódicas, ya que tal calidad se predica tan sólo del
derecho a la pensión de jubilación de las personas de la tercera
edad como claramente lo tiene sentado esta Corporación en su
jurisprudencia, como a continuación se precisa en uno de sus
apartes:

“Si la interpretación sobre lo que debe entenderse por
prestación periódica fuera el significado lingüístico de las
palabras, sería elemental que el actor tendría razón.

No obstante, tal método, cuando la ley se encarga de poner
ejemplos sobre los cuales son las prestaciones periódicas, no es
eficaz y debe atenderse a la orientación que brinda aquella. En
efecto, el artículo 131,6 letra b) del CCA, se refiere a las
pensiones de jubilación y de invalidez como prestaciones
periódicas, referencia que debe observase para los efectos del
inciso 3º del artículo 136 ibídem, pues la norma en últimas lo que
da a entender es que tratándose de derechos que existen durante
la vida del titular y después respecto de los beneficiarios
llamados a sustituirse también en forma vitalicia (cónyuge,
compañera o hijo inválidos), es lógico, justificable y razonable
que en cualquier tiempo pueda discutirse tales prestaciones,
para diferenciarlas de los demás derechos laborales que no son
vitalicios y por consiguiente la definición de las controversias
sobre los mismos, debe hacerse en los términos de la caducidad
establecida para ellos, vale decir, a meses.

[…]

Visto lo anterior, resulta claro para la Sala que las prestaciones
periódicas son aquellos emolumentos que se reciben de manera
vitalicia e indefinida y que son susceptibles de ser sustituidos a
sus beneficiarios (cónyuge, hijos, hermanos, etc.). Asimismo,
se consideran como tales, aquellos valores devengados de
manera constante, en virtud de un vínculo laboral vigente,
de tal manera, que si éste se termina, desaparece la
calidad de periodicidad de dichos reconocimientos […]”
(Resaltado fuera del texto).

Frente a lo anterior, para la Sala es importante resaltar que en el

presente caso se trata de una prestación periódica, pues, como

quedó visto en párrafos anteriores, el actor pretende que a través

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del medio de protección constitucional se deje sin efecto la

providencia de 3 de julio de 2025 y, en consecuencia, se ordene la

reliquidación de su pensión de vejez.

En cuanto al segundo requisito, relativo a la condición de debilidad

manifiesta, conviene traer a colación las precisiones hechas por esta

Sección en sentencia de 28 de mayo de 201515, a través de la cual

unificó su jurisprudencia frente a la aplicación de los criterios que

deben tenerse en cuenta para analizar el requisito de la inmediatez

en estos casos particulares, especialmente, el que hace referencia a

la “condición de debilidad manifiesta”, en la que señaló:

“[…] Pues bien, comoquiera que por medio de la providencia
transcrita, se estableció “el criterio que, en adelante observará
la Sala para analizar la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias que traten de prestaciones periódicas”; en
casos como el presente, en que se controvierte una sentencia
relacionada con la reliquidación de una prestación periódica, se
ha acudido al citado lineamiento Jurisprudencial de
manera invariable, para determinar si el hecho de haber
superado el plazo prudencial para interponer la acción de tutela
merece ser tratado en forma especial, esto es, a la luz de los
criterios de ”que i) se demuestre que la vulneración de los
derechos permanece en el tiempo, esto es, que es continua y
actual, pese a que el hecho que la originó sea muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela; y que ii) el actor se
encuentre en un condición de debilidad manifiesta.”

Sin embargo, cuando el tema ha involucrado prestaciones
periódicas en las modalidades de pensión o asignación de
retiro, la aplicación de dichos criterios frente al requisito de la
inmediatez, en cada caso concreto, ha dado lugar a soluciones
divergentes, habida cuenta de que la Sala ha aceptado que el

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de mayo
de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicación número: 11001- 03-15-000-2015-00001-01.

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pensionado, por el simple hecho de serlo, ostenta una calidad
que le permite enervar dicho requisito de procedibilidad, pero
también ha entendido que en ocasiones se requieren elementos
adicionales a tal condición para proceder al estudio de fondo […]

Dichas divergencias merecen ser precisadas y, por lo tanto, en
esta oportunidad la Sala, con el propósito de unificar su
Jurisprudencia, determinará como lineamiento único y preciso,
en cuanto a la exigencia o no del requisito de inmediatez de la
tutela contra providencias judiciales, cuando el solicitante del
amparo constitucional es un pensionado o persona que goza
de Asignación de Retiro, que tal condición no es per se
circunstancia que permita enervar el citado requisito, habida
cuenta de que es necesario que confluyan elementos adicionales
que permitan concluir que el actor se encuentra en “la especial
situación” que “convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional en sentencia T-158 de 2006 y
esta Sala en el Expediente núm. 2013-02423-01, Consejero
Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

Obsérvese que la Corte cita, solo a manera de ejemplo, algunas
circunstancias que pueden tenerse en cuenta para determinar si
el actor está o no en una ESPECIAL SITUACIÓN, que justifique
su inactividad en el tiempo frente a la defensa de sus derechos,
dentro de las cuales sugiere “el estado de indefensión, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otras…” sin que éstas
constituyan taxatividad alguna. Justamente por ello, esta Sala
introdujo dentro de dicha lista al pensionado, por tratarse de
un sujeto de protección especial, conforme lo ha determinado la
Jurisprudencia Constitucional.

Pero, ocurre que el concepto de sujeto de especial protección
incluye, además de los pensionados, a otros grupos de personas,
tales como: indígenas, padres y madres cabeza de familia, mujer
embarazada, menores de edad, minusválidos, ancianos,
defensores de derechos humanos, enfermos graves,
desplazados, entre otros; sin que sea aceptable concluir que en
todos los casos, éstos resulten eximidos de cumplir el requisito
de procedibilidad de inmediatez, cuando acudan a la tutela para
obtener la pérdida de efectos de una providencia judicial, por el
solo hecho de ser denominados sujetos de especial protección
[…]”.

Al respecto, se advierte que el actor no demostró que se encontrara

en un estado de debilidad manifiesta, pues los argumentos que

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expone para justificar la tardanza no se enmarcan en alguno de los

supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término razonable

establecido. Máxime, cuando está demostrado que aquel devenga

mensualmente la pensión de vejez.

En efecto, la Sala destaca que le asistió razón al a quo al afirmar que

las razones aducidas por el actor no justifican la inactividad o

tardanza en la presentación de la solicitud de amparo, toda vez que

en tratándose de acciones de tutela contra providencia judicial, el

término con el que cuenta el interesado se determina por la fecha

en la que se surte debidamente la notificación de la decisión que, a

su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados, que en este

caso es la providencia de 3 de julio de 2025, por lo que no es dable

como lo pretende el actor tener en cuenta el acto administrativo que

trae a colación para efectos de permeabilizar el conteo del requisito

de la inmediatez.

Aunado a lo anterior, se destaca que en la sentencia SU-354 de

201716, la Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del

requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencia

judicial, para resolver el caso concreto exceptuó el término de los

16
Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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seis meses establecido por regla general como tiempo razonable,

dadas las particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba

en el que existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que

declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor

por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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