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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02890-00

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02890-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo. 23 Artículo 86 de la Carta Política. 15 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02890-00 Accionante: José Joaquín Rincón Gómez Accionado: Tribunal Administrativo de Santander TERCERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, conforme a la motivación. CUARTO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por los señores Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón, de acuerdo con lo esgrimido en la parte considerativa de este fallo. QUINTO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02890-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-02890-001
Accionante : José Joaquín Rincón Gómez
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa
Rincón
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que decide
solicitudes de adición y/o aclaración, reparación directa por
indebida ocupación de predio
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por José Joaquín Rincón Gómez contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y reparación
integral.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El accionante, quien actúa en nombre propio, interpuso el presente recurso de

amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y reparación

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02890-00
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

integral, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander.

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el auto de Diez (10) de Febrero de Dos

Mil Veintiséis (2026), mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander
rechazó por improcedentes las solicitudes de adición y aclaración de la providencia
complementaria del Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
en la que se modificó el numeral sexto de la sentencia condenatoria del Treinta (30)
de Enero de ese año, relacionado con la cesión de derechos litigiosos dentro del
proceso de reparación directa promovido contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-005-2013-00455-03). En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada « […] proferir una nueva decisión
debidamente motivada analizando los efectos procesales derivados [del fallo] de tutela que dejó
parcialmente sin efectos la sentencia del 30 de enero de 2025 y la […] complementaria del 19 de
diciembre» siguiente.

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil Trece
(2013), junto con los señores Danilo y Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina
Correa Rincón, promovió demanda de reparación directa contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-005-
2013-00455-03), por la ocupación de 4000 m2 ejercida desde 1995 en el predio
«Mesa Grande, Estoraque y Tablón » de su propiedad, ubicado en el municipio de
Molagavita (Santander), para la instalación de una subestación de policía
destinada a la protección de antenas de telecomunicaciones, la cual se legalizó
parcialmente en 2011, mediante contrato de arrendamiento del área edificada, sin
que se acordara nada respecto de la restante extensión.

5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de
Bucaramanga que, el Primero (1°) de Septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021) negó
las pretensiones, al considerar que no se probó la fecha de inicio de la ocupación
ni el área efectivamente ocupada y que, en todo caso, la entidad tomó en arriendo
la parte edificada, lo cual justificaba la tenencia y excluía la configuración de una
ocupación temporal o permanente.

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

6. Inconforme con esa decisión, el extremo activo interpuso recurso de apelación,

por cuanto, en su criterio, el análisis fue erróneo, porque en los casos de reparación
directa por ocupación de inmueble lo que se discute es la responsabilidad objetiva.
Además, los contratos de arrendamiento comenzaron en septiembre de 2011 y se
probó que la demandada ocupó un área mayor a la edificada desde 1993.

7. El Doce (12) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el apoderado de la

parte actora, en el escrito de alegatos de conclusión, solicitó el reconocimiento de
la personería jurídica de la firma Abogados SAS y la cesión de los derechos
litigiosos de Danilo y Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón a
favor de José Joaquín Rincón Gómez (hermano y primo). No obstante, solo el
contrato correspondiente a Guillermina Correa Rincón fue firmado por el cesionario.

8. La alzada fue desatada el Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025) por

el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de revocar la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Policía Nacional
por la ocupación temporal de 4.000 m² del predio de los demandantes. En
consecuencia, la condenó al pago de los perjuicios materiales por lucro cesante y
ordenó el retiro de las estructuras de defensa instaladas en el predio, así:
[…]

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL a pagar, a favor de los demandantes JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN GÓMEZ
con C.C 9515281, DANILO RINCÓN GÓMEZ con C.C 4052414, ROSA HELENA
RINCÓN GÓMEZ con C.C 41.651.158 y GUILLERMINA CORREA RINCÓN con C.C
37.230.688, la suma de dos mil novecientos sesenta y nueve millones ciento trece mil
ciento tres pesos ($2.969.113.103), por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, con ocasión de la ocupación temporal de su predio «Mesa
Grande, Estoraque y Tablón», desde el año 1995 hasta el 28 de febrero de 2021.

