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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02885-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02885-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por José Neftalí Martínez Pulido frente a los defectos por decisión sin motivación, sustantivo, fáctico, por violación directa de la Constitución Política y por desconocimiento del precedente. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02885-00 Demandante: José Neftalí Martínez Pulido 2. NEGAR las pretensiones en relación con los defectos fáctico y procedimental absoluto en relación con el argumento de la mala fe del actor así declarada por el Tribunal accionado en la sentencia cuestionada, de conformidad con las consideraciones hechas en esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02885-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02885-00
Demandante JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos por decisión sin
motivación, sustantivo, procedimental absoluto, fáctico, por violación
directa de la Constitución Política y por desconocimiento del
precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Simultaneidad de pago de pensión gracia y salario como
Juez de la República. Requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por José Neftalí Martínez Pulido de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de abril de 20261, el señor José Neftalí Martínez Pulido, quien actúa por
conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia con la sentencia del 9 de febrero de 2026, proferida en segunda instancia
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-007-
2023-00413-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«3.1) Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y el acceso a la
administración de justicia del demandante
3.2) Dejar sin efecto la sentencia 044 del 19 de agosto de 2025 proferida por el Juzgado 7º
Administrativo de Bogotá y parcialmente la proferida el 9 de febrero de 2026 por la
Sección segunda, Subsección “A” del Tribunal Superior de Cundinamarca (sic), en
cuanto se negó la nulidad total del Oficio No. 2023142002592091 del 6 de junio de 2023
expedido por la UGPP y, en su lugar, se ordene al Juzgado proferir una nueva decisión
en la que se resuelva, desde lo jurídico, si la UGPP estaba facultada constitucional y
legalmente para suspender unilateralmente la pensión gracia al actor por el solo hecho
de ser incompatible con el salario no docente.
3.3) Dejar sin efecto la sentencia proferida el 9 de febrero de 2026 por la Sección segunda,
Subsección “A” del Tribunal Superior de Cundinamarca (sic), en cuanto derivó la mala
fe del demandante al percibir salario no docente y pensión gracia de supuestos fácticos
no consignados en el Acto Administrativo y en su lugar vuelva a hacer un nuevo estudio
que abarque una adecuada y completa apreciación de los hechos, las pruebas y la
aplicación de las normas pertinentes que beneficien al demandante.

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Escrito de tutela radicado a través del correo electrónico de tutelas en línea.

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Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

3.4) Subsidiariamente, las decisiones que considere el Juez constitucional en amparo de los
derechos fundamentales del demandante».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor José Neftalí Martínez Pulido laboró como docente, nombrado
mediante el Decreto 590 del 6 de abril de 1979.

El actor obtuvo una licencia no remunerada desde el 18 de noviembre al 14 de
diciembre de 2003 por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, sin
embargo, mediante resolución 3578 del 27 de noviembre de 2003 la Secretaría
de Educación de Bogotá aceptó la renuncia presentada por el docente, a partir
del 3 de diciembre de 2003.

2.2. Por Acuerdo 031 del 24 de julio de 2003 el Tribunal Superior de Tunja nombró
en propiedad al actor como Juez Promiscuo Municipal de Tibaná, Boyacá por
haber superado el concurso de méritos, decisión que le fue comunicada el 1º
de septiembre de 2003.

El accionante inició su labor como Juez de la República a partir del 18 de
noviembre de 2003.

2.3. Estando el accionante al servicio de la Rama Judicial, la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL (hoy liquidada) le reconoció pensión gracia de
jubilación mediante la resolución 00668 del 23 de enero de 2008, con efectos
fiscales a partir del 12 de mayo de 2007, por lo que a partir de esa fecha
devengó simultáneamente el salario de la Rama Judicial y las mesadas
correspondientes a la pensión gracia.

2.4. Mediante oficio del 6 de junio de 2023 la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social
UGPP, le informó al accionante la decisión de suspender el pago de la pensión
gracia a partir del 30 de junio de 2023 y, el deber de reintegrar la suma de
$245.439.951 correspondiente a los recursos pagados por este concepto, de
forma simultánea con su salario de juez.

2.5. Mediante la resolución DP 020190 del 11 de agosto de 2023 la UGPP
determinó que el señor José Neftalí Martínez Pulido adeudaba al sistema
general de pensiones la suma de $245.439.951 con sus respectivos intereses,
con fundamento en que, del cruce de las bases de datos con la planilla PILA,
el actor percibía de manera simultánea salario y pensión gracia, ambos rubros
provenientes del tesoro público.

Contra la decisión el actor interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
mediante la resolución RDP 023371 del 21 de septiembre de 2023,
confirmándola.

2.6. Por lo anterior, el señor José Neftalí Martínez Pulido promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos por los que se suspendió el pago de la pensión
gracia y se le ordenó el reintegro de unas sumas de dinero.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que le fuera restituida la
pensión gracia reconocida, y que se declarara que no actuó de mala fe y por
tanto no estaba obligado a devolver al Tesoro Nacional las sumas que se le
exigía retornar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02885-00
Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

2.7. En primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá (expediente
11001-33-35-007-2023-00413-00) mediante sentencia del 19 de agosto de 2025
negó las pretensiones de la demanda.

Encontró que, en efecto, el actor devengó de forma simultánea pensión gracia
y salario proveniente del tesoro nacional, lo que no era compatible, ya que
prestaciones como la pensión gracia admitían simultaneidad cuando se trataba
de otra remuneración por el servicio docente, lo que no ocurría en este caso,
por lo que contrariaba la prohibición contenida en el artículo 128 de la
Constitución Política.

