Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02887-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02887-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02887-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02887-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social1
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Inmediatez
Decisión: Confirmar decisión del a quo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por la UGPP en contra de la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
1. La UGPP promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia «en
conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional», los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 27001-333-30-04-2017-
00181-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 En adelante UGPP.
2 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_DEMANDADETUTELA(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
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2.1. Mary Perea Moreno, de 77 años, prestó sus servicios durante 18 años a la
Contraloría General de la República, entre el 3 de febrero de 1975 y el 30 de
septiembre de 1993. Posteriormente, trabajó en el Fondo Educativo Regional del
Chocó, entre junio de 2001 y febrero de 2002, y, finalmente, estuvo vinculada al
departamento del Chocó desde marzo de 2002 hasta octubre de 2004.
2.2. Con fundamento en ese tiempo de servicios, solicitó el reconocimiento de la
pensión de jubilación ante Cajanal3. Sin embargo, mediante los autos 201025 del 28
de marzo de 2006 y 205238 del 18 de octubre de 2008, dicha entidad remitió el trámite
a Colfondos. Posteriormente, mediante Oficio AFPAMT-376 del 12 de julio de 2007,
esta última informó que no registraba afiliación a su nombre y que únicamente
aparecían cotizaciones clasificadas como rezagos.
2.3. Por tal razón, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la UGG y el departamento del Chocó, con la finalidad de cuestionar la legalidad de
los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el traslado de la petición de
reconocimiento de pensión a Colfondos y se le negó la prestación, y, como
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la misma, en cuantía
equivalente al 75 % del salario devengado en el último año o del promedio
devengado durante los últimos 10 años de servicio, junto con los intereses moratorios
consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
2.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó en sentencia
del 28 de octubre de 2020 accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y le ordenó reconocerle a Mary
Perea Moreno el pago de la pensión ordinaria vitalicia de jubilación indexada
equivalente al 75% de los salarios devengados los últimos 10 años de servicio, al
considerar que era la autoridad competente para gestionar la solicitud ya que la
solicitante hacia parte del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues contaba con más de 35 años de edad y 15 años de servicio al momento de la
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones. En contra de esta decisión
ambas partes presentaron recurso de apelación.
2.5. El Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia del 30 de septiembre de 2025
modificó la decisión del a quo, en el sentido de declarar probada la excepción por
prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de agosto de 2014 y
ordenar el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de
1993, porque se elevaron dos peticiones sin que hubiera respuesta dentro del término
legal previsto, por lo que los intereses moratorios debían reconocerse desde el
vencimiento del plazo de los 4 meses desde la solicitud realizada el 24 de julio de
2009; y confirmó en todo lo demás.
2.6. La autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales al incurrir
en defecto sustantivo por la incompatibilidad entre intereses moratorios de la Ley 100
3
Hoy UGPP.
2
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de 1993 e indexación de que trata el artículo 187 del CPACA, pues consideró que se
impuso una doble sanción por un mismo hecho, lo que dejó de lado que, al tratarse
de intereses compensatorios se excluye la indexación, pues éstos cumplían la
función de corrección monetaria y por tanto compensaban la devaluación.
2.7. Así como la incompatibilidad entre los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 y aquellos reconocidos con fundamento en el artículo 192
del CPACA, toda vez que se ordenó el pago de ambos conceptos por el mismo
retardo en el cumplimiento de la obligación. Esto implicó una doble sanción por un
único hecho, en contravía del principio non bis in idem y con el consecuente
enriquecimiento sin causa a favor de la pensionada.
2.8. En desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la incompatibilidad del
reconocimiento de indexación junto a los intereses moratorios, pues esto constituía
un doble pago, a razón de que ambas sanciones tenían la finalidad de compensar el
valor perdido de las sumas adeudadas.
2.9. En violación directa de la Constitución Política al desconocer lo contenido en su
artículo 128 respecto a la prohibición de recibir más de una asignación del tesoro
público, pues esto fue lo que ocurrió con el reconocimiento de intereses moratorios y
la indexación.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRINCIPALES:
Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS los
derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CHOCO SALA SEGUNDA DE DECISIÓN con el fallo proferido el
30 de septiembre de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 27001333300420170018100, donde se está
ordenando pagar unas sumas de dinero por concepto de intereses moratorios del art. 141
de la Ley 100/93 e indexación del art. 187 del CPACA, y a su vez el pago de forma
concurrente de los intereses del artículo 192 del CPACA respecto de los de ley 100 a los
cuales la causante señora MARY PEREA MORENO, No tiene derecho, por ser
incompatibles entre sí.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR PARCIALMENTE sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2025,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Rad.
27001333300420170018100, por la errada orden de reconocer el pago de intereses de
mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, junto con la indexación del artículo 187 del
CPACA, por ser los dos conceptos incompatibles entre sí, generando dobles pagos.
b.- ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, dictar nueva sentencia ajustada a derecho teniendo en cuenta la
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incompatibilidad del pago de intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 con
la indexación del artículo 187 del CPACA.
• SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado
el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria la
sentencia del 30 de septiembre de 2025 proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 27001333300420170018100, hasta tanto se resuelva
el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar. […]»
[sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. Mary Perea Moreno4 solicitó que se declarara improcedente el amparo por
incumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que la UGPP no había agotado el
recurso extraordinario de revisión ni el recurso de adición para aclarar la decisión de
la autoridad judicial en torno a la condena por indexación de las mesadas
pensionales. De manera subsidiaria, pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda, al no haberse configurado vulneración de derechos fundamentales, pues
la decisión atacada se encontraba ajustada a derecho, ya que no existía norma legal
que declarara la improcedencia del pago simultáneo de indexación e intereses
moratorios, ni una postura jurisprudencial pacífica sobre la materia.
5. Finalmente, se solicitó que, en caso de accederse a las pretensiones de la UGPP
la medida se limitara a dejar sin efectos los intereses moratorios reconocidos, pues
una suspensión total de la sentencia la dejaría sin el reconocimiento pensional que
esperó por 22 años.
6. El Tribunal Administrativo del Chocó5 si bien allegó copia del expediente digital,
guardó silencio frente a la petición de amparo.
7. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó guardó silencio.
1.3. Sentencia de primera instancia6
8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 14 de mayo
de 2026 declaró improcedente la petición de amparo al considerar que no se acreditó
4 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «14_MemorialWeb_Respuesta-contestaciontutela(.pdf)
NroActua 14.pdf».
5
Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«11RECIBEPRUEBAS_Memorial_27001333300420170018(.zip) NroActua 13».
6 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «16Sentencia_20260288700inmediate(.pdf) NroActua
16.pdf».
4
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el requisito general de inmediatez, por cuanto la sentencia cuestionada fue notificada
electrónicamente el 2 de octubre de 2025 y, de conformidad con las reglas sobre
notificaciones electrónicas, se entendió surtida el 6 de octubre siguiente. No obstante,
la solicitud de tutela fue presentada hasta el 15 de abril de 2026, esto es, más de seis
meses después de la notificación de la providencia, por lo cual, superó el término
que, en principio, la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable para
cuestionar una decisión judicial mediante este mecanismo.
9. Si bien la demandante alegó que la vulneración era permanente por tratarse de
efectos patrimoniales de tracto sucesivo, ello no la eximía de promover la petición de
tutela dentro de un plazo razonable, pues su inconformidad recaía sobre el contenido
de la providencia judicial y no sobre hechos posteriores. Aceptar esa tesis implicaría
extender indefinidamente el término para controvertir decisiones judiciales, en
detrimento de los principios de inmediatez, seguridad jurídica y cosa juzgada.
10. Tampoco resultó de recibo la justificación basada en la vacancia judicial, pues el
artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que el amparo puede promoverse en
todo momento y lugar, lo que evidencia que este mecanismo está disponible incluso
durante esos períodos, dada su naturaleza urgente e inmediata.
1.4. Escrito de impugnación7
11. La UGPP impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual, además de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial, precisó que el requisito de
inmediatez debía flexibilizarse porque la vulneración era de tracto sucesivo y persistía
en el tiempo. Además, que debían descontarse los periodos de vacancia judicial y
días no hábiles de la Rama Judicial para computar el término.
2. Consideraciones
12. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
7 Ver índice 25 de Samai. Archivo denominado «24_MemorialWeb_Otro-impug26327207inmed(.pdf)
NroActua 25».
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
16. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
17. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
20. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si la solicitud
de tutela presentada por la UGPP satisface el requisito de procedencia general de
inmediatez?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la inmediatez
21. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la inmediatez, como
uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de tutela contra
providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un término
razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora de la
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario, «se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»16.
22. En cuanto al término razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo pasó
entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la interposición de
esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable; y (iv) cuál ha sido el lapso que
la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por
resolverse», toda vez que, «en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso»17.
23. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 201418, respecto al término razonable para presentar
solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios
y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el
plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional. […]»
2.4.2. Sobre el caso concreto
24. La UGPP acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia proferida el 30
de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Chocó , mediante la cual
confirmó la decisión de condenar a la entidad al pago de pensión ordinaria de
jubilación de Mary Perea Moreno, con el reconocimiento de la indexación e intereses
moratorios sobre las mesadas pensionales devengadas.
25. Una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al expediente, se tiene
que la providencia acusada del 30 de septiembre de 2025, que puso fin al proceso,
fue notificada mediante correo electrónico del 2 de octubre de 202519 y la solicitud de
tutela fue radicada el 15 de abril de 202520, lo cual permite concluir, que el
demandante acudió ante el juez constitucional después de haber transcurrido más de
seis (6) meses de encontrarse ejecutoriada la providencia que considera vulneradora
de sus derechos fundamentales.
26. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio no satisface el
requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada de manera tardía de cara al
término de los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia para ello.
27. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que justifiquen
17 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
18 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19 Ver índice 35 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 27001333300420170018101.
20 Ver índice 1 de expediente de tutela.
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el actuar tardío del demandante. Dicho ello, se observa que en el asunto bajo estudio
no se allegó prueba ni se alegaron argumentos de que la tardanza acreditada estuvo
supeditada a un hecho de especial consideración que permita desconocer la regla
general fijada por la jurisprudencia constitucional, de manera excepcional, pues, se
insiste, la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación urgente que demanda una
protección efectiva y actual de los derechos invocados».
28. Ahora bien, de conformidad con los argumentos expuestos por la demandante a
efectos de que se flexibilice el requisito general de la inmediatez, resulta pertinente
recordar que la Corte Constitucional21 aclaró que las providencias judiciales no
constituyen una afectación prolongada en el tiempo:
«[…] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado, a título ilustrativo, las
siguientes situaciones donde la vulneración del derecho permanece en el tiempo: (i) el no
acceso a productos de higiene menstrual, pues “debe tenerse en cuenta que la
menstruación es un fenómeno biológico periódico, es decir, que no ocurre en un momento
único y, en ese sentido, el no contar con material absorbente idóneo implica, en principio,
una afectación permanente en el tiempo de sus derechos”[95]; y (ii) la separación de
menores de edad de sus padres, pues su no reintegro y el estar separados de su familia
puede suponer “un perjuicio actual y continuo”[96] en caso de no existir un sustento jurídico.
Estas situaciones particulares se destacan, al menos, por dos características. De un lado,
por la continuidad y actualidad de la afectación de garantías ius fundamentales. De otro
lado, por la reproducción de los hechos u omisiones causantes de la violación de los
derechos fundamentales invocados. De todos modos, una vez resuelta judicialmente la
controversia en torno a la que se alegó la violación de derechos, no es posible valorar el
carácter continuo del daño a partir de la discrepancia de las partes con lo decidido
jurisdiccionalmente. Aceptar lo contrario implicaría, primero, pasar por alto los efectos de
cosa juzgada de las providencias judiciales y, segundo, suponer que, tratándose de la
tutela contra providencias, el daño siempre es continuo, pues, por regla general, la parte
vencida en el proceso muestra inconformidad con lo decidido por el juez.
74. En el presente caso, como ya se dijo, no hay una afectación prolongada en el
tiempo. Todo, porque la decisión judicial que se cuestiona resolvió la controversia objeto
de la acción de tutela y, por ende, la lesión alegada por el accionante no resulta actual.
Los efectos de la cosa juzgada difieren de una vulneración prolongada en el tiempo, por
lo que no pueden equipararse, pues, de no ser así, no tendría aplicación alguna el requisito
de inmediatez contra providencias judiciales.
75. Igualmente, la Corte Constitucional ha estudiado tutelas promovidas en contra
de providencias judiciales dictadas en procesos de pérdida de investidura. En ese
contexto, el análisis de inmediatez no ha sido abordado a partir de los criterios de
permanencia en el tiempo de la presunta lesión de los derechos invocados. Incluso, la
Corporación ha declarado la improcedencia de la tutela por incumplir el requisito de
procedibilidad. […]»
29. En este sentido, los argumentos expuestos en el escrito de impugnación
tendientes a que se flexibilice el requisito general de la inmediatez no tienen vocación
de prosperidad, puesto que la inconformidad de la UGPP no es una situación de
tracto sucesivo sino el contenido de una providencia judicial ya ejecutoriada. De esta
21 Sentencia T-001/22. MP: Paola Andrea Meneses Mosquera.
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forma, admitir que los efectos económicos prolongados de la condena habilitan
presentar la tutela en cualquier momento desnaturalizaría el requisito de inmediatez
y afectaría gravemente la seguridad jurídica.
30. Finalmente, la demandante también argumentó que, para efecto de establecer la
razonabilidad del plazo en que se acudió al juez constitucional, debió descontarse al
tiempo transcurrido durante la vacancia judicial, al respecto se recuerda que dicho
periodo no suspende ni interrumpe términos, y llegado el caso de presentarse un
vencimiento durante esa época, entiéndase que el recurso, demanda o lo que
corresponda es radicado en el primer día hábil siguiente22.
3. Conclusión
31. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar
improcedente, por no superar el requisito de la inmediatez, la solicitud de amparo
presentada por la UGPP contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
32. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela presentada por Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social en contra del Tribunal
Administrativo del Chocó.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
22 Artículo 118 del CGP.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02887-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
SSR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo Samai de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
11
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