CUARTO: ORDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA
NACIONAL, como medida de reparación no pecuniaria, que, dentro del término de diez
(10) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, retire las estructuras de
defensa instaladas en el predio «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», y rellene las
zanjas de arrastre construidas para repeler ataques armados, con el fin de garantizar
condiciones adecuadas para la vivienda y el tránsito seguro en el terreno, en los
términos señalados en la parte motiva.

[…].

9. Por otra parte, aceptó la cesión de derechos litigiosos, al estimar que Danilo y

Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón ostentan la titularidad, y
como los contratos se suscribieron el Diecisiete (17) de Agosto y Treinta (30) de
Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) sin ninguna irregularidad, se consideran
válidos. Al respecto dispuso:

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
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SEXTO: ACEPTAR la cesión de derechos litigiosos que realizaron Danilo Rincón
Gómez, Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón a favor de José
Joaquín Rincón Gómez.

10. Por su lado, los señores Danilo y Rosa Elena Rincón Gómez y Guillermina Correa

Rincón instauraron una acción de tutela, encaminada a que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, presuntamente vulnerados con la determinación de aceptar la cesión
de los derechos litigiosos a favor del señor José Joaquín Rincón Gómez (hermano
y primo), puesto que, a su juicio, aquella no cumplía los requisitos de los artículos
1969 a 1972 del Código Civil y no pudo perfeccionarse porque no fue notificada a
la parte demandada, conforme con lo dispuesto en el artículo 68 del CGP, aunado
a que afirmaron ser víctimas de engaños para que su familiar y su apoderado
obtuvieran la mayor parte de la condena impuesta a la Policía Nacional por la
ocupación de su predio.

11. En primera instancia, dicho mecanismo constitucional fue declarado
improcedente, a través de sentencia del Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025) proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional; sin embargo, esa
decisión fue revocada el Once (11) de Noviembre siguiente por la Subsección B de
la Sección Tercera de la misma Corporación, en el sentido de acceder al amparo
deprecado por los señores Danilo y Rosa Elena Rincón Gómez, pero negarlo en
cuanto a la señora Guillermina Correa Rincón, en tanto, al analizar los contratos de
cesión firmados por los dos primeros se pudo evidenciar que, «[…] [carecían] de la
firma del cesionario y [presentaban] ambigüedad sobre la calidad en que los […] suscribieron […],
generan[do] incertidumbre sobre la existencia de un consentimiento válido y, por tanto, sobre el
perfeccionamiento de la cesión», distinto al caso de la última, cuyo «[…] contrato de cesión
de derechos litigiosos a título gratuito fue suscrito ante la Notaría 2 del Círculo de Duitama (Boyacá)
por ella en calidad de cedente y por José Joaquín Rincón Gómez en calidad de cesionario ».

12. Por consiguiente, en segunda instancia se dispuso «[…] DEJAR SIN EFECTOS
únicamente lo relacionado con el numeral sexto de la Sentencia de 30 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de reparación directa No. 68001- 33-33-
005-2013-00455-03, por lo que se le ORDENA que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación
de esta providencia, profiera una nueva decisión respecto de Rosa Elena Rincón Gómez y Danilo
Rincón Gómez, en la cual atienda a lo expresado en la presente providencia ».

13. En cumplimiento de lo anterior, el Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
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Veinticinco (2025) el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
complementaria, en la que modificó el ordinal sexto de la providencia del Treinta
(30) de Enero del mismo año, así:

Sexto: Se acepta la cesión de los derechos litigiosos realizada por Guillermina Correa
Rincón en favor de José Joaquín Rincón Gómez, y se niega la cesión de los derechos
litigiosos de Danilo Rincón Gómez y Rosa Helena Rincón Gómez en favor del referido
demandante José Joaquín Rincón Gómez.