Frente a la pretensión subsidiaria relacionada con la prescripción extintiva de
la acción de cobro de las mesadas pensionales percibidas desde el 12 de
mayo de 2007, sostuvo el juez que no se configuraba el fenómeno extintivo,
ya que el periodo reclamado (entre el 12 de mayo de 2007 y el 31 de mayo de
2023), corresponde a las fechas de causación de la pensión gracia en las que
devengó simultáneamente salario como Juez de la República, y la oportunidad
para ejercer la acción de cobro por la UGPP iba hasta el 31 de mayo de 2026,
esto es, 3 años después de que la UGPP realizó el último pago de la mesada
pensional por existir incompatibilidad por simultaneidad.

En ese orden de ideas, concluyó que no operó la prescripción ya que el último
pago de la mesada pensional se efectuó el 31 de mayo de 2023 y la demanda
se radicó el 30 de noviembre de 2023.

2.8. La decisión fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que, en
sentencia del 9 de febrero de 2026 (notificada a las partes por correo electrónico
13 de febrero de 2026) confirmó parcialmente la decisión de primera instancia.

En primer lugar, se refirió a la congruencia que debe existir en la
argumentación del recurso de apelación respecto de la apelada, para señalar
que no estaba facultado para pronunciarse sobre la falta de adelantamiento de
un procedimiento administrativo previo a la suspensión del pago de la pensión
gracia reconocida al actor, ya que pese a ser un argumento expuesto en el
recurso de apelación, no hizo parte de los fundamentos del concepto de
violación de la demanda, por lo que no había lugar a referirse a ese punto.

En segundo lugar, precisó que en el proceso estaba acreditado que el señor
José Neftalí Martínez Pulido recibió de manera simultánea sumas por
concepto de mesadas de la pensión gracia e ingresos producto de sus
servicios a una entidad del Estado, pero no como docente, lo que desconocía
el contenido del artículo 4º de la Ley 114 de 1913 según el cual, que para
gozar de la pensión gracia no se puede recibir otra recompensa de carácter
nacional, como en efecto lo era la asignación salarial que el actor percibía
como Juez de la República, la cual también proviene del erario.

El tribunal explicó que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
permitir la compatibilidad de la pensión gracia y otra asignación no docente del
tesoro público desconoce la prohibición contenida en el artículo 128 de la
Constitución Política, de evitar la doble remuneración de carácter nacional y
garantizar la administración racional de los recursos del Estado. Agregó que
la compatibilidad de la pensión gracia solo era predicable de otros ingresos del
erario provenientes del ejercicio docente oficial, lo que no ocurría en el
presente caso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02885-00
Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

Expuso que no desconocía el derecho que le asistía al accionante para ser
beneficiario de la pensión gracia por haber acreditado 20 años de servicio
docente territorial con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, pero
que al solicitar el reconocimiento y pago de la mencionada prestación el 14 de
junio de 2007, cuando fungía como Juez de la República, incurrió en la citada
prohibición. Situación que le impedía su reconocimiento y pago, porque se
encontraba percibiendo otra recompensa de carácter nacional que no provenía
del ejercicio docente.

En relación con la pretensión de no devolver las sumas pagadas por concepto
de pensión gracia por haber sido percibidas de buena fe, el tribunal explicó
que en el caso estaba acreditada la mala fe del demandante, ya que al
desempeñarse como Juez de la República y tener la formación de abogado,
no debió solicitar el reconocimiento y pago de la pensión gracia, en contravía
del artículo 128 de la Constitución Política, sumado al hecho de encontrar
probado que al momento de hacer la solicitud de reconocimiento, indicó a la
administración que carecía de medios de subsistencia en armonía con su
posición social y costumbres, lo que no era cierto ya que para ese momento
se desempeñaba como Juez de la República.

Se pronunció frente a la pretensión subsidiaria, relacionada con que se
declarara la prescripción extintiva de la acción de cobro de las mesadas
pensionales para concluir que había lugar a decretar la prescripción del
derecho a recobrarlas desde el 12 de mayo de 2007 hasta los 3 años
anteriores (6 de junio de 2020), momento en que la entidad demandada
comunicó el requerimiento de reintegro de los recursos pagados en forma
simultánea (7 de junio de 2023), fecha a partir de la cual se interrumpía la
prescripción.

Conforme lo anterior, declaró prescritas las mesadas pagadas entre el 12 de
mayo de 2007 y el 6 de junio de 2020 y que se mantendría la orden de reintegro
de las mesadas pagadas entre el 7 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2023
fecha a partir de la cual la entidad demandada suspendió el pago de la pensión
gracia, situación que conllevaba a declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos en cuanto requirieron el reintegro de los recursos pagados y
determinaron que el demandante adeudaba al Sistema General de Pensiones
por concepto de mayores valores pagados al demandante por la demandada
desde el 12 de mayo de 2007 hasta el 6 de junio de 2020.

2.9. La parte actora presentó solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia,
que fue negada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A en providencia del 16 de marzo de 2026 (notificada a
las partes por estado fijado el 24 de marzo de 2026), al considerar que en la
sentencia se abordaron todos los puntos expuestos en el recurso de apelación
y se analizó la sentencia de primera instancia, conclusiones que no solo
quedaron en la parte motiva de la sentencia sino en su parte resolutiva.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora alegó que la sentencia proferida el 9 de febrero de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-007-2023-
00413-00/01 incurrió en los defectos por decisión sin motivación, sustantivo, por
violación directa de la Constitución Política, fáctico, por desconocimiento del
precedente y procedimental absoluto.

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3.1. Defecto por decisión sin motivación y sustantivo que abordó de manera
conjunta. Sostuvo que no se conocieron los fundamentos ni en vía
administrativa ni judicial por los que se resolvió suspender su pensión gracia y
que desde la demanda se indicó como uno de los fundamentos que la
administración carecía de razones jurídicas para suspender la prestación.

Indicó que el motivo que tuvo la sentencia judicial para justificar la suspensión
de la pensión fue la incompatibilidad con el salario docente justificado en citas
legales y jurisprudenciales sin que esto facultara a la UGPP para suspender
de manera inmediata y unilateral la pensión gracia que venía percibiendo,
razón por la que insistió en que no era posible su suspensión con base en las
normas indicadas en el acto administrativo.

