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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02885-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02885-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02885-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02885-01
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Actor: JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA PRESENTE SOLICITUD,
TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS DE LA ACCIÓN
DE TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE
LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 16 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó las pretensiones

frente a los defectos fáctico y procedimental absoluto respecto del

argumento relativo a la mala fe del accionante y declaró

improcedente en lo demás el amparo solicitado.

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02885-01
Actor: JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2, al haber

proferido la providencia de 9 de febrero de 2026 dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 11001-33-35-007-2023-00413-01.

I.2.- Hechos

Indicó que estando al servicio de la RAMA JUDICIAL desde el año

2003, mediante Resolución núm. 00668 de 23 de enero de 2008, la

extinta CAJANAL, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)3, le reconoció la pensión gracia

2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante UGPP.

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3

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Actor: JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO

por su anterior vinculación como docente oficial.

Manifestó que en el año 2023 la UGPP suspendió unilateralmente el

pago de su pensión gracia al considerar que era incompatible con el

salario percibido en la RAMA JUDICIAL y, mediante las resoluciones

núms. RDP 020190 de 11 de agosto y RDP 023371 de 21 de

septiembre de 2023, le ordenó el reintegro de las mesadas pagadas.

Afirmó que contra los anteriores actos administrativos promovió

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, la cual fue identificada con el número

de radicación 2023-00413-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ4 que, mediante sentencia de 19 de agosto de 2025, negó

las pretensiones relacionadas con la restitución de su pensión gracia,

al concluir que dicha prestación era incompatible con el salario no

docente; no obstante, omitió pronunciarse sobre las pretensiones

dirigidas contra las resoluciones que ordenaban el reintegro de las

mesadas pagadas.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual le correspondió al TRIBUNAL que, mediante

4
En adelante JUZGADO.

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sentencia de 9 de febrero de 2026, confirmó la decisión del a quo

frente a la improcedencia de la restitución y pago de la pensión

gracia, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos

únicamente para limitar el reintegro de las mesadas a las percibidas

durante los tres años anteriores y negó las demás pretensiones de la

demanda.

Resaltó que el TRIBUNAL consideró que: “[…] el reconocimiento

ilegal de la pensión gracia y su pago en el tiempo, no se pueden

atribuir únicamente a un error de la Administración, sino que se

evidencia dudosa la actuación en la solicitud del reconocimiento

pensional, por lo que la actitud del demandante en sede

administrativa dirigida para la obtención del derecho, se desvió de

los postulados del principio de la buena fe y fue determinante en el

resultado final de la actuación (…) en consecuencia, resulta

procedente la devolución de las sumas que le fueron pagadas por

concepto de dicha prestación […]”.

Señaló que contra la anterior decisión presentó solicitud de

aclaración y/o adición, la cual fue denegada por el TRIBUNAL

mediante proveído de 16 de marzo de 2026.

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I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defectos

por decisión sin motivación y sustantivo, por cuanto no explicó

las razones jurídicas que habilitaban la suspensión unilateral de su

pensión gracia por parte de la UGPP y se limitó a fundamentar la

incompatibilidad entre dicha prestación y el salario no docente con

apoyo en normas y precedentes que únicamente prohíben la doble

asignación del erario, sin establecer la consecuencia jurídica ni

conferir a la administración la facultad de suspender de manera

inmediata la pensión mediante un simple oficio, por lo que estimó

arbitraria la aplicación de tales disposiciones a su caso.

Adujo que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la

Constitución al desconocer el artículo 238 Superior, toda vez que

avaló la actuación administrativa de la UGPP de suspender

unilateralmente su pensión gracia sin fundamento constitucional,

pues el acto que reconoció dicha prestación solo podía ser revocado

por una orden judicial.

Recalcó que también incurrió en defecto por desconocimiento del

precedente fijado en las sentencias T-512 de 6 de julio de 2012, T-

169 de 19 de mayo de 2023 y SU-182 de 8 de mayo de 2019,

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proferidas por la Corte Constitucional, según el cual la administración

no puede suspender unilateralmente una pensión sin el

consentimiento del beneficiario, salvo que se acrediten circunstancias

objetivas, verificables y constitutivas de una actuación fraudulenta o

delictiva, lo que en su caso no ocurrió.