14. El Catorce (14) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), el abogado Óscar
Hernando Suárez Vega solicitó que se aclare y adicione la aludida sentencia
complementaria, en cuanto a que se le reconozca personería como apoderado de
Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez, luego de revocar el poder del abogado
Ignacio Andrés Bohórquez Borda, pues, contra él instauraron denuncias penales y
quejas disciplinarias relacionadas con actuaciones irregulares y por fraude
procesal.

15. De igual manera, el Dieciséis (16) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026), el

abogado Ignacio Andrés Bohórquez Borda pidió que se adicione el fallo
complementario, con el fin de que se actualice la indemnización por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante establecida en la sentencia
del Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), dado que, se realizó una
modificación extraordinaria que implica la alteración de su monto.

16. Mediante auto de Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el Tribunal

Administrativo de Santander rechazó por improcedentes las referidas solicitudes
de adición y/o aclaración, con fundamento en que no cumplen los presupuestos
establecidos en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso,
comoquiera que, (i) el reconocimiento de personería es un aspecto meramente
procesal que puede decidirse con auto antes o después de la sentencia; y (ii) la
pretensión de actualización de la indemnización impuesta en la sentencia del
Treinta (30) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025) por concepto de perjuicios
materiales no tiene por objeto una adición o aclaración de la providencia
complementaria, sino una modificación de la condena, lo que está expresamente
prohibido. Además, «[…] la sentencia complementaria sólo adicionó el numeral 6º para decidir
sobre la cesión de derechos, pero no se pronunció sobre la condena ».

17. Por otra parte, le reconoció personería al abogado Óscar Hernando Suárez

Vega, como apoderado de los señores Rosa Elena y Danilo Rincón Gómez, para
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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
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los efectos de los poderes allegados el Cinco (5) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), fecha en la cual fue revocado el poder al anterior abogado
Ignacio Andrés Bohórquez Borda.

18. Sobre la precedente situación, el tutelante adujo que el proveído objeto de

censura incurrió en (i) defecto sustantivo, debido a que, «[…] interpretó de forma
irrazonable los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso al considerar que la
actualización de la condena implicaría modificar la sentencia original, [pues] la indexación
constituye un efecto legal obligatorio derivado del artículo 187 del CPACA y no altera el contenido
de la condena, sino que preserva su valor real »; (ii) falta de motivación, porque, «[…] no
analiz[ó] adecuadamente los efectos procesales derivados de la sentencia de tutela que dejó sin
efectos una parte del fallo original »; y (iii) defecto procedimental por exceso ritual

manifiesto, puesto que, «[…] al ignorar el paso del tiempo y su impacto en el poder
adquisitivo, […] en casos como el que nos ocupa y que se puso de manifiesto, con un desface de
más de un año entre la disposición de la suma liquida adeudada con corte al 30 de diciembre de
2024 y la fecha de ejecutoria de la sentencia complementada […], privilegió una apenas aparente,
pero inexistente formalidad sobre la realidad fáctica, procesal y sustancial ».

II. TRÁMITE PROCESAL

19. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de

Veinte (20) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de
tutela. En dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Santander; y, (ii) dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional y a los señores Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina
Correa Rincón, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

20. 2.1.1 El Tribunal Administrativo de Santander3 aportó el enlace digital del

expediente ordinario con radicado 68001-33-33-005-2013-00455-03, pero no emitió
pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones señalados por el actor
en la acción de tutela de la referencia.

21. 2.1.2 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional4 solicitó

ser desvinculada de este trámite constitucional por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, en tanto, no tiene «[…] competencia y facultad jurídica para acceder a las

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pretensiones de la parte actora, lo anterior obedece a que, en el marco del proceso de reparación
directa, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de segunda instancia del 30
de enero de 2025, declaró la responsabilidad de la Institución y tasó la condena por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, en consecuencia, […] la ejecución o modificación de
dicha orden recae exclusivamente en la autoridad judicial que profirió el fallo ».