Consideró desacertada la aplicación de las normas que legitimaban la
suspensión de la pensión gracia al actor incurriendo en un error sustantivo toda
vez que el artículo 128 de la Constitución Política y las normas que la
desarrollaban y que citaron las autoridades judiciales establecían una
prohibición que era devengar doble asignación del erario público pero que por
sí mismas no determinaban la consecuencia jurídica ni el procedimiento a
seguir contra quien las infringía y menos aún que estas facultaran a la
administración para suspender en forma inmediata y unilateral la pensión
como lo había hecho de forma arbitraria la UGPP con un simple oficio de
comunicación sin elementos de juicio.

3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política insistiendo en la
falta de una justificación jurídica para que se suspendiera la pensión gracia
que venía devengando.

Citó el artículo 238 de la Constitución Política que señala que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo puede suspender provisionalmente, por los
motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos
administrativos que sean objeto de impugnación por vía judicial.

En esa línea argumentó que no fue materia de controversia que el acto
administrativo por el que se le reconoció pensión gracia era un acto definitivo
y susceptible de impugnación por vía judicial, los efectos de este acto
administrativo, en concreto la suspensión de la prestación, solo podía hacerse
por orden judicial salvo algunas excepciones que no tenían que ver con la
incompatibilidad de la prestación y el salario, por lo que se desconocía el
mencionado precepto constitucional.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente Precisó que en la sentencia
T-512 de 2012, posteriormente ratificada en la sentencia T-169 de 2023 la
Corte Constitucional consideró que la suspensión de la mesada pensional no
se podía tomar «de manera unilateral e intempestiva» y que cuando la
administración pretendiera suspender o disminuir ese tipo de acreencias por
considerarlas ilegales al menos debía contar con el consentimiento del
beneficiario.

Sostuvo que para la Corte Constitucional, la única excepción a la obligación
de la administración de agotar la vía judicial para suspender la pensión, es
cuando existe consentimiento expreso del titular, o en los casos en los que se
comprobara una manifiesta ilegalidad en la obtención o disfrute de la
prestación y que no se trataba de cualquier ilegalidad, sino que el
incumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación estuviera
tipificada como delito y existiera una actuación ilícita o fraudulenta,
debidamente probada.

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Aseguró que el anterior criterio se condensó en la sentencia de unificación SU-
182 de 2019 en la que se concluyó que además del consentimiento del
pensionado, la administración estaba facultada para suspender de manera
unilateral una pensión solo por motivos reales, objetivos, trascendentes, y
verificables, que pudieran enmarcarse en un comportamiento criminal, sin que
habilitara a la administración para ello la simple sospecha, inconsistencias
menores en el cumplimiento de los requisitos, o debates jurídicos alrededor de
una norma.

Consideró que la autoridad judicial accionada desconoció los mencionados
precedentes jurisprudenciales y que no se demostró que él hubiera
manifestado su consentimiento para suspender la pensión, así como tampoco
la demostración del hecho fraudulento y delictivo de su parte para adquirir y
devengar la pensión gracia, con lo que se desconocía la realidad probatoria.

3.4. Defecto fáctico pues que el Tribunal afirmó que solicitó la pensión gracia a
sabiendas de la incompatibilidad con el salario no docente que devengaba y
que él era abogado, afirmación que catalogó como una presunción producto
de la apreciación aislada de las pruebas al no valorar un hecho evidente
consignado en la demanda y era que estaba amparado en el ordenamiento
jurídico para llegar al convencimiento de la compatibilidad del salario y la
pensión.

Indicó el actor que «si el Tribunal hubiera valorado tal evidencia, su conclusión hubiera
sido diferente pues se hubiera percatado que, al margen de su criterio sobre la
incompatibilidad de las dos asignaciones, el actor tenía fuertes razones jurídicas para llegar al
convencimiento de la compatibilidad del salario y la pensión, luego lo asistía por lo menos la
apariencia del buen derecho, lo que descartaba la mala fe».

Anotó que el Tribunal no cuestionó lo expreso y claro de las Leyes 60 y 100
de 1993 que permitían al demandante devengar pensión gracia y cualquier
otro tipo de remuneraciones, entre ellas, el salario no docente y que tampoco
cuestionó que la jurisprudencia tenía para aquel entonces el criterio que el
salario no docente y la pensión gracia eran compatibles.

Además, cuestionó el análisis probatorio relacionado con la manifestación que
hizo al momento de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión gracia
pues dijo que el Tribunal tuvo por hecho demostrado que él había manifestado
que carecía de los medios de subsistencia en armonía con su posición social
y costumbres, por el hecho que así se consignaba en el acto administrativo sin
advertir que no obraba en la actuación la manifestación jurada por sí misma
que hubiera hecho al momento de solicitar la prestación.

Se refirió a la manifestación hecha por el Tribunal en la sentencia relacionada
con que cuando solicitó la pensión gracia ya estaba percibiendo otra
recompensa del tesoro nacional y dijo que se equivocaba al equiparar el salario
con recompensa y agregó que ni el salario ni la pensión eran recompensas.

De otra parte indicó que se dejó de valorar la prueba contenida en la resolución
RDP 020190 del 11 de agosto de 2023 cuando se sostuvo que la entidad
demandada se percató del pago de la doble asignación que percibía como
consecuencia del cruce de la planilla PILA, pues dijo que ciertamente la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes estaba instituida desde años atrás para
compilar los pagos a la seguridad social, para que la UGPP justificara que
hasta ahora se enteraba de que recibía doble asignación del erario público y
que si se descubrió esa inconsistencia de un cruce de base de datos como
afirma, debió hacer lo que correspondía desde que se le empezó a pagar la
pensión gracia y no dejar pasar tanto tiempo.