Precisó que se configuró defecto fáctico en la medida en que la

autoridad judicial accionada omitió valorar las normas y el

precedente vigente que sustentaban su convicción sobre la

compatibilidad de ambas asignaciones, se tuvo por demostrada una

manifestación que no obraba en el expediente ordinario, se equiparó

erradamente el salario con una recompensa del tesoro público y se

desconoció la conducta negligente de la UGPP al advertir

tardíamente la presunta incompatibilidad, circunstancias que, en su

criterio, desvirtuaban la mala fe que le fue atribuida y tenían

incidencia directa en la decisión sobre el reintegro de las mesadas.

Por último, sostuvo que el TRIBUNAL incurrió en defecto

procedimental absoluto al exceder sus competencias, pues

atribuyó de manera sorpresiva hechos constitutivos de mala fe que

no habían sido reprochados en los actos administrativos

demandados, en un intento de subsanar las deficiencias de la

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motivación de la UGPP, asumiendo así facultades que correspondían

exclusivamente a la administración.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 3.2) Dejar sin efecto la sentencia 044 del 19 de agosto de
2025 proferida por el Juzgado 7º Administrativo de Bogotá y
parcialmente la proferida el 9 de febrero de 2026 por la Sección
segunda, Subsección “A” del Tribunal Superior de
Cundinamarca, en cuanto se negó la nulidad total del Oficio No.
2023142002592091 del 6 de junio de 2023 expedido por la UGPP
y, en su lugar, se ordene al Juzgado proferir una nueva decisión
en la que se resuelva, desde lo jurídico, si la UGPP estaba
facultada constitucional y legalmente para suspender
unilateralmente la pensión gracia al actor por el solo hecho de
ser incompatible con el salario no docente.

3.3) Dejar sin efecto la sentencia proferida el 9 de febrero de
2026 por la Sección segunda, Subsección “A” del Tribunal
Superior de Cundinamarca, en cuanto derivó la mala fe del
demandante al percibir salario no docente y pensión gracia de
supuestos fácticos no consignados en el Acto Administrativo y
en su lugar vuelva a hacer un nuevo estudio que abarque una
adecuada y completa apreciación de los hechos, las pruebas y la
aplicación de las normas pertinentes que beneficien al
demandante.

3.4) Subsidiariamente, las decisiones que considere el Juez
constitucional en amparo de los derechos fundamentales del
demandante […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO afirmó que la decisión de primera instancia se

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ajustó a los preceptos constitucionales y legales conforme al estudio

fáctico, jurídico y probatorio sin que pudiera atribuírsele algún tipo

de conducta que haya afectado o vulnerado los derechos

fundamentales invocados por el actor.

I.5.2. El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez

que la sentencia cuestionada se fundamentó en la normativa y

jurisprudencia aplicable al caso y, además, no se acreditó la

configuración de los defectos invocados por el accionante.

I.5.3.- La UGPP solicitó declarar improcedente la presente acción de

tutela, por cuanto no se demostró vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados y, por el contrario, lo pretendido por el

actor es perseguir un interés económico y controvertir nuevamente

las decisiones adoptadas por los jueces ordinarios utilizando el

mecanismo constitucional como una tercera instancia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 16 de julio de 2026, la SECCIÓN CUARTA

declaró improcedente la acción de tutela frente a los defectos por

decisión sin motivación, sustantivo, fáctico, violación directa de la

Constitución y desconocimiento del precedente y denegó el amparo

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solicitado en relación con el fáctico y procedimental absoluto,

respecto del argumento relativo a la mala fe del actor declarada por

la autoridad judicial accionada.

Para el efecto, señaló que en el presente caso no se cumple con el

requisito de la relevancia constitucional, en la medida en que los

argumentos presentados por el actor en la presente solicitud de

amparo guardan identidad con los fundamentos expuestos en el

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera

instancia dentro del proceso ordinario, por lo que se pretende utilizar

la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate

ya resuelto por el juez de la causa.

Respecto de los reproches del accionante encaminados a desvirtuar

la mala fe que le fue atribuida, indicó que no se configura el defecto

fáctico invocado, por cuanto el TRIBUNAL fundamentó su conclusión

en elementos probatorios obrantes en el expediente, particularmente

en la manifestación según la cual el demandante afirmó carecer de

medios de subsistencia al solicitar el reconocimiento de la pensión

gracia, pese a encontrarse vinculado como juez de la república.

Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada tampoco incurrió

en defecto procedimental por falta de competencia para pronunciarse

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frente a la mala fe del actor, comoquiera que estaba en el deber de

verificar lo contenido en las disposiciones legales y contaba con plena

facultad para analizar la legalidad de los actos administrativos

demandados.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo solicitado.