22. 2.1.3 Los señores Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina
Correa Rincón5 adujeron que «[…] coadyuv[an] de manera expresa lo expuesto por el
[accionante] dentro de la presente acción constitucional, única y exclusivamente en lo relacionado
con la necesidad de actualizar e indexar los valores reconocidos en la sentencia objeto de
controversia, por tratarse de un aspecto que incide de manera directa en [sus] derechos
patrimoniales […] y en la efectividad material de la reparación judicialmente reconocida ».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

23. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

24. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestiones previas.

3.3.1 Legitimación en la causa por pasiva.

25. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o

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amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha

considerado que, «[l]a legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

26. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en su escrito de

intervención solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no profirió la providencia cuestionada.

27. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su pedimento.

3.3.2 Solicitud de coadyuvancia.

28. Los señores Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón,

quienes integraron el extremo activo en el proceso de reparación directa con
radicado 68001-33-33-005-2013-00455-03, en cuyo trámite se dictó la providencia
que aquí se cuestiona, presentaron solicitud de coadyuvancia, al indicar que les
asiste interés en este mecanismo constitucional, «[…] única y exclusivamente en lo
relacionado con la necesidad de actualizar e indexar los valores reconocidos en la sentencia objeto
de controversia, por tratarse de un aspecto que incide de manera directa en [sus] derechos
patrimoniales […] y en la efectividad material de la reparación judicialmente reconocida».

29. Al respecto, se advierte que la coadyuvancia es una figura procesal por medio

de la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º6 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 717 del Código
General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de los

6
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
7
«Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia [...]».
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artículos 48 del Decreto 306 de 19929 y 2.2.3.1.1.310 del Decreto 1069 de 201511 y
de lo precisado por la Corte Constitucional12.

30. En ese orden de ideas, comoquiera que las aludidas personas están habilitadas

para intervenir en el presente asunto, puesto que fueron vinculadas como terceros
con interés13 y expusieron las razones por las cuales se deben atender las
pretensiones, se accederá a su solicitud de coadyuvancia.

3.3.3 Manifestación de impedimento.

31. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el

artículo 86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente» .

32. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra

Cornejo, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su
impedimento14 para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, la providencia
objeto de esta tutela fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño Gómez,
con quien tiene una relación de amistad. Situación que, la hace incursa en la causal
establecida en el numeral 5, del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal15.

33. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, en la providencia proferida

por el Tribunal Administrativo de Santander, el 10 de febrero de 2026, la magistrada
María Eugenia Carreño Gómez conformó la Sala de decisión y firmó. Por lo que, se
encuentra configurada la causal de impedimento referida en el párrafo que
antecede.

34. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado

8
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
9
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
10
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
11
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
12
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
13
Mediante auto de 25 de febrero de 2025 visible en el índice 00004 de Samai.
14
Actuaciones de Samai, índice 00023.
15
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
judicial.
[…]»
9

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Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del
trámite constitucional de la referencia.

3.4 Problema jurídico.

35. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto de
Diez (10) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Santander rechazó por improcedentes las solicitudes de adición
y aclaración de la providencia complementaria del Diecinueve (19) de Diciembre de
Dos Mil Veinticinco (2025), en la que se modificó el numeral sexto de la sentencia
condenatoria del Treinta (30) de Enero de ese año, relacionado con la cesión de
derechos litigiosos dentro del proceso de reparación directa promovido por el
tutelante, junto con otras personas, contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional (expediente 68001-33-33-005-2013-00455-03); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y reparación integral
invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

36. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado17, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

37. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

16
Sentencia C-590 de 2005.
17
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-02890-00
Accionante: José Joaquín Rincón Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

38. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

3.5.1 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.

39. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
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economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y
subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista
un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces
la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un
perjuicio irremediable.

40. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional18 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.

41. De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es

improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las
autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales
fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la
satisfacción de sus intereses.

42. De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular19.

43. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso

de amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para
la protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues
de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

44. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos

ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar

18
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
19
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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una violación a prerrogativas inalienables.

45. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna »20.

46. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se

hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de
los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
competente decide de fondo la acción correspondiente21.

47. Asimismo, la jurisprudencia constitucional22 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues, si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se
discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al
menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos
que motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez
constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

3.6 Solución al caso concreto.

48. En el asunto sub judice, la Sala evidencia que la inconformidad del actor consiste

en que, en la providencia cuestionada, esto es, el auto de Diez (10) de Febrero de
Dos Mil Veintiséis (2026) proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, se
resolvió de manera desfavorable la solicitud de adición de la sentencia
complementaria de Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
relacionada con la actualización de la condena impuesta en el fallo de Treinta (30)
de Enero de ese año, pese a que ello resultaba necesario para no afectar el monto

20
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
21
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
22
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
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real y el poder adquisitivo de la indemnización cuya liquidación fue efectuada con
corte al Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

49. Ahora bien, es dable precisar que, en dicho proveído la autoridad accionada

explicó que no tenía competencia para decidir sobre aspectos sustanciales de la
litis, como es el monto de la condena, en tanto la aludida sentencia complementaria
de Diecinueve (19) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) fue emitida
exclusivamente en cumplimiento de un fallo de tutela, en el que se dispuso
únicamente modificar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la providencia de
Treinta (30) de Enero del mismo año, respecto a la cesión de derechos litigiosos.

50. Lo anterior conlleva a concluir que, en virtud del artículo 287 del Código General

del Proceso (CGP), la solicitud de adición debió formularse frente a la sentencia
principal (30 de enero de 2025) en la que se impuso la condena de la que se
depreca actualización, dentro del término de ejecutoria de la providencia
complementaria, notificada el Trece (13) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026),
pues, como se indicó en el párrafo precedente, esta última solo modificó lo
correspondiente a la cesión de derechos litigiosos, más no lo relacionado con la
cuantía de la condena.

51. Asimismo, se recuerda que el asunto relativo a la liquidación de la condena

corresponde a la etapa de cobro o a un eventual proceso ejecutivo, en la etapa de
liquidación del crédito y las costas, prevista en el artículo 446 del CGP, donde, tanto
el actor como los terceros con interés, podrán pedir que se efectúe la
correspondiente actualización e indexación del monto, que por concepto de
perjuicios materiales les fue reconocido en sentencia ejecutoriada dentro del
proceso de reparación directa con radicado 68001-33-33-005-2013-00455-03, «[…]
con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su presentación, y si
fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo dispuesto
en el mandamiento ejecutivo».

52. En ese orden de ideas, se tiene que la acción de tutela de la referencia no colma

la exigencia de procedibilidad de la subsidiariedad.

53. Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de

la acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción.
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54. De tal manera que la falta de diligencia de la parte actora, entendida como la

renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa, constituye una causal válida para declarar la improcedencia del trámite
constitucional frente al caso particular.

55. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la

preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»23.

56. Además, en este punto la Sala destaca que el ejercicio de la acción de tutela no

habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.

IV. DECISIÓN

57. Por las razones señaladas, la Sala considera que en el presente asunto se

impone declarar improcedente la acción de tutela de la referencia por no satisfacer
el presupuesto de la subsidiariedad.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.

23
Artículo 86 de la Carta Política.
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TERCERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, conforme a la motivación.

CUARTO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por los señores
Danilo y Rosa Helena Rincón Gómez y Guillermina Correa Rincón, de acuerdo con
lo esgrimido en la parte considerativa de este fallo.

QUINTO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con impedimento

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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