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Por último, se refirió al artículo 2357 del Código Civil y dijo que se dejó de
aplicar esta norma que regulaba la reducción de la indemnización o incluso su
extinción cuando, como en el presente caso, la entidad que había sufrido el
presunto perjuicio había incurrido en negligencia en el cumplimiento de sus
deberes.

Frente al punto, expresó que esa norma era aplicable cuando existía una
concurrencia de culpas, de modo que en los casos en los que el beneficiario
de una prestación, obrando de mala fe, obtenía su pago indebido afectando a
la administración, pero, a la vez, la entidad pública había obrado con
negligencia para verificar desde un comienzo el cumplimiento de los requisitos
legales, la jurisprudencia indicaba que no había lugar a la devolución de las
sumas recibidas a título de mesada, máxime si la conducta del beneficiario de
la prestación no había sido determinante en la producción del daño y había
transcurrido un tiempo considerable entre éste y el ejercicio de su deber por
parte de la administración.

3.5. Defecto procedimental absoluto justificado en que el Tribunal accionado,
fuera de sus competencias legales y constitucionales, le atribuyó
sorpresivamente al demandante hechos constitutivos de mala fe que en
manera alguna le fueron reprochados en los actos administrativos
demandados, subsanando los yerros de los actos administrativos y supliendo
competencias propias de la administración.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Previo admitir la demanda por auto del 20 de abril de 2026 el despacho
ponente requirió a la parte actora con el fin de que se allegara el poder
conferido por el accionante al abogado Cristian David Martínez Núñez quien
presentó la demanda de tutela.

4.2. Cumplido lo anterior, por auto del 7 de mayo de 2026 el despacho ponente
admitió la acción de tutela interpuesta por el señor José Neftalí Martínez Pulido
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A.

Asimismo, ordenó la notificación de las partes; vinculó como terceros con
interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Especial y
Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social UGPP (entidad que actuó
como demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho),
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público
(quienes fueron vinculadas en el proceso ordinario) y al Juzgado Séptimo
Administrativo de Bogotá (autoridad judicial que emitió la sentencia en primera
instancia en el referido medio de control)

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A intervino por conducto del magistrado ponente, quien luego de
plasmar los argumentos que se expusieron en la decisión, pidió que se
negaran las pretensiones de la demanda al no estar configurados los defectos
propuestos como se evidenciaba de los fundamentos de la decisión
cuestionada en la tutela de la referencia.

4.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Especial y Contribuciones
Parafiscales y de la Protección Social UGPP, presentó informe por conducto
de la subdirectora de defensa judicial pensional quien indicó que la parte actora
pretendía usar la tutela como una instancia adicional para controvertir
nuevamente las decisiones adoptadas por el juez natural en el marco del

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debido proceso Agregó que en su criterio, con la tutela se perseguía un interés
económico sin que se demostrara la existencia de un perjuicio irremediable y
la parte actora contaba con otros mecanismos judiciales para resolver el objeto
de la presente acción.

Precisó que no podía hacerse uso de la tutela para dejar sin efectos
providencias emitidas por el juez natural de la causa y, finalmente se refirió al
defecto sustantivo y no encontró que estuviera configurado. En consecuencia,
pidió declarar improcedente la acción de tutela y en caso de estudiarse de
fondo negar las pretensiones de la demanda.

4.5. El Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá se pronunció por conducto
de la juez titular del despacho quien hizo un recuento de las instancias
procesales adelantadas por parte del despacho y de las decisiones que fueron
proferidas en segunda instancia por parte del tribunal.

Frente a lo resuelto en primera instancia, dijo que se ajustó a los preceptos
constitucionales y legales conforme al estudio fáctico, jurídico y probatorio sin
que pudiera atribuirse algún tipo de conducta que afectara o vulnerara los
derechos fundamentales del actor. A su vez remitió el link de acceso al proceso
ordinario.

4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad no obstante haber sido notificados de
la existencia de la presente acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02885-00
Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes del caso y el escrito de tutela y teniendo en cuenta
que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá verificarse previamente
el cumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela contra providencia
judicial, específicamente el de la relevancia constitucional.

De encontrarse acreditados, corresponderá a la Sala determinar si al proferir la
sentencia del 9 de febrero de 2026, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-007-2023-00413-00/01, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió en los
defectos propuestos por la parte actora.

4. Alcance del requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional en el caso concreto

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores6.

5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar
los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una instancia
adicional para reabrir o prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez
natural; que se cumpla con una carga argumentativa suficiente; que no se trate
de una discusión eminentemente legal o de contenido económico que no
comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos
argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones de la decisión
judicial cuestionada, entre otras condiciones.

4.2. En el caso propuesto, la Sala advierte la identidad de argumentos expuestos
por el actor en el escrito de tutela y en el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia del Juzgado Séptimo Administrativo
de Bogotá, a excepción de los razonamientos respecto a la mala fe por percibir
dos erogaciones del erario público (pensión gracia y salario como juez) a
sabiendas de la prohibición constitucional como lo indicó el Tribunal accionado
en la sentencia de segunda instancia que el actor discute bajo la
caracterización de los defectos fáctico y procedimental absoluto.

En ese orden, la presente providencia de tutela se ocupará de analizar la
improcedencia de la acción de tutela de los defectos propuestos por el actor,
a excepción de los defectos fáctico y procedimental absoluto frente al punto
de la mala fe advertida en la sentencia de segunda instancia, que se estudiará
de fondo conforme los citados defectos, en los términos propuestos por el
accionante.

4.3. De acuerdo con los fundamentos presentados por el señor Martínez Pulido en
el recurso de alzada, se advierte que guardan identidad con los que expuso
en la presente acción al amparo de los defectos por decisión sin motivación,
sustantivo, fáctico7, por violación directa de la Constitución Política y por
desconocimiento del precedente, por lo que se pretende utilizar la tutela como
una instancia adicional.