Afirmó que el hecho de que en la demanda de tutela se insista en los

mismos argumentos planteados en el recurso de apelación

interpuesto dentro del proceso ordinario censurado, no significa que

se pretenda reabrir el mismo debate resuelto en las instancias

ordinarias como lo consideró el a quo, pues precisamente la

autoridad judicial accionada dejó de resolver uno de los aspectos

sustanciales de la litis, esto es, que la administración carecía de

razones jurídicas para suspender la pensión gracia que le había sido

reconocida.

Además, sostuvo lo siguiente: “[…] Al margen de si, de la simple

circunstancia referida se puede colegir la mala fe del actor, deja el

juez constitucional de pronunciarse sobre un tópico expuesto en la

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demanda de tutela, como lo es que, con independencia de la mala fe

del pensionado, el órgano judicial debió dar aplicación a normas que

le resultaban favorables, como la relativa a la compensación de

culpas derivada del artículo 2357 del código civil, aspecto que

resultaba trascendente en la decisión constitucional habida cuenta

que las decisiones judiciales deben fundamentarse en la ley aplicable

al caso pues, de caso contrario, resulta afectado el derecho a la

defensa y, esencialmente, el debido proceso previsto en el artículo

29 constitucional […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

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requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo

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con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 9 de febrero de 2026, proferida

por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00413-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la

administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, la

autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo,

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decisión sin motivación, violación directa de la Constitución,

desconocimiento del precedente, fáctico y procedimental

absoluto, en síntesis, por cuanto avaló la actuación administrativa

de la UGPP de suspender unilateralmente su pensión gracia sin

fundamento constitucional, limitándose a cimentar su decisión en la

incompatibilidad entre dicha prestación y el salario no docente con

apoyo en normas y precedentes que únicamente prohíben la doble

asignación del erario y sin tener en cuenta que el acto que reconoció

dicha prestación solo podía ser revocado por una orden judicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que, a través de providencia

de 16 de julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela

frente a los defectos por decisión sin motivación, sustantivo, fáctico,

violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente

jurisprudencial, por no cumplirse con el requisito de la relevancia

constitucional, y denegó el amparo solicitado en relación con el

fáctico y procedimental absoluto, respecto del argumento relativo a

la mala fe del actor declarada por la autoridad judicial accionada.

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, por cuanto, a su juicio, el hecho de que en la

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demanda de tutela se insista en los mismos argumentos planteados

en el recurso de apelación interpuesto dentro del medio de control

cuestionado, no significa que se pretenda reabrir el mismo debate

resuelto en las instancias ordinarias como lo consideró el a quo, pues

precisamente la autoridad judicial accionada dejó de resolver uno de

los aspectos sustanciales de la litis, esto es, que la administración

carecía de razones jurídicas para suspender la pensión gracia que le

había sido reconocida.

Aclarado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar, se debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos invocados,

al haber proferido la sentencia de 9 de febrero de 2026.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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Actor: JOSÉ NEFTALÍ MARTÍNEZ PULIDO

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de

Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, precisó que la

exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

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constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, los motivos que fundamentan la solicitud de amparo se

sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada debió

dejar sin efectos los actos administrativos por medio de los cuales la

UGPP suspendió el pago de su pensión gracia y le ordenó el reintegro

de las mesadas percibidas. Además, alega que el TRIBUNAL excedió

sus competencias al atribuirle de manera sorpresiva hechos

constitutivos de mala fe que no habían sido reprochados en las

resoluciones demandadas.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, en la medida en que se limita a una discusión

meramente legal que gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, consiste en una reiteración

de los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la

sentencia de primera instancia, lo cual fue resuelto por el TRIBUNAL

de forma admisible, así:

“[…] Sin embargo, existe postura jurisprudencial más reciente
que establece que el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 consagra

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que para gozar de la pensión gracia será preciso que el
interesado compruebe que no recibe actualmente otra
recompensa de carácter nacional, por lo que el reconocimiento
de la prestación es incompatible con la asignación no docente
que se reciba del erario.

Y para esta Sala, el anterior criterio es el aplicable al presente
caso, puesto que con él se acoge la pretensión del legislador de
evitar la doble remuneración de carácter nacional y así
garantizar la administración racional de los recursos del Estado,
en concordancia con el artículo 128 de la Constitución Política, y
reitera que la compatibilidad de la pensión gracia con otras
erogaciones solo es viable con otras prestaciones derivadas del
ejercicio docente.