4.3.1. De esta forma, los fundamentos del recurso de apelación, interpuesto contra
la decisión de primera instancia, se hicieron consistir en lo siguiente:
(i) Con el oficio demandado la UGPP dispuso arbitrariamente suspender la
pensión gracia que devengaba, pues no se surtió ningún procedimiento
administrativo previo, solo apoyada en la incompatibilidad entre el salario no
docente y la pensión gracia. La entidad debió acudir a la vía judicial por mandato
expreso del artículo 238 de la Constitución Política, pues el ordenamiento
jurídico no permite a la administración suspender unilateralmente el pago de
una pensión ya causada, a no ser que fuera con autorización de su beneficiario,
que no es el caso.
(ii) Para el actor, el juzgado ignoró que la decisión unilateral de la entidad
demandada vulneraba abiertamente el debido proceso y el derecho a su
defensa ya que, sin formularle cargo alguno, mucho menos fraudulento o
delictivo, ni adelantar el más mínimo procedimiento administrativo, simplemente
le comunicó la suspensión de la prestación que devengaba con el solo
argumento de su incompatibilidad con el salario no docente.
(iii) Afirmó que no actuó de mala fe al percibir salario no docente y pensión gracia
pues, procedió a solicitar la pensión gracia bajo el absoluto convencimiento de
estar actuando conforme a derecho pues, como abogado, pudo advertir que
cumplía todos los requisitos previstos en la ley 114 de 1913 para acceder a la

7
Este defecto entendido frente a aspectos distintos a los de la mala fe que como se dijo, serán estudiados de fondo.

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pensión gracia y que se regía por las leyes 115 de 1994 (Ley General de
Educación), 91 de 1989 y 60 de 1993, normas que de forma clara y expresa se
referían a la compatibilidad entre la pensión gracia y el salario no docente; que
así lo había considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que le
asistió por lo menos la apariencia del buen derecho.
(iv) Para el apelante hubo arbitrariedad de los actos administrativos demandados al
ordenarle la restitución de las mesadas pensionales devengadas desde hace
16 años con el simple argumento que no reportó a la entidad la doble
asignación, cuando ni a ello estaba obligado legalmente como pensionado, ni
fue la causa del supuesto pago indebido pues la misma entidad adujo en las
resoluciones demandadas, haber advertido la inconsistencia a partir de un
“cruce de la planilla PILA”, planilla que había sido creada por la ley hace dos
décadas.
Luego estimó que fue la negligencia de la demandada en percatarse
oportunamente de la supuesta irregularidad lo que generó el presunto doble
pago al actor, por lo que existiría al menos, compensación de culpas entre la
administración y el administrado, evento este en el que, como se expuso en los
alegatos finales, tampoco podía la demandada exigir la restitución de las
mesadas pensionales devengadas.
(v) No se aplicó el artículo 2357 del Código Civil que regula la reducción de la
indemnización, o incluso su extinción, cuando como en el presente caso, la
entidad que había sufrido el presunto perjuicio había incurrido en negligencia
en el cumplimiento de sus deberes.
Insistió que en el caso existió una concurrencia de culpas, de modo que en los
casos en los que el beneficiario de una prestación, obrando de mala fe, obtenía
su pago indebido afectando a la administración, pero a la vez, la entidad pública
obró con negligencia para verificar desde un comienzo el cumplimiento de los
requisitos legales, la jurisprudencia indicaba que no había lugar a la devolución
de las sumas recibidas a título de mesada; más aún si la conducta del
beneficiario de la prestación no fue determinante en la producción del daño y
había transcurrido un tiempo considerable entre éste y el ejercicio de su deber
por parte de la administración.

4.3.2. Como se desprende del escrito de tutela, la parte actora insiste en los mismos
argumentos del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
del proceso ordinario, pero al amparo de los defectos por decisión sin
motivación, sustantivo, fáctico8, por violación directa de la Constitución Política
y por desconocimiento del precedente, con los siguientes argumentos:

(i) Sostuvo que el motivo que tuvo la sentencia judicial para justificar la suspensión
de la pensión fue la incompatibilidad con el salario docente apoyado en citas
legales y jurisprudenciales que no facultaban a la UGPP para suspender de
manera inmediata y unilateral la pensión gracia que venía percibiendo.
(ii) Consideró que hubo error en cuanto a la aplicación de las normas que
legitimaban la suspensión de la pensión gracia al actor incurriendo en un
defecto sustantivo toda vez que el artículo 128 de la Constitución Política y las
normas que la desarrollaban y que citaron las autoridades judiciales,
establecían una prohibición que era devengar doble asignación del erario
público pero que por sí mismas no determinaban la consecuencia jurídica ni el
procedimiento a seguir contra quien las infringía y menos aún que estas
facultaran a la administración para suspender en forma inmediata y unilateral la
pensión como lo había hecho arbitrariamente la UGPP con un simple oficio de
comunicación
(iii) Citó el artículo 238 de la Constitución Política que señala que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo puede suspender provisionalmente, por los
motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos
8
Este defecto entendido frente a aspectos distintos a los de la mala fe que como se dijo, serán estudiados de fondo.

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administrativos que sean objeto de impugnación por vía judicial y que no fue
materia de controversia que el acto administrativo por el que se le reconoció
pensión gracia era un acto definitivo y susceptible de impugnación por vía
judicial y por tanto los efectos de este acto administrativo, en concreto la
suspensión de la prestación, solo podía hacerse por orden judicial.
(iv) Indicó que la suspensión de la mesada pensional no se podía tomar «de manera
unilateral e intempestiva» y que cuando la administración pretendiera suspender
o disminuir ese tipo de acreencias por considerarlas ilegales, debía contar con
la aquiescencia del beneficiario, ya que la única excepción a la obligación de la
administración de agotar la vía judicial para suspender la pensión, era cuando
existiera consentimiento expreso del titular o en los casos en los que se
comprobara una manifiesta ilegalidad en la obtención o disfrute de la prestación
y que no se trataba de cualquier ilegalidad, sino que el incumplimiento de los
requisitos para acceder a la prestación estuviera tipificada como delito y
existiera una actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada.
(v) Estimó que la autoridad judicial accionada no demostró que él hubiera
manifestado su consentimiento para suspender la pensión, así como tampoco
la demostración del hecho fraudulento y delictivo de su parte para adquirir y
devengar la pensión gracia, con lo que se desconocía la realidad probatoria.
Como soporte de lo anterior citó las sentencias T 512 de 2012, T 169 de 2023
y SU 182 de 2019.
(vi) Dijo que el Tribunal afirmó que solicitó la pensión gracia a sabiendas de la
incompatibilidad con el salario no docente que devengaba y que él era abogado,
afirmación que catalogó como una presunción producto de la apreciación
aislada de las pruebas al no valorar un hecho evidente consignado en la
demanda y era que estaba amparado en el ordenamiento jurídico para llegar al
convencimiento de la compatibilidad del salario y la pensión.
(vii) Aseguró que el Tribunal no cuestionó lo expreso y claro de las leyes 60 y 100
de 1993 que permitían al demandante devengar pensión gracia y cualquier otro
tipo de remuneraciones, entre ellas, el salario no docente y que tampoco
cuestionó que la jurisprudencia tenía para aquel entonces el criterio que el
salario no docente y la pensión gracia eran compatibles.
(viii) Afirmó que se dejó de valorar la prueba contenida en la resolución RDP 020190
del 11 de agosto de 2023 cuando se sostuvo que la entidad demandada se
percató del pago de la doble asignación que percibía como consecuencia del
cruce de la planilla PILA, pues dijo que ciertamente la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes estaba instituida desde años atrás para compilar los
pagos a la seguridad social, para que la UGPP justificara que hasta ahora se
enteraba de que recibía doble asignación del erario público y que si se
descubrió esa inconsistencia de un cruce de base de datos como afirma, debió
hacer lo que correspondía desde que se le empezó a pagar la pensión gracia y
no dejar pasar tanto tiempo.

4.3.3. En la sentencia del 9 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el demandante, de la siguiente manera:
«Consideró la parte demandante que la sentencia de primera instancia no se pronunció sobre
si un simple oficio o comunicado sin preceder proceso administrativo podía suspender la
prestación que devengaba el demandante.
Revisada la demanda se observa que, previa invocación del artículo 29 de la Constitución
Política, en el concepto de violación se relaciona un acápite relativo a la suspensión de la
pensión gracia en los siguientes términos:
[…]
Si bien es cierto que en la demanda se alega la vulneración del debido proceso, no se advierte
que dicha transgresión se atribuya, como si se expone en el recurso de apelación, a la falta
de adelantamiento de un proceso administrativo previo por parte de la entidad demandada,
por lo que resultaba lógico que el juez de primera de instancia no se refiriera a dicho aspecto.

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Como se expuso en el fundamento normativo de esta providencia, la jurisprudencia en materia
de lo contencioso administrativo ha indicado que debe existir congruencia entre el recurso de
apelación, la sentencia apelada y los argumentos de la demanda, por lo que en el presente
caso, este juez de segunda instancia, al decidir el presente recurso de apelación, no está
facultado para pronunciarse sobre la falta de adelantamiento de proceso administrativo previo
a la suspensión del pago de la pensión gracia reconocida al demandante, ya que a pesar de
ser un argumento expuesto en el recurso de apelación, no hizo parte del concepto de violación
del libelo introductorio. Lo anterior en protección de los derechos al debido proceso y de
defensa de la parte demandada.
[…]
Para el efecto se tiene que en la actuación se acredita que al demandante se ha desempeñado
como juez de la República del 18 de noviembre de 2003 al 29 de febrero de 2004 y desde el
13 de marzo de 2006, y se le reconoció una pensión gracia efectiva a partir del 12 de mayo
de 2007, percibiendo simultáneamente el pago como juez de la República y la pensión gracia
desde la última fecha hasta el 31 de mayo de 2023, cuando la entidad demandada suspendió
el pago de la mesada pensional.
En consecuencia, el demandante recibió de manera concomitante pensión gracia e ingreso
producto de sus servicios con una entidad del Estado, pero no como docente, situación que
contraviene el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 que dispone que para gozar de la pensión
gracia no se puede recibir otra recompensa de carácter nacional, como lo es la asignación que
ha venido percibiendo el demandante como juez de la República que también proviene del
erario.
De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, permitir la compatibilidad de la pensión
gracia y otra asignación no docente del tesoro público va en contravía del propósito del
legislador, en desarrollo del artículo 128 de la Constitución Política, de evitar la doble
remuneración de carácter nacional y garantizar la administración racional de los recursos del
Estado, y la compatibilidad de la pensión gracia solo es predicable de otros ingresos del erario
provenientes del ejercicio docente oficial, lo que no ocurre en el presente caso.
De esta manera, si bien esta Sala no desconoce el derecho que le asiste al demandante para
ser beneficiario de la pensión gracia por haber acreditado 20 años de servicio docente
territorial con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, también lo es que cuando el 14
de junio de 2007 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, ya había sido
designado como juez de la República, situación que le impedía su reconocimiento y pago,
puesto que ya se encontraba percibiendo otra recompensa de carácter nacional que no
provenía del ejercicio docente.
[…]
Así las cosas, en el presente asunto el demandante no cumplía uno de los requisitos para ser
acreedor de la pensión gracia, por lo que resultaba ajustado a derecho que la entidad
demandada procediera a la suspensión de su pago y deviene obligatorio confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda en dicho aspecto».

Según lo resuelto por el Tribunal en la decisión de cierre, se advierte que se
ocupó de resolver el problema jurídico principal que tuvo que ver con la
prohibición de devengar dos asignaciones del tesoro público conforme el
artículo 128 de la Constitución Política y, en lo relacionado con el deber de la
administración de contar con la aquiescencia del administrado para suspender
el pago de la pensión explicó que no fue un punto expuesto en la demanda por
lo que no era posible abordarlo a la luz del recurso de apelación.