Así las cosas, en el presente asunto el demandante no cumplía
uno de los requisitos para ser acreedor de la pensión gracia, por
lo que resultaba ajustado a derecho que la entidad demandada
procediera a la suspensión de su pago y deviene obligatorio
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda en dicho aspecto.

4.3 El recurrente también alega que la sentencia de primera
instancia no se pronunció sobre las pretensiones principales 3, 4
y 5 de la demanda. Revisadas dichas pretensiones se observa
que se refieren a: 3) se declare la nulidad de la Resolución
RDP020190 del 11 de agosto de 2023, mediante la cual la UGPP
determinó que el demandante adeuda al Sistema General de
Pensiones la suma de $245.439.951 y ordena su devolución a la
Dirección del Tesoro Nacional; 4) se declare la nulidad de la
Resolución RDP023371 del 21 de septiembre de 2023, mediante
la que la UGPP confirma la resolución anterior; y 5) que, como
consecuencia de las dos declaraciones anteriores, se condene a
la UGPP a restablecer el derecho al demandante, dejando sin
efecto los actos administrativos y se declare que actuó de buena
fe y, por tanto, no está obligado a devolver a la Dirección del
Tesoro Nacional la suma de $245.439.951 ni cualquier otra suma
de dinero percibida por concepto de pensión gracia.

Revisada la providencia apelada, efectivamente se observa que
la misma hace referencia a que está en discusión el reintegro del
valor pagado por unas mesadas pensionales causadas desde el
12 de mayo de 2007 hasta el 31 de mayo de 2023, periodo en
el cual estableció que se presentó una incompatibilidad entre el
pago de la pensión gracia y el salario percibido por el cargo como
Juez de la República, y procede a estudiar si se configuró el
fenómeno jurídico de la prescripción para recuperar las sumas
adeudadas.

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Lo anterior evidencia que le asiste razón a la parte demandante,
en cuanto a que la sentencia de primera instancia no se
pronunció sobre el cargo relativo a que hay lugar a la nulidad de
las Resoluciones N° RDP 020190 del 11 de agosto de 2023, en
la que se determina que el demandante adeuda al Sistema
General de Pensiones la suma de $245.439.951 por concepto de
mayores valores de mesadas pensionales recibidas, y
RDP023371 del 21 de septiembre de 2023, por la cual se
resuelve un recurso de reposición en contra del anterior acto
administrativo y se le confirma en todas sus partes; ya que la
entidad no demuestra la mala fe del demandante.

De lo expuesto en el fundamento normativo de esta providencia
frente al tema objeto de apelación se concluyó que se presume
la buena fe en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas y lo pagado por el reconocimiento
de una prestación periódica no da lugar a la devolución cuando
ha sido recibida de buena fe.

Por otro lado, quedó acreditado en la actuación que el
demandante (i) se desempeñó como Juez 001 Promiscuo
Municipal de Tibaná del 18 de noviembre de 2003 al 29 de
febrero de 2004, Juez 001 Promiscuo del Circuito de Miraflores
del 13 de marzo de 2006 al 30 de junio de 2009 y Juez 001 Penal
del Circuito de Guateque desde el 1º de julio de 2009; (ii) el 14
de junio de 2007 solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la que fue reconocida, mediante Resolución N°
00668 del 23 de enero de 2008; y (iii) desde el 12 de mayo de
2007 hasta el 31 de mayo de 2023 devengó simultáneamente
pensión gracia y el ingreso como juez de la República.

De conformidad con el material probatorio aportado al plenario,
para la Sala se encuentra acreditada la mala fe del demandante,
como quiera que desempeñándose como juez de la República,
es decir, con la formación de abogado, presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia, en contravía del
artículo 128 de la Constitución Política que prohíbe
expresamente recibir más de una asignación que provenga del
tesoro público y cuando, de conformidad con la normativa
aplicable al caso, la pensión gracia es solo compatible con otras
erogaciones del erario si provienen del ejercicio docente, lo que
no ocurre en el presente caso. Y llama la atención de la Sala que
el demandante, al momento que efectuó la solicitud de
reconocimiento pensional, le manifestó a la Administración que
“carezco de los medios de subsistencia en armonía con mi
posición social y costumbres”, afirmación que no resulta ser
cierta, puesto que el demandante se encontraba vinculado a la
Rama Judicial del Poder Público, en calidad de juez de la

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República.