4.4. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir en los planteamientos que ya fueron propuestos ante el juez
natural y resueltos de manera expresa y motivada, lo que no permite que se
supere el requisito general de la relevancia constitucional, pues los
argumentos de esta acción buscan reabrir y prolongar el debate judicial
relativo a la posibilidad de percibir la pensión gracia cuando el actor se
desempeñaba como Juez de la República y las supuestas omisiones de la
administración, para indicar que no le era posible reclamar la pensión gracia
al estar devengando salario del erario público.

En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de

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tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales, lo cierto es que la parte actora pretende utilizar este
mecanismo constitucional para reiterar los mismos planteamientos que ya
fueron debatidos y resueltos en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, como juez natural y en
instancia de cierre resolvió los planteamientos de la parte actora dentro del
trámite ordinario, al resolver el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates propuestos y resueltos por el juez natural de la
causa «la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios», pues la competencia del juez de tutela se
restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos fundamentales…»9.

4.5. De acuerdo con lo anterior, se declarará la improcedencia de la acción de
tutela frente a los cargos propuestos como defecto por decisión sin motivación,
sustantivo, 10, por violación directa de la Constitución Política y por
desconocimiento del precedente por no satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional.

5. Verificación de los demás requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial

Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la acción se
encuentran satisfechos ya que:
(i) La controversia alude a la posible vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la
sentencia del 9 de febrero de 2026 que decidió en segunda instancia el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con la
prohibición de percibir pensión gracia y salario como Juez de la República de
manera simultánea.
(ii) La parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se
advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios.
(iii) Se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada, pues
la sentencia fue emitida 9 de febrero de 2026, fue notificada por correo
electrónico a las partes el 13 de febrero de 2026, el auto por el que se negó la
aclaración de sentencia pretendida por el actor se notificó por estado el 24 de
marzo de 2026 y la acción de tutela se presentó el 15 de abril de 2026 por lo
que se encuentra dentro del lapso considerado como razonable.
(iv) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
(v) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.
(vi) Se cumple con la relevancia constitucional ya que los argumentos que se
presentan en relación con la mala fe del actor así planteada por el Tribunal
accionado es un aspecto que solo se analizó en la instancia de cierre y por tanto
es posible que el accionante considerara que frente a ese puntual aspecto se

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
10
Este defecto frente a aspectos distintos a los de la mala fe que como se dijo, serán estudiados de fondo.

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vulneraban sus derechos fundamentales y por tanto se configuraban uno o
varios defectos contra la providencia judicial, como en efecto lo estimó el
tutelante.
Adicionalmente se observa que la decisión de primera instancia proferida por el
Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá no desarrolló ni trató el punto
relacionado con el análisis de la mala fe del demandante. Este aspecto solo
abordó por el Tribunal al analizar la legalidad del acto administrativo por el que
se le impuso al señor Martínez Pulido el deber de reintegrar las sumas de dinero
recibidas por concepto mesadas por concepto de pensión gracia.

6. Alcance de los defectos fáctico y procedimental absoluto y su análisis en
el caso concreto

6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto11.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.

La Corte Constitucional12 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión13; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo14.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia15.

La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión16. En
suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia17. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención

11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
12
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios18.

6.2. En principio, la relación existente entre el derecho al debido proceso y la
prevalencia del derecho sustancial es de complementariedad. No obstante, la
Corte Constitucional ha señalado que, en ocasiones, cuando la justicia
material queda subordinada a los procedimientos se presenta una tensión
entre ambos, de allí que el desarrollo del defecto procedimental como causal
específica de procedibilidad surgió con el fin de romper esa «tensión
aparente».

La Corte Constitucional ha señalado que «el defecto procedimental se causa por un
error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de una
controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de las formas
propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización
de los derechos fundamentales»19.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura por
dos modalidades diferentes. La primera ha sido denominada como defecto
procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcionario judicial actúa
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley. Esta situación
se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear
o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»20.

La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Modalidad que se configura cuando «cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia»21. Sobre esta
modalidad, la Corte Constitucional ha dicho:
«El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos
generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la
materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de
decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal,
el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para
adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el
ordenamiento jurídico.
Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por
el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección
de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no
puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la
medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material
que propenden»22 (Negrillas propias).

La jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe
tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de las
partes y que aquel no debe ser fruto del actor.

6.3. La Sala estima que los defectos fáctico y procedimental deben ser abordados
de manera conjunta ya que su fundamentación apunta a desvirtuar la mala fe
del actor, lo que tendría como consecuencia, que no estuviera obligado a
reintegrar ninguna suma percibida por concepto de mesadas de la pensión
gracia.

18
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
20
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
22
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.

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Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

En primer lugar, el demandante argumentó que no era cierto que al momento
de solicitar el reconocimiento de la pensión gracia hubiera expresado a la
administración que carecía de medios de subsistencia en armonía con su
posición social y costumbres.

Revisado el expediente ordinario se advierte que en el mismo acto
administrativo de reconocimiento de la pensión gracia al actor (resolución 00668
del 23 de enero de 2008) se indica textualmente «Que el peticionario allegó declaración
juramentada de idoneidad, consagración, buena conducta, honradez y carencia de medios de
subsistencia acordes a su posición social y costumbres»23.

En efecto, en la sentencia cuestionada el Tribunal afirmó que obraba prueba
en la que el accionante manifestaba la carencia de recursos, lo que lo llevó a
considerar su actuar carente de buena fe al solicitar el reconocimiento de la
pensión gracia cuando se encontraba devengando salario como Juez de la
República, veamos:
«De conformidad con el material probatorio aportado al plenario, para la Sala se encuentra
acreditada la mala fe del demandante, como quiera que desempeñándose como juez de la
República, es decir, con la formación de abogado, presentó solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia, en contravía del artículo 128 de la Constitución Política que prohíbe
expresamente recibir más de una asignación que provenga del tesoro público y cuando, de
conformidad con la normativa aplicable al caso, la pensión gracia es solo compatible con otras
erogaciones del erario si provienen del ejercicio docente, lo que no ocurre en el presente caso.
Y llama la atención de la Sala que el demandante, al momento que efectuó la solicitud de
reconocimiento pensional, le manifestó a la Administración que “carezco de los medios de
subsistencia en armonía con mi posición social y costumbres” afirmación que no resulta ser
cierta, puesto que el demandante se encontraba vinculado a la Rama Judicial del Poder
Público, en calidad de juez de la República».

En este orden de ideas, para la Sala contrario a lo que afirma el actor, el
razonamiento hecho por el Tribunal sí se fundamentó en un hecho probado en
el expediente, razón por la que no se trató ni de una falta de prueba ni de una
indebida valoración de la misma y, por el contrario, fue un elemento
determinante para el Tribunal al momento de calificar la mala fe como
consecuencia del actuar del accionante, por lo que no se configura el defecto
fáctico propuesto en relación con este preciso aspecto.

6.4. Frente a la falta absoluta de competencia por parte del tribunal accionado para
pronunciarse en relación con la mala fe del actor, siendo un asunto que debió
ser observado por la administración, debe la Sala indicar que la autoridad
judicial está en el deber de verificar lo contenido en las disposiciones legales.

En el caso, conforme se consignó en la providencia, se partió de la presunción
de buena fe contenida en el literal c del artículo 164 del CPACA y ,analizada
la conducta del actor para la obtención de la prestación, derivó la imposibilidad
de que se condonara totalmente la orden de devolución de las sumas
percibidas por concepto de pensión gracia ante el actuar de mala fe por parte
del señor José Neftalí Martínez Pulido.

La sentencia objeto de análisis hizo las siguientes consideraciones sobre el
punto:
«El recurrente afirmó que no resulta justificable que la demandada se viniera a enterar 16 años
después que el demandante recibía doble erogación del erario público. A criterio de la Sala,
el reconocimiento ilegal de la pensión gracia y su pago en el tiempo, no se pueden atribuir
únicamente a un error de la Administración, sino que se evidencia dudosa la actuación en la
solicitud del reconocimiento pensional, por lo que la actitud del demandante en sede
administrativa dirigida para la obtención del derecho, se desvió de los postulados del principio
de la buena fe y fue determinante en el resultado final de la actuación.

23
Prueba que obra en el expediente ordinario de primera instancia consultado en SAMAI, índice 8.

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Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

Por lo que la Sala considera que en este aspecto tiene razón la entidad cuando determina que
el demandante adeuda al Sistema General de Pensiones mayores valores de mesadas
pensionales recibidas, no siendo procedente la aplicación de la disposición prevista en el
artículo 164 del CPACA, ya que la actuación del demandante, quien tenía la calidad de
abogado y juez de la República, desconoció la normativa constitucional y legal sobre la
incompatibilidad de percibir simultáneamente pensión gracia y otra erogación del erario de
origen no docente, lo que puso en entredicho la buena fe del demandante.
El demandante afirmó ante la Administración que al solicitar la pensión gracia, a pesar de
devengar salario, tenía la certeza que así se lo permitía la Constitución y la ley. Sin embargo,
como ha sido expuesto en la presente providencia, dicha situación no está amparada
normativamente. También alega que realizó consultas jurídicas sobre al particular en las que
se le informó la procedencia de solicitar pensión gracia a pesar de estar devengando un salario
y la existencia de testigos sobre la realización de dichas consultas, pero a la presente
actuación judicial no fueron allegadas dichas pruebas.
Así pues, la actuación adelantada por el demandante al momento de solicitar la pensión gracia
ante la Administración no se sujetó al principio de la buena fe y, en consecuencia, resulta
procedente la devolución de las sumas que le fueron pagadas por concepto de dicha
prestación».

Las consideraciones hechas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A permiten concluir que se trató del estudio del
caso concreto frente a lo que como se anotó, la autoridad judicial cuenta con
plenas facultades para analizar la legalidad de los actos administrativos y en
el punto de la orden de devolución de sumas, el deber de considerar el actuar
de buena fe o no del actor, presunción legal de buena fe que fue desvirtuada
por el tribunal conforme lo probado en el expediente.

6.5. Finalmente, basta con señalar que los cargos relativos a la vulneración del
debido proceso administrativo por no haberse adelantado un procedimiento
previo a la suspensión del pago de las mesadas por concepto de pensión
gracia, como lo indicó la autoridad judicial accionada en la sentencia de cierre,
no fueron objeto de pronunciamiento, pese haber sido propuestos en el
recurso de apelación contra la decisión del juzgado, por no tratarse de
argumentos debidamente expuestos y sustentados en la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, concretamente en el acápite de normas
violadas y concepto de la violación.

8. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción con
respecto a los defectos por decisión sin motivación, sustantivo, fáctico, por violación
directa de la Constitución Política y por desconocimiento del precedente.

Y negará las pretensiones de la demanda de tutela respecto del defecto fáctico y
del defecto procedimental absoluto en lo relacionado con el punto de la mala fe
abordado por el Tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por José Neftalí
Martínez Pulido frente a los defectos por decisión sin motivación, sustantivo,
fáctico, por violación directa de la Constitución Política y por desconocimiento
del precedente.

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Demandante: José Neftalí Martínez Pulido

2. NEGAR las pretensiones en relación con los defectos fáctico y procedimental
absoluto en relación con el argumento de la mala fe del actor así declarada
por el Tribunal accionado en la sentencia cuestionada, de conformidad con las
consideraciones hechas en esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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