Lo anterior implica que el reconocimiento de la pensión gracia se
efectuó de manera inconstitucional e ilegal, al contar el
demandante con una prohibición para acceder al derecho y, por
lo tanto, desde la fecha de ingreso a nómina de pensionados (12
de mayo de 2007) hasta el 31 de mayo de 2023, aquél devengó
una prestación a la cual no tenía derecho, devengando un total
de $245.439.951 por concepto de mesadas pensionales.

El recurrente afirmó que no resulta justificable que la
demandada se viniera a enterar 16 años después que el
demandante recibía doble erogación del erario público. A criterio
de la Sala, el reconocimiento ilegal de la pensión gracia y su
pago en el tiempo, no se pueden atribuir únicamente a un error
de la Administración, sino que se evidencia dudosa la actuación
en la solicitud del reconocimiento pensional, por lo que la actitud
del demandante en sede administrativa dirigida para la
obtención del derecho se desvió de los postulados del principio
de la buena fe y fue determinante en el resultado final de la
actuación.

Por lo que la Sala considera que en este aspecto tiene razón la
entidad cuando determina que el demandante adeuda al Sistema
General de Pensiones mayores valores de mesadas pensionales
recibidas, no siendo procedente la aplicación de la disposición
prevista en el artículo 164 del CPACA, ya que la actuación del
demandante, quien tenía la calidad de abogado y juez de la
República, desconoció la normativa constitucional y legal sobre
la incompatibilidad de percibir simultáneamente pensión gracia
y otra erogación del erario de origen no docente, lo que puso en
entredicho la buena fe del demandante.

El demandante afirmó ante la Administración que al solicitar la
pensión gracia, a pesar de devengar salario, tenía la certeza que
así se lo permitía la Constitución y la ley. Sin embargo, como ha
sido expuesto en la presente providencia, dicha situación no está
amparada normativamente. También alega que realizó consultas
jurídicas sobre al particular en las que se le informó la
procedencia de solicitar pensión gracia a pesar de estar
devengando un salario y la existencia de testigos sobre la
realización de dichas consultas, pero a la presente actuación
judicial no fueron allegadas dichas pruebas.

Así pues, la actuación adelantada por el demandante al
momento de solicitar la pensión gracia ante la Administración no
se sujetó al principio de la buena fe y, en consecuencia, resulta
procedente la devolución de las sumas que le fueron pagadas

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por concepto de dicha prestación. […]”.

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL

accionado con fundamento en las normas y la jurisprudencia

aplicable, determinó que el reconocimiento de la pensión gracia es

incompatible con otra asignación del erario y su compatibilidad con

otras erogaciones solo es predicable de las prestaciones derivadas

del ejercicio docente.

Asimismo, del material probatorio obrante en el expediente encontró

que el accionante recibió de manera concomitante pensión gracia e

ingresos producto de sus servicios como juez de la república, que

también provienen del erario, pero no como docente, situación que

contraviene lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, que

dispone que para gozar de dicha pensión no se puede recibir otra

recompensa de carácter nacional.

Igualmente la autoridad judicial accionada consideró acreditada la

mala fe del actor, comoquiera que desempeñándose como juez de la

república, es decir, con la formación de abogado, presentó solicitud

de reconocimiento y pago de la pensión gracia en la que le manifestó

a la administración que “carezco de los medios de subsistencia en

armonía con mi posición social y costumbres”, afirmación que no

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resultaba ser cierta, puesto que se encontraba vinculado a la Rama

Judicial, en calidad de juez de la república.

En ese orden de ideas, se observa que el TRIBUNAL accionado se

pronunció con suficiencia frente a todos los aspectos que el actor

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que la Sala advierte que,

contrario a lo considerado por el a quo, el presente asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora bien, en lo que refiere al desconocimiento del precedente

alegado, es del caso destacar que tampoco se cumple el requisito de

la relevancia constitucional, dado que sus afirmaciones no cumplen

con la carga argumentativa, toda vez que el actor se limitó a

mencionar que se desconoció lo dispuesto en las sentencias T-512

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de 2012, T-169 de 2023 y SU-182 de 2019, proferidas por la Corte

Constitucional, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese

existir entre lo resuelto en esas oportunidades y la controversia del

presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección15 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Destacado fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-
01.

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una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y a

aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la autoridad

judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse,

so pena de otorgar a la solicitud de amparo el carácter de una tercera

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales y de paso invadir la competencia y la independencia del

juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión de

primera instancia y, en su lugar, declarará en su totalidad la

improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir

el requisito general de la relevancia constitucional y así